STC16041-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16041-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de octubre de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Bull Petroleum S.A.S. C.I., contra la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora, por conducto de su apoderado judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. La Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, decret\u00f3 el inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad Bull Petroleum S.A.S. C.I., por auto n\u00ba 2018-01-39523 del 30 de agosto de 20181. <\/p>\n
2.2. Paralelamente, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, el 19 de diciembre de 2018 remiti\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades el proceso ejecutivo2 promovido por Global Mariner S.A.S. contra la aqu\u00ed accionante, \u00abcomo consecuencia del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la promotora alleg\u00f3 escrito contentivo de \u00abdoce (12) excepciones de m\u00e9rito, aportando once (11) pruebas documentales, las cuales quedaron sin resolver\u00bb. <\/p>\n
2.4. En seguida, la entidad enjuiciada con auto 2021-01-454794 del 16 de julio de 2021, convoc\u00f3 a audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, aprobaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y, de determinaci\u00f3n de derechos de voto. En dicha diligencia -celebrada el 26 de julio de 2021-, la Delegatura estim\u00f3 las objeciones presentadas por los acreedores del Banco Ita\u00fa, Corpbanca S.A., Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos ECOPETROL S.A., Global Mariner S.A.S., Red Line Cargo S.A.S. -en liquidaci\u00f3n y, de Chemium International Corp. <\/p>\n
2.5. En vista de tal determinaci\u00f3n, la sociedad gestora aduj\u00f3 que \u00ablas consideraciones del despacho para estimar las objeciones presentadas por Global Mariner S.A.S. y, desestimar las excepciones presentadas dentro del proceso ejecutivo\u00bb, se \u00abfund[aron] [\u2026] en la prueba denominada promesa de compraventa, aportada a la demanda, haciendo caso omiso y desconociendo de forma evidente y manifiesta la evidencia probatoria constante de once (11) pruebas documentales aportadas como pruebas de las excepciones propuestas por BULLPESA\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abse deje sin efectos la audiencia de fecha 26 de julio de 2021, los considerandos de la misma y especialmente el auto dictado en la audiencia en la parte final [\u2026]\u00bb. Asimismo, exhort\u00f3 \u00abse ordene a la Superintendencia se\u00f1alar una nueva audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones y aprobaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y la determinaci\u00f3n de derechos de voto, en la cual se acceda a las excepciones presentadas por BULL PETROLEUM S.A.S. C.I. con fundamento en las pruebas aportadas y no evaluadas desconociendo de forma evidente y manifiesta la evidencia probatoria por el juez del concurso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Delegatura3 para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, manifest\u00f3 que como \u00abjuez del concurso resolvi\u00f3\u0301 las objeciones propuestas para ese proyecto de Calificaci\u00f3n y Graduaci\u00f3n de Cr\u00e9ditos, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis probatorio y normativo juicioso, [\u2026] en particular, resolvi\u00f3\u0301 sobre las excepciones de m\u00e9rito presentadas por la sociedad BULL PETROLEUM S.A.S. C.I. en el proceso ejecutivo 2017-0074 que se adelantaba ante el Juzgado 3 Civil del Circuito de Cartagena iniciado por Global Mariner S.A.S contra la deudora, decisi\u00f3n sobre la cual el acreedor interpuso el recurso correspondiente sustent\u00e1ndolo con los mismos argumentos de la excepci\u00f3n en la misma audiencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abde la argumentaci\u00f3n de la acci\u00f3n es clara la inconformidad del accionante con la decisi\u00f3n adoptada, toda vez que esta\u0301 sometiendo al Juez de Tutela un asunto que fue del conocimiento del juez de insolvencia, sobre el que ya este se pronunci\u00f3\u0301 [\u2026]. De esta manera es evidente que frente al desacuerdo con la decisi\u00f3n del Juez de Insolvencia que fue motivada y de acuerdo con el fundamento legal aplicable, el accionante busca valerse de la Jurisdicci\u00f3n Constitucional con el fin de que realice un nuevo an\u00e1lisis probatorio y normativo, por cuanto presenta una diferencia de criterio respecto de lo decidido, propendiendo crear una nueva instancia a su discusi\u00f3n\u00bb. Por tanto, afirm\u00f3 \u00abque [n]o puede decir el accionante que este Despacho transgredi\u00f3\u0301 su derecho a la defensa toda vez que, como se indic\u00f3\u0301, no solo se resolvieron todas las objeciones planteadas, sino que tambi\u00e9n se atendi\u00f3\u0301 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n adoptada. El accionante ha hecho ejercicio de sus derechos dentro del proceso, y a modo de ejemplo para dar respuesta a una solicitud suya presentada despu\u00e9s de la audiencia, en la que denunciaba una presunta falsedad, se profiri\u00f3\u0301 el Auto 2021-01-481135 del 4 de agosto, que se adjunta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que \u00ablas decisiones reprochadas no pueden tildarse \u2013desde la perspectiva constitucional- como caprichosas o arbitrarias, pues evidentemente tuvieron soporte en los medios probatorios allegados al juicio\u00bb. Al respecto, rememor\u00f3 que durante la audiencia, la Superintendencia de Sociedades estudio cada uno de los medios probatorios allegados, \u00aba los que [\u2026], en el \u00e1mbito de la \u201cdiscreta autonom\u00eda\u201d que abriga a los administradores de justicia al momento de adelantar un escrutinio probatorio, les otorgo\u0301 cierta eficacia que el Tribunal no puede cuestionar en sede de tutela, bien para censurarlo, ora para avalarlo, al punto que ni siquiera puede expresar si comparte o no las conclusiones a las que arribo\u0301\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la sociedad gestora, la cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. A su vez, manifest\u00f3 que, \u00aben desarrollo del contrato de promesa de compraventa objeto del presente proceso se present\u00f3\u0301 un incumplimiento mutuo, por lo tanto, se debe decretar la resoluci\u00f3n del contrato sin que se hagan efectivos las arras y perjuicios en contra de mi representada\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, aport\u00f3 como pruebas, la i) Certificaci\u00f3n expedida por la Notar\u00eda Sexta de Cartagena el 3 de marzo de 2017 y, ii) la Certificaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima, del Puerto de Cartagena el 13 de marzo de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a esta Sala establecer si la Superintendencia de Sociedades vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida en audiencia del 26 de julio de 2021, con la cual se neg\u00f3 la objeci\u00f3n y las excepciones presentadas. Ello pues, la gestora aduce que se desestimaron las pruebas aportadas al plenario, configur\u00e1ndose una causal de procedencia de la acci\u00f3n por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
2. Se observa que la autoridad accionada en la determinaci\u00f3n del 26 de julio de 2021, en l\u00ednea de principio, aclar\u00f3 que las excepciones de m\u00e9rito presentadas por la sociedad concursada en el proceso ejecutivo de radicado 2017-00074, \u00abha[b\u00eda] algunas [\u2026] repetidas y otras relacionadas\u00bb, por lo que procedi\u00f3 a resolverlas conjuntamente sin repetir pronunciamiento (minuto 46.10s). En efecto, comenz\u00f3 por la excepci\u00f3n de \u00abfalta de los requisitos exigidos para el documento exigido como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. As\u00ed, coment\u00f3 que la obligaci\u00f3n contenida en el documento constitu\u00eda \u00abuna obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb, habida cuenta que, \u00abel Juzgado se pronunci\u00f3 sobre este punto, en particular al resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la demandada en contra del mandamiento de pago en auto del 25 de agosto de 2017\u00bb. <\/p>\n
En seguida, \u00abidentific\u00f3 que el contrato de promesa de compraventa cumple con los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, y por [\u2026] tanto, es v\u00e1lido considerarlo como t\u00edtulo ejecutivo por contener obligaciones a cargo de la concursada. Tan es as\u00ed, que las mismas partes optaron por establecer expresamente la naturaleza del t\u00edtulo ejecutivo [\u2026] en el par\u00e1grafo 2\u00ba de la cl\u00e1usula cuarta del mismo, situaci\u00f3n que la concursada pretende desconocer v\u00eda excepci\u00f3n\u00bb (minuto 47.35s). <\/p>\n
Por su parte, con relaci\u00f3n a \u00ablas excepciones de no exigibilidad de la obligaci\u00f3n, contrato no cumplido, falta de cumplimiento de la condici\u00f3n, exceptio in factu conventio, novaci\u00f3n, imprevisi\u00f3n contractual, derecho de retenci\u00f3n\u00bb, precis\u00f3 que \u00abcarece de competencia [\u2026] para pronunciarse sobre la interpretaci\u00f3n, declaraci\u00f3n de incumplimiento de la ejecuci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa en particular, as\u00ed como de otros asuntos, como por ejemplo el cumplimiento de una obligaci\u00f3n si el derecho de retenci\u00f3n se aplic\u00f3 en debida forma [\u2026], que son objeto de controversia entre las partes y, sobre el contrato de promesa. Esto de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso y del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1116 de 2006\u00bb (48.15s). <\/p>\n
En lo que respecta a la novaci\u00f3n, identific\u00f3 que la obligaci\u00f3n \u00abno cumple con los requisitos esenciales establecidos en los art\u00edculos 1867 y siguientes del CGP y, por tanto, [\u2026] no es claro que las obligaciones contenidas en el contrato de promesa de compraventa de las barcazas, se haya extinguido y reemplazado en su totalidad, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de pago del 17 de abril de 2017\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, \u00abrespecto a las excepciones fijaci\u00f3n de la tasa de cambio para el pago en pesos de las obligaciones en moneda extranjera, art\u00edculo 425 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicaci\u00f3n del Estatuto Cambiario, Resoluci\u00f3n Externa 8 del 2000, al contrato de promesa de compraventa celebrado las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de cambio, ser\u00e1n pagadas en moneda legal colombiana, a la tasa de cambio representativa de mercado, error de cuenta\u00bb, explic\u00f3 que \u00ablas partes acordaron una tasa de referencia distinta a la establecida a la norma, encuadr\u00e1ndose dentro de la excepci\u00f3n contenida en la misma, por cuanto, acordaron la tasa vigente al momento de efectuar el pago\u00bb, conforme al par\u00e1grafo 4\u00ba de la cl\u00e1usula cuarta del negocio jur\u00eddico de promesa de compraventa. Por ende, \u00abal no haber pago, a\u00fan no hay una TRM cierta para el pago de la obligaci\u00f3n\u00bb (50.15s). <\/p>\n
Asimismo, ahond\u00f3 en detalle frente a \u00ablas excepciones de pago parcial, exceptio plus petitum\u00bb, explicando que, \u00abla sociedad deudora realiz\u00f3 algunos pagos parciales de sus obligaciones adquiridas con ocasi\u00f3n al contrato de promesa de compraventa de las barcazas. No obstante, el par\u00e1grafo 4 de la cl\u00e1usula 4 establece que la TRM a tenerse en cuenta, es la que corresponde al momento de hacer el pago, m\u00e1s no la que corresponda al primer pago y, aplicarla a los dem\u00e1s pagos de acuerdo con el anexo de plan de pagos, como erradamente lo enunci\u00f3 la sociedad deudora en sus excepciones\u00bb. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo rubro, indic\u00f3 que \u00abpuede relacionarse dentro del proyecto como cr\u00e9dito postergado en atenci\u00f3n al numeral 4 del arte 69 de la ley 1116 de 2006\u00bb, en tanto que, \u00abalgunas de las facturas allegadas por la sociedad en concurso en el proceso ejecutivo corresponden al transporte de hidrocarburos de las barcazas, mientras que, en otras facturas corresponden a la negociaci\u00f3n de las barcazas, esto es, al pago de estas en ejecuci\u00f3n del contrato de promesa. [\u00c9]stas ultimas, [\u2026] la sociedad objetante las relaciona dentro de los pagos parciales y por lo tanto, no puede imputarse al saldo enunciado y que se estableci\u00f3 en el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n elevada por la sociedad objetante, respecto de la graduaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos como de cuarta categor\u00eda, aduciendo que \u00abla sociedad deudora no los reconoci\u00f3 como deudores estrat\u00e9gicos para la operaci\u00f3n y marcha del objeto social que desarrolla. Las manifestaciones de la sociedad objetante no son un motivo suficiente para adquirir la calidad de proveedor estrat\u00e9gico de cuarta clase, para esto debe mediar un reconocimiento como tal de la sociedad deudora, reconocimiento que no figuro en el caso particular\u00bb (minuto 55.06s). Por lo expuesto, desestim\u00f3 las objeciones planteadas por la sociedad Bull Petroleum S.A.S. C.I. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. en efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a-quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio4. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente5 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Sin perjuicio de lo anterior, las inconformidades planteadas en esta instancia, relativas a la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa por incumplimiento mutuo de las partes, constituyen hechos nuevos, dado que no fueron objeto de proposici\u00f3n en el escrito inicial. Por consiguiente, esta colegiatura debe abstenerse de pronunciarse sobre aquellos, a riesgo de amenazar el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los contendientes (CSJ STC, 27 may.2020, rad.00470). <\/p>\n
En este punto, esta Sala ha decantado que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026]es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa.\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800. CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01) <\/p>\n
6. Por lo explicado, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-10 en \u201c2018-01-393523-000\u201d Expediente de Tutela PDF. <\/p>\n
2\u0002 En el Despacho curs\u00f3 bajo el radicado n\u00ba 2017-0074. <\/p>\n
3\u0002 Delegada ad hoc Bethy Elizabeth Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez. <\/p>\n
4\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16041-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16041-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02178-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59654","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59654","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59654"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59654\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}