STC16053-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16053-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01421-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que el Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali \u2013 FONAVIEMCALI le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y al Ministerio de Trabajo \u2013 Regional Valle del Cauca, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Quince Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Cali, y a los dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00ba 2013-00384. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El Fondo actor, a trav\u00e9s de su representante legal, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara: i) \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el d\u00eda 5 de abril de 2021, (\u2026) y en su lugar ordenar A LA ACCIONADA que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela, profiera una nueva sentencia en la cual verifique de manera aut\u00f3noma si ocurri\u00f3 un despido colectivo en FONAVIEMCALI a partir de lo probado en el proceso ordinario laboral y con independencia de lo resuelto por el Ministerio del Trabajo frente al mismo caso\u00bb. ii) \u00abOrdenar al Ministerio del Trabajo, que a trav\u00e9s de la Regional Valle del Cauca resuelva de fondo la PETICI\u00d3N de revocatoria directa presentada por FONAVIEMCALI el 13 de marzo de 2020, la cual se encuentra a la fecha sin decisi\u00f3n de fondo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 2011 el Ministerio de Trabajo le inici\u00f3 investigaci\u00f3n administrativa sancionatoria por la ocurrencia de un presunto \u00abdespido colectivo de trabajadores\u00bb entre junio y septiembre de esa anualidad, en la que la Coordinadora del Grupo de Prevenci\u00f3n, Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control se abstuvo de tomar medida administrativa (Res. n\u00b0 001415, 13 jul. 2012); sin embargo, los querellantes recurrieron y mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 002037 (28 sep. 2012) lo penalizaron con 10 S.M.L.M.V. y se declar\u00f3 agotada la v\u00eda gubernativa. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 12 de noviembre de 2012, solicit\u00f3 la revocatoria directa de esa decisi\u00f3n, la cual fue desestimada. En su opini\u00f3n, \u00abla Resoluci\u00f3n 002037 de 2012 est\u00e1 viciada de nulidad, pero adem\u00e1s de ello no se puede demandar por cuanto se neg\u00f3 a FONAVIEMCALI el recurso de apelaci\u00f3n, que es obligatorio para acudir a la Acci\u00f3n Contencioso Administrativo de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el 30 de mayo de 2014, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali deneg\u00f3 las pretensiones del litigio que Rosalba Guti\u00e9rrez de Z\u00fa\u00f1iga, \u00abuna de las trabajadoras despedidas por FONAVIEMCALI, entre junio y septiembre de 2011 (\u2026) inco\u00f3 en contra de su antiguo empleador, por considerar que hab\u00eda formado parte del DESPIDO COLECTIVO declarado por el MINISTERIO DEL TRABAJO\u00bb (rad. 2013-00384), determinaci\u00f3n ratificada por el Tribunal Superior de Cali (18 mar. 2015). <\/p>\n
Indic\u00f3 que Guti\u00e9rrez Z\u00fa\u00f1iga interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, mediante veredicto SL1576-2021 (5 abr. 2021), \u00abse cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y en sede de instancia, estim\u00f3 las pretensiones de la demanda inicial, ordenando el reintegro de la demandante, sin soluci\u00f3n de continuidad argumentando que ya exist\u00eda un precedente, que era la sentencia del 13 de febrero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, pidi\u00f3 al Ministerio de Trabajo la revocatoria directa parcial de la Resoluci\u00f3n que declar\u00f3 el despido colectivo, \u00ab(\u2026) por cuanto nunca se le permiti\u00f3 recurrir la misma, para demostrar que no ocurri\u00f3 el despido colectivo. Esta petici\u00f3n elevada (\u2026) el d\u00eda 13 de marzo de 2021 (sic), a\u00fan no ha sido resuelta de fondo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 a la Corporaci\u00f3n censurada de separarse de la \u00abjurisprudencia y renunciar a la competencia del juez ordinario, para someterse a la decisi\u00f3n de la autoridad administrativa a pesar de haberse probado que la misma fue equivocada\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado y resalt\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, ci\u00f1\u00e9ndose a los argumentos planteados en los tres cargos formulados, y con sujeci\u00f3n a las reglas propias de este medio de impugnaci\u00f3n extraordinario (\u2026). Adem\u00e1s, al proferir la decisi\u00f3n, la Sala se atuvo al precedente vertido en la sentencia CSJ SL, 17 may. 2006, rad. 26067, y reiter\u00f3 el mismo criterio expuesto en la CSJ SL407-2019 y CSJ SL532-2021, en las que se resolvieron asuntos de contornos f\u00e1cticos similares donde fung\u00eda como demandada la misma entidad\u00bb. <\/p>\n
La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social del Grupo de Prevenci\u00f3n, Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Direcci\u00f3n Territorial Valle del Cauca- Ministerio de Trabajo expres\u00f3 que, a \u00abla solicitud elevada el d\u00eda 13 de marzo de 2020, se dio respuesta el d\u00eda 2 de octubre del 2020, seg\u00fan Oficio No. 8384, indic\u00e1ndole entre otros que dicha solicitud la cual se encontraba sustentada bajo los mismos presupuestos de la radicada en el a\u00f1o 2012 ya hab\u00eda sido resuelta por el funcionario competente, situaci\u00f3n por la cual no era dable dar tr\u00e1mite nuevamente a la solicitud de revocatoria directa requerida, habida cuenta que exist\u00eda un acto administrativo que resolvi\u00f3 tal petici\u00f3n, mismo que se encuentra en firme y este revestido de legalidad\u00bb. <\/p>\n
Rosalba Guti\u00e9rrez de Z\u00fa\u00f1iga adujo que en el asunto no se configura defecto alguno, en tanto el interesado esgrime las mismas alegaciones que se debatieron en el proceso ordinario laboral; adem\u00e1s, \u00e9ste no formul\u00f3 oposici\u00f3n en la demanda de casaci\u00f3n, oportunidad en la que pod\u00eda exponer sus inconformidades frente a las aspiraciones del escrito genitor. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio, porque \u00abla providencia censurada y con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante que pretende convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una controversia legal, que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela, m\u00e1xime cuando lo aqu\u00ed debatido fue puesto en consideraci\u00f3n de la Sala accionada, quien fue enf\u00e1tica en advertir que el acto administrativo goza de presunci\u00f3n de legalidad, mientras no sea controvertido ante la jurisdicci\u00f3n competente y en este caso, la resoluci\u00f3n Nro. 002037 emitida por el Ministerio del Trabajo, que declar\u00f3 el despido colectivo en que incurri\u00f3 al aqu\u00ed actor no ha sido objeto de examen por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el gestor iterando los argumentos inaugurales, agregando que \u00abse prob\u00f3 que la sala accionada, dict\u00f3 una sentencia desconociendo la verdad procesal que motiv\u00f3 al fallador de segunda instancia a declarar que FONAVIEMCALI no incurri\u00f3 en un despido colectivo, cuando despidi\u00f3 a 5 trabajadores, de un total de 18 que ten\u00eda vinculados. Esa verdad procesal y matem\u00e1tica, fue ignorada en el fallo objeto de tutela, con lo cual, la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, renunci\u00f3 a la competencia legal que tiene para resolver de fondo las demandas de declaratoria de despido colectivo, sometiendo esa competencia a la decisi\u00f3n administrativa del Ministerio del Trabajo, d\u00e1ndole a la misma, una fuerza vinculante para la justicia laboral, que no tiene\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye una regla invariable la improcedencia de este instrumento residual para disentir o revisar las \u00abprovidencias judiciales\u00bb, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando el llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01 y STC6153-2021), toda vez que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01 y STC6153-2021). <\/p>\n
2.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en primera instancia, porque la directriz debatida (SL1576-2021) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, el anhelo del precursor fue \u00abdesestimado\u00bb en el escenario natural, al precisar la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que, de igual forma, \u00abya se pronunci\u00f3 al resolver un asunto de caracter\u00edsticas f\u00e1cticas y jur\u00eddicas asimilables al que ac\u00e1 se resuelve, y basado en el mismo acto administrativo proferido por el Ministerio del Trabajo que dispuso la sanci\u00f3n contra aquella por haber incurrido en un despido colectivo entre junio y septiembre de 2011. Fue en la sentencia CSJ SL407-2019 en la que dijo: <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, si el empleador no comparte el acto administrativo proferido por el ente gubernativo, que declar\u00f3 que incurri\u00f3 en despidos colectivos, o considera que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso, tiene derecho a controvertirlo, pero ante la autoridad competente, su juez natural que lo es la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
Reflexiones que afirm\u00f3 compartir, \u00abtal como qued\u00f3 consignado recientemente en la sentencia CSJ SL532-2021\u00bb, y que fueron suficientes para llevar al quiebre del fallo impugnado, puesto que \u00abel acto administrativo por medio del cual el Ministerio del Trabajo calific\u00f3 como despido colectivo el de la demandante y cuatro trabajadores m\u00e1s, no ha sido anulado ni suspendido, por manera que goza de la presunci\u00f3n de legalidad que le es inherente, con fundamento en los art\u00edculos 88 y 91 de la Ley 1437 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Luego, al expedir la correspondiente sentencia de instancia, sostuvo que la consecuencia jur\u00eddica del despido colectivo es su ineficacia, por as\u00ed contemplarlo el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 67 de la Ley 50 de 1990, que subrog\u00f3 el 40 del Decreto 2351 de 1965: \u00ab5. No producir\u00e1 ning\u00fan efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensi\u00f3n temporal de los contratos de trabajo, sin la previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo y Seguridad, Social, caso en el cual se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 140 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
Y trajo a colaci\u00f3n que, \u00absobre el recto entendimiento de esta preceptiva se pronunci\u00f3 la Corte en la sentencia CSJ SL5005-2019, en la que, con apoyo en las providencias CSJ SL, 30 nov. 2000, rad. 14640, y CSJ SL, 22 ene. 1990, rad. 3497, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] Bajo este horizonte, resulta claro que al haberse calificado como despido colectivo la decisi\u00f3n el empleador de terminar de manera unilateral y sin justa causa los contratos individuales de trabajo de los aqu\u00ed demandantes, ello significa que no medi\u00f3 autorizaci\u00f3n administrativa para el finiquito contractual de los accionantes; por lo tanto, tal decisi\u00f3n de la pasiva no produce efecto jur\u00eddico alguno, lo que trae como consecuencia, que los trabajadores tengan derecho a percibir el salario y dem\u00e1s acreencias laborales, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 140 del CST, as\u00ed no hayan prestado el servicio, pues debe entenderse que han estado con la disponibilidad de ejercer su labor, pero impedidos por culpa del empleador (ver sentencia CSJ SL, 2 dic. 1994, rad. 5584), lo cual se deriva del proceder irregular e ilegal de la empresa. <\/p>\n
Finalmente, declar\u00f3 la \u00abineficacia del despido\u00bb de Rosalba Guti\u00e9rrez de Z\u00fa\u00f1iga y dispuso su reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como buscan el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda supralegal, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- En lo ateniente a la petici\u00f3n radicada el 13 de marzo de 2020 ante el Ministerio del Trabajo, se avizora que esta fue solventada mediante oficio n\u00b0 8384 de 2 de octubre de ese a\u00f1o, respuesta comunicada en esa data al correo electr\u00f3nico hamosri@hotmail.com, mismo aportado para efectos de notificaci\u00f3n en este tr\u00e1mite. Significa entonces, que ninguna trasgresi\u00f3n se puede imputar a la autoridad convocada, toda vez que, antes de que el censor acudiera a esta senda \u00abnotific\u00f3 la respuesta\u00bb a dicho pedimento. <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16053-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC16053-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01421-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}