STC16070-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC16070-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04060-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de tutela de radicado 2021-00036-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Diva Teresa S\u00e1nchez P\u00e9rez interpuso acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta con ocasi\u00f3n de las actuaciones surtidas dentro del proceso de radicado 2019-00098-00. En tal sentido, pidi\u00f3, entre otras, que se ordene \u00aba trav\u00e9s de su despacho, a todas las entidades accionadas a dar cumplimiento estricto a lo ordenado en la Sentencia de Restituci\u00f3n de Tierras con radicado N\u00b0 54-001-31-001-2019-00098-00, emanada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta\u00bb1. <\/p>\n
2.2. La Magistratura accionada admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela el 15 de septiembre del 2021, en el que se orden\u00f3 vincular \u00abal abogado que representa los intereses de la accionante dentro de ese diligenciamiento, al Director de la UAEGRTD \u2013 Territorial Norte de Santander, al Grupo de Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Interinstitucional \u2013 COJAI de la UAEGRTD y a todas las partes (Ministerio P\u00fablico y dem\u00e1s intervinientes) que integran el proceso de Restituci\u00f3n de Tierras con radicado No. 54001312100120190009800\u00bb2. <\/p>\n
2.3. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta profiri\u00f3 sentencia el 29 de septiembre siguiente, en la que concedi\u00f3 el amparo deprecado. Por ende, exhort\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Grupo COJAI \u00abpara que, en ejercicio del principio colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre las entidades del Estado, cumpla con su deber misional de cooperar con los jueces de restituci\u00f3n de tierras para obtener la materializaci\u00f3n de las medidas ordenadas a favor de las v\u00edctimas restituidas, seg\u00fan se motiv\u00f3\u00bb3. <\/p>\n
2.4. Inconforme, la aludida entidad p\u00fablica remiti\u00f3 escrito de impugnaci\u00f3n en correo electr\u00f3nico del 05 de octubre del 20214. <\/p>\n
2.5. No obstante, la accionada resolvi\u00f3 rechazar por extempor\u00e1neo el remedio formulado en auto del 08 de octubre del presente a\u00f1o. <\/p>\n
2.6. Ante tal decisi\u00f3n, la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD radic\u00f3 escrito por medio del cual solicit\u00f3 reconsiderar la decisi\u00f3n tomada. Sin embargo, el 15 de octubre del 2021, el Colegiado accionado rechaz\u00f3 \u00abpor improcedente el recurso presentado por la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD contra el auto del 8 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.7. A juicio de la actora, tal discernimiento constituye un defecto procedimental absoluto, a la vez que transgrede sus garant\u00edas fundamentales. En particular, asevera que \u00abal darle aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991, dej\u00f3 de lado el contenido normativo contenido en el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 806 de 2020, que regul\u00f3 lo concerniente a las notificaciones judiciales a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos (\u2026)\u00bb. A su turno, trajo de presentes las sentencias STC11274-02945, STL729-2021 y STL11481 de 2021, en las que se se\u00f1al\u00f3 \u00abque el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 806 de 2020, es aplicable para el tr\u00e1mite de tutelas, motivo por el que un operador judicial incurre en defecto procedimental cuando inaplica la citada norma\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene al Tribunal \u00abque CONCEDA LA IMPUGNACI\u00d3N presentada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DESPOJADAS en contra de la sentencia de tutela de fecha 29 de septiembre de 2021 de radicado N 54001222100020210003600\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Corporaci\u00f3n cuestionada asever\u00f3 que, tal como lo tiene sentado la Corte Constitucional, \u00abdado el car\u00e1cter preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela, que tiene por finalidad la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, al juez constitucional le est\u00e1 vedado aplicar cualquier tipo de normas procesales ordinarias, entre las que se encuentran, por supuesto, las introducidas en el Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que su decisi\u00f3n estuvo plenamente motivada y sustentada \u00abpor modo que no obedeci\u00f3 a una mera actitud antojadiza o caprichosa del suscrito, m\u00e1s bien lo que se evidencia, si se quiere, es una mera disparidad de criterio, diferencia que incluso subyace en los mismos pronunciamientos de la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil, lo que entonces (sic) ni por asomo puede dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que se encuentra frente a un precedente indeterminado y \u00abfrente a situaciones tales, el Juez tiene la libertad para adherir al que estime m\u00e1s ajustado al asunto en concreto, y all\u00ed se dej\u00f3 claro por el suscrito porqu\u00e9 al tratarse de una acci\u00f3n cuya genuina naturaleza es meramente constitucional, es el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional el \u00f3rgano de cierre en la materia, al punto que por ello est\u00e1 confiado a \u00e9l la labor de revisi\u00f3n de los fallos que en estos asuntos se profieran, oportunidad con la que a\u00fan, incluso cuenta la ac\u00e1 tutelante para, a trav\u00e9s del mecanismo de la insistencia, procurar que se examine el aspecto de la sentencia que no comparte, todo lo cual remarca a\u00fan m\u00e1s la improcedencia del amparo invocado\u00bb. <\/p>\n
2.- Los dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela, habida cuenta que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen, como dispositivos de control, la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, la \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb y la \u00absolicitud de insistencia\u00bb ante la Corte Constitucional. Por la esencia del resguardo, todos los funcionarios judiciales est\u00e1n llamados a tomar las medidas que resulten precisas para que por este remedio preferente y sumario se propugne, en todo momento, por la efectividad de las garant\u00edas esenciales, entre las que se encuentra el respeto al debido proceso. <\/p>\n
En este sentido, est\u00e1 Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. De 2020, Rad. 2020-00852-00) <\/p>\n
2.- A pesar de lo anterior, en casos excepcionales se ha aceptado su viabilidad cuando el juez del auxilio inobserv\u00f3 el procedimiento de forma arbitraria, y con ello, el debido proceso, esto es, \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC10416-2015). <\/p>\n
La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, ha admitido la procedencia excepcional contra un pronunciamiento de an\u00e1loga tipolog\u00eda, cuando concurren los siguientes requisitos: <\/p>\n
\u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada. <\/p>\n
b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). <\/p>\n
c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
3.- La gestora acude a esta senda con el fin de que se invalide la providencia del 08 de octubre del 2021 proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la que rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la impugnaci\u00f3n interpuesta en el proceso de tutela de radicado 2021-00036-00, pues considera que dicha decisi\u00f3n lesiona sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
Con base en lo anteriormente expuesto, el an\u00e1lisis constitucional resulta viable, por cuanto lo cuestionado no es la sentencia de tutela de 29 de septiembre de 2021, sino el prove\u00eddo que deneg\u00f3 su impugnaci\u00f3n, por haber sido presentado de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
4.- Pues bien, de las pruebas obrantes en el plenario se observa lo siguiente: <\/p>\n
4.1.- La Magistratura cuestionada profiri\u00f3 sentencia el 29 de septiembre del 2021, en la que resolvi\u00f3 conceder la salvaguarda constitucional implorada por Diva Teresa S\u00e1nchez P\u00e9rez. <\/p>\n
4.2.- Tal prove\u00eddo fue notificado a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas mediante correo electr\u00f3nico enviado el 29 de septiembre del 2021 a la direcci\u00f3n notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co5. <\/p>\n
4.3.- El 05 de octubre del 2021, la citada entidad remiti\u00f3 mensaje de datos con el que manifest\u00f3 impugnar la determinaci\u00f3n del a quo6. <\/p>\n
4.4. Sin embargo, el 08 de octubre siguiente, el despacho resolvi\u00f3 rechazar por extempor\u00e1nea el remedio en tanto que \u00abcomo el t\u00e9rmino establecido en el Art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 2021 para promover la aludida impugnaci\u00f3n feneci\u00f3 el 4 de octubre, sin dubitaci\u00f3n alguna se concluye que fue presentada extempor\u00e1neamente, dando lugar a su rechazo\u00bb. <\/p>\n
5.- De tales acreditaciones, al rompe se advierte la incursi\u00f3n en un defecto procedimental absoluto, que amerita la concesi\u00f3n de la perentoria salvaguarda constitucional. <\/p>\n
Sea lo primero indicar que, en cuanto al t\u00e9rmino con el que cuentan los interesados para intentar la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida por el a quo constitucional, el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991 prescribi\u00f3 expresamente que \u00abdentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n el fallo podr\u00e1 ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad p\u00fablica o el representante del \u00f3rgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente a las notificaciones al interior de este especial tr\u00e1mite constitucional, la citada normatividad consagr\u00f3 que la comunicaci\u00f3n del fallo habr\u00eda de efectuarse a las partes o intervinientes por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido7. De manera que, de anta\u00f1o, la comunicaci\u00f3n de las decisiones se realizaba a las partes a trav\u00e9s de telegramas remitidos f\u00edsicamente a los lugares de notificaci\u00f3n informados por las partes e intervinientes. As\u00ed las cosas, no era necesario acudir a los c\u00e1nones del C\u00f3digo General del Proceso para determinar las formas en que habr\u00eda de efectuarse el enteramiento del fallo a los interesados, comoquiera que dichas normas no se acompasaban con el mecanismo expedito y eficaz consagrado especialmente para este tipo de tr\u00e1mites constitucionales. <\/p>\n
Y es que, tal como lo ha sostenido de vieja data la doctrina de la Corte Constitucional, al tr\u00e1mite de tutela no pueden aplic\u00e1rsele las normas procedimentales civiles. As\u00ed lo sostuvo en sentencia T-162 de 1997, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abHabida consideraci\u00f3n de que a la tutela sobre los derechos fundamentales concierne un tr\u00e1mite que por ministerio de lo dispuesto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica ha de ser preferente y sumario, es apenas obvio que la decisi\u00f3n definitiva sobre la protecci\u00f3n de un derecho fundamental cuando se estima que \u00e9l ha sido violado o se encuentra amenazado de inminente vulneraci\u00f3n, ha de quedar en firme a la mayor brevedad posible. <\/p>\n
Por ello, el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n es, conforme a su regulaci\u00f3n por el Decreto 2591 de 1991 desprovisto de las formalidades propias de los procesos que se adelantan ante las distintas ramas de la jurisdicci\u00f3n del Estado. <\/p>\n
Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por analog\u00eda todas las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, pues de esa manera podr\u00eda darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, pese a que la Constituci\u00f3n exige para ella un procedimiento \u201csumario\u201d, esto es simplificado, breve, donde no es posible ni la admisi\u00f3n de todos los incidentes que si lo ser\u00edan en un proceso civil o en un proceso contencioso administrativo, como tampoco son de recibo los recursos 343 no expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991, ni en el Decreto 2067 del mismo a\u00f1o, el primero de los cuales establece el procedimiento a que ha de sujetarse la acci\u00f3n de tutela, en tanto que el segundo lo concerniente a los procesos de que conoce la Corte cuando ejerce las atribuciones que le asigna el art\u00edculo 241 de la Carta. <\/p>\n
Pese a que la normatividad propia del proceso de tutela, no prev\u00e9 ning\u00fan recurso que pueda ser interpuesto contra el auto que niega la impugnaci\u00f3n de un fallo de tutela, el Tribunal Superior de Antioquia consider\u00f3 que la demanda presentada por el Alcalde encargado del Municipio de Taraz\u00e1 no proced\u00eda, pues el demandante contaba con el recurso de queja como medio de defensa principal(…) Esta Sala de Revisi\u00f3n no comparte la tesis del Tribunal; por el contrario, considera que frente al auto que niega la impugnaci\u00f3n de un fallo de tutela no procede ning\u00fan recurso\u00bb (subrayado del Despacho). <\/p>\n
Sin embargo, esta Sala ha admitido en recientes providencias la necesidad de dar aplicaci\u00f3n al numeral 8\u00b0 del Decreto 806 del 2020, en lo que concierne con el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos con los que cuentan las partes e interesados para interponer la impugnaci\u00f3n en contra de un fallo de tutela. Ello debido a que la pandemia del Covid-19 compeli\u00f3 a las autoridades judiciales a modificar la manera en que eran surtidas las actuaciones jurisdiccionales, exhortando al uso de las nuevas tecnolog\u00edas, particularmente en punto de las notificaciones de las providencias dictadas al interior de los despachos. <\/p>\n
En efecto, en sentencia STC11274 del 01 de septiembre del 2021, esta Corte se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(…) los art\u00edculos 16 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen, en su orden, que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela \u00ablas providencias que se dicten se notificaran a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito o eficaz\u00bb, y que \u00abel fallo se notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb; entonces, de optarse por enterar el fallo de tutela a trav\u00e9s del uso de los medios digitales de informaci\u00f3n, corresponde aplicar lo que al respecto regula el inciso tercero del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020: \u00ab[l]a notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto, sin que lo indicado al inicio de la citada norma, respecto a que aplica para las notificaciones que \u00abdeban hacerse personalmente\u00bb, pueda tenerse como un motivo para excluir las notificaciones de tutela, no solo porque el texto legal no est\u00e1 restringiendo su aplicaci\u00f3n a ese \u00fanico evento, valga se\u00f1alar, las notificaciones que deban hacerse personalmente, sino m\u00e1s importante a\u00fan, porque se excluir\u00eda al mecanismo constitucional para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, de una garant\u00eda adicional para los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, socapa de una restrictiva interpretaci\u00f3n normativa\u00bb <\/p>\n
As\u00ed mismo, en prove\u00eddo STC13965 del 19 de octubre del a\u00f1o en curso, se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abAhora, en lo que concierne con la negativa del \u00abrecurso de impugnaci\u00f3n\u00bb, en verdad surge necesaria la intervenci\u00f3n de esta justicia extraordinaria, dado que el Juzgado Promiscuo Municipal de Nueva Granada desconoci\u00f3 los \u00abt\u00e9rminos\u00bb de notificaci\u00f3n establecidos en el Decreto 806 de 2020, cuyo objeto fue la implementaci\u00f3n del uso de las tecnolog\u00edas y las comunicaciones en \u00abactuaciones judiciales\u00bb durante su vigencia. <\/p>\n
En efecto, dicha normativa prev\u00e9: \u00abLa notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n\u00bb. De modo, que trat\u00e1ndose de \u00abnotificaciones\u00bb mediadas por el \u00abuso de las tecnolog\u00edas\u00bb, \u00e9stas se entienden realizadas \u00abdos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje\u00bb, lo que supone, que desde su remisi\u00f3n deben contabilizarse no tres (3) sino cinco (5) d\u00edas para tener por precluida la oportunidad para rebatir la resoluci\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
6.- Atendiendo a lo expuesto, lo advertido en el radicado de marras es que la noticia del fallo de primera instancia se efect\u00fao el 29 de septiembre de 2021, por lo que se ten\u00eda hasta el d\u00eda 06 de octubre siguiente para hacer cualquier reparo, mismo que la accionante formul\u00f3 el 05, debiendo ser rituado y no negado como sucedi\u00f3. <\/p>\n
7.- As\u00ed pues, se conceder\u00e1 la salvaguarda deprecada. En ese orden de ideas, se dejar\u00e1 sin efectos el auto proferido el 08 de octubre del a\u00f1o en curso con el fin de que el Tribunal resuelva nuevamente sobre la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n conforme a los planteamientos ac\u00e1 esbozados. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, con ocasi\u00f3n del juicio de tutela con radicado N\u00b0 54001222100020210003600. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS el auto proferido el 08 de octubre del 2021 y, en su lugar, se le ordena a dicha autoridad que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, emita una nueva providencia sobre la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n impetrada por la accionante teniendo en cuenta lo aqu\u00ed se\u00f1alado. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 1-12 del PDF \u00abD540012221000202100036000Recepci\u00f3n proceso por nuevo reparto202191583157\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00abD540012221000202100036000Auto Admite2021915114539\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00abD540012221000202100036000Sentencia2021929113142\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00abD540012221000202100036000Recepci\u00f3n memorial2021105185529\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u00abD54001222100020210003600Notificaciones2021929132616\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 PDF \u00abD540012221000202100036000Recepci\u00f3n memorial2021105185529\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16070-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC16070-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04060-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59665","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59665"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59665\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}