STC16074-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16074-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2021-00314-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 28 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Saia Mar\u00eda Vergara Jaime en su condici\u00f3n de directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal y Diecis\u00e9is Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el incidente de desacato con radicado n\u00b02021-00518-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, la accionante reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Afirma que, en segunda instancia el estrado del circuito acusado en fallo de tutela de 20 de agosto de 2021, le orden\u00f3 emitir respuesta frente a la petici\u00f3n de Mario Ernesto Vargas Guti\u00e9rrez, relacionada con la entrega de la copia de los documentos que dieron lugar a la aprobaci\u00f3n de un proyecto hotelero, adelantado por Gema Tours S.A.S. <\/p>\n
Refiere que aun cuando dio cumplimiento a dicha disposici\u00f3n, Vargas Guti\u00e9rrez formul\u00f3 incidente de desacato ante el juzgado municipal censurado, alegando que no se le suministr\u00f3 \u00abel concepto emitido por la divisi\u00f3n jur\u00eddica y el acta de reuni\u00f3n de 15 de diciembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
Aduce que manifest\u00f3 a la sede municipal reprochada que la documentaci\u00f3n de tr\u00e1mite incidental no fue objeto del mandato constitucional y, tampoco era \u00abla autoridad competente para atender las solicitudes sobre proyectos de intervenci\u00f3n que se radican ante el Comit\u00e9 T\u00e9cnico de Patrimonio Hist\u00f3rico y Cultural (\u2026), [ni] hac[\u00eda] parte de [sus] funciones (\u2026) el manejo de la informaci\u00f3n y archivo de los asuntos de conocimiento [del mencionado comit\u00e9]\u00bb. <\/p>\n
Surtidos los tr\u00e1mites de rigor, en pronunciamiento de 22 septiembre de 2021, se impuso a superior jer\u00e1rquico y a ella, multa de cuatro (4) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, determinaci\u00f3n ratificada en sede consulta por el juzgado del circuito demandado el 29 de septiembre ulterior. <\/p>\n
3. Solicita, dejar sin efecto las rese\u00f1adas decisiones y disponer el archivo del incidente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali indic\u00f3 que, confirm\u00f3 la amonestaci\u00f3n cuestionada, por cuanto la quejosa no hizo \u00abentrega del documento denominado (\u2026) concepto emitido por la divisi\u00f3n jur\u00eddica, seg\u00fan lo solicitado por [Mario Ernesto Vargas Guti\u00e9rrez,] de tal suerte que no se acredit[\u00f3] el cumplimiento integral del fallo que se reput\u00f3 desacatado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de esa urbe, realiz\u00f3 un recuento del procedimiento recriminado y, rese\u00f1\u00f3 que la actora no atendi\u00f3 a sus exhortos y por ello se produjo la sanci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, al estimar razonable lo prove\u00eddo por el ad quem encausado, pues las defensas de la gestora, seg\u00fan la cuales, en \u00abla b\u00fasqueda [de su] archivo (\u2026), no se evidencia[ba] concepto emitido por la divisi\u00f3n jur\u00eddica, ni otra similar\u201d y que, tal estudio fue realizado y empleado por el Comit\u00e9 T\u00e9cnico mencionado, que es \u201cun organismo independiente\u201d (\u2026), no satisfac[\u00edan] los postulados que gobierna[n] el derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, porque \u00abcuando a la administraci\u00f3n le sea presentada una inquietud que desborde sus limitaciones y que, de antemano, conoce qui\u00e9n es la persona id\u00f3nea en aras de resolver la problem\u00e1tica, en forma imperativa, est\u00e1 obligada a informar esta particularidad al interesado y, como consecuencia l\u00f3gica, remitir las diligencias al competente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante sin exponer los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la justificaci\u00f3n de la accionante de no estar relacionada con su dependencia el \u00abconcepto jur\u00eddico\u00bb del denominado del proyecto Hotel Gematours, la imposibilitaba para brindar informaci\u00f3n al respecto, y por lo mismo no ubicarla en situaci\u00f3n de desacato susceptible de la sanci\u00f3n pecuniaria que se le impuso. <\/p>\n
2. De la tutela contra decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
Se ha dicho y reiterado que cuando el amparo se enfila a censurar lo decidido al interior de un tr\u00e1mite incidental por incumplimiento a lo resuelto en acci\u00f3n de similar raigambre constitucional, en principio se torna improcedente, en la medida en que: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, [ya que] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada entre otras en STC4260-2019, 3 abr. 2019, rad. 00053-00). <\/p>\n
Sobre las excepciones para atacar la decisi\u00f3n de un incidente de desacato por la misma v\u00eda en el que se origin\u00f3, se ha expuesto que procede cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, como cuando el juez de dicha tramitaci\u00f3n \u00abse extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y se ceder\u00eda al principio de la cosa juzgada si \u00abse encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb, precisando que en este caso, es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n el llamado a remediarlo para evitar \u00abdecisiones contradictorias que terminen en un desconocimiento masivo de la cosa juzgada constitucional\u00bb (CC T-218\/12). <\/p>\n
Por su parte, esta Corte ha dispensado el auxilio en los eventos en que la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso, \u00abcomo cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, citada en STC16838-2018, 19 dic. 2018, rad. 00048-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente a lo aducido por la gestora, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, la Sala establece que habr\u00e1 de respaldarse la denegaci\u00f3n del amparo, comoquiera que las decisiones de los despachos convocados, no constituyen defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarlas, aunado a que, lo pretendido es utilizar la acci\u00f3n como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. En efecto, el procedimiento seguido para adelantar el incidente se ajust\u00f3 a lo preceptuado en el Decreto 2591 de 1991, identificando e individualizando a la funcionaria que deb\u00eda cumplir el mandato y, previo un juicio de responsabilidad subjetiva, se impuso la sanci\u00f3n pecuniaria de cuatro (4) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, la cual fue avalada por el superior funcional en virtud de la consulta desatada el 29 de septiembre de 2021, por encontrarla ajustada a derecho. <\/p>\n
Ello, porque al tenor del art\u00edculo 52 de la normativa en menci\u00f3n, quien desconozca lo ordenado por el juez del amparo \u00abincurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar\u00bb, y que \u00abla sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
Ahora, respecto de la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ ATC, 14 sep. 2009, rad. 01417-00). As\u00ed, la sanci\u00f3n por desatender una orden de tutela debe estar plenamente demostrada, ya que si, por el contrario, media eximente como fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra justificaci\u00f3n que revista la condici\u00f3n de razonable o insuperable, no hay lugar a ella. <\/p>\n
3.2. Bajo el anterior entendimiento, para establecer la razonabilidad de la decisi\u00f3n reprochada, se precisa que la orden impartida por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, al tutelar el derecho fundamental a la informaci\u00f3n de Mario Ernesto Vargas Guti\u00e9rrez, consisti\u00f3 en exigir al \u00abInstituto de Patrimonio y Cultural de Cartagena de Indias, a trav\u00e9s de su representante legal o quien haga sus veces, (\u2026) que, en el t\u00e9rmino perentorio de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n [respectiva], proced[iera] a dar respuesta de fondo, de manera clara, precisa y congruente, a la petici\u00f3n realizada por [aqu\u00e9l] el 18 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, el incidente de desacato se adelant\u00f3 con la finalidad de verificar si la quejosa hab\u00eda atendido o no dicho mandato, en punto de lo cual, con decisi\u00f3n de 22 de septiembre de 2021, el a quo en esa causa sancion\u00f3 por desacato a la aqu\u00ed inconforme, tras considerar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el incidentalista inform\u00f3 reiteradamente al despacho sobre el incumplimiento por parte de la accionada [al no darle informaci\u00f3n sobre el concepto jur\u00eddico que dio lugar a la aprobaci\u00f3n del proyecto denominado Hotel Gematours adelantado por Gema Tours S.A.S.]\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que no exist\u00eda motivo \u00ab (\u2026) capaz de eximir de responsabilidad a [ la aqu\u00ed tutelante, pues] queda[ba] en evidencia su negligencia grave (\u2026), [s]eg\u00fan se determin[\u00f3] de las pruebas (\u2026) y de los diferentes requerimientos formulados (\u2026) a William Dau Chamat (\u2026) en su calidad de [A]lcalde Distrital de Cartagena (\u2026) y superior jer\u00e1rquico de [\u00e9sta]\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 \u00abque no hubo inter\u00e9s (\u2026) en dar cumplimiento a lo ordenado (\u2026) [y,] deb[\u00eda] emitirse sanci\u00f3n por no haberse probado que exist[\u00eda[ justa causa que [les] impidiera hacerlo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n sancionatoria, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]eg\u00fan lo informado por el propio peticionario mediante comunicaci\u00f3n sostenida v\u00eda telef\u00f3nica el 29\/09\/2021, a la fecha la accionada dio respuesta a todos sus requerimientos, exceptuando la falta de entrega del documento denominado \u201ci) concepto emitido por la divisi\u00f3n jur\u00eddica\u201d, seg\u00fan lo solicitado por el actor en su petici\u00f3n, es decir, [aqu\u00e9lla que deprec\u00f3 las]copias de las actas de las reuniones de los distintos comit\u00e9s en las que se estudi\u00f3 el proyecto, con las correspondientes firmas legibles de los miembros de dichos comit\u00e9s\u201d, de tal suerte que no [se] acredit\u00f3 el cumplimiento total del fallo de marras\u00bb. <\/p>\n
\u00abAhora bien, las probanzas obrantes a folios permiten advertir, con claridad diamantina, que pese a haber transcurrido un mes desde [la emisi\u00f3n] (y ejecutoria) de la orden emitida el 20 de agosto de 2021 por este Juzgado en segunda instancia, los directivos incidentados, en representaci\u00f3n de la parte accionada, han continuado vulnerando los derechos fundamentales de Ernesto Vargas Guti\u00e9rrez, pues a la fecha no han acreditado el cumplimiento integral de la sentencia que origin\u00f3 el presente tr\u00e1mite incidental (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el sentido de las decisiones revisadas no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y no se advierte la concurrencia de causal o defecto de procedibilidad de la tutela, al paso que los razonamientos all\u00ed contenidos denotan una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, circunstancias que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular, se precisa que cuando la determinaci\u00f3n reprochada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto censurado (CSJ STC 21 jul. 1995, rad. 2397, citada entre otras en STC6819-2019, 30 may. 2019, rad. 00176-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo, al advertirse que las decisiones emitidas en el tr\u00e1mite incidental cuestionado no son producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tengan aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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