STC16075-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16075-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04106-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Eduardo Pareja Emiliani, quien dice actuar como apoderado de Equipos y Transportes S.A.S. en Liquidaci\u00f3n Judicial, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso verbal de restituci\u00f3n de tenencia con radicado 13001310300320170031400 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de Equipos y Transportes S.A.S. Liquidaci\u00f3n Judicial al debido proceso, igualdad, petici\u00f3n y defensa y de los principios de buena fe, tutela judicial efectiva y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja se\u00f1al\u00f3 que, el 20 de agosto del 2019, la sociedad Equipos y Transportes S.A.S. suscribi\u00f3 con el Banco de Occidente un acuerdo integral de pago, con el objeto de regularizar las obligaciones derivadas de varios contratos de arrendamiento financiero firmados \u00abentre mi mandante, como arrendatario y locatario y esa entidad bancaria, como arrendador financiero, sobre una serie de maquinarias dedicadas a la construcci\u00f3n de obras civiles\u00bb. <\/p>\n
La sociedad cancel\u00f3 a la entidad bancaria, \u00abcomo abono a dicha deuda, la suma de $1.707.965.118, cifra reconocida expresamente por el mencionado Banco, con recursos generados por las actividades propias de su objeto social para cumplir, como en efecto lo hizo, la casi totalidad de los compromisos adquiridos en el acuerdo integral de pago\u00bb, por lo que la suma reconocida y adeudada al Banco se circunscrib\u00eda a \u00ab$592.034.882.oo como saldo a imputar a los saldos de los diferentes contratos de leasing, seg\u00fan el saldo por pagar de cada contrato\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, \u00abpor problemas de liquidez asociados a la crisis econ\u00f3mica del sector de la construcci\u00f3n, agravada adem\u00e1s por la Pandemia del COVID 19, la sociedad que represento no logr\u00f3 cumplir con el pago de las mensualidades acordadas con el mencionado Banco\u00bb; motivo por el cual, la entidad financiera procedi\u00f3 a instaurar proceso verbal de restituci\u00f3n, con el objeto de que se ordenara la \u00abliquidaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n judicial de todos los contratos y la restituci\u00f3n judicial de todos los equipos\u00bb. <\/p>\n
El 3 de febrero de 2020, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena orden\u00f3 la terminaci\u00f3n de los contratos de leasing y la restituci\u00f3n de los activos respectivos, decisi\u00f3n que fue confirmada el 18 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la referida ciudad. <\/p>\n
En su criterio, las autoridades judiciales accionadas adoptaron sus determinaciones sin tener en cuenta que \u00abse trataban de contratos diferentes, ni valorar las reglas relacionadas con la imputaci\u00f3n del pago, as\u00ed como tampoco accedi\u00f3 a la liquidaci\u00f3n unilateral de cada uno de los contrato (sic) con el prop\u00f3sito de verificar si efectivamente exist\u00edan contratos ya cancelados, [\u2026] bajo el equivocado argumento de creer que era una sola negociaci\u00f3n, desconociendo, por violaci\u00f3n a los mencionados derechos fundamentales, y sin duda a un yerro jur\u00eddico y a una deficiente conducci\u00f3n del proceso, la independencia y autonom\u00eda de cada contrato de Leasing [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, el amparo de la garant\u00edas fundamentales reclamadas y dejar sin efectos o declarar la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas el 3 de febrero de 2020 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena y el 18 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, para que se dicte una providencia de reemplazo; igualmente, solicit\u00f3 que \u00abse declare en forma inmediata CESAR la liquidaci\u00f3n judicial de los mencionados contratos de Leasing Financiero promovida por el BANCO DE OCCIDENTE contra la sociedad accionante\u00bb y que se ordene a la referida entidad financiera \u00abel traslado del derecho de propiedad de la maquinaria financiada a trav\u00e9s de los contratos de Leasing Financiero\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena afirm\u00f3 que \u00ablos defectos alegados en el libelo genitor deben entenderse endilgados a la sentencia de segunda instancia, proferida por el Superior Jer\u00e1rquico, ya que \u00e9ste confirm\u00f3 la de primer grado proferida por esta Agencia Judicial\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco de Occidente hizo referencia a las obligaciones mediante las cuales estaba vinculada la sociedad Equipos y Transportes SAS; as\u00ed mismo, afirm\u00f3 que, \u00abEn virtud al incumplimiento del acuerdo de pago el BANCO DE OCCIDENTE S.A., procede a reactivar los procesos judiciales suspendidos, tanto la demanda ejecutiva que ya contaba con sentencia como la demanda de restituci\u00f3n, de la cual se dict\u00f3 sentencia de restituci\u00f3n que orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y entrega de los activos el pasado 03 de febrero de 2020, sentencia que fue apelada por el demandado\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, destac\u00f3 que a la fecha \u00abla sociedad EQUIPOS Y TRANSPORTES SAS EN LIQUIDACI\u00d3N no ha restituido los activos, situaci\u00f3n que pusimos de conocimiento al liquidador quien aleg\u00f3 no conocer su ubicaci\u00f3n, pues la sociedad no le entreg\u00f3 nuestros activos en el inventario, por lo que la sociedad EQUIPOS Y TRANSPORTES SAS EN LIQUIDACI\u00d3N se encuentra actualmente bajo el delito de abuso de confianza al no acatar las orden de restituci\u00f3n y usar y gozar de bienes de propiedad del BANCO DE OCCIDENTE sin su consentimiento por lo que EXIGINOS LA ENTREGA INMEDIATA DE LOS ACTIVOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS DE LEASING [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor cuestiona las determinaciones emitidas por el Juzgado y Tribunal convocados, en el proceso verbal de restituci\u00f3n instaurado por el Bnco de Occidente contra la Sociedad Equipos y Transportes S.A.S. en Liquidaci\u00f3n Judicial, mediante las cuales se dispuso la terminaci\u00f3n de los contratos de leasing y la restituci\u00f3n de los activos respectivos. <\/p>\n
2. La Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, toda vez que el abogado Carlos Eduardo Pareja Emiliani no aport\u00f3 un poder especial para incoar esta tutela en nombre de Equipos y Transportes S.A.S. en Liquidaci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
Ciertamente, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual act\u00faa o acredite su calidad de agente oficioso, lo que, en el presente asunto, no se hizo. <\/p>\n
Dicho requisito de procedibilidad se encuentra prescrito en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, que establece que la acci\u00f3n constitucional \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha expresado reiteradamente que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u2018todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u2019. <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Resalta la Sala). <\/p>\n
Por tanto, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
Bajo este par\u00e1metro, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, pero el abogado no contaba con poder especial, la jurisprudencia constitucional se\u00f1al\u00f3, como consecuencia jur\u00eddica, la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb (CC T-024\/19, 28 de ene. 2019). <\/p>\n
En concreto, en cuanto a la especificidad de los poderes en las demandas de tutela, la Corte Constitucional ha establecido que: <\/p>\n
\u00abel cumplimiento de este principio hace posible que un apoderado judicial interponga una acci\u00f3n de tutela a nombre de su poderdante, ya que de la estructura del poder depende que el juez de tutela identifique con claridad si existe o no legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. <\/p>\n
Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional). <\/p>\n
3. En el presente asunto, si bien al proceso se trajo el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Equipos y Transportes S.A.S. en Liquidaci\u00f3n Judicial, en el que consta un poder general otorgado al abogado Carlos Eduardo Pareja Emiliani, dicho documento no goza de las caracter\u00edsticas exigidas por la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n, de modo que, al no estar el accionante legitimado en la causa para activar este medio excepcional de defensa, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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