STC16082-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16082-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04200-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddase la acci\u00f3n de tutela instaurada por Servicusiana S.A.S. frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2012-0357-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la sociedad gestora demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el colegiado convocado. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada y de lo expuesto en el escrito inicial, se extraen los siguientes supuestos f\u00e1cticos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
A\u00f1ade que Gloria In\u00e9s Torres Castro contrat\u00f3 directamente a Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Ponguta Mesa para movilizar la retroexcavadora desde Sogamoso hasta Yopal, actividad que, en su criterio, tambi\u00e9n contrar\u00eda lo establecido en la norma citada, pues \u00abla movilizaci\u00f3n de estas mercanc\u00edas deb[\u00eda] hacerse por intermedio de empresa habilitada para el efecto\u00bb. <\/p>\n
Para tal labor, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Ponguta Mesa dispuso del tractocami\u00f3n Superbrigadier, marca Chevrolet, placas EMB082, de propiedad de Timole\u00f3n Sandoval y Gloria V\u00e1squez, quienes, \u00abpara la fecha de matr\u00edcula del veh\u00edculo\u00bb, lo afiliaron a la empresa de transporte y carga Servicusiana S.A.S. -aqu\u00ed tutelante-; no obstante, seg\u00fan afirma, dicho \u00abv\u00ednculo jur\u00eddico (\u2026) se extingui[\u00f3] de facto\u00bb, pues con la expedici\u00f3n del decreto referido ut supra \u00ablos veh\u00edculos de carga (\u2026) pod\u00edan ser matriculados sin que resultara obligatoria su afiliaci\u00f3n a una empresa de carga legalmente constituida, raz\u00f3n por la cual los propietarios del cami\u00f3n (\u2026) no volvieron a pagar el rodamiento a la empresa, es decir, rompieron de facto el v\u00ednculo de afiliaci\u00f3n que los un\u00eda con la empresa SERVICUSIANA, y administraron su propiedad con total independencia y autonom\u00eda de la empresa a la cual se hab\u00edan inicialmente afiliado\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, \u00abGloria In\u00e9s Torres Castro siempre tuvo el control total y absoluto de la maquinaria y sobre la operaci\u00f3n de trasporte, excluyendo a cualquier otra persona natural o jur\u00eddica\u00bb, por lo cual, insiste, el nexo contractual para la movilizaci\u00f3n de la maquinaria mencionada \u00abse adelant\u00f3 directamente entre la due\u00f1a del veh\u00edculo y una empresa no habilitada para ese efecto, sin mediaci\u00f3n, intervenci\u00f3n o beneficio econ\u00f3mico a favor de Servicusiana\u00bb. <\/p>\n
Relata que, el 31 de octubre de 2010, el tractocami\u00f3n que trasladaba la retroexcavadora fue hurtado luego de haber sido estacionado en un parqueadero y, aunque, d\u00edas despu\u00e9s, fue hallado, no se encontr\u00f3 la maquinaria que transportaba. <\/p>\n
Por esta circunstancia, el 4 de octubre de 2012, Gloria In\u00e9s Torres Castro present\u00f3 demanda de responsabilidad contractual \u00abcontra Equidad Seguros Generales, Organismo Cooperativo Agencia Bucaramanga, Servicusiana Limitada [sic], Montajes J.M. S.A. y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Pongut\u00e1 Mesa\u00bb, asunto que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
Indica que, en los supuestos f\u00e1cticos descritos en el libelo \u00ab(\u2026) la demandante omite informaci\u00f3n fundamental para determinar responsabilidades, como la ilegalidad del contrato de trasporte, la posici\u00f3n dominante dentro del contrato de trasporte que hizo con empresa no autorizada, el no pago de rodamientos a la empresa Servicusiana, entre otros, pero confiesa en el hecho cuarto, que la responsabilidad de los trasportes de la maquinaria corr\u00eda por la empresa Montajes J.M. S.A. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En fallo de primera instancia, de 7 de junio de 2016, se denegaron las pretensiones de Gloria In\u00e9s Torres Castro, determinaci\u00f3n parcialmente revocada por el Tribunal accionando, en sentencia de 25 de agosto de 2021, en la cual se resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) PRIMERO. CONFIRMAR los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia recurrida por las razones expuestas, a trav\u00e9s de las cuales se declararon probadas las excepciones formuladas por la EQUIDAD SEGUROS GENERALES y la empresa MONTAJES JM. <\/p>\n
SEGUNDO. REVOCAR el numeral TERCERO, relativo a denegar las pretensiones de la demanda, para en su lugar DECLARAR responsable civil y contractualmente a JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN PONGUTA MEZA y a la empresa SERVICUSIANA por la p\u00e9rdida o hurto de la Retroexcavadora de propiedad de la demandante seg\u00fan qued\u00f3 dicho. En consecuencia, se dispone CONDENAR a estos a pagar en favor de la actora las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales: (i) Da\u00f1o emergente la suma equivalente a 214 SMLMV y (ii) por Lucro cesante tasado en la suma equivalente a 334 SMLMV seg\u00fan el valorar reconocido y conforme qued\u00f3 expuesto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n, en criterio de la tutelante, incurre en un defecto sustantivo por desconocimiento del Decreto 173 de 2001, en consonancia con el art\u00edculo 1523 del C\u00f3digo Civil, por cuanto \u00ab(\u2026) el servicio contratado por la demandante no se ajustaba a la ley y por tanto esa obligaci\u00f3n estaba viciada fatalmente, pues su objeto era il\u00edcito, al contratar a un particular para ese tipo de trasporte, vulnerando lo dispuesto en el art\u00edculo 1523 del C\u00f3digo civil, cuando el Decreto 173 de 2001 claramente establece que ese tipo de actividades deb\u00edan hacerse a trav\u00e9s de una empresa de trasporte p\u00fablico debidamente constituida y resulta claro que no se desarroll\u00f3 de esta manera (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agrega que el Tribunal desconoci\u00f3 los medios de convicci\u00f3n que descartaban su responsabilidad solidaria y acreditaban \u00abque SERVICUSIANA S.A.S, no ten\u00eda el control efectivo del veh\u00edculo, no ten\u00eda la facultad de utilizarlo, tampoco la de designar el personal que lo operara sin la intervenci\u00f3n del propietario, como lo establece el art\u00edculo 991 del C. Co.\u00bb. Adem\u00e1s, que el \u00abTribunal ten\u00eda la potestad de declarar la nulidad de lo actuado de manera oficiosa, al no haberse integrado en debida forma el contradictorio\u00bb, pues seg\u00fan la documental allegada al proceso, \u00abquien se reputaba due\u00f1o del tracto cami\u00f3n, en verdad no lo era\u00bb, dado que los propietarios \u00aberan un se\u00f1or TIMOLEON SANDOVAL y GLORIA V\u00c1SQUEZ\u00bb. <\/p>\n
Por el contrario, asevera, \u00abla judicatura valid\u00f3 y permiti\u00f3 que se aportaran al proceso pruebas il\u00edcitas y ello fue advertido oportunamente en el proceso por parte del apoderado de Servicusiana, sin que ello hubiera sido tenido en cuenta, generado una violaci\u00f3n al debido proceso por basar decisi\u00f3n en prueba il\u00edcita\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pide, en concreto, revocar la decisi\u00f3n censurada \u00aben cuanto a: [i.] la declaratoria de responsabilidad civil y contractual de la empresa SERVICUSIANA S.A.S. por la p\u00e9rdida o hurto de la Retroexcavadora de propiedad de la demandante; [ii.] la condena por perjuicios morales da\u00f1o emergente (sic), [y, iii.] la condena en costas y agencias en derecho en ambas instancias\u00bb; y, en su lugar, confirmar la decisi\u00f3n adoptada por el a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en esa instancia y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, sosteniendo \u00abque al proceso no s\u00f3lo se le ha dado el tr\u00e1mite que la ley procesal establece, sino que se le ha aplicado la normatividad que rige el asunto, respetando los derechos fundamentales de cada una de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La Equidad Seguros Generales O.C., a trav\u00e9s de apoderado general, se\u00f1al\u00f3 que el fallo cuestionado debe permanecer en firme, por cuanto \u00abel proceso se adelant\u00f3 en dos instancias con todas las garant\u00edas procesales y sustanciales para las partes, las cuales estuvieron debidamente representadas por apoderados judiciales\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la actora pretende revivir etapas procesales en las cuales omiti\u00f3 solicitar la vinculaci\u00f3n \u00aba terceros quienes podr\u00edan llegar a conformar la parte pasiva de la litis\u00bb no siendo la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para enmendar dicha incuria. <\/p>\n
3. El Tribunal accionado se opuso a la prosperidad del ruego se\u00f1alando que en desarrollo de la actuaci\u00f3n censurada \u00abse brindaron todas las garant\u00edas constitucionales y el debido proceso, pues en su oportunidad, se valoraron en conjunto las pruebas arrimadas conforme al art. 176 del C.G.P., por lo que refulge evidente que la decisi\u00f3n no fue caprichosa, temeraria o contraria a derecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Servicusiana S.A.S. cuestiona el fallo de 25 de agosto de 2021, a trav\u00e9s del cual, el colegiado accionado revoc\u00f3 parcialmente la sentencia de primer grado que hab\u00eda desestimado las pretensiones de la demandante en el proceso referenciado y, en su lugar, declar\u00f3 a la tutelante civilmente responsable de la p\u00e9rdida o hurto de la maquinaria objeto de controversia, conden\u00e1ndola a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales. <\/p>\n
2.- Revisada la audiencia de 25 de agosto de 2021, se descarta la vulneraci\u00f3n alegada, al observarse razonables los argumentos aducidos por la Corporaci\u00f3n accionada para arribar a la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
En la citada diligencia, luego de introducir algunos aspectos dogm\u00e1ticos relacionados con el t\u00f3pico de la responsabilidad civil contractual, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que la responsabilidad por la p\u00e9rdida de la retroexcavadora cuando era transportada hacia su lugar de operaciones se predicaba de tres v\u00ednculos contractuales diferentes: (i) el contrato con La Equidad Seguros Generales O.C.; (ii) el contrato con Montajes J.M. S.A. y (iii) el contrato verbal de transporte entre Joaqu\u00edn Ponguta Mesa y Rigan Arbey Archila Torres, hijo de la all\u00ed demandante. <\/p>\n
Respecto a los dos primeros, concluy\u00f3 su ausencia de responsabilidad en el sublite. De la empresa aseguradora, porque la p\u00f3liza \u00fanicamente cubr\u00eda los da\u00f1os causados con ocasi\u00f3n de la operaci\u00f3n de la maquinaria, no durante su transporte; y de Montajes J.M. S.A. dado el car\u00e1cter gratuito del convenio pactado con la all\u00ed accionante, pues, de acuerdo con el art\u00edculo 981 del C\u00f3digo de Comercio, siendo el contrato de transporte comercial por definici\u00f3n oneroso, en ausencia de precio se reputa inexistente. Entre tanto, la gratuidad de esa prestaci\u00f3n, en virtud del art\u00edculo 1497 del C\u00f3digo Civil, faculta eludir de manera v\u00e1lida las cargas contractuales, conforme a la autonom\u00eda de la voluntad, es decir, permite, con plena validez y eficacia pactar cl\u00e1usulas de indemnidad sin que se desnaturalice el contrato y, por ende, sin que se muestren abusivas. <\/p>\n
En cambio, coligi\u00f3 que Joaqu\u00edn Ponguta Mesa y Servicusiana S.A.S., empresa transportadora a la cual se encontraba afiliado, s\u00ed eran civilmente responsables por el suceso acaecido, al hallar configurados los presupuestos de la responsabilidad civil contractual, en tanto: (i) Ponguta Mesa s\u00ed se encontraba ejecutando un contrato de transporte comercial cuyas obligaciones son de resultado, de acuerdo con el art\u00edculo 982 del C\u00f3digo de Comercio, dado que hab\u00eda recibido el valor del flete correspondiente, (minuto 0:10:30); (ii) el da\u00f1o por la p\u00e9rdida o hurto de la m\u00e1quina ocurri\u00f3 cuando aqu\u00e9l ten\u00eda a su cargo su custodia y guarda; (iii) la culpa reca\u00eda en Ponguta Mesa, al no haberse llevado a feliz t\u00e9rmino la labor a \u00e9l encomendada en el contrato de transporte y, finalmente, (iv) el nexo causal. <\/p>\n
2.1. De lo expuesto se colige que el colegiado accionado tras analizar las pruebas recaudadas y la normatividad aplicable al sub examine, concluy\u00f3, razonada y objetivamente que se reun\u00edan los presupuestos para declarar civilmente responsables a Joaqu\u00edn Ponguta Mesa y Servicusiana S.A.S. por la p\u00e9rdida o hurto de la maquinaria en cuesti\u00f3n, de lo cual, consecuentemente, impuso a aqu\u00e9llos la condena al pago de perjuicios materiales por concepto de da\u00f1o emergente y lucro cesante. <\/p>\n
Para la Sala, independientemente de que la postura sea o no compartida, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el proceso, la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta. <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una valoraci\u00f3n probatoria, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n cuestionada no se vislumbra arbitraria o abiertamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, dado que fue proferida bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2.3. Aunado a lo anterior, se pone de presente que esta Sala ya hab\u00eda estudiado la decisi\u00f3n en comento en la sentencia STC14708-2021 del 3 de noviembre de este a\u00f1o, al resolver la tutela con radicado 11001-02-03-000-2021-03930-00 incoada por Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Ponguta Meza; oportunidad en la cual esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3, de un lado, frente a la \u00abinconformidad en que al juicio criticado debieron ser vinculados los propietarios del aludido tractocami\u00f3n, para que respondieran solidariamente por los perjuicios reclamados en la demanda\u00bb, que el interesado \u00abha debido alegar la situaci\u00f3n al momento de contestar la demanda a trav\u00e9s de los distintos medios procesales que establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb; y, de otro, que la decisi\u00f3n censurada \u00abno obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto\u00bb, pues la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga \u00abobserv\u00f3 que el aqu\u00ed accionante y la empresa Servicusiana Ltda a la cual se encuentra afiliado su tractocami\u00f3n, ya que, \u2018si estaban ejecutando un contrato de transporte comercial, cuyas obligaciones son de resultado (\u2026) quien ten\u00eda la custodia y guarda de la m\u00e1quina y al prestar el servicio de transporte era el se\u00f1or Ponguta, quien de forma solidaria con la empresa transportadora a la que se haya afiliado, ser\u00e1n as\u00ed entonces declarados como responsables, al hallarse configurados los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de marras\u2026\u2019\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, tras analizar el asunto, la Sala concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso los motivos por los cuales consider\u00f3 que el aqu\u00ed accionante s\u00ed hab\u00eda celebrado un contrato de transporte con su contraparte dentro del juicio cuestionado, el cual fue ajustado por intermedio de la empresa Montajes JM S.A., y a partir de la estructuraci\u00f3n del mismo, encontr\u00f3 probado el incumplimiento contractual alegado en la demanda y la consecuente obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios causados, postura que, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Hechas las anteriores precisiones, se itera, la providencia censurada se motiv\u00f3 razonadamente, por tanto, no se advierte una anomal\u00eda de tal entidad que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Por las razones anotadas, se debe negar el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16082-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16082-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04200-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Dec\u00eddase la acci\u00f3n de tutela instaurada por Servicusiana S.A.S. frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59676","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59676\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}