STC16087-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16087-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04247-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddase la acci\u00f3n de tutela instaurada por Unispan Colombia S.A.S. frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2015-0753-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderada judicial, la sociedad gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el colegiado convocado. <\/p>\n
2. De lo expuesto en el escrito inicial y de la informaci\u00f3n allegada, se extraen los siguientes supuestos f\u00e1cticos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
El 23 de febrero de 2017, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla -que, para entonces, ten\u00eda a su cargo el conocimiento del asunto-, dando obedecimiento a lo resuelto por el superior, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de Ticom S.A. y dispuso \u00abque una vez ejecutoriado, a instancia de cualquiera de las partes podr\u00eda ser presentada \u2018liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con especificaci\u00f3n de capital m\u00e1s intereses hasta la fecha de su presentaci\u00f3n, los abonos efectuados por el demandado, de acuerdo con lo se\u00f1alado en el mandamiento de pago\u2019\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo antelado, se present\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por \u00abla suma de $706.404.695 a raz\u00f3n de $459.764.903 por capital, $56.460.123 por concepto de intereses remuneratorios y $190.179.699 por intereses de mora\u00bb. Corrido el traslado respectivo, Ticom S.A. \u00abliquid\u00f3 el cr\u00e9dito en la suma de $695.675.638 para lo cual, adem\u00e1s del capital, estim\u00f3 los intereses de plazo en la suma de $56.460.123 y los de mora en $179.450.612\u00bb. Finalmente, en auto de 16 de junio de 2017, \u00abse tuvo como valor del cr\u00e9dito la suma presentada por [el] extremo procesal [activo]: $706.404.695\u00bb; determinaci\u00f3n frente a la cual la ejecutada no present\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
La parte actora reprocha que, mediante providencia de 13 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, ahora accionado, dando aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo de 16 de junio de 2017, con el argumento de que \u00abpara el estado de cuenta aprobado se hab\u00edan tenido en cuenta intereses de mora causados entre el 25 de agosto de 2015 al 28 de febrero de 2017 (\u2026) [que] no hab\u00edan sido ordenados en el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con dicha determinaci\u00f3n, interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El primero fue resuelto ratificando lo decidido. El segundo fue declarado inadmisible parcialmente, en lo atinente a la decisi\u00f3n de \u00abdejar sin efecto el auto del 16 de junio de 2017\u00bb, bajo el entendido de que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso no es apelable, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 321 ibidem. Al respecto, la aqu\u00ed accionante interpuso s\u00faplica, que fue desestimada el 1 de septiembre de 2021. <\/p>\n
El 9 de septiembre siguiente, el Tribunal resolvi\u00f3 la alzada respecto de la decisi\u00f3n de modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte actora, al tratarse de un reparo susceptible de apelaci\u00f3n; confirmando lo decidido por el a quo. <\/p>\n
En criterio de la tutelante, dicha decisi\u00f3n es arbitraria, pues se basa en una interpretaci\u00f3n \u00absesgada\u00bb y \u00abrestrictiva\u00bb del mandamiento de pago, en raz\u00f3n a que, \u00absi bien se fij\u00f3 un l\u00edmite temporal para el pago [de los intereses], se aludi\u00f3 al concepto de intereses de mora y no corrientes o remuneratorios como entiende ahora el Juzgado\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abal limitar el c\u00f3mputo de intereses de mora al momento de presentaci\u00f3n de la demanda cuando lo cierto es que a la fecha la obligaci\u00f3n principal ($459.764.903) sigue insoluta desde su vencimiento y por virtud legal el mero vencimiento de la fecha pactada hace que el deudor incurra en mora, de ah\u00ed que estos intereses se sigan causando por virtud de la ley y no del mandamiento de pago al ser consecuencia de estar en mora el obligado de acuerdo con el art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, situaci\u00f3n que se verifica hasta el d\u00eda de hoy\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reclama que sea estudiada la viabilidad de acudir al art\u00edculo 132 del estatuto procesal vigente para sustentar las decisiones reprochadas, porque, en su entender, se trata de una norma de aplicaci\u00f3n restrictiva y excepcional, por lo cual, so pretexto de dar aplicaci\u00f3n al control de legalidad, las autoridades judiciales no pod\u00edan revocar una providencia ya ejecutoriada y frente a la cual la parte ejecutada no present\u00f3 recursos. <\/p>\n
Agrega que, conforme al art\u00edculo 133 ibidem, \u00abal margen de las causales de nulidad, las dem\u00e1s irregularidades se entender\u00e1n subsanadas si no se ejercen oportunamente los mecanismos establecidos para el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb, por tanto, considera que deviene improcedente \u00abla revocatoria de actuaciones en firme ya clausuradas sobre las cuales no existi\u00f3 reparo de la parte a la cual la afecten\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo antelado, pide, en concreto, \u00abdeja[r] inc\u00f3lume lo dispuesto en auto del 16 de junio de 2017, de acuerdo con el cual para el 28 de febrero de 2017 el cr\u00e9dito a favor de UNISPAN COLOMBIA S.A.S. era la suma de $706.404.695 y dispon[er] el reconocimiento de los intereses de mora sobre la obligaci\u00f3n desde el 01 de julio de 2014 hasta que se pague por completo el cr\u00e9dito ejecutado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto la queja ata\u00f1e \u00fanicamente a los estrados accionados. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, se\u00f1alando que, \u00absi bien la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se encontraba en firme, no era menos cierto que los valores all\u00ed incluidos no fueron ordenados en la orden de apremio, por lo cual, mal podr\u00edan incluirse en el valor total de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal convocado narr\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia y manifest\u00f3 atenerse a lo decidido por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito remiti\u00f3 copia digitalizada del expediente materia de la queja. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Unispan Colombia S.A.S. cuestiona la providencia de 9 de septiembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual el colegiado accionado, en raz\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, el auto de 13 de febrero de 2020, que dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo de 16 de junio de 2017, aprobatorio de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que, en su momento, present\u00f3 la aqu\u00ed tutelante, con el argumento de que los valores all\u00ed incluidos no hab\u00edan sido ordenados en el mandamiento de pago. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n censurada, de entrada, se descarta la arbitrariedad alegada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2.1. Sea lo primero se\u00f1alar, que fue apropiado el pronunciamiento del Tribunal accionado que inadmiti\u00f3 la alzada frente a la determinaci\u00f3n de dejar sin efectos la providencia de 16 de junio de 2017, en ejercicio del control de legalidad contemplado en el precepto 132 del estatuto procesal vigente, pues, ciertamente, frente a aquella no es procedente dicho recurso vertical, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2. Ahora, si bien fue justamente en ejercicio de ese control de legalidad que el juzgado adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de modificar de manera oficiosa la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, luego de percatarse de que los valores all\u00ed incluidos no hab\u00edan sido ordenados en el mandamiento de pago, lo cierto es que el Tribunal decidi\u00f3 abordar el an\u00e1lisis de dicho aspecto, en el entendido de que la decisi\u00f3n modificatoria de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito s\u00ed es susceptible de alzada, pues, en efecto, as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En el examen de dicha cuesti\u00f3n, la Sala accionada refiri\u00f3 que, de conformidad con el referido art\u00edculo 446, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito debe sujetarse a lo dispuesto en el mandamiento de pago y a la sentencia que lo hubiere modificado o al auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, si fuere el caso. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que, en el mandamiento ejecutivo se \u00abdispuso que Ticom S.A. pagara a Unispan Colombia S.A.S. en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, $459.764.903 como capital y $56.460.123 como intereses de mora causados entre el 1 de julio de 2014 y el 24 de agosto de 2015\u00bb, sin ninguna orden adicional. <\/p>\n
Asimismo, aclar\u00f3 que, aunque fue una pretensi\u00f3n de la sociedad ejecutante el pago de intereses de mora causados desde la presentaci\u00f3n de la demanda y hasta el pago de la obligaci\u00f3n, ello no qued\u00f3 consignado en la orden de apremio; y \u00absi la parte actora quer\u00eda perseguir el pago de los r\u00e9ditos de los que se viene hablando, ten\u00eda la carga de solicitar la adici\u00f3n del mandamiento de pago conforme al art\u00edculo 287 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2.3. De lo expuesto se colige que el colegiado accionado, tras analizar la actuaci\u00f3n censurada, concluy\u00f3 razonada y objetivamente que deven\u00eda procedente la revocatoria de la decisi\u00f3n aprobatoria de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito dispuesta por el juez de primera instancia, pues all\u00ed se incluy\u00f3 no solamente lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo sino, adem\u00e1s, los r\u00e9ditos moratorios causados a partir del 25 de agosto de 2015 en adelante que no fueron contemplados en aqu\u00e9l prove\u00eddo. <\/p>\n
Para la Sala, independientemente de que la postura sea o no compartida, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el proceso y de la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Adicionalmente, ha de se\u00f1alarse que, si la actora estaba inconforme con las \u00f3rdenes proferidas en el mandamiento de pago en los t\u00e9rminos all\u00ed consignados, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n de aqu\u00e9l; empero, dej\u00f3 fenecer la oportunidad para hacer valer lo que ahora pretende por esta instancia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre el particular, ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se debe negar el amparo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16087-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16087-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04247-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Dec\u00eddase la acci\u00f3n de tutela instaurada por Unispan Colombia S.A.S. frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59680","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59680"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59680\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}