STC16093-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC16093-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00381-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderada judicial, por Reina Graciela Jim\u00e9nez de Quintero contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2016-0028100. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, libre desarrollo de la personalidad, seguridad social e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante manifest\u00f3 que, el 27 de diciembre de 1976, contrajo matrimonio con Bertulio Quintero Montoya, qui\u00e9n falleci\u00f3 el 26 de julio de 1981. Por lo anterior, mediante Resoluci\u00f3n 01738 del 24 de marzo de 1982, a la accionante y a sus hijos les fue reconocida la pensi\u00f3n de sobrevivientes por parte del antiguo Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.). <\/p>\n
2.2. El 28 de enero de 1988, la tutelante contrajo nuevas nupcias con el se\u00f1or Gilberto Salazar Aguirre y, por esa raz\u00f3n, el 25 de mayo de 1989, mediante Resoluci\u00f3n 1694 de 19891, el Instituto de Seguros Sociales le suspendi\u00f3 la pensi\u00f3n y le concedi\u00f3 una indemnizaci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946. <\/p>\n
2.3. El 13 de mayo de 2015, la actora requiri\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que le restituyera la prestaci\u00f3n, pero la citada entidad, por Resoluci\u00f3n GNR 394272 del 4 de diciembre de 2015, neg\u00f3 su reconocimiento y pago, con fundamento en que \u00ab(\u2026) se extingue el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes toda vez que el beneficiario recibe de otra persona lo necesario para su subsistencia\u00bb, en raz\u00f3n a lo preceptuado en el art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946. <\/p>\n
2.5. Por su parte, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue resuelto el 28 de julio de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, que no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
2.6. En criterio de la promotora, en dicho pronunciamiento se incurri\u00f3 en \u00abun defecto f\u00e1ctico por desconocimiento del precedente constitucional [y] transgresi\u00f3n del principio de progresividad\u00bb, dado que solo tuvieron en cuenta \u00abel primer estadio de la evoluci\u00f3n jurisprudencial, desconociendo as\u00ed los avances que el precedente jurisprudencial ha tenido desde la sentencia T-702 de 2005 y hasta la fecha, los cuales, por existir igualdad f\u00e1ctica con el caso concreto, tienen efectos \u00ednter partes frente a este, donde se aclara que en la modulaci\u00f3n de los efectos temporales establecidos en la providencia C-309 de 1996, si bien se refer\u00edan solo a la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de ciudadanas que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta Pol\u00edtica, tal circunstancia no significaba que la Corte Constitucional negara la posibilidad de inferir atribuciones de car\u00e1cter fundamental en cabeza de las mujeres que hubieren contra\u00eddo nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991\u00bb. En soporte, cit\u00f3 un pronunciamiento de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 dejar sin efectos los fallos SL2715-2020 de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el emitido el 30 de octubre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira y, su lugar, ordenar al Tribunal que dicte \u00abuna nueva sentencia en la cual se garanticen los derechos fundamentales [\u2026] y se de aplicaci\u00f3n al precedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el juicio e indic\u00f3 que el expediente hab\u00eda sido remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad. <\/p>\n
3. La Administradora Colombiana de Pensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no estaban acreditados los presupuestos que viabilizaban la revisi\u00f3n de providencias judiciales en sede de tutela. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del I.S.S. precis\u00f3 que no fue parte en el proceso censurado y que el asunto era de competencia de Colpensiones. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que no hab\u00eda \u00abirregularidad alguna en el contenido de la sentencia de casaci\u00f3n acusada, ni se observa que la misma resulte irrazonable o viciada de defectos de naturaleza constitucional\u00bb, dado que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada aplic\u00f3, conforme con lo previsto en la Ley 1781 de 2016, el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
Igualmente, advirti\u00f3 que la Corte Constitucional en las sentencias C-309 de 1996, C-182 de 1997, C-653 de 1997, C-1050 de 2000 y C-464 de 2004 hab\u00eda reconocido el derecho a reclamar la prestaci\u00f3n suspendida solo a las viudas y los viudos que contrajeron nupcias despu\u00e9s del 7 de julio de 1991, pero en sede de tutela (T-702 de 2005, T-679 de 2006, T-592 de 2008, T-693 de 2009, C-121 de 2011 y T-309 de 2015) hab\u00eda aceptado esa facultad para quienes lo hicieron antes de esa fecha, sin embargo, precis\u00f3 que en la C-568 de 2016 se pronunci\u00f3 espec\u00edficamente sobre el art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946, que fue \u00abla norma espec\u00edfica con fundamento en la cual se le revoc\u00f3 a REINA GRACIELA JIM\u00c9NEZ DE QUINTERO\u00bb, concluyendo que el derecho solo se reconocer\u00eda a quienes se hubieran vuelto a casar con posterioridad al 7 de julio de 1991. <\/p>\n
As\u00ed, consider\u00f3 que no hab\u00eda un criterio pac\u00edfico y que frente a la C-568 de 2016 no pod\u00eda la Sala de Casaci\u00f3n Penal extender los efectos retroactivos establecidos en la misma \u00abm\u00e1s all\u00e1 de lo que est\u00e1 expresamente establecido en dicho pronunciamiento de constitucionalidad\u00bb, m\u00e1xime que esa decisi\u00f3n ten\u00eda efectos erga omnes y era \u00abposterior a todos los pronunciamientos de tutela que han extendido los efectos retroactivos de las sentencias de constitucionalidad precitadas a las personas que perdieron su pensi\u00f3n de sobrevivientes por haber contra\u00eddo nuevas nupcias con anterioridad al 7 de julio de 1991, lo que quiere decir que es posible sostener el argumento de que dicho pronunciamiento modific\u00f3 la jurisprudencia previa, en lo tocante a ese punto espec\u00edfico\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la apoderada de la accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela y destac\u00f3 que, si bien en la \u00absentencia C-568 de 2016 se refer\u00edan solo a la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de ciudadanas que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta Pol\u00edtica, tal circunstancia no significaba que la Corte Constitucional [negara] la posibilidad de inferir atribuciones de car\u00e1cter fundamental en cabeza de las mujeres que hubieren contra\u00eddo nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991 [\u2026], tal y como lo reitera la Sala de Casaci\u00f3n Civil en Sentencia Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01252-01\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende que se dejen sin efectos las sentencias SL2715-2020 proferida el 28 de julio de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la emitida el 30 de octubre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del tutelante, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ahora bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar la sentencia atacada. <\/p>\n
Para ello, indic\u00f3 que no encontraba desacierto alguno en la decisi\u00f3n del Tribunal, pues \u00ab[\u2026] no se apart\u00f3 del precedente que le era vinculante, ni tampoco dej\u00f3 de aplicar las normativas de car\u00e1cter constitucional acusadas por la recurrente\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, resalt\u00f3 que, aunque se flexibilizara lo pertinente a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n que se viene acogiendo, se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n adoptada por el Tribunal, en cuanto que la viuda que tuviera la calidad de beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes y volviera a contraer nupcias antes del a\u00f1o 1991 perd\u00eda el derecho a continuar recibiendo la prestaci\u00f3n; en sustento, mencion\u00f3 el criterio imperante sobre dicha tem\u00e1tica, citando lo sostenido en la sentencia CSJ SL2859-2019, que retom\u00f3 lo establecido por la Sala de Casaci\u00f3n permanente en la SL21799-2017 e indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abFrente a la disposici\u00f3n impugnada por la casacionista, debe referir la Sala, que la Corte Constitucional mediante sentencia C-568 de 2016 declar\u00f3 la inexequibilidad de dicho precepto, pero en aras de ofrecer claridad, es pertinente aludir a un pronunciamiento de esta Sala que se ocup\u00f3 del tema que se revisa, coligiendo que no hay lugar para restablecer el derecho pensional a quienes contrajeron segundas nupcias despu\u00e9s de haber obtenido el reconocimiento pensional con anterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991, porque esa era la norma que reg\u00eda al momento del fallecimiento de su c\u00f3nyuge, adem\u00e1s de que para tal \u00e9poca, la costumbre de la poblaci\u00f3n era diferente. <\/p>\n
De otra parte, lo dispuesto en las sentencias de constitucionalidad no puede tener efectos retroactivos, en atenci\u00f3n al principio de la cosa juzgada y la igualdad; ello de conformidad a los supuestos f\u00e1cticos que surgieron frente a derechos similares, la seguridad jur\u00eddica y la imposici\u00f3n de que se mantenga el orden jur\u00eddico. As\u00ed lo expres\u00f3 la sentencia CSJ SL21799-2017 en la que se dijo: \u2026 <\/p>\n
\u2018En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL3210-2016, adoctrin\u00f3 que esa perspectiva de an\u00e1lisis, adelantada frente a unos contenidos materiales de una Carta Pol\u00edtica forjada desde la filosof\u00eda pol\u00edtica, social y econ\u00f3mica imperante en 1991, no puede trasplantarse sin mayores reflexiones a situaciones acaecidas en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1886, como es el caso de la accionante\u2026 <\/p>\n
\u2026la decisi\u00f3n que hoy adopta la Sala y que en verdad viene a ser una ratificaci\u00f3n de su postura en torno a la situaci\u00f3n de las viudas que con anterioridad a la Carta Pol\u00edtica de 1991 volvieron a contraer matrimonio y por esa raz\u00f3n perdieron su derecho a la sustituci\u00f3n pensional (CSJ SL369-2013; CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 44782), se fundamenta en otras razones institucionales poderosas. Espec\u00edficamente, en el acatamiento estricto de la cosa juzgada de las sentencias de constitucionalidad y la prohibici\u00f3n general de irretroactividad; la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley ante supuestos de hecho y de derecho semejantes; la seguridad jur\u00eddica; y la sujeci\u00f3n de las autoridades administrativas y judiciales al orden jur\u00eddico imperante, como garant\u00eda y presupuesto indispensable de la separaci\u00f3n de poderes, la estabilidad de los Estados contempor\u00e1neos, la convivencia pac\u00edfica y la salvaguarda misma de los derechos y libertades de todos. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, en el sub lite, bajo la orientaci\u00f3n jurisprudencial atr\u00e1s citada y dados los supuestos f\u00e1cticos que no son objeto de discusi\u00f3n, se concluye que como la actora contrajo nuevas nupcias el 8 de julio de 1980, no hace parte del contingente poblacional que se beneficia de los efectos de las sentencias de inexequibilidad objeto de an\u00e1lisis; en consecuencia, no err\u00f3 el Tribunal al confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. (Subraya la Sala)\u2019\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo esas circunstancias, en el caso objeto de estudio, se evidencia que la decisi\u00f3n controvertida se motiv\u00f3 razonadamente, acogiendo el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, seg\u00fan el cual la p\u00e9rdida del derecho pensional reconocido en los eventos en que la viuda contrae nuevas nupcias antes de la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 no vulnera los mandatos establecidos en \u00e9sta, por cuanto se deriva de reglas que tuvieron plena validez al amparo de un ordenamiento constitucional diferente, tal como tambi\u00e9n lo ha avalado la propia Corte Constitucional en diversas sentencias respecto de reglas legales similares. <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con lo anterior, se destaca que en la C-568 de 2016, en la que se analiz\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946, que se consider\u00f3 para resolver la situaci\u00f3n de la tutelante, en cuanto a la p\u00e9rdida de la pensi\u00f3n \u00abcuando la viuda contraiga nuevas nupcias\u00bb, la Corte Constitucional determin\u00f3 que el problema jur\u00eddico principal a resolver era \u00absi la condici\u00f3n de permanecer en estado de viudez para mantener el pago de la mesada pensional impuesta a las mujeres beneficiarias de la pensi\u00f3n de sobrevivientes prevista en el art\u00edculo 62 de Ley 90 de 1946 vulnera los derechos a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la seguridad social en pensiones y el derecho de conformar una familia por la voluntad libre y responsable de las c\u00f3nyuges sup\u00e9rstites que desean celebrar un nuevo contrato matrimonial\u00bb; y, en caso de que aqu\u00e9l fuera resuelto en forma afirmativa, deb\u00eda establecerse \u00abuna segunda cuesti\u00f3n relacionada con la situaci\u00f3n de las viudas y viudos a los que les fue suspendido el pago de la mesada de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por el hecho de haber contra\u00eddo nuevas nupcias antes de la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 -7 de julio de 1991- y en consecuencia recibieron una sustituci\u00f3n equivalente a 3 anualidades de la pensi\u00f3n reconocida\u00bb. <\/p>\n
Respecto del primer aspecto, concluy\u00f3 que la causal de p\u00e9rdida de la pensi\u00f3n all\u00ed contemplada para las viudas que contrajeran nuevas nupcias no superaba el test integrado de igualdad, por tanto, la declar\u00f3 inexequible. Y en torno al segundo, es decir, en concreto sobre el \u00abvac\u00edo respecto de aquellas personas que adquirieron un segundo v\u00ednculo matrimonial antes del 7 de julio de 1991\u00bb, sostuvo que la inexequibilidad cobijar\u00eda a los \u00abviudos o viudas que hayan celebrado un segundo matrimonio con posterioridad del siete (7) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991), cuyas mesadas podr\u00e1n ser reclamadas ante la respectiva entidad a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia\u00bb. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, se observa que Colpensiones \u00absolicit\u00f3 la correcci\u00f3n del resolutivo segundo de la sentencia C-568 de 2016 que dispuso que los efectos del fallo ser\u00edan aplicables a las personas que contrajeron segundas nupcias con posterioridad al 7 de julio de 1991, en el sentido de incluir por omisi\u00f3n de palabra a las viudas que celebraron un segundo matrimonio antes del 7 de julio de 1991\u00bb, aspecto que fue analizado por la Corte Constitucional, en prove\u00eddo 191 de 2018, en el cual concluy\u00f3 que lo pretendido no era procedente, exponiendo, entre otros argumentos, que: <\/p>\n
\u00ab(iii) En el ac\u00e1pite de s\u00edntesis de la decisi\u00f3n se indic\u00f3 con claridad que \u2018la norma demandada impidi\u00f3 el disfrute del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes de las viudas o viudos que causaron su derecho con posterioridad al 7 de julio de 1991; las personas que perdieron el derecho pensional con fundamento en el art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946 podr\u00e1n reclamar la reanudaci\u00f3n de la mesada a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia\u20192. <\/p>\n
(iv) La inclusi\u00f3n del supuesto de hecho de las personas que contrajeron un segundo matrimonio antes del 7 de julio de 1991, no comporta un mero yerro de digitaci\u00f3n o de omisi\u00f3n o cambio de palabra, sino que implica un cambio del contenido jur\u00eddico sustancial de la decisi\u00f3n al involucrar unos efectos distintos a los conferidos con la declaratoria de inexequibilidad del art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en la citada providencia, la Corte Constitucional destac\u00f3 que \u00abel tema que se solicita corregir fue discutido en Sala Plena y se decidi\u00f3 no reconocer los efectos retroactivos del fallo, sino conservar la f\u00f3rmula de pronunciamientos anteriores, para reconocer a las viudas y viudos, a quienes se les suspendi\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n por haber contra\u00eddo nuevas nupcias, con posterioridad al 7 de julio de 1991. En ese mismo sentido, tambi\u00e9n se resolvi\u00f3 que los beneficiarios de la inexequibilidad podr\u00edan reclamar a las autoridades competentes las mesadas que se causaron a partir de la notificaci\u00f3n de dicha sentencia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que, de acuerdo con \u00abel art\u00edculo 14 del Decreto Ley 2067 de 1991 (\u2026), en los eventos en los que algunas frases o citas puedan sugerir una aparente contradicci\u00f3n entre la motivaci\u00f3n y la parte resolutiva, prevalecer\u00e1 en todo caso, esta \u00faltima\u00bb. <\/p>\n
4.2. Frente al particular, a su vez, resulta pertinente resaltar el criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en el fallo impugnado, en el sentido que la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de otras normas similares, ha venido aplicando la misma f\u00f3rmula, esto es, que \u00abLas viudas (\u2026) que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contra\u00eddo nupcias o hecho vida marital\u00bb y que, por ese motivo, hayan \u00abperdido el derecho a la (\u2026) pensi\u00f3n (\u2026)\u00bb, con base en el fallo de inexequibilidad respectivo, podr\u00e1n \u00abreclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia\u00bb, tal como qued\u00f3 consignado en la parte resolutiva de las sentencias C-309 de 19963, C-182 de 19974, C-653 de 19975, C-1050 de 20006, C-454 de 20047. <\/p>\n
4.3. Adem\u00e1s, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente ha estudiado el asunto y ha determinado que \u00abla p\u00e9rdida del derecho pensional por muerte para los eventos en que la viuda contrae nuevas nupcias antes de la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 no vulnera mandatos establecidos en \u00e9sta, por cuanto se deriva de reglas que tuvieron plena validez al amparo de un ordenamiento constitucional diferente y que otorg\u00f3 una protecci\u00f3n y justificaci\u00f3n a la uni\u00f3n matrimonial, tal como tambi\u00e9n lo ha avalado la propia Corte Constitucional en diversas sentencias respecto de reglas legales similares\u00bb (CSJ SL2813-2019, SL4779-2018, SL21799-2017). <\/p>\n
4.4. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la jurisprudencia vigente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en las propias sentencias de inexequibilidad de la Corte Constitucional, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
Por lo tanto, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep., Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Esto es, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza. En consecuencia, a prop\u00f3sito de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y puntual del asunto sub examine, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
2\u0002 Numeral 65 de la sentencia C-568 de 2016. <\/p>\n
3\u0002 Por la cual se declararon \u00abinexequibles las expresiones \u2018o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital\u2019 del art\u00edculo 2 de la Ley 33 de 1973; \u2018o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital\u2019 del art\u00edculo 2 de la Ley 12 de 1975; y \u2018por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital\u2019 del art\u00edculo 2 de la Ley 126 de 1985\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Por la cual se declararon se declararon \u00abINEXEQUIBLES las expresiones \u201cpara el c\u00f3nyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida marital y\u201d, contenidas en los art\u00edculos 188 del Decreto 1211 de 1990, 174 del Decreto 1212 de 1990, 131 del Decreto 1213 de 1990 y 125 del Decreto 1214 de 1990\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 \u00abDecl\u00e1ranse INEXEQUIBLES las expresiones \u2018para la viuda si contrae nuevas nupcias y\u2019, pertenecientes al par\u00e1grafo del art\u00edculo 6 del Decreto 1305 de 1975\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 \u00abDeclarar INEXEQUIBLES las expresiones \u201co cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital\u201d contenidas en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 49 del Decreto – Ley 2701 de 1988\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 \u00abDeclarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones: <\/p>\n
a. La expresi\u00f3n \u2018para la viuda al contraer nuevas nupcias\u2019, contenida en los art\u00edculos 52 de la Ley 2\u00aa de 1945 y 16 de la Ley 82 de 1947.<\/p>\n
b. La expresi\u00f3n \u2018para la viuda si contrae nuevas nupcias\u2019 contenida en los art\u00edculos 140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971 y 156 del Decreto 612 de 1977.<\/p>\n
c. La expresi\u00f3n \u2018para la c\u00f3nyuge si contrae nuevas nupcias\u2019 contenida en el art\u00edculo 180 del Decreto 89 de 1984; y,<\/p>\n
d. La expresi\u00f3n \u2018para el c\u00f3nyuge si contrae nuevas nupcias\u2019 contenida en el art\u00edculo 183 del Decreto 95 de 1989\u00bb. <\/p>\n
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STC16093-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC16093-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00381-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de marzo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59682","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59682"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59682\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59682"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}