STC16133-2021<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16133-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2021-00043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona el 2 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marco Antonio Cipagauta contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad y la Comisar\u00eda de Familia de Bochalema, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar 2020-00131. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y vida digna, presuntamente vulnerados por los convocados al resolver el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de la querella por violencia intrafamiliar promovida en su contra por Jos\u00e9 del Carmen Anaya Carre\u00f1o, quien act\u00faa en nombre de sus progenitores Mar\u00eda Elba Carre\u00f1o Cipagauta y Emilio Anaya S\u00e1nchez, la Comisaria de Familia de Bochalema indag\u00f3 sobre \u00ablos presuntos actos de maltrato [hacia los adultos mayores], insistiendo una y otra vez en la misma pregunta de \u00edndole eminentemente direccionado, sugestivo, hasta encontrar lo que quer\u00eda escuchar, que finalmente le sirviera de fundamento para adoptar la ilegal o cuando menos desbordada medida de desalojo en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
Que pese a que la diligencia de descargos se orden\u00f3 el 12 de septiembre de 2020 para ser practicada el 22 del mismo mes y a\u00f1o, \u00abno fue oportunamente notificada o comunicada a la defensa del querellado\u00bb, pues el citatorio se entreg\u00f3 \u00abcuando ya la se\u00f1ora Comisaria de Familia y a espalda del apoderado de [\u00e9l], hab\u00eda practicado con su equipo interdisciplinar la visita domiciliaria -en plena violaci\u00f3n al derecho de defensa, contradicci\u00f3n y debido proceso-\u00bb, y similar situaci\u00f3n aconteci\u00f3 con \u00abel informe psicol\u00f3gico [realizado a Mar\u00eda Elba Carre\u00f1o Cipagauta] de fecha 15 de septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
Que en la continuaci\u00f3n de la audiencia el 14 de octubre de 2020, el comportamiento censurado se mantuvo, pues la funcionaria \u00abse abstuvo de proponer alternativa de soluci\u00f3n a la situaci\u00f3n\u00bb, y deneg\u00f3 el decreto de algunas pruebas, entre ellas la documental con la que pretend\u00eda demostrar por qu\u00e9 \u00abel hijo de Mar\u00eda Elba [solicit\u00f3] despojar, lanzar del inmueble a Marco Antonio\u00bb, y que en adelante se presentaron otras actuaciones irregularidades que conllevaron a formular recursos. <\/p>\n
Que, tras concluir la recepci\u00f3n de testimonios, en la audiencia del 19 de febrero de 2021 la Comisaria dict\u00f3 fallo ordenando \u00abel desalojo de la morada por parte del querellado, en un t\u00e9rmino de 15 d\u00edas\u00bb, al evidenciar \u00abmaltrato psicol\u00f3gico a dos abuelos de 83 y 86 a\u00f1os\u00bb, pues determin\u00f3 que \u00e9l \u00abconsume bebidas alcoh\u00f3licas generando miedo, incertidumbre, inseguridad para adultos mayores\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 por las \u00abirregularidades\u00bb descritas y \u00abla falta de un an\u00e1lisis congruente de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Que el 16 de abril de 2021, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona \u00abresolvi\u00f3 confirmar modificando parcialmente la decisi\u00f3n adoptada por la primera instancia (\u2026), en el sentido que la orden de desalojo deb\u00eda aplicarse con car\u00e1cter inmediato\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abel 28 de abril de 2021 se llev\u00f3 a cabo el desalojo del sancionado, sin preverse por la funcionaria administrativa, menos asegurarse, la estad\u00eda en un lugar digno, como persona igualmente de la tercera edad lanz\u00e1ndolo casi a nivel de indigencia, sac\u00e1ndole sus pertenencias a la calle (\u2026); muy con independencia que por causa del fallo se hubiera iniciado el proceso PARD, traslad\u00e1ndose oficiosamente y de suyo ilegal una carga a los hijos del querellado\u00bb. Acot\u00f3 que se impuso \u00abla medida de protecci\u00f3n m\u00e1s dr\u00e1stica en la legislaci\u00f3n patria, sin auscultarse sopesada y sustentada mente el por qu\u00e9 las menos gravosas no resultaban \u00fatiles y procedentes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abdejar sin efectos toda la actuaci\u00f3n a partir inclusive del auto fechado 12 de septiembre de 2020 y consecuencialmente ordenar a la Comisar\u00eda de Familia de Bochalema (\u2026), se sirva decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n, o lo que es igual, reiniciar debidamente la actuaci\u00f3n administrativa\u00bb; en subsidio, invalidar lo actuado \u00aba partir inclusive de la diligencia del 6 de octubre de 2020 [y] repetirse la actuaci\u00f3n de manera \u00edntegra, program\u00e1ndose audiencia inicial de conciliaci\u00f3n, descargos y pruebas\u00bb. Finalmente, ordenar se \u00abadecu\u00e9 la log\u00edstica procedente para el reingreso del accionante a su vivienda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Promiscuo de Familia de Pamplona, inform\u00f3 que avoc\u00f3 conocimiento del asunto \u00abanalizando en contexto la situaci\u00f3n de las victimas Maria Elba Carre\u00f1o y Emilio Amaya S\u00e1nchez de 86 y 82 a\u00f1os de edad respectivamente, quienes presentaban de acuerdo a las visitas e informes del grupo interdisciplinario circunstancias de debilidad manifiesta debido a sus discapacidades auditivas, visual y comunicativas, adem\u00e1s de vivir en condiciones poco dignas, por no decir menos, para un ser humano. Del se\u00f1or Marco Antonio, tambi\u00e9n adulto mayor, se pudo evidenciar su gusto por las bebidas alcoh\u00f3licas y su mal comportamiento habitual cuando se encuentra bajo sus efectos, en especial con las personas se\u00f1aladas como v\u00edctimas en el presente caso, con las cuales comparte vivienda\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00absi bien, no se estableci\u00f3 que se ejerci\u00f3 violencia f\u00edsica sobre las v\u00edctimas, si se acredit\u00f3 la violencia psicol\u00f3gica y verbal que ejerc\u00eda el denunciado sobre todo sobre la se\u00f1ora Maria Elba, conducta que el mismo hijo del se\u00f1or Cipagauta no consiente, cuando es \u00e9l quien acude a la Polic\u00eda para calmar a su padre, en uno de esos episodios en que se encontraba bajo la influencia del alcohol. Por lo anterior, en aras de prevenir m\u00e1s conductas de violencia por parte del denunciado contra las personas se\u00f1aladas como v\u00edctimas; [se] considero razonable confirmar la decisi\u00f3n confutada, medida propuesta por el legislador en torno a la prevenci\u00f3n y correcci\u00f3n de la violencia intrafamiliar, toda vez que permitirle al agresor continuar viviendo en la misma casa de sus v\u00edctimas, se convertir\u00eda en un riesgo que no se puede correr, m\u00e1s a\u00fan en el estado en que se encuentran las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 del Carmen Anaya Carre\u00f1o, enfatiz\u00f3 que contra Mar\u00eda Elba Carre\u00f1o Cipagauta y Emilio Anaya S\u00e1nchez, quienes son \u00abpersonas de avanzada edad\u00bb, el hoy tutelante incurri\u00f3 en \u00abconductas de violencia intrafamiliar\u00bb, al punto que los \u00abintent\u00f3 envenenar [seg\u00fan] prueba dentro del plenario (declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Eddy Lozada)\u00bb; que el actor \u00abes un consumidor asiduo de licor, vive embriagado casi todos los d\u00edas, es agresivo, maltrataba f\u00edsicamente y psicol\u00f3gicamente a los abuelos Mar\u00eda Elba y Emilio, hasta hacerlos llorar, se burlaba de la ceguera de mi padre Emilio Anaya (\u2026), le gritaba groser\u00edas cuando estaba borracho, lo empujaba, es decir, comet\u00eda innumerables conductas en perjuicio de la estabilidad de los abuelos\u00bb; asegur\u00f3 que la tutela es improcedente porque el accionante \u00abno agot\u00f3 los recursos de ley [y pretende] \u00abrevivir etapas procesales que \u00e9l conoci\u00f3 [pues] tiene copia de todo el expediente\u00bb, y sobre pruebas \u00abnada aport\u00f3 para controvertir, oponi\u00e9ndose y utilizando los mecanismos para hacer ver falencias\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisaria de Familia de Bochalema, rechaz\u00f3 que en el proceso que el actor cuestiona, su despacho hubiera incurrido en los yerros endilgados, al estimar que la actuaci\u00f3n se ci\u00f1e al ordenamiento legal aplicable, por lo que \u00abllama poderosamente la atenci\u00f3n el grado de temeridad con que falta a la verdad [el] apoderado [del accionante]\u00bb, que podr\u00eda conllevar investigaci\u00f3n por el delito de \u00abfraude procesal\u00bb y \u00abde estar bajo la gravedad del juramento, ser\u00eda objeto del tipo penal de falso testimonio\u00bb, y acotando que \u00abla diligencia de desalojo no es un resultado inconstitucional sino la consecuencia propia del ritual procesal\u00bb, concluy\u00f3 que no se configuran las causales de procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra fallos ejecutoriados. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que no se cumpli\u00f3 con el requisito temporal, por cuanto \u00ablas providencias cuestionadas en sede de tutela, fueron emitidas el 19 de febrero de 2021 y el 16 de abril de 2021 y la tutela fue presentada el 15 de octubre siguiente, es decir, cinco meses, veintinueve d\u00edas despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb. Adicionalmente, porque no observ\u00f3 irregularidad en el procedimiento surtido. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el reclamante exponiendo que se cumple el presupuesto de la inmediatez, (\u2026), pues de aceptarse [la postura del fallador a-quo], ser\u00eda tanto como dejar a cada Juez de tal estirpe, el definir lo que para s\u00ed puede ser t\u00e9rmino razonable o racional, moroso o extrapolado temporalmente a\u00fan por debajo del m\u00e1ximo jurisprudencialmente acogido; d\u00edgase uno, dos o tres meses; cuando en todo caso, no se sobrepas\u00f3 el aludido l\u00edmite del sexto mes seguido a la decisi\u00f3n de cierre ordinario en procedimiento administrativo atacado en esta sede\u00bb. En lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en los argumentos de la demanda tutelar, atinentes al \u00ababordaje\u00bb procesal y probatorio que condujo a la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el demandante, al confirmar, en sede apelaci\u00f3n, la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar consistente en desalojo de la casa de habitaci\u00f3n, o s\u00ed por el contrario tal actuaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la censura tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra la providencia dictada por la Comisar\u00eda de Familia de Bochalema el 19 de febrero de 2021, el actual examen se circunscribir\u00e1 a la resoluci\u00f3n de su superior funcional, por corresponder a la que resolvi\u00f3 el caso tra\u00eddo para su debate constitucional, pues al respecto se ha dicho que \u00abes inane detenerse [a examinar la decisi\u00f3n inicial, cuando esta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada en STC10881-2021, 26 ago. 2021, rad. 00274-0, entre otras). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo, de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, en particular la sentencia de segundo grado proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona el 16 de abril de 2021, esta Sala ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, pero por advertirse que la decisi\u00f3n reprochada, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. En efecto, las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad por la parte actora son incompatibles con la salvaguarda, pues persiguen anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, la determinaci\u00f3n que le fue adversa, finalidad que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha dicho que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva, porque dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
En ese orden, se ha venido reiterando que incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura. As\u00ed, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran actuaci\u00f3n defectuosa. <\/p>\n
3.2. Ciertamente, en el presente caso, el accionante atribuye a la sentencia judicial, vulneraci\u00f3n al debido proceso, porque, en su sentir, incursion\u00f3 en defecto procedimental al no hab\u00e9rsele notificado con la debida antelaci\u00f3n para ejercer defensa y contradicci\u00f3n, y f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n adosados al proceso, conllevando la imposici\u00f3n de \u00abla medida de protecci\u00f3n m\u00e1s dr\u00e1stica\u00bb en relaci\u00f3n con la violencia intrafamiliar. <\/p>\n
No obstante, el despacho convocado se relev\u00f3 de estudiar irregularidades procesales porque, adem\u00e1s de que no fueron planteadas en esa instancia, en el an\u00e1lisis oficioso del tr\u00e1mite no encontr\u00f3 configurado yerro de la Comisar\u00eda de Familia que ameritara reparo y consecuente correcci\u00f3n; lo anterior resulta suficiente para que los reproches relacionados con la supuesta omisi\u00f3n de la autoridad administrativa para notificar al querellado la realizaci\u00f3n de algunas pruebas, no sean objeto de pronunciamiento en este escenario excepcional, m\u00e1s a\u00fan cuando la inconformidad no se canaliz\u00f3 en oportunidad y al interior del respectivo juicio. <\/p>\n
En esas condiciones, la queja se concreta en la valoraci\u00f3n de los medios de prueba y, particularmente, en la idoneidad de los mismos para convencer al juez de que la medida de protecci\u00f3n que deb\u00eda adoptarse era la de desalojar al querellado de la casa de habitaci\u00f3n que compart\u00eda con su progenitora y el esposo de esta. Frente a este t\u00f3pico, el fallo destac\u00f3 inicialmente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Del an\u00e1lisis probatorio tenemos que, efectivamente el se\u00f1or Marco Antonio Cipagauta (\u2026), de 69 a\u00f1os de edad convive en la casa ubicada en [el] Barrio el Chorrer\u00f3n municipio de Bochalema, \u00fanicamente con los se\u00f1ores MARIA ELBA CARRE\u00d1O CIPAGAUTA (\u2026) y EMILIO AMAYA SANCHEZ (\u2026), de 86 y 82 a\u00f1os de edad, respectivamente, quienes presenta discapacidad auditiva, visual y comunicativa. Adem\u00e1s de encontrarse en circunstancias familiares, personales y econ\u00f3micas precarias que atenta contra su derecho a una vida digna, ubic\u00e1ndolos en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, de ello dan cuenta los informes psicosociales presentados por el grupo interdisciplinarios adscritos a la comisaria de familia, soportados adem\u00e1s en evidencias fotogr\u00e1ficas y videos de las visitas y entrevistas realizados a las v\u00edctimas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, est\u00e1 acreditado que el se\u00f1or MARCO ANTONIO consume bebidas alcoh\u00f3licas, que bajo sus efecto se torna en una persona grosera, lo que com\u00fan mente se conoce de malos tragos, \u00e9l mismo en la audiencia de descargos acept\u00f3 que tomaba, su esposa CARMEN ROSA OROZCO DUQUE, dijo que cuando toma no sabe lo que hace, sus hijas MARIA DEL CARMEN CIPAGAUTA indic\u00f3 que cuando toma es cans\u00f3n, RUBY ESMERALDA CIPAGAUTA, dijo: \u201c\u2026s\u00ed mi pap\u00e1 es grosero, es demasiado grosero, pero al punto de matar a alguien no, \u00bfque ha habido problemas?, si ha habido problemas porque \u00e9l llega tomado, porque el ultraja a la se\u00f1ora\u2026\u201d MARTHA LILIANA CIPAGAUTA DUQUE dijo:\u201d \u2026 nosotros no negamos que mi pap\u00e1 tome\u2026\u201d <\/p>\n
Tanto el denunciante JOSE DEL CARMEN ANAYA, como sus padres, tambi\u00e9n fueron coincidentes en afirmar que el agresor es consumidor de bebidas alcoh\u00f3licas y, cada vez que las ingiere llega a la casa a maltratarlos verbalmente y a amenazarlos, afirmaciones que fueron respaldadas por la se\u00f1ora Carmen Rosa quien indica que durante su convivencia con el se\u00f1or Marco Antonio en casa de la se\u00f1ora Mar\u00eda Elba \u201ccuando \u00e9l tomaba llegaba a molestar, a molestarlos a ellos, y me tocaba meterse de por medio y decirle que los dejara de molestar a esos ancianos y al fin de tanta peleadera se iba para la calle, y se iba y se echaba a dormir en la calle y dorm\u00eda la pea\u201d. Es importante precisar, que la se\u00f1ora Carmen Rosa desde hace dos a\u00f1os no convive bajo el mismo techo con su compa\u00f1ero sentimental, sin embargo afirma que frecuentemente visita la casa, aspecto que es conformado por la se\u00f1ora Mar\u00eda Elba, lo anterior, con el prop\u00f3sito de establecer que no se trata de un hecho en particular, por el contrario, se establece que cuando el se\u00f1or Marco Antonio est\u00e1 bajo la influencia de bebidas alcoh\u00f3licas agrede a los se\u00f1ores Mar\u00eda Elba y Emilio de manera verbal y psicol\u00f3gica, pues como bien se\u00f1ala el recurrente, en el proceso no se acredit\u00f3 violencia f\u00edsica, no obstante los ataques verbales constituyen violencia y menoscaban la tranquilidad, paz y armon\u00eda que debe existir en las din\u00e1micas familiares\u00bb. <\/p>\n
Reflexion\u00f3 enseguida sobre las repercusiones de ese comportamiento, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la violencia verbal, emocional o acoso moral, se tiene como aquellas conductas que someten a una persona en una relaci\u00f3n desigual, lo que se refleja en el caso que nos ocupa, cuando dice la se\u00f1ora MARIA ELBA que MARCO ANTONIO la grita, conducta que el mismo reconoci\u00f3 en los descargos cuando dice que le habla duro porque no escucha, excus\u00e1ndose en ello para ejercer su actuar; as\u00ed mismo los ataques verbales en este caso se concretan en las groser\u00edas, se advierte que en la declaraciones no se especifica los actos o palabras groseras de manera detallada, lo que no resta entidad a la agresi\u00f3n m\u00e1s aun cuando de los informes psicosociales se advierte por parte de la psic\u00f3loga aspectos que evidencia malos tratos como los son los sentimiento de tristeza, dolor y sufrimiento que le produce el actuar del agresor a su v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Luego, resaltando el estado de vulnerabilidad de las v\u00edctimas, el juzgado mostr\u00f3 inconformidad con el apelante cuando \u00abresta importancia a las muecas o moner\u00edas que exterioriza en la entrevista la v\u00edctima\u00bb, y cuando se\u00f1ala que ese es un \u00abactuar \u201cjocoso\u201d\u00bb del acusado, pues, la violencia psicol\u00f3gica endilgada se configura \u00abpor el comportamiento grosero y reiterativo (\u2026), al punto que requieren de la intervenci\u00f3n de terceros [para que] no molestara m\u00e1s a los abuelos\u00bb; por ello, rechaz\u00f3 que se efect\u00fae \u00abtal conducta contra personas que tiene discapacidad comunicativa, visual y auditiva, son personas de la tercera edad, (82 y 86 a\u00f1os) de especial protecci\u00f3n constitucional, quienes se encuentran en un estado de indefensi\u00f3n, que merece el respeto y la consideraci\u00f3n que su situaci\u00f3n y edad lo ameritan, pues en la casa solo habitan el agresor y las v\u00edctimas, sin nadie que medie por ellos ante las conductas groseras del se\u00f1or MARCO ANTONIO, lo que les ocasiona sentimientos de tristeza y desolaci\u00f3n y hace m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n y vulneran su derecho vivir en armon\u00eda y tranquilidad\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 \u00abque no solo los informes psicosociales acreditan la violencia [sino que] de las declaraciones y pruebas documentales surgen circunstancias de tiempo, modo y lugar que valoradas en conjunto permite concluir la existencia de violencia psicol\u00f3gica contra las v\u00edctimas, especialmente contra MARIA ELBA, quien adem\u00e1s de lo anotado es mujer y debe soportar directamente las ofensas de su agresor\u00bb. <\/p>\n
Bajo las anteriores apreciaciones probatorias, expuso que la medida de protecci\u00f3n que \u00abresulta id\u00f3nea, necesaria y proporcional\u00bb, correspond\u00eda a la de \u00abdesalojo del agresor de la casa de la casa de habitaci\u00f3n que comparte con la v\u00edctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad f\u00edsica o la salud de cualquiera de los miembros de la familia\u00bb, aunado a que la \u00absentencia T-145\/17\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpara la aplicaci\u00f3n de esta medida no se requiere la acreditaci\u00f3n de actos de violencia f\u00edsica\u00bb, prob\u00e1ndose para dicho asunto \u00abuna violencia psicol\u00f3gica reiterada que incide en la salud de las v\u00edctimas, sujetos de especial protecci\u00f3n [puesto que] las partes en contienda pertenecen a poblaci\u00f3n de la tercera edad por lo que merece protecci\u00f3n igualitaria, los derechos del agresor no pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer a su integridad f\u00edsica y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia [m\u00e1xime cuando] est\u00e1 acreditado que las victimas viven solas, que por sus limitaciones f\u00edsicas no pueden acudir directamente en busca de ayuda\u00bb. As\u00ed, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se observan factores protectores que lleven a esta funcionaria a descalificar la medida adoptada por la Comisaria de Familia, por el contrario, la medida garantiza el fin propuesto por el legislador de prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de la violencia y, se hace necesaria para que cese los actos de violencia, [dada] la contundencia y eficacia del desalojo\u00bb, por ello, \u00abexplorar otras alternativas como lo sugiere el recurrente deja expuestas a las v\u00edctimas a actos de repetici\u00f3n y posibles agravantes en el comportamiento del agresor, n\u00f3tese que los actos que se endilgan no se circunscriben a los hechos del 19 de julio de 2020, incluso cuando es visitada por segunda vez la se\u00f1ora Mar\u00eda Elba, por el grupo interdisciplinario el d\u00eda 15 de septiembre 2020 (\u2026). Aplicar alguna otra medida al agresor, no garantiza que este deje de consumir bebidas alcoh\u00f3licas y se presenten nuevamente brotes de violencia contra los se\u00f1ores Maria Elba Carre\u00f1o Cipagauta y Emilio S\u00e1nchez, quienes no cuentan con persona alguna que los apoye y defienda. Si bien, es cierto, se ordenaron terapias conductuales y de comportamiento, el agresor requiere un tratamiento que lleva tiempo, someter a las v\u00edctimas a la espera de los resultados positivos de la intervenci\u00f3n de los profesionales, privilegia al agresor, mantiene el escenario de violencia, y constituyen una trasgresi\u00f3n al derecho a vivir libre violencia\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, \u00abla Comisaria de Familia, no desconoci\u00f3 la condici\u00f3n de adulto mayor del sancionado agresor, pues a favor de aquel emiti\u00f3 \u00f3rdenes de protecci\u00f3n, relacionadas con el inicio del tr\u00e1mite de alimentos a su favor, a cargo de sus hijos, con el fin de suplir sus necesidades b\u00e1sicas de vivienda, alimentaci\u00f3n y vestido. As\u00ed que, se establecieron medidas que tuvieron en cuenta la situaci\u00f3n del sujeto activo de la violencia intrafamiliar\u00bb; as\u00ed mismo, aval\u00f3 \u00ablas decisiones en torno a la necesidad de apertura [de] un PARD para el se\u00f1or MARCO ANTONIO CIPAGAUTA y su compa\u00f1era sentimental, as\u00ed como la necesidad de iniciar los tratamientos terap\u00e9utico y conductuales en su favor, sin embargo la orden de desalojo debe cumplirse de manera inmediata, no resulta coherente con lo expuesto concederle 15 d\u00edas m\u00e1s al agresor, de igual manera debe garantizarse que el se\u00f1or Marco Antonio no ingrese nuevamente a la casa\u00bb. <\/p>\n
3.3. Los anteriores planteamientos se muestran ajustados a la normativa que rige la tem\u00e1tica (Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, Ley 1257 de 2008 y dem\u00e1s que las modifican, adicionan y complementan), pues son el resultado de un amplio debate para zanjar la controversia jur\u00eddica en el caso bajo examen, por lo que las discrepancias nuevamente esbozadas por el actor, demuestran que la intenci\u00f3n es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC13270-2021, 7 oct. 2021, rad. 00807-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC11640-2021, 8 sep. 2021, rad. 00685-01). <\/p>\n
Finalmente, sobre la cr\u00edtica en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada en STC11389-2021, 2 sep. 2021, rad. 00619-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Atendiendo lo antes discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque la determinaci\u00f3n censurada, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, por la puntual raz\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16133-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16133-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2021-00043-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59687","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59687\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}