STC16134-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16134-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01961-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 5 de octubre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Cecilia Escobar Restrepo contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal 2015-50383. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, por conducto de apoderado, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad; debido proceso; acceso a la administraci\u00f3n de justicia; verdad, justicia y reparaci\u00f3n que considera lesionados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se puede extractar que contra William Antonio Guerra Guti\u00e9rrez se adelanta el proceso penal indicado en p\u00e1rrafos precedentes por el delito de homicidio culposo, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn. <\/p>\n
El 31 de octubre de 2019, esto es, previo a la instalaci\u00f3n del juicio oral, el procesado, por conducto de su defensor, solicit\u00f3 al juez cognoscente que dispusiera la elaboraci\u00f3n de un peritaje a efectos de cuantificar los perjuicios causados con ocasi\u00f3n de la conducta punible atribuida y as\u00ed proceder a la indemnizaci\u00f3n integral, petici\u00f3n reiterada en audiencia de 10 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Con auto del pasado 5 de febrero, la c\u00e9lula judicial neg\u00f3 tal solicitud, determinaci\u00f3n frente a la cual la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la bancada defensiva interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El 16 de julio siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn resolvi\u00f3 la alzada en el sentido de revocar la providencia impugnada para, en su lugar, \u00abdisponer la realizaci\u00f3n de tr\u00e1mites para la determinaci\u00f3n anticipada de los perjuicios de todo orden sufridos por las v\u00edctimas con miras a su reparaci\u00f3n integral que extinga la acci\u00f3n penal\u00bb a trav\u00e9s de la figura de la mediaci\u00f3n, como mecanismo de soluci\u00f3n anticipada del conflicto, ordenando al Ente Investigador estatal \u00abdesignar mediador\u00bb. <\/p>\n
Asimismo dispuso que, en caso de fracasar dicho instrumento de justicia restaurativa, se procediera a la \u00abpr\u00e1ctica de pericia de los perjuicios cuantificables mediante prueba y estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios morales subjetivos\u2026 que podr\u00e1 ser variado por el juez de primer grado seg\u00fan las necesidades y diligencia de las partes que perciba\u00bb. <\/p>\n
3. La quejosa considera que, en la decisi\u00f3n de segundo grado, la colegiatura \u00abincurri\u00f3 en m\u00faltiples errores\u2026 constitutivos de v\u00edas de hecho\u2026 entre otros\u2026 (i) un defecto procedimental absoluto en tanto dispuso la aplicaci\u00f3n de un procedimiento diferente al establecido por la Ley 906 de 2004 en materia de indemnizaci\u00f3n integral\u2026 (ii) desconocimiento del precedente [CSJ AP2671, 14 oct. 2020, rad. 53293] el cual ha establecido de manera pac\u00edfica cu\u00e1les son los momentos procesales y los mecanismos id\u00f3neos para este prop\u00f3sito y (iii) finalmente\u2026 violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica pues\u2026 gener\u00f3 su revictimizaci\u00f3n dado que, al contrario de lo pretendido, el procedimiento novedoso implementado\u2026 dilata de manera injustificada la resoluci\u00f3n del proceso penal\u2026\u00bb <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita remover los efectos jur\u00eddicos del auto cuestionado y se \u00abdeje inc\u00f3lume la decisi\u00f3n proferida en primera instancia [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada expres\u00f3 que \u00abla discusi\u00f3n que se plantea\u2026 apunta a un examen de tercera instancia inapropiado en esta sede [y] en todo caso la sala\u2026 actu\u00f3 acorde al derecho y la realidad procesal\u00bb. <\/p>\n
Dijo que, en todo caso, la providencia contiene \u00ablos razonamientos efectuados para disponer la previa realizaci\u00f3n de la mediaci\u00f3n como mecanismo para buscar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso mediante reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas, as\u00ed como los argumentos en los que se sustenta la orden de la pr\u00e1ctica de pericia de los perjuicios cuantificables\u2026 en caso de fracasar la mediaci\u00f3n, los que b\u00e1sicamente se contraen a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 600 de 2000 por el efecto diferido del precedente que vari\u00f3 la jurisprudencia al determinar que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o o indemnizaci\u00f3n integral procede, exclusivamente, en los t\u00e9rminos y modalidades indicadas en la Ley 906 de 2004, en tanto los efectos de los cambios jurisprudenciales desfavorables al procesado operan hacia el futuro\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Doce Penal del Circuito de Medell\u00edn se limit\u00f3 a hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas, sin referirse a los argumentos presentados por la gestora. <\/p>\n
3. Una abogada que dijo actuar como \u00abdefensora contractual\u00bb de William Antonio Guerra Guti\u00e9rrez1 manifest\u00f3 que las autoridades judiciales que han intervenido en el asunto escrutado han sido respetuosas de las garant\u00edas constitucionales de los involucradas, en especial de la representaci\u00f3n de v\u00edctimas, a quien se le ha dado la oportunidad de debatir en audiencia cada una de las solicitudes formuladas por la bancada de la defensa, al tiempo que las decisiones adoptadas encuentran soporte en las disposiciones normativas y precedentes jurisprudenciales llamados a gobernar el asunto, por lo que solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que subsiste para la accionante la posibilidad de \u00abrecurrir a los mecanismos de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales dentro del tr\u00e1mite procesal, lo que hace improcedente el amparo pues la tutela no est\u00e1 dispuesta para desarrollar el debate que corresponde a la causa ordinaria ni constituye una instancia adicional o paralela a la de los funcionarios competentes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n pues, en su criterio, la Sala a quo \u00abno realiz\u00f3 un estudio concreto y exhaustivo sobre las excepciones al principio de subsidiariedad\u2026 pues no verific\u00f3 la eficacia e idoneidad de los mecanismos procesales con los que actualmente se cuenta dentro del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la corporaci\u00f3n querellada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por M\u00f3nica Cecilia Escobar Restrepo dentro del proceso penal 2015-50383, con la emisi\u00f3n del auto del pasado 16 de julio, por medio del cual revoc\u00f3 la proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de aquella ciudad, para en su lugar ordenar que por la v\u00eda de la mediaci\u00f3n las partes busquen la soluci\u00f3n anticipada del conflicto a trav\u00e9s de la reparaci\u00f3n de los perjuicios irrogados con la conducta punible, o en caso de fracasar, se disponga la tasaci\u00f3n de los mismos mediante dictamen pericial. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone la impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que, conforme a la orden impartida por el tribunal ad quem deber\u00e1 agotarse primero el tr\u00e1mite de la mediaci\u00f3n como mecanismo para la soluci\u00f3n de conflictos y, en caso de fracasar, la elaboraci\u00f3n de una experticia para cuantificar los perjuicios de todo orden padecidos por la v\u00edctima, subsistiendo as\u00ed, para dicho interviniente especial, la posibilidad de hacer uso de los recursos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico respecto de la determinaci\u00f3n que ponga fin al asunto, o inclusive postulando ante el juez cognoscente la nulidad de la actuaci\u00f3n si es que considera que se han quebrantado sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
As\u00ed, de considerar que en la actuaci\u00f3n se presentaron vicios o irregularidades procesales o de tener cualquier discrepancia con las determinaciones adoptadas, son los instrumentos procesales arriba rese\u00f1ados, las herramientas id\u00f3neas para proponer tales reparos y no la acci\u00f3n supralegal puesto que no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto u obtener un pronunciamiento alterno que satisfaga la personal interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formula la promotora del amparo. <\/p>\n
Proceder como lo plantea la demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una tercera instancia, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que en la actuaci\u00f3n ordinaria las partes tienen la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 No alleg\u00f3 poder especial para actuar en este tr\u00e1mite constitucional, conferido por la persona que dice representar en el asunto ordinario. <\/p>\n
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