STC16138-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16138-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01143-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 22 de junio de 20211, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Leonardo S\u00e1nchez V\u00e1zquez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1 y, el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Afirma que, en fallo de segundo grado se ratific\u00f3 la condena penal que le fue impuesta a cincuenta y cuatro (54) meses de c\u00e1rcel con beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, siendo materializada su captura el \u00ab17 de abril de 2017\u00bb. <\/p>\n
Refiere que solicit\u00f3 la libertad por pena cumplida al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1, quien la deneg\u00f3 en auto de 8 de marzo de 2021, porque no hab\u00eda cumplido la misma. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto luego de consumarse el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria, fue recluido preventivamente en establecimiento carcelario desde el 31 de octubre de 2017 al 18 de julio de 2018\u00bb, dada la orden emitida en otro proceso penal. Inconforme con lo decidido formul\u00f3 apelaci\u00f3n, defensa definida por el tribunal encausado el 12 de mayo del presente a\u00f1o, ratificando la providencia recurrida. <\/p>\n
3. Solicita, dejar sin efecto los pronunciamientos atacados y disponer su libertad por pena cumplida. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La corporaci\u00f3n demandada destac\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3 confirmar la determinaci\u00f3n emitida por el Juzgado Ejecutor, [por]que el [petente] no cumpl[i\u00f3] con el factor objetivo del tiempo de pena cumplid[a], conforme con los elementos obrantes en el expediente, para ser beneficiario de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1, refiri\u00f3 que vigila la pena de cincuenta y cuatro (54) meses de prisi\u00f3n impuesta al actor, desde cuando fue detenido \u00ab19 de abril de 2017 (\u2026) hasta el 31 de octubre de la misma anualidad, como quiera que el [1\u00b0] de noviembre siguiente, qued\u00f3 a disposici\u00f3n del Juzgado Segundo Penal Municipal del Ch\u00eda por cuenta [de otro] proceso [aun sin definirse]\u00bb, continuando descontando la pena en cuesti\u00f3n, a partir \u00abdel 13 de julio de 2018 a la fecha\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que conoci\u00f3, en primera instancia, del procedimiento mediante el cual se conden\u00f3 al censor a cincuenta y cuatro (54) meses de c\u00e1rcel, con beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradora Trescientos Sesenta y Ocho Judicial Penal I de Bogot\u00e1 delegada ante el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de esa ciudad y, el INPEC adujeron, por separado, carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, porque el tutelante no \u00abexplic[\u00f3] por qu\u00e9 se incurr[i\u00f3] en (\u2026) irregularidad, [y] no (\u2026) se\u00f1al[\u00f3] los precedentes jurisprudenciales y normas err\u00f3neamente interpretadas o aplicadas y tampoco cu\u00e1l es el defecto procedimental en concreto y su incidencia en las decisiones cuestionadas, lo cual impide hacer un an\u00e1lisis de fondo y conduce a negar la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, recalc\u00f3 que era \u00abcompetencia del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, realizar el estudio de la solicitud elevada por la parte accionante mediante este mecanismo excepcional, lo cual es una manifestaci\u00f3n de la actividad judicial, que est\u00e1 amparada por los principios de autonom\u00eda e independencia, por lo que, por regla general, el juez constitucional no puede inmiscuirse en esta valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante alegando que, en el escrito introductor \u00abclaramente (\u2026) manifest\u00f3 que no exist[\u00eda] norma legal dentro del ordenamiento (\u2026) que le permit[iera] a [los] accionado[s] suspender la ejecuci\u00f3n de la pena con el fin que el penado sea investigado [en] otro [proceso], para luego de esa investigaci\u00f3n, proced[er] a reiniciar la ejecuci\u00f3n de la misma\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, agreg\u00f3 que, si \u00abse encontraba en prisi\u00f3n domiciliaria para el momento en el cual el Juez de Control de Garant\u00edas de Ch\u00eda expidi\u00f3 la orden de detenci\u00f3n preventiva intramural, la cual, a pesar de ser legal, debi\u00f3 ser comunicada al Juez de penas competente para que, de ser el caso, revocase la prisi\u00f3n domiciliaria teniendo en cuenta que esta es una causal para [finiquitar] dicho beneficio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si se lesionaron los derechos fundamentales del accionante, al negarse su libertad por pena cumplida, bajo el supuesto de que no se comput\u00f3 el tiempo en cual fue detenido, preventivamente, por decisi\u00f3n emitida en otro proceso. <\/p>\n
De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente a lo aducido por el gestor, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, la Sala establece que habr\u00e1 de respaldarse la denegaci\u00f3n del amparo, comoquiera que la decisi\u00f3n del ad quem convocado, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar la acci\u00f3n como instancia adicional. <\/p>\n
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1. N\u00f3tese que, el tribunal atacado en el auto de 12 de mayo de 2021, para no computar el per\u00edodo en donde el petente estuvo detenido preventivamente por cuenta de otro proceso, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1, al enterarse de esa medida cautelar, procedi\u00f3 a \u00ab comunic[ar] a las autoridades carcelarias y al mismo [tutelante,] (\u2026) mediante prove\u00eddos del 16 de noviembre de 2017 y 2 de febrero de 2018, del cambio [de] la situaci\u00f3n jur\u00eddica de [aqu\u00e9l], explicando que una vez se agotara la medida de aseguramiento (\u2026) o, se concediera la libertad por cuenta de ese segundo proceso, deber\u00eda ser dejado nuevamente [a] disposici\u00f3n de dicho despacho, habida cuenta de la pena restante por cumplir\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00ab[i]nclusive, con posterioridad el procesado present\u00f3 solicitudes al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1 con el fin de que le fuera reconocida redenci\u00f3n de pena por actividades [realizadas durante la detenci\u00f3n preventiva], ocasiones en las que de manera reiterada, dicha autoridad judicial se abstuvo de conocer [tales pedimentos] y orden\u00f3 el desglose de tal documentaci\u00f3n, pues para ese entonces no ten\u00eda competencia para resolver al respecto, dado que [el actor] estaba privado de la libertad por otra causa penal\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, explic\u00f3 que \u00ab[p]osteriormente, el 12 de julio de 2018 en audiencia de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ch\u00eda, concedi\u00f3 el efecto liberatorio y, en la misma decisi\u00f3n, procedi\u00f3 a dejar a disposici\u00f3n del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1 [al suplicante]; data en que la retom\u00f3 el cumplimiento de la condena impuesta por el delito [objeto de la vigilancia de la pena] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, el colegiado atacado destac\u00f3 que no pod\u00eda aplicarse para el computo del cumplimiento de la pena en cuesti\u00f3n, la detenci\u00f3n preventiva emitida en una actuaci\u00f3n penal distinta, pues \u00absi el Estado [advert\u00eda que hab\u00eda] atentado de diversas maneras y en diferentes ocasiones contra los bienes jur\u00eddicos protegidos [en] el C\u00f3digo Penal, esta[ba] en la obligaci\u00f3n de iniciar cuantas causas penales [fueren] necesarias a efectos de demostrar su responsabilidad penal\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 que \u00abel Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Zipaquir\u00e1 [era] el competente, tanto en el 2017 como actualmente, para decidir en torno a lo que ata\u00f1e al cumplimiento de la pena impuesta (\u2026), como en efecto lo ha hecho; pero ello no significa que otro Juez de la Rep\u00fablica no pueda cumplir con su deber (\u2026) de imponer medidas de aseguramiento o proferir condenas en otras causas penales\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, enfatiz\u00f3 que \u00abel lapso comprendido entre el 1\u00ba de noviembre de 2017 y el 13 de julio de 2018, no p[od\u00eda] (\u2026) considerarse como parte del cumplimiento de la condena proferida en el proceso No. 2007-00096, por la simple raz\u00f3n de que en ese periodo [el gestor] permaneci\u00f3 detenido como consecuencia de la medida de aseguramiento impuesta en el radicado No. 2013-80112\u00bb. <\/p>\n
Para la Sala no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, pues el tribunal atacado defini\u00f3 la controversia exponiendo de manera l\u00f3gica y, suficientemente motivada, las razones por la cuales no era procedente tener como pena cumplida, el tiempo en el cual el actor estuvo detenido, preventivamente, por cuenta de otro proceso penal, dadas las competencias de los jueces en asuntos distintos adelantados respecto al actor y, aunque se comparta o no ese criterio, el mismo no se observa caprichoso, absurdo o contraevidente como para conceder la salvaguarda invocada. <\/p>\n
3.2. En ese orden, la providencia criticada carece de arbitrariedad y no desencadena flagrante vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas que amerite la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [I]ndependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 mar. 2010, exp. 00367-00, citada entre otras en STC5688-2020, 19 ago. 2020, rad. 00397-00)\u00bb. <\/p>\n
En suma, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo antedicho, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo, al advertirse que la resoluci\u00f3n proferida por el tribunal accionado no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue allegado a la Sala el 3 de noviembre de 2021 y, en la misma calenda se efectu\u00f3 el reparto a este despacho. <\/p>\n
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