STC16139-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16139-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01260-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de julio de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Magnolia Eugenia P\u00e9rez Moreno contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, sin aducir las prerrogativas que en su criterio han sido vulneradas, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n especial a trav\u00e9s del amparo, con ocasi\u00f3n de un proceso laboral (SL21093-2017, rad. 48382). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el 18 de septiembre de 2004 falleci\u00f3 Urbano Silva M\u00fanera (q.e.p.d.), por lo que, en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, reclam\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes ante el extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013hoy Colpensiones\u2013, pero le fue negada. Por lo anterior, present\u00f3 la demanda de la referencia, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien absolvi\u00f3 a la entidad pagadora. <\/p>\n
Inconforme, formul\u00f3 apelaci\u00f3n, por lo que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad confirm\u00f3 lo resuelto; raz\u00f3n por la cual recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral permanente mantuvo en firme la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem, toda vez que \u00abel deceso del asegurado ocurri\u00f3 el 18\/09\/2004, es decir, en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que no acredita requisitos conforme al art. 46 de la Ley 100 de 1993, que ser\u00eda la normatividad aplicable en virtud del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que esas determinaciones desconocen el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, comoquiera que el causante cotiz\u00f3 539.71 semanas al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, lo que permitir\u00eda \u00abinaplicar\u00bb la Ley 793 de 2003 y conceder la prestaci\u00f3n en virtud del Acuerdo 049 de 1990 \u2013Decreto 758 de 1990\u2013, porque antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 aport\u00f3 m\u00e1s de las 300 semanas exigidas. <\/p>\n
De igual forma, precis\u00f3 que \u00abagot\u00f3 todos los mecanismos de defensa judicial, contin\u00faa en estado de solter\u00eda (aunque no sea este un requisito en aras de obtener su derecho econ\u00f3mico), no labora, no es pensionada por vejez, ni por el riesgo de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge, solo percibi\u00f3 en sustituci\u00f3n un pago \u00fanico por concepto de indemnizaci\u00f3n sustitutiva del riesgo de sobrevivientes, no percibe ingresos por concepto de subsidios, rentas, ventas ambulantes y, si bien, el requisito de dependencia econ\u00f3mica no se predica respecto de los c\u00f3nyuges sup\u00e9rstites (solo la convivencia(), no est\u00e1 de m\u00e1s manifestar que s\u00ed depend\u00eda econ\u00f3micamente de los ingresos que percib\u00eda su c\u00f3nyuge fallecido, aunado a ello le toc\u00f3 sola asumir el cuidado, educaci\u00f3n y crianza de sus hijos\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abse ordene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes de forma definitiva a favor de la se\u00f1ora MAGNOLIA EUGENIA P\u00c9REZ MORENO en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del asegurado fallecido URBANO SILLVA M\u00daNERA a partir de la fecha que estime la Honorable Corporaci\u00f3n, teniendo en cuenta el precedente judicial dictado por las altas Cortes respecto de su caso en concreto, con el fin de que no se diga vulnerando en su humanidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Medell\u00edn se limit\u00f3 a relatar las actuaciones del proceso y adujo que este se encuentra archivado desde el 5 de octubre de 2018. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del extinto Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. reliev\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social expuso que \u00abeste agente considera que el fallo proferido por la Sala Laboral expone los fundamentos que dan lugar a no casar la sentencia y que el accionante (sic) no demuestra los requisitos espec\u00edficos de procedencia de la tutela contra sentencia judicial\u00bb. <\/p>\n
4. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada solicit\u00f3 que se declare la improcedencia del auxilio, porque no se cumple el requisito de inmediatez, \u00abdado que la decisi\u00f3n cuestionada data de 18 de octubre de 2017, es decir, hace m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, sin que se encuentre justificada la demora para acudir a esta v\u00eda constitucional en aras de propender por la garant\u00eda de los derechos fundamentales que considera vulnerados\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la inviabilidad de este mecanismo excepcional, por la pretermisi\u00f3n del criterio de tempestividad, en tanto \u00abeste presupuesto no se acredit\u00f3, pues el reproche de la accionante se produce transcurridos m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s de emitida la sentencia que contiene la determinaci\u00f3n reprobada, que como ya se dijo, fue dictada del 18 de octubre de 2017. La accionante sustent\u00f3 la tardanza en que solo se le expidieron copias del asunto hasta el 4 de diciembre de 2019, y en la edad, pero tales argumentos no son suficientes para tener por cumplida la exigencia, por cuanto, aun aceptando como \u00faltima actuaci\u00f3n la emisi\u00f3n de las copias, desde entonces, hasta la presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo (15 de junio 2021), trascurrieron 1 a\u00f1o y 6 meses, t\u00e9rmino que supera en mucho el lapso de los seis meses. Y no se acredit\u00f3 que, en raz\u00f3n de su edad, estuviera en condiciones de vulnerabilidad que la situaran en un estado de debilidad manifiesta que justifique la tard\u00eda interposici\u00f3n del amparo\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, consider\u00f3 que, en todo caso, \u00abse trata de una decisi\u00f3n debidamente fundamentada, sustentada en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que hayan consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL21093-2017, rad. 48382), por mantener en firme el fallo desfavorable del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 18 de octubre de 2017 y la tutela se intent\u00f3 el 15 de junio de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desfavorable del tribunal ad quem, en tanto \u00abno podr\u00eda pretender [la] recurrente la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, a trav\u00e9s del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues, si, como lo dio por demostrado el Tribunal, el causante falleci\u00f3 el 18 de septiembre de 2004 , en vigencia de la Ley 797 de 2003, la norma aplicable ser\u00eda, en ese caso, el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el art\u00edculo 12 de dicho ordenamiento de 2003, cuyas exigencias tampoco reunir\u00eda\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados por la pretensora, encaminados por la senda de la aplicaci\u00f3n indebida de \u00ablos art\u00edculos 46, 47, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 y por infracci\u00f3n directa de los preceptos 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 141 y 272 de la referida Ley 100 y 6, 25 y 26 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art\u00edculo 1 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o\u00bb, porque \u00abse desconoci\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa dado que, estando incontrovertido que el afiliado sufrag\u00f3 m\u00e1s de 539 semanas antes de la vigencia de Ley 100 de 1993, esto era suficiente para conceder la prestaci\u00f3n bajo el venero de las reglas del Acuerdo 049 de 1990\u00bb, el estrado enjuiciado arguy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSon puntos indiscutidos, seg\u00fan la v\u00eda elegida, que Urbano Silva M\u00fanera falleci\u00f3 el 18 de septiembre de 2004; que cotiz\u00f3 539 semanas en toda su vida laboral, la \u00faltima en el ciclo de enero de 1989; y que a Magnolia Eugenia P\u00e9rez Moreno no se le reconoci\u00f3, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n estriba en que el juzgador de segundo grado no atendi\u00f3 la viabilidad de reconocer el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes al amparo del Acuerdo 049 de 1990, pese a que, a juicio del censor, ello era factible en la medida en que la Ley 797 de 2003, integr\u00f3 el Estatuto de Seguridad Social y por tanto la disposici\u00f3n anterior era el referido Acuerdo del ISS y, tambi\u00e9n intenta el argumento seg\u00fan el cual como en ninguna de tales regulaciones se previ\u00f3 lo que suced\u00eda en los eventos de quienes ya hubiesen alcanzado la densidad de semanas de la de vejez, por razones de justicia aquello era posible jur\u00eddicamente. <\/p>\n
Sin embargo, se ha aclarado que ese ejercicio judicial no puede ser arbitrario, sino que debe cumplirse un requisito fundamental, esto es el de remitirse a la disposici\u00f3n anterior, que no a cualquiera que en alg\u00fan momento halla regulado el asunto, pues justamente lo que se preserva es esa especial circunstancia del tr\u00e1nsito normativo que sorprende al afiliado que ha cotizado un n\u00famero de semanas y por tanto considera ser beneficiario de tal tipo de regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En realidad, este principio que deviene de la disciplina del trabajo y que encuentra su soporte en el art\u00edculo 21, fue incorporado tambi\u00e9n a la seguridad social, en el precepto 53 constitucional, al que remite el 272 de la Ley 100 de 1993 al indicar que \u00abEl Sistema Integral de Seguridad Social establecido en la presente ley, no tendr\u00e1, en ning\u00fan caso, aplicaci\u00f3n cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores. En tal sentido los principios m\u00ednimos fundamentales consagrados en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica tendr\u00e1n plena validez y eficacia\u00bb, y doctrinariamente se ha indicado que lo que aquel permite es que, ante la modificaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n, aquellas ventajas que fueron omitidas por la nueva norma contin\u00faen siendo disfrutadas por quienes se encontraban bajo su venero, instal\u00e1ndose all\u00ed una zona templada de la ley, que favorece a los afiliados que hab\u00edan estimado contar con esa regulaci\u00f3n y para quienes no se ha previsto una transici\u00f3n. <\/p>\n
Es precisamente por las caracter\u00edsticas anotadas que no es posible, amparado en tal axioma, acudir a cualquier norma, sino a la inmediatamente anterior, adem\u00e1s por tratarse de una excepci\u00f3n a la eficacia de la ley, lo que impone que el juzgador debe remitirse a ella solo si es m\u00e1s ben\u00e9fica y si en efecto el afiliado tuvo alguna cotizaci\u00f3n en su vigencia. As\u00ed lo ha sostenido esta Sala de la Corte, entre otras en decisi\u00f3n CSJ SL 504\/2013\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, la Colegiatura refiri\u00f3 que \u00abtampoco es viable acoger la tesis seg\u00fan la cual, como la Ley 797 de 2003, es simplemente modificatoria de la Ley 100 de 1993, la disposici\u00f3n anterior es el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo a\u00f1o, pues el hecho de que aquella se haya integrado al Estatuto de Seguridad Social no le resta su contenido aut\u00f3nomo de regulaci\u00f3n de las pensiones e incluso, es el par\u00e1grafo del art\u00edculo 12 de la Ley 797, el que contempla, contrario a lo que sostiene el recurrente, que debe respetarse el derecho del afiliado que fallece sin cumplir la edad, pero habiendo acumulado la densidad m\u00ednima de semanas para acceder a la prestaci\u00f3n de vejez, en el r\u00e9gimen de prima media\u00bb, por lo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) seg\u00fan los aspectos no controvertidos, no podr\u00eda pretender el recurrente la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, a trav\u00e9s del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues, si, como lo dio por demostrado el Tribunal, el causante falleci\u00f3 el 18 de septiembre de 2004 , en vigencia de la Ley 797 de 2003, la norma aplicable ser\u00eda, en ese caso, el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el art\u00edculo 12 de dicho ordenamiento de 2003, cuyas exigencias tampoco reunir\u00eda, pues seg\u00fan la historia laboral del afiliado con que pretende demostrar sus cotizaciones, al momento de producirse el \u00f3bito no se encontraba cotizando, ni tampoco reportaba aportes por 26 semanas dentro del a\u00f1o inmediatamente anterior a esa fecha, como lo exig\u00eda la norma en cuesti\u00f3n; pues si bien alcanz\u00f3 539 semanas, la \u00faltima cotizaci\u00f3n lo fue en 1989, es decir que no pudo el Tribunal quebrantar la ley en su decisi\u00f3n\u00bb (Se enfatiza). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4.3. Por \u00faltimo, en lo que respecta al supuesto desconocimiento de los precedentes constitucionales sobre la tem\u00e1tica analizada, se precisa a la interesada que, revisada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, encontr\u00f3 necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 16 de noviembre de 2021, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC16139-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16139-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01260-01 Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de julio de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59692","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59692\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}