STC16140-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16140-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00563-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 6 de mayo de 20211, que neg\u00f3 la tutela promovida por Cenelia, H\u00e9ctor Jos\u00e9, Luz Myriam, Merleny, Sandra, Leonel y Olga Janneth Betancur Manrique, contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso radicado n\u00ba 2006-80005. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, invocan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis relataron que, fueron reconocidos como v\u00edctimas al interior del proceso de Justicia y Paz radicado n\u00ba 2006-80005, que se adelanta respecto de las \u00abAutodefensas Campesinas del Magdalena Medio\u00bb al mando de Ram\u00f3n Mar\u00eda Isaza Arango y otros, por el hecho identificado como \u00abla masacre de Piedra Candela\u00bb ocurrido en el municipio de Saman\u00e1, Caldas, en el mes de noviembre de 1990, donde fueron ultimados su padre y dos hermanos. <\/p>\n
Refirieron que, luego de 8 a\u00f1os de iniciada la causa, para el 1\u00ba de noviembre de 2016 fueron citados a la realizaci\u00f3n de la audiencia de incidente de reparaci\u00f3n integral, diligencia que culmin\u00f3 el 2 de diciembre de esa anualidad; luego, el 6 de ese mismo mes su apoderada present\u00f3 al tribunal de la especialidad las pruebas para acreditar los perjuicios. <\/p>\n
Sin embargo, cuestionaron que, desde entonces y hasta la radicaci\u00f3n de la presente tutela, \u00abes decir, m\u00e1s de 4 a\u00f1os, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala de Justicia y Paz no ha emitido la sentencia que corresponde en ese proceso\u00bb. <\/p>\n
Expresaron que, comprenden que existen situaciones que han influido en la demora, como la complejidad y cantidad de los casos acumulados, el cambio de magistrado ponente en octubre de 2018, y la pandemia, pero, consideran que \u00abel tiempo transcurrido desde que culmin\u00f3 la \u00faltima etapa del procedimiento especial de justicia transicional [\u2026] hasta ahora, es excesivo y no solo ha transgredido nuestros derechos fundamentales [\u2026] en su faceta de un plazo razonable para la resoluci\u00f3n de nuestro caso [\u2026] sino que ha habido una revictimizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, piden, \u00abse ordene a la corporaci\u00f3n accionada que emita la respectiva sentencia en un plazo prudencial, teniendo en cuenta que han transcurrido m\u00e1s de cuatro a\u00f1os desde que se surti\u00f3 la \u00faltima actuaci\u00f3n del proceso, o en su defecto, nos indique una fecha estimada en la que se emitir\u00e1 dicho fallo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada Oher Hadith Hern\u00e1ndez Roa, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien tiene a cargo la ponencia de la causa en cuesti\u00f3n, inform\u00f3 que asumi\u00f3 la titularidad del despacho a finales del a\u00f1o 2018, recibiendo de su antecesor una alta carga de procesos en curso producto de su inactividad, debiendo en primer lugar fallar los m\u00e1s antiguos y los que fueran de especial trascendencia social. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que, en la actualidad el proceso objeto de reclamo, se encuentra en revisi\u00f3n de los documentos f\u00edsicos y los registros de audios, tarea que una vez culminada permitir\u00e1 la emisi\u00f3n del fallo reclamado. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3 que su despacho padece de una gran congesti\u00f3n, con asuntos de mucha complejidad y que viene gestionando los expedientes de acuerdo a su orden de llegada; adicionalmente, expuso que no cuenta con los recursos humanos para agilizar los tr\u00e1mites. <\/p>\n
2. La magistrada Uldi Teresa Jim\u00e9nez L\u00f3pez, integrante de la misma Sala, manifest\u00f3 que una vez la ponente radique el proyecto proceder\u00e1 a estudiarlo con la mayor celeridad. <\/p>\n
3. El fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior, Sala de Justicia y Paz, se\u00f1al\u00f3 que, en lo que le concierne a la entidad que representa, cumpli\u00f3 con investigar y documentar todo lo relacionado con la mencionada \u00abmasacre de Piedra Candela\u00bb en el a\u00f1o 1990, postulando dicho hecho en el marco del proceso que se adelanta, de conformidad con la ley 975 de 2005. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al no advertir injustificada la mora judicial denunciada por cuanto, \u00abla tardanza en la que ha incurrido el Tribunal accionado al momento de emitir el fallo dentro del incidente de reparaci\u00f3n en el que est\u00e1n involucrados los actores, no obedece a una inactividad injustificada, sino a una suma de circunstancias que han desembocado en una alta congesti\u00f3n judicial, cuya consecuencia inevitable, es el retraso en la toma de decisiones\u00bb. Sin embargo, inst\u00f3 a la corporaci\u00f3n accionada \u00ab(\u2026) para que, con la observancia del orden de egreso, pero en el menor tiempo posible, emita un fallo dentro del diligenciamiento n.o 11001-60-00-253-2006- 80005-01\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los quejosos, quienes reiteraron su inconformidad con la falta de resoluci\u00f3n, manifestando que \u00abnos parece imposible que llevamos m\u00e1s de 4 a\u00f1os esperando un fallo, de una masacre que lleva en investigaci\u00f3n m\u00e1s de 14 a\u00f1os, aludimos a nuestros derechos de justicia y dignidad [\u2026] personas que hemos sido brutalmente afectadas por la violencia este pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, est\u00e1 transgrediendo las prerrogativas invocadas por los querellantes al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada para proferir el fallo definitorio del incidente de reparaci\u00f3n integral de perjuicios dentro del proceso de justicia transicional radicado n\u00ba 2006-80005. <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
2.2. Revisada la actuaci\u00f3n demandada, ciertamente, podr\u00eda estimarse considerable el tiempo transcurrido desde la finalizaci\u00f3n de la audiencia del incidente de reparaci\u00f3n integral sin que se haya proferido decisi\u00f3n definitoria; sin embargo, esa tardanza, como se extrae del informe rendido por la magistrada ponente, no ha sido producto de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada, como pasar\u00e1 explicarse. <\/p>\n
En efecto, la funcionaria accionada, destac\u00f3 varios aspectos determinantes a la hora de juzgar la realidad situacional del despacho que preside y que le han impedido adoptar decisiones con la celeridad que se exige. <\/p>\n
2.2.1. En primer lugar, puso de presente que se posesion\u00f3 en el cargo el 15 de noviembre de 2018, recibiendo un despacho altamente congestionado y con multitud de fallos pendientes debido a la \u00abfalta de actividad del anterior\u00bb, sin dejar de mencionar que el magistrado saliente \u00abfue retirado al hacerse efectiva en su contra una orden de captura por posibles delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, todo lo cual, la oblig\u00f3 a elaborar estrategias de planificaci\u00f3n de las actividades y tareas a fin de lograr avances en cada una de las causas asignadas, \u00absin dejar de lado las dem\u00e1s funciones concernientes al an\u00e1lisis de los proyectos presentados dentro de otros radicados por los hom\u00f3logos que conforman las respectivas salas de deliberaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2.2. A\u00f1adi\u00f3 que, a pesar de su intenci\u00f3n de fijar un derrotero de tareas para cumplir en debida forma sus funciones, \u00abel solo hecho de reconstruir el inventario del despacho ha sido una tarea compleja toda vez que nunca hubo un acta de entrega y para reestablecer algunos procesos ha tenido que acudirse a diferentes fuentes, dispersas y de las que se deriva informaci\u00f3n que no fue creada para efectos de inventario\u00bb. <\/p>\n
2.2.3. Sobre el expediente de inter\u00e9s de los accionantes, precis\u00f3 que se encuentra en cuidadoso estudio de las etapas surtidas en el mismo, de los elementos de conocimiento allegados y de las audiencias cumplidas, todo \u00abcon el fin de evitar que se configuren causales que conlleven una eventual afectaci\u00f3n sustancial y\/o procedimental de la causa\u00bb. <\/p>\n
2.2.4. Insisti\u00f3 en que las labores y el examen que implica el proceso, y en general todos los que conoce esa justicia transicional, enmarcados en un contexto de \u00abmacro-criminalidad concentrado en los m\u00e1ximos responsables paramilitares, sigue resultando complejo y dif\u00edcil culminar [\u2026] debido a la magnitud e impacto de los hechos delictivos en los que participaron los postulados y\/o grupos armados organizados al margen de la ley en el marco del conflicto interno, tan es as\u00ed, que desde que empez\u00f3 a operar esta Sala y la Corporaci\u00f3n, aproximadamente a finales de la d\u00e9cada pasada, hasta la fecha, [\u00fanicamente] ha emitido en conjunto, alrededor de 41 sentencias siendo la primera de ellas fallada en el a\u00f1o 2010\u00bb. <\/p>\n
2.2.5. Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que, la complejidad y el volumen de los asuntos \u00absobrepasan las capacidades del equipo humano [\u2026] sin que la administraci\u00f3n contemple mecanismos para proveer m\u00e1s recursos y elementos que permitan agilizar el proferimiento de decisiones, que [\u2026] implican valoraci\u00f3n y an\u00e1lisis frente a casos en los que no intervine antes y desconozco por completo\u00bb. <\/p>\n
2.2.6. Todo lo anterior, sostuvo, sumado a las dificultades que trajo consigo la pandemia y \u00ablas limitaciones que involucr\u00f3 el trabajo en casa para la titular y sus colaboradores, e incluso las acciones de tutela que comienzan a asomarse como una avalancha, me impiden establecer un plazo cierto para proferir la decisi\u00f3n definitiva\u00bb. <\/p>\n
2.3. De manera que, esta Sala, luego de ponderar el escenario acreditado por la convocada y prohijando lo dilucidado por la Sala a quo, descarta la posibilidad de conceder el amparo deprecado, en tanto que, la mora endilgada, a partir de lo revelado, no luce puntualmente injustificada. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues, como se plasm\u00f3 en los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados, el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Y, en este evento, se reitera, las particulares dificultades expuestas por la funcionaria accionada en la tramitaci\u00f3n de los litigios, sumado a su evidente complejidad y la congesti\u00f3n laboral que hered\u00f3 de la gesti\u00f3n saliente, imposibilitaron el cumplimiento de plazos razonables en la resoluci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
Por lo tanto, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por dejadez del operador jur\u00eddico. <\/p>\n
De suerte que, no hay lugar a otorgar la s\u00faplica, bajo el supuesto de una tardanza injustificada de la colegiatura accionada, teniendo en cuenta que no se demostraron los componentes previamente indicados en la jurisprudencia en cita que, en forma excepcional, permitir\u00edan al fallador constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando la definici\u00f3n de los juicios se dilata sin raz\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
3. Del sistema de turnos y el perjuicio irremediable. <\/p>\n
Los \u00f3rganos colegiados como el aqu\u00ed enjuiciado, se encuentran regidos por un sistema de turnos establecidos para fallar los procesos, cuya desatenci\u00f3n o inobservancia conllevar\u00eda a quebrantar el derecho a la igualdad del resto de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia que se encuentran en las mismas condiciones de los quejosos, o a\u00fan peores. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha precisado que no es posible pretender, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, que se alteren los turnos; as\u00ed lo explic\u00f3 la Sala en un caso similar <\/p>\n
\u00abla tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque \u2026la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 y, STC16975-2015, 10 dic. rad. 02027-01). <\/p>\n
De otra parte, el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 19982 dispone, que \u00abes obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelaci\u00f3n legal\u00bb, y si bien el canon 16 de la Ley 1285 de 20093 – que modific\u00f3 el 63A de la Ley 270 de 1996 \u2013 permite a los jueces dar prelaci\u00f3n cuando se percaten de \u00abrazones de seguridad nacional o para prevenir la afectaci\u00f3n grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de cr\u00edmenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social\u00bb o \u00abasuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su soluci\u00f3n sea de inter\u00e9s p\u00fablico o pueda tener repercusi\u00f3n colectiva\u00bb, son caracter\u00edsticas que, primordialmente, corresponde evaluar al competente. <\/p>\n
De igual forma, al respecto, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n
\u00abDado que el principio del respeto de turno de fallo no es absoluto, pues las circunstancias especiales del caso pueden autorizar un trato prioritario, resulta necesario indicar que la ley confiere al funcionario judicial la valoraci\u00f3n de las circunstancias que permitir\u00edan modificar ese orden de decisi\u00f3n. Los criterios fijados por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, \u201cla naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio P\u00fablico en atenci\u00f3n a su importancia jur\u00eddica y trascendencia social\u201d, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cu\u00e1ndo un asunto puesto a su consideraci\u00f3n puede ser resuelto sin atenci\u00f3n al turno de respuesta que le ha sido fijado. <\/p>\n
Por ello, debe entenderse que es el juez de la causa el \u00fanico funcionario habilitado por la ley para evaluar las condiciones especiales del caso y autorizar un posible cambio en el turno de resoluci\u00f3n del pleito. Los principios de autonom\u00eda e independencia judicial obligan a considerar que el \u00fanico autorizado para modificar el orden regular de soluci\u00f3n de los asuntos puestos a consideraci\u00f3n es el juez que tramita el proceso correspondiente. La Corte ha defendido este principio al advertir que el juez de tutela est\u00e1 inhabilitado, en principio, para subvertir el orden de prelaci\u00f3n de los fallos judiciales, pues tal determinaci\u00f3n hace parte de la \u00f3rbita de decisi\u00f3n del juez natural\u00bb (CC. T-945A\/08) Se resalta. <\/p>\n
As\u00ed entonces, es el funcionario encargado quien debe fijar el orden en que resolver\u00e1 los expedientes que le son asignados y s\u00f3lo cuando medien circunstancias excepcional\u00edsimas, podr\u00eda variarse ese mecanismo por esta v\u00eda, dado el car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional por la cual no se puede desplazar la competencia en ese \u00e1mbito de quien est\u00e1 habilitado para ordenar la prelaci\u00f3n de los procesos. <\/p>\n
En este punto, debe agregar esta Sala que, aunque los accionantes no aludieron de forma expresa a un perjuicio irremediable derivado de la mora judicial que denunciaron, m\u00e1s all\u00e1 de mencionar que la dilaci\u00f3n del proceso ha significado para ellos una \u00abrevictimizaci\u00f3n\u00bb, esta Sala refrendar\u00e1 lo indicado por la Hom\u00f3loga Penal, en el sentido de instar a la demandada que considere estudiar si en este caso dicha manifestaci\u00f3n permitir\u00eda revisar la posibilidad de asignar una prioridad especial a la decisi\u00f3n que la involucra en detrimento del sistema de turnos. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, ser\u00e1 la ratificaci\u00f3n de la sentencia constitucional confutada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del retraso judicial recriminado, as\u00ed como de las exculpaciones ofrecidas por la magistrada tutelada, no puede atribu\u00edrsele a una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como lo demostr\u00f3 en estas diligencias, aqu\u00e9l se explica a partir de circunstancias objetivas que justifican el contexto particular de su despacho puesto a consideraci\u00f3n, sumado a la complejidad del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 9 de noviembre de 2021. \u2013 Reparto efectuado el 11 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Por la cual se adoptan como legislaci\u00f3n permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del C\u00f3digo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongesti\u00f3n, eficiencia y acceso a la justicia <\/p>\n
3\u0002 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
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STC16140-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16140-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00563-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59693"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59693\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}