STC16143-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16143-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00518-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de octubre de 2021, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron las sociedades Ozzy S.A.S., Inversiones Jadiamar S.A.S. y Mosuma S.A.S. contra el Tribunal de Arbitramento que funcion\u00f3 en el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Medell\u00edn, conformado por los \u00e1rbitros Jos\u00e9 David Arenas Correa, Gil Miller Puyo D\u00edaz y Andr\u00e9s Felipe Vel\u00e1squez Giraldo1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las sociedades accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y defensa, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indicaron que ACR Jaramillo \u00c1ngel y c\u00eda. S. en C.S. present\u00f3 la demanda arbitral de la referencia en su contra, con fundamento en la cl\u00e1usula compromisoria contenida en el contrato de compraventa de acciones suscrito entre las partes, y aduciendo como fundamento el supuesto incumplimiento de las obligaciones derivadas de ese convenio, puntualmente, \u00abla no liquidaci\u00f3n y entrega de la parte del precio que le correspond\u00eda, producto de la venta de 50 animales de los 443 que se relacionaron en el mismo\u00bb. <\/p>\n
Relataron que, una vez notificados, \u00abprocedieron a ejercer el derecho de defensa, y en ejercicio del mismo, fueron insistentes en el sentido de alegar que de los 50 animales que pretend\u00eda la demandante le fueran liquidados, 42 de ellos ya se hab\u00edan pagado\u00bb. Lo anterior, con base en la liquidaci\u00f3n en la que consta el pago del 25% correspondiente a ACR. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1alaron que \u00absolicitaron oportunamente el decreto y pr\u00e1ctica de las siguientes pruebas: i) interrogatorio de parte al demandante, ii) testimonio del representante legal de AGROGANADERIA LAS PAMPAS, iii) pruebas documentales varias (facturas 17 y 18, correos electr\u00f3nicos referidos a la liquidaci\u00f3n de la caja y iv) una exhibici\u00f3n de documentos por parte de AGROGANADER\u00cdA LAS PAMPAS con la que se pretend\u00eda probar, entre otras cosas, c\u00f3mo se liquidaron la caja y la venta de los animales y c\u00f3mo se pagaron los mismos\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, pese a las probanzas adosadas a ese asunto, el Tribunal de Arbitramento profiri\u00f3 el laudo en el que declar\u00f3 el incumplimiento, conden\u00e1ndolas al pago de las sumas correspondientes a la liquidaci\u00f3n de 50 cabezas de ganado, junto con los intereses, la cl\u00e1usula penal y las respectivas costas y agencias en derecho. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidieron que, \u00abcon fundamento en los art\u00edculos 13 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, se tutele el derecho a la igualdad, al derecho de defensa y al debido proceso, y se deje sin efectos el laudo objeto de la tutela, con el fin que se resuelva el mismo conforme a las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La apoderada judicial de los \u00e1rbitros designados en la causa que se revisa manifest\u00f3 que \u00abel Tribunal en su discreci\u00f3n y con fundamento en el sistema de la sana cr\u00edtica, sopes\u00f3 razonadamente la totalidad del acervo probatorio y decidi\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de caja que hab\u00edan efectuado la parte demandante y la demandada, era una situaci\u00f3n independiente de la pretensi\u00f3n de liquidaci\u00f3n del ganado; adem\u00e1s, porque el problema de la liquidaci\u00f3n de caja no hac\u00eda parte de lo que estaba bajo Litis ni era entonces competencia del Tribunal Arbitral, pues dicha liquidaci\u00f3n la hab\u00eda efectuado una sociedad que no fue parte del pacto arbitral (como se evidencia en la p\u00e1gina 50 del laudo). Por otro lado, s\u00ed se tuvo en cuenta que las facturas #17 y #18 fueron previas a la fecha del negocio jur\u00eddico y por tanto no pod\u00edan ser descontadas del ganado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, explic\u00f3 que, en ese proceso, se acreditaron los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u00abHECHO OBJETIVO #1: Existi\u00f3 un contrato donde se manifest\u00f3 que exist\u00edan al d\u00eda 10 de febrero de 2017, 443 animales en el haber de una sociedad. <\/p>\n
HECHO OBJETIVO #2: Se dijo en ese contrato que se liquidar\u00eda la caja existente \u201ca ese d\u00eda\u201d. <\/p>\n
HECHO OBJETIVO #3: Las facturas #17 y #18 fueron emitidas el d\u00eda 8 de febrero de 2017, que es anterior al d\u00eda 10 de febrero de 2017. <\/p>\n
PROPOSICIONES FORMALMENTE CORRECTAS: <\/p>\n
-Las 443 cabezas de ganado no pueden estar al mismo tiempo en el inventario de ganado y en la caja. <\/p>\n
-El ganado que hubiere sido vendido antes del d\u00eda 10 de febrero de 2017, no pod\u00eda estar en el inventario de ganado del 10 de febrero de 2017. <\/p>\n
-Los ganados relacionados en facturas anteriores al 10 de febrero de 2017, no eran de aquellos que conformaban el conjunto de 443 reses. <\/p>\n
De lo que se sigue, ya como proposici\u00f3n jur\u00eddica, que: <\/p>\n
-La liquidaci\u00f3n de caja al 10 de febrero de 2017 no pod\u00eda incluir ganados que hab\u00edan sido declarados como existentes al mismo d\u00eda 10 de febrero de 2017. <\/p>\n
-Si las partes declararon que para el 10 de febrero de 2017 hab\u00eda 443 reses, para el Tribunal era razonable concluir que se trataba de animales diferentes a todos los dem\u00e1s que hab\u00edan estado involucrados en operaciones anteriores a esa fecha (v.g. a los que aparecen en las facturas #17 y #18)\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, concluy\u00f3 que \u00abel Tribunal de Arbitramento no \u00abdesconoci\u00f3\u00bb nada, porque para que algo sea desconocido primero tiene que estar probado. Las tutelantes no tienen m\u00e1s pruebas que su propia versi\u00f3n, mientras que el Laudo se funda en el contrato como Ley para las partes. La parte convocada pretendi\u00f3 mezclar el elemento \u201ccaja\u201d y el elemento \u201cganado\u201d, invocando un error al redactar el contrato, que aleg\u00f3 para tratar de modificar su propia obligaci\u00f3n, lo que no es posible a la luz del articulo 1602 del C\u00f3digo Civil en concordancia con que su comprensi\u00f3n no fue la misma del contradictor y no se invoc\u00f3 tampoco la anulabilidad de la cl\u00e1usula en las excepciones\u00bb. <\/p>\n
2. ACR Jaramillo \u00c1ngel y c\u00eda. S. en C.S. relat\u00f3 el acontecer procesal y reliev\u00f3 que \u00aben el curso del contradictorio se logr\u00f3 establecer que en la contabilidad de Agroganader\u00eda Las Pampas, en lugar de asentarse un pr\u00e9stamo de dicha sociedad a cargo de los adquirentes de las acciones, se hab\u00eda optado por implementar una maniobra contable absolutamente falaz, consistente en aprovecharse del dinero que se deb\u00eda por la compra de la tierra, para justificar el desembolso por parte de la sociedad del 25% de la caja y el 25% de las ventas de los semovientes, asunto completamente inexplicable, pues cuando se estableci\u00f3 el monto que se pag\u00f3 en dinero en efectivo, por concepto de lo que se logr\u00f3 determinar era el valor de la tierra, ya se hab\u00eda deducido de dicho monto la cuarta parte de la suma que se deb\u00eda por la compra de la tierra\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en su criterio, \u00abel Tribunal de Arbitramento apreci\u00f3 plenamente la prueba y descart\u00f3 \u00edntegramente la posibilidad de que en el contrato de venta de acciones, se incluyeran obligaciones a cargo de Agroganader\u00eda Las Pampas, que esta no ten\u00eda ni ten\u00eda por qu\u00e9 tener, siendo evidente que Agroganader\u00eda Las Pampas pag\u00f3 por quienes adquirieron las acciones parte del precio de las mismas y siendo tambi\u00e9n evidente que en los t\u00e9rminos del contrato que se celebr\u00f3, pese a existir un precio \u00fanico, resultante del dinero efectivo + 25% caja, + 25% ventas de ganado, en realidad exist\u00edan tres obligaciones dis\u00edmiles, a saber pagar dinero efectivo, liquidar y pagar caja, y vender y liquidar el 25% del precio del ganado\u00bb. <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, porque, pese a que \u00abse supera la subsidiariedad porque el ataque enfilado contra la sentencia no encaja en una de las causales previstas en la normativa para la procedibilidad del recurso de anulaci\u00f3n\u00bb, la decisi\u00f3n cuestionada se aviene razonable, en tanto \u00ablos medios de prueba que se acusan de no incluidos en la valoraci\u00f3n probatoria, no tienen ni siquiera valor de conocimiento que genere duda en cuanto al eventual pago de 42 de las 50 reses que se deben. Analizado el laudo arbitral se hace evidente la juiciosa valoraci\u00f3n probatoria y exposici\u00f3n de motivos que llevaron a concluir que no hab\u00eda prueba del pago de las 50 reses que fue lo que se persigui\u00f3 con la demanda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de las sociedades convocantes recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abla Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn decidi\u00f3 negar el amparo solicitado bajo el argumento de que en el Laudo Arbitral se realiz\u00f3 una juiciosa valoraci\u00f3n probatoria y una exposici\u00f3n de los motivos que llevaron a concluir que no hab\u00eda prueba del pago de las 50 reses que se pretend\u00edan en la demanda arbitral. Para ello se limit\u00f3 a realizar un an\u00e1lisis parcial de las pruebas omitidas por el Tribunal Arbitral en el Laudo, incurriendo en la misma omisi\u00f3n de valoraci\u00f3n probatoria que produjo la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y defensa, sin tener en cuenta, como si de una segunda instancia se tratara -y que se constituye en el objeto de la presente acci\u00f3n-, que el Tribunal de Arbitramento, sin sustento l\u00f3gico o normativo dej\u00f3 de valorar unas pruebas simplemente manifestando que no lo hac\u00eda porque proven\u00edan de un tercero que no era parte del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad arbitral incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite que se inici\u00f3 contra las entidades gestoras, por acceder al petitum de la demanda, supuestamente, incurriendo en indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Sobre la acci\u00f3n de tutela contra laudos arbitrales. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica de los laudos arbitrales para efectos de la viabilidad del resguardo, la Corte Constitucional ha establecido que \u00ab(\u2026) [estos] se equiparan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de acci\u00f3n de tutela\u00bb, en tanto \u00abeste mecanismo constitucional es procedente contra laudos arbitrales siempre que con ellos se vulneren, amenacen o afecten los derechos fundamentales de las partes o de terceros\u00bb (CC, T-055 de 2014). <\/p>\n
De igual forma, esa colegiatura ha relievado que \u00ab[e]l laudo arbitral se equipara a una sentencia judicial por cuanto pone fin al proceso y desata de manera definitiva la cuesti\u00f3n examinada. Adicionalmente, los \u00e1rbitros son investidos de manera transitoria de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, la cual, ha sido calificada legalmente como un servicio p\u00fablico, motivo por el cual, no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales est\u00e1n vinculados por los derechos fundamentales, por lo que resulta procedente la acci\u00f3n de tutela cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasi\u00f3n de un proceso arbitral\u00bb (CC, 378 de 2008). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Sala tiene decantado que, conforme ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la procedencia del amparo contra laudos arbitrales est\u00e1 sujeta al cumplimiento de los siguientes criterios: <\/p>\n
\u00ab[R]esulta indispensable puntualizar, que para determinar la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra un laudo arbitral, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica en sentencia SU-174 de 2007, fij\u00f3 una serie de reglas complementarias a las establecidas respecto a las providencias judiciales, a saber: \u00ab(1) un respeto por el margen de decisi\u00f3n aut\u00f3noma de los \u00e1rbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela e impide a \u00e9ste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela exige que se haya configurado, en la decisi\u00f3n que se ataca, una vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las v\u00edas de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los (sic) cual implica que su procedencia se circunscribe a hip\u00f3tesis de vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; y (4) el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que s\u00f3lo procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jur\u00eddico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la v\u00eda de [hecho] mediante la cual se configura la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental. En materia de contratos administrativos sobresale el recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo\u00bb (reiterada en C.C. SU-500\/15 y SU-033\/18)\u00bb (CSJ STC4490-2020, 15 jul.). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, se ha se\u00f1alado que, al verificar los enunciados requisitos, se deben tener en cuenta las caracter\u00edsticas propias del tr\u00e1mite arbitral: <\/p>\n
\u00abI. Defecto sustantivo: Se presenta cuando (i) los \u00e1rbitros fundamentan su decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, y en raz\u00f3n de ello desconocen de manera directa un derecho fundamental; (ii) el laudo carece de motivaci\u00f3n material o su motivaci\u00f3n es manifiestamente irrazonable; (iii) la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) la interpretaci\u00f3n de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y (v) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada. <\/p>\n
II. Defecto org\u00e1nico: Ocurre cuando los \u00e1rbitros carecen absolutamente de competencia para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, ya sea porque han obrado manifiestamente por fuera del \u00e1mbito definido por las partes o en raz\u00f3n a que se han pronunciado sobre materias no arbitrables. <\/p>\n
III. Defecto procedimental: Se configura cuando los \u00e1rbitros han dictado el laudo de manera completamente contraria al procedimiento establecido contractualmente o en la ley, y con ello se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n directa del derecho de defensa y de contradicci\u00f3n. Para que la mencionada irregularidad tenga la magnitud suficiente para constituir una v\u00eda de hecho, es necesario que aquella tenga una incidencia directa en el sentido de la decisi\u00f3n adoptada, de tal forma que si no se hubiera incurrido en ella se habr\u00eda llegado a una determinaci\u00f3n diametralmente opuesta. <\/p>\n
IV. Defecto f\u00e1ctico: Se presenta en aquellas hip\u00f3tesis en las cuales los \u00e1rbitros (i) han dejado de valorar una prueba determinante para la resoluci\u00f3n del caso; (ii) han efectuado su apreciaci\u00f3n probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o (iii) han fundamentado su valoraci\u00f3n de las pruebas con base en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica manifiestamente irrazonable. Para este Tribunal, es necesario que el error en la valoraci\u00f3n probatoria haya sido determinante respecto del sentido de la decisi\u00f3n finalmente definida en el laudo\u00bb (CSJ STC4490-2020, 17 jul.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en cuanto a este \u00faltimo defecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que \u00ab(\u2026) \u00abla procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias arbitrales por defecto f\u00e1ctico tambi\u00e9n requiere tener en cuenta el elemento de la voluntad del acuerdo de las partes de apartarse de la jurisdicci\u00f3n estatal y someterse a una justicia alternativa\u00bb; por lo que \u00abel an\u00e1lisis del juez de tutela sobre la actividad probatoria desplegada por el tribunal de arbitramento debe ser cuidadosa y, s\u00f3lo se activar\u00e1 la procedencia de la acci\u00f3n, ante una valoraci\u00f3n arbitraria y carente de razonabilidad del material probatorio\u00bb, de tal suerte que \u00abno cualquier omisi\u00f3n en cuanto a la valoraci\u00f3n de alguna prueba configura autom\u00e1ticamente el defecto f\u00e1ctico\u00bb (CC, SU-500 de 2015). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con observancia en las premisas que anteceden, de forma preliminar se precisa que, en el sub ex\u00e1mine, las inconformidades se circunscriben expresamente al sentido del laudo revisado y la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, por lo que se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad del resguardo, teniendo en cuenta que el fondo del asunto no es susceptible de ser analizado en el marco de las causales previstas en los recursos de anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n, las cuales comprenden \u00fanicamente aspectos formales, como ya se expuso. Sobre esa base, se procede al estudio de la resoluci\u00f3n confutada. <\/p>\n
3.2. Al verificar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Tribunal de Arbitramento, constituido para el caso de ACR Jaramillo \u00c1ngel y c\u00eda. S. en C.S. contra las sociedades inconformes, dict\u00f3 laudo estimatorio y, en consecuencia, declar\u00f3 incumplido el contrato de compraventa de acciones, condenando solidariamente a las recurrentes al pago de los dineros reconocidos, los intereses de mora, la cl\u00e1usula penal, junto con las costas y agencias en derecho, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, sobre el punto en cuesti\u00f3n, esto es, la supuesta pretermisi\u00f3n de varios elementos de convicci\u00f3n adosados al juicio, los cuales \u2013en criterio de las memorialistas\u2013 dar\u00edan cuenta de que \u00abde los 50 novillos cuya liquidaci\u00f3n se pretend\u00eda, ya se hab\u00edan incluido 42 en la liquidaci\u00f3n de la caja\u00bb, la autoridad requerida afirm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn el contrato materia del proceso tuvo por objeto la venta de la participaci\u00f3n en la sociedad -tercera a este proceso- AGROGANADERA LAS PAMPAS S.A.S., que pose\u00eda la sociedad convocante y que enajen\u00f3 en favor de las convocadas. La ajenidad de esta sociedad al contrato es palmaria desde la verificaci\u00f3n de los suscribientes y los roles en que lo hacen, como ya se se\u00f1al\u00f3 en la argumentaci\u00f3n supra, as\u00ed como a la interpretaci\u00f3n completa del contrato a la luz de las diferentes intervenciones durante las audiencias que se llevaron a cabo. <\/p>\n
En efecto, pese a que las obligaciones relativas al precio de las acciones se descompusieron, despu\u00e9s del an\u00e1lisis de las pruebas testimoniales, los interrogatorios a las partes y el texto del contrato, emana con diamantina claridad, que no se establecieron obligaciones a cargo de un tercero (sociedad AGROGANADERA LAS PAMPAS S.A.S.), obligaciones que si hubiera sido voluntad de las partes, se hubieran podido establecer expresamente con la intervenci\u00f3n y firma en el contrato de ALP, porque lejos de ser extra\u00f1as, il\u00f3gicas o ajenas a la categor\u00eda del acuerdo, se compadecer\u00edan con el mismo, pues las tres codemandadas, producto del contrato de adquisici\u00f3n de la participaci\u00f3n de las acciones, se hac\u00edan a la mayor\u00eda accionaria de la sociedad AGROGANADERA LAS PAMPAS S.A.S., incluyendo para el caso del se\u00f1or BOTERO, representante legal de la sociedad accionista de la sociedad OZZY S.A.S., el tener el control de la administraci\u00f3n tal y cual emana de las declaraciones y de los certificados de existencia y representaci\u00f3n arrimados al proceso. <\/p>\n
En tal sentido, guarda tambi\u00e9n toda l\u00f3gica, que se se\u00f1alara asumir obligaciones \u201cconjunta y solidariamente\u201d, tomando en cuenta los diferentes rubros del precio, \u00faltimos dos de los cuales -caja y participaci\u00f3n en ganado- quedar\u00edan a cargo de las sociedades compradoras de las acciones de forma solidaria conforme a lo que se repasar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
Esta manera de contraer las obligaciones no s\u00f3lo es una posible interpretaci\u00f3n, sino que es la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible para este Tribunal a la luz de diferentes pruebas y elementos de convicci\u00f3n que pasan a relatarse: <\/p>\n
\u2022 La menci\u00f3n a pagos de caja y participaci\u00f3n en ganado se hace en el ac\u00e1pite del contrato reservado para lo relativo al precio de las acciones. <\/p>\n
\u2022 No se suscribe el contrato obrando en nombre y representaci\u00f3n de AGROGANADERA LAS PAMPAS S.A.S., pese a encontrarse en la firma del mismo el se\u00f1or BOTERO quien para la fecha ostentaba la doble condici\u00f3n de representante legal de una de las accionistas compradoras y de la sociedad emisora de las acciones objeto de venta (ver supra aparte de interrogatorio del \u00e1rbitro GUILLERMO MONTOYA). <\/p>\n
\u2022 Se establece una separaci\u00f3n de las obligaciones conjuntas, que tendr\u00edan sentido por adquisici\u00f3n parcial de los paquetes accionarios y solidarias, que guarda todo el sentido por la necesidad de una garant\u00eda en el cumplimiento de los valores econ\u00f3micos a pagarse posteriormente que emanaban del acuerdo. <\/p>\n
No ocurre el error que invoca la parte demandada (en cabeza del se\u00f1or BOTERO), como un elemento que pueda viciar el contrato, ni se invoca tampoco en las excepciones de m\u00e9rito a las pretensiones de la demanda, la excepci\u00f3n propia de nulidad relativa, que debieron ser alegados en la contestaci\u00f3n si se pretend\u00edan hacer valer conforme al art. 282 del CGP. y que hace in\u00fatiles la referencias a errores en la formulaci\u00f3n del n\u00famero de cabezas de ganado como componente relativo al precio que deb\u00eda ser desestimado por el tribunal, quedando probado, con el contrato no impugnado, que el precio que corresponde a la operaci\u00f3n contractual como participaci\u00f3n en la venta del 25% de cabezas de ganado se mantiene en la cantidad de 443 cabezas independiente de si existi\u00f3 o no error en cabeza del se\u00f1or BOTERO, en condici\u00f3n de redactor del contrato, o peor a\u00fan, de un empleado de una sociedad que ni siquiera fue parte del proceso o de la disputa arbitral. En este sentido es preciso concluir que el impago de porcentajes relativos a las cabezas de ganado no s\u00f3lo es imputable a las compradoras y codemandadas, sino que constituye un evento de incumplimiento, en atenci\u00f3n a lo que se desestimar\u00e1 la excepci\u00f3n propuesta en el num. 3.1 de la contestaci\u00f3n\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n con el ajuste o reducci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal, dada la declaraci\u00f3n de incumplimiento contractual, la autoridad plante\u00f3 como problema jur\u00eddico a dirimir si la obligaci\u00f3n de pago del precio fue parcial y, de haber sido as\u00ed, cu\u00e1l ser\u00eda la consecuencia en relaci\u00f3n con la mentada cl\u00e1usula, para lo cual expuso que: <\/p>\n
\u00abTal como se establece en otro aparte de esta providencia, el Tribunal no encontr\u00f3 acreditado, ni justificado el hecho de existir un faltante en el cumplimiento de la obligaci\u00f3n del pago total del precio. Por ello se debe examinar, si ante la afirmaci\u00f3n de incumplimiento parcial que hace el Tribunal, se adeuda la cl\u00e1usula penal en todo o parte. <\/p>\n
La parte accionada expres\u00f3 en la respuesta a la demanda, que en el evento de considerar que, si faltara alguna parte del precio, se deber\u00eda aplicar lo establecido por: \u201c(\u2026) el art\u00edculo 1596 del c\u00f3digo civil que cuando hay cumplimiento de una parte de la obligaci\u00f3n, y el acreedor la acepta, el deudor tiene derecho a que se le rebaje proporcionalmente la pena estipulada\u201d. <\/p>\n
La parte actora, en el libelo inicial pretende la cl\u00e1usula penal en su totalidad y la calcula sobre la totalidad del precio seg\u00fan su estimaci\u00f3n. La parte opositora en la contestaci\u00f3n a la demanda expresa la defensa de la reducci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
Lo anterior, plantea la necesidad de decidir si es procedente y ajustada a derecho la reducci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal, por el cumplimiento proporcional de la obligaci\u00f3n relativa al precio, pues no se niega, y as\u00ed lo ha sostenido la parte actora tanto en su libelo como en sus declaraciones, que los componentes referentes al pago tasado en dinero directamente y al componente \u201ccaja\u201d, tasaci\u00f3n indirecta en dinero de un segundo factor, se encuentran claros. <\/p>\n
Diferente a lo preceptuado en materia civil en el art\u00edculo 1601 del C\u00f3digo Civil, en materia mercantil el art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio dispone que la pena no podr\u00e1 ser superior al monto de la prestaci\u00f3n adeudada. Por ello aparece de inicio que, la cuant\u00eda efectiva de la pretensi\u00f3n de adeudar, como cl\u00e1usula penal el 10% del precio total de la compraventa, ser\u00eda muy superior a la suma que faltar\u00eda para completar dicho precio. Afirmaci\u00f3n que es obvia, ante el hecho de que no se adeuda todo el valor del porcentaje de la venta del ganado, sino solo de una parte del mismo. <\/p>\n
Al considerar la \u00edndole del contrato, que es comercial, se expres\u00f3 que las obligaciones surgidas, entre ellas el precio, tambi\u00e9n eran obligaciones de comercio, por lo que se debe atender lo dispuesto por el art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio. Se puede proceder a la reducci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal en proporci\u00f3n al porcentaje de la prestaci\u00f3n ejecutada. Lo anterior en atenci\u00f3n al principio de proporcionalidad del art\u00edculo 1596 del C\u00f3digo Civil y del art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
(\u2026) El hecho de afirmarse el no pago, sin haberse presentado probanza eficaz en contra, respalda esta conclusi\u00f3n. Se presentaron apreciaciones de parte, pero no se aportaron medios de convicci\u00f3n sobre el cubrimiento completo del precio. La constituci\u00f3n en mora produce el efecto de poder instaurar las acciones originadas en el incumplimiento, entre ellas la de pretender el pago de la cl\u00e1usula penal. Por lo expresado, se debe aplicar la facultad moderadora para modificar judicialmente la pena prevista en el contrato, dado el incumplimiento parcial en el pago del precio por parte de las compradoras, tal como lo ordena el citado art\u00edculo 1596 del CC. (\u2026) <\/p>\n
En este sentido debe prosperar la excepci\u00f3n propuesta por los codemandados, y, como la parte del precio insoluta es solo una fracci\u00f3n del valor de la venta del ganado, se calcular\u00e1 el porcentaje sobre el n\u00famero de las reses que no se ha pagado a la vendedora. <\/p>\n
Para ello se partir\u00e1 del n\u00famero de reses que consta en el contrato, que fue de 443. No puede atenderse lo alegado por la parte accionada, de ocurrencia de un error en esta suma, por cuanto al firmar ambas partes expresaron su consentimiento sobre esa cifra, previa averiguaci\u00f3n,- as\u00ed lo dice el Se\u00f1or ROBERTO BOTERO en su declaraci\u00f3n.-Si dicho n\u00famero era err\u00f3neo, no se ha comprobado al Tribunal una realidad diferente, pero procesalmente solo se ha manifestado que el Gerente de ALP recibi\u00f3 esa informaci\u00f3n de existir para la venta 443 animales, a la cual se le dio el asentimiento por las compradoras y vendedora. <\/p>\n
Si el mismo representante legal, de una de las compradoras, que seg\u00fan las declaraciones aportadas fue el medio para enterarse, le dio cr\u00e9dito sin la prudente confirmaci\u00f3n, ello fue una falta de diligencia y cuidado, que no exime a las cesionarias, ni anula la obligaci\u00f3n, pues cualquier persona con m\u00ednima diligencia, deber\u00eda haber establecido fehacientemente la cantidad con exactitud, ante un negocio de mayor cuant\u00eda. Mucho m\u00e1s un hombre de negocios, que administra como gerente varias sociedades, seg\u00fan la documental obrante, sumado, adem\u00e1s a que no se invoc\u00f3 una nulidad relativa por error, y como se se\u00f1al\u00f3, no es dado a este tribunal declararla sin la solicitud de la parte demandada. <\/p>\n
Por consiguiente, no es suficiente para el Tribunal, la simple atestaci\u00f3n de haberse recibido la informaci\u00f3n y procedido a hacer figurar dicha cifra por error en el documento contractual, explicaci\u00f3n que fue expresada en d\u00eda muy posterior a la celebraci\u00f3n del contrato y solo cuando se hab\u00eda efectuado la reclamaci\u00f3n. Si un error se cometiera por simple inobservancia, esta no se vendr\u00eda a manifestar despu\u00e9s de efectuados los pagos, debi\u00f3 haberse disculpado en fecha inmediata a la firma del contrato, pero dejarlo as\u00ed, hasta la expresi\u00f3n de la queja de incumplimiento, es una actuaci\u00f3n contraria a la l\u00f3gica y al comportamiento humano que no le da credibilidad. <\/p>\n
Con lo anterior, se sustenta la no aceptaci\u00f3n a lo alegado por la defensa de las accionadas, sobre la motivaci\u00f3n o descargo de haber incurrido en el pago parcial de una parte del precio. Proceder que no se encontr\u00f3 debidamente justificado. <\/p>\n
De otro lado, en defensa de similar corte se ha asegurado que en la liquidaci\u00f3n de la caja ya estaba incluida cierta cantidad proveniente de la venta de ganados que a su vez estaban dentro de los 443 relacionados en el contrato. Sin embargo, encuentra el Tribunal que la liquidaci\u00f3n de la caja es un acto privativo de ALP, sociedad que no es parte del proceso, sobre cuyo actuar no puede pronunciarse el Tribunal, y por ende mal har\u00eda en entrar a revisar dicha liquidaci\u00f3n (siendo que por dem\u00e1s la parte actora lo dej\u00f3 por fuera de su esfera pretensional); pero paralelamente halla algo sobre lo que si puede pronunciarse, y es que las partes no modificaron el contrato de compraventa con posterioridad a la liquidaci\u00f3n de la caja, lo que hubiera sido el hecho m\u00e1s natural y previsivo, si es que una de las obligaciones var\u00eda\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
De esa manera, en lo que a este puntual embate respecta, concluy\u00f3 que \u00aben el inciso 2o de la cl\u00e1usula Tercera del contrato, se hace referencia la \u201ccaja que existe en la compa\u00f1\u00eda\u201d, es decir, a la del d\u00eda 10 de febrero de 2017 y no a la del d\u00eda en dicha liquidaci\u00f3n deb\u00eda realizarse (el 15 de febrero de 2017, seg\u00fan se\u00f1alaron las mismas partes). No hay referencia al valor econ\u00f3mico de la caja en el futuro, o sea, m\u00e1s all\u00e1 de la fecha del contrato, si no en esa precisa fecha en que se suscribi\u00f3. De igual modo, rep\u00e1rese que la regulaci\u00f3n del asunto de la caja y de las cabezas de ganado se hizo en forma independiente y no hay cl\u00e1usula contractual que se\u00f1ale una interdependencia entre las dos\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de las censoras no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquellas frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El \u00faltimo de los citados reemplaz\u00f3 al doctor Guillermo Montoya P\u00e9rez (q.e.p.d.), dado su deceso durante el tr\u00e1mite de la controversia que se verifica. <\/p>\n
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STC16143-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16143-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00518-01 (Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59696","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59696\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}