STC16183-2021<\/p>\n
<\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez ponente <\/p>\n
STC16183-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00278-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Est\u00e1 llamada la Sala de Casaci\u00f3n Civil, conformada por conjueces en raz\u00f3n de los impedimentos aceptados por Auto ATC1637-2021 de fecha veintisiete (27) de Octubre de 2021, a resolver la impugnaci\u00f3n presentada por la se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, frente a la decisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela proferida por la SALA CIVIL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL PEREIRA \u2013 TSP. ST1-0266-2021 de fecha 23 de Julio de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
II. ACTUACI\u00d3N PROCESAL <\/p>\n
La ciudadana PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO solicita se revoque el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con ponencia del Honorable Magistrado CARLOS MAURICIO GARC\u00cdA BARAJAS, providencia ST1-0266-2021 de fecha 23 de julio de 2021, en cuya parte motiva se expresa la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la accionante el d\u00eda ocho (08) de Julio de 2021 contra el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA. <\/p>\n
Dicha tutela ten\u00eda como supuesto de hecho la consideraci\u00f3n de la accionante de la clara violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales relacionados con el n\u00facleo esencial de la propiedad privada en su \u00e1mbito irreductible de protecci\u00f3n en relaci\u00f3n con la dignidad humana, el debido proceso, y la seguridad jur\u00eddica; estudiado el expediente de amparo el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, consider\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela impetrada por la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, no estaba llamada a prosperar por cuanto se configuraba el supuesto de duplicidad de acciones. <\/p>\n
Una vez notificada dicha decisi\u00f3n, y dentro de la oportunidad legal presenta impugnaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico. Surtido el tr\u00e1mite respectivo, la s\u00faplica fue repartida el d\u00eda 03 de agosto de 2021 al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO quien con auto de fecha 30 de Agosto de 2021 se declar\u00f3 impedido para darle curso. El impedimento se funda en que las cr\u00edticas expuestas por la accionante en la impugnaci\u00f3n que debe resolverse resultan extensivas a lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil en fallo del pasado 17 de julio (STC7120-2021), en cuya discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n particip\u00f3. <\/p>\n
Posteriormente, mediante autos de 01, 06, 09, 16 y 20 de septiembre respectivamente, los Magistrados LUIS ALONSO RICO PUERTA, OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE, FRANCISCO TERNERA BARRIOS, LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA y \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO, y por auto de fecha 01 de Octubre la Magistrada HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA, con sustento en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y por haber participado en la Sala en la cual fue proferida la rese\u00f1ada providencia STC7120-2021 de fecha 17 de junio de 2021, manifestaron separarse de la presente tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Efectuado el sorteo de conjueces con oficio OSSCC-T N\u00b0 00680 del 05 de Octubre de 2021, fue sorteada como Conjuez Ponente a MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA, quien notificada acept\u00f3 el encargo. A continuaci\u00f3n la Sala integrada en su totalidad por Conjueces, admiti\u00f3 los impedimentos presentados por los Honorables Magistrados de Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Como prueba para mejor proveer por Auto interlocutorio de fecha cinco (05) de noviembre de 2021 la conjuez ponente solicit\u00f3 a la Registradur\u00eda Delegada para el Registro Civil \u201c(\u2026) copia de los documentos que sirvieron de base para la expedici\u00f3n de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 29.264.190 expedida a nombre de la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con Oficio de fecha nueve (09) de noviembre de 2021 el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil responde el requerimiento realizado y aporta la informaci\u00f3n sobre la \u00e9poca de expedici\u00f3n de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda de la accionante, su renovaci\u00f3n y los soportes que reposan en la base de datos central de la entidad, en donde consta que la accionante PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, portadora de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 29.264.190 expedida en El Retiro (Antioquia), naci\u00f3 el d\u00eda 30 de agosto de 1934 en El Retiro (Antioquia), es hija de JES\u00daS ARIAS e ISABEL L\u00d3PEZ. <\/p>\n
Los datos de la Registraduria en lo relacionado con lugar y fecha de nacimiento y sus progenitores, coinciden con la copia escaneada de la partida de bautismo corregida expedida por la Di\u00f3cesis de Sons\u00f3n \u2013 Rionegro, de fecha 23 de octubre de 2018, en la cual se lee que la persona bautizada se llama PIEDAD ELISA AR\u00cdAS L\u00d3PEZ, nacida el d\u00eda 30 de agosto de 1934 en El Retiro (Antioquia), hija leg\u00edtima de JES\u00daS ARIAS e ISABEL L\u00d3PEZ. <\/p>\n
III. HECHOS RELEVANTES DEL EXPEDIENTE. <\/p>\n
1 \u2013La Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, ciudadana colombiana, nacida el 30 de agosto de 1934, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 29.264.190 expedida en Buga, fue designada legataria por su hermana AMPARO ARIAS DE FAJURY, en los t\u00e9rminos del Testamento p\u00fablico o nuncupativo contenido en la escritura p\u00fablica 2763 del 26 de octubre de 2004 otorgada en la Notar\u00eda 6\u00aa del C\u00edrculo de Pereira. <\/p>\n
2 \u2013 En la cl\u00e1usula cuarta del mencionado testamento se lee textualmente: \u201c(\u2026) Es mi voluntad la de instituir como HEREDEROS UNIVERSALES de mis bienes a las siguientes personas: -A mi hermana, Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 29.264.190 expedida en Buga, la NUDA PROPIEDAD; y a mi c\u00f3nyuge, Se\u00f1or ANTONIO FAJURY HENAO, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 82682 de Bogot\u00e1, el USUFRUCTO de los bienes de que sea titular al momento de mi fallecimiento, o los que me correspondan o puedan corresponder como adjudicataria en el proceso de sucesi\u00f3n de mi Se\u00f1ora madre ISABEL L\u00d3PEZ DE ARIAS (\u2026)\u201d. Negrillas fuera del texto original. <\/p>\n
3 \u2013 Correspondi\u00f3 al JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA conocer el proceso de sucesi\u00f3n testada de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY, actuaci\u00f3n procesal identificada con n\u00famero de radicaci\u00f3n 66001-3110-003-2006-00462-0. <\/p>\n
4 \u2013 Dentro del tr\u00e1mite procesal el Juzgado de conocimiento solicit\u00f3 a la accionante aportar la partida de bautismo como medio probatorio para acreditar parentesco con la causante. En dicho documento expedido por la Arquidi\u00f3cesis de Sons\u00f3n \u2013 Rionegro el nombre de la bautizada es ELISA ARIAS L\u00d3PEZ. <\/p>\n
5 \u2013 Agotado el procedimiento el JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA con Sentencia SN de fecha 01 de agosto de 2007 adjudic\u00f3 la nuda propiedad de inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 290-102062 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pereira a la Se\u00f1ora ELISA ARIAS DE RESTREPO, tal como consta en la anotaci\u00f3n N\u00b0 003 de fecha 12 de febrero de 2008 radicaci\u00f3n n\u00famero 2008-290-6-3262 del mencionado folio de matr\u00edcula inmobiliaria, anotaci\u00f3n en la cual s\u00f3lo aparece el nombre de la nuda propietaria ELISA ARIAS DE RESTREPO, sin se\u00f1alar en ninguna parte del cuerpo del folio de matr\u00edcula inmobiliaria el n\u00famero de documento de identidad correspondiente y que claramente se encuentra contenido en la escritura p\u00fablica 2763 del 26 de octubre de 2004 otorgada en la Notar\u00eda 6\u00aa del C\u00edrculo de Pereira. <\/p>\n
7 \u2013 PRIMERA PETICI\u00d3N: Una vez fallecido el usufructuario ANTONIO FAJURY HENAO, y cancelada por voluntad de las partes dicha limitaci\u00f3n al derecho de dominio, como consta en anotaci\u00f3n 007 de fecha nueve (09) de abril de 2013 Radicaci\u00f3n 2013-290-6-6561 del certificado de tradici\u00f3n correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria 290-102062 expedido por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Pereira, se hace evidente la dificultad para la disposici\u00f3n del bien inmueble por parte de la legataria, y en 2017 eleva petici\u00f3n al JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA para que se aclarara la situaci\u00f3n derivada de la inconsistencia entre su nombre en la inicial partida de bautismo y su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda; en concreto solicit\u00f3 que se aclare el problema derivado de su nombre y se certifique que ella es quien tiene la calidad de heredera y legataria en la sucesi\u00f3n de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY. <\/p>\n
8 \u2013 Ante esta solicitud de aclaraci\u00f3n el Juzgado por Auto N\u00b0 1894 de fecha 07 de diciembre de 2017 neg\u00f3 lo solicitado con respecto al nombre y la certificaci\u00f3n solicitada por cuanto: \u201c(\u2026) No obra prueba dentro de las diligencias que infieran que la Se\u00f1ora ELISA ARIAS DE RESTREPO es la misma PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, toda vez que la partida de bautismo que se aport\u00f3 con la solicitud de apertura de la sucesi\u00f3n, con la cual se acredit\u00f3 el parentesco con la causante se puede leer que la ac\u00e1 interesada se llama ELISA ARIAS L\u00d3PEZ, es decir, en ninguna parte tiene el nombre de PIEDAD, por lo tanto como el juez s\u00f3lo puede expedir certificaciones sobre hechos ocurridos en su presencia, y aqu\u00ed no est\u00e1 demostrado que el nombre completo de la heredera sea PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, no se acceder\u00e1 a la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n, ni la aclaraci\u00f3n solicitada por lo anteriormente expuesto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9 \u2013 SEGUNDA PETICI\u00d3N: En el a\u00f1o 2018 nuevamente la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO eleva solicitud en el mismo sentido de aclarar lo relacionado con su nombre en la sentencia de adjudicaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de su hermana AMPARO ARIAS DE FAJURY, con auto 599 de fecha 09 de mayo de 2018 el JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA: \u201c(\u2026) ratifica lo decidido y no accede a la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n, ni a la aclaraci\u00f3n solicitada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
10 \u2013 La accionante gestiona la aclaraci\u00f3n de su nombre en la partida eclesi\u00e1stica y aporta al expediente digital copia de una partida de bautismo corregida por la Arquidi\u00f3cesis de Sons\u00f3n-Rionegro de fecha 23 de octubre de 2018, donde se aclara que el nombre correcto de la bautizada es PIEDAD ELISA ARIAS L\u00d3PEZ, nacida el 30 de agosto de 1934 en el municipio de El Retiro (Antioquia), hija leg\u00edtima de JES\u00daS ARIAS e ISABEL L\u00d3PEZ. <\/p>\n
11 \u2013 TERCERA PETICI\u00d3N: Obra en el expediente digital un escrito aportado por la accionante, fechado 23 de febrero de 2019, en el cual la apoderada de la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO solicita al JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA desarchivar el proceso de sucesi\u00f3n testada de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY, al cual correspondi\u00f3 el n\u00famero de radicaci\u00f3n 66001-3110-003-2006-00462-0, y tener en cuenta el n\u00famero de identificaci\u00f3n que obra en el expediente, aclarar el nombre de la legataria y certificar que quien funge como \u00fanica heredera y legataria en la sucesi\u00f3n en cuesti\u00f3n es PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, portadora de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 29.264.190 y adjunta la partida de bautismo debidamente corregida por la autoridad eclesi\u00e1stica donde se lee que la persona bautizada es PIEDAD ELISA ARIAS L\u00d3PEZ, que corresponde al nombre de soltera de la accionante1. <\/p>\n
12 \u2013 PRIMERA TUTELA: Por considerar la accionante que el JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA nunca respondi\u00f3 concretamente el derecho de Petici\u00f3n del 23 de febrero del a\u00f1o 2019, radicado el 25 de febrero del 2019, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el se\u00f1alado Juzgado, acci\u00f3n constitucional que fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – SALA DE DECISI\u00d3N CIVIL FAMILIA, fallo de fecha diecinueve (19) abril de dos mil veintiuno (2021) – ST1-0096-2021 Expediente No. 66001-22-13-000-2021-00084-00, en el cual se niega por improcedente el amparo solicitado como quiera que quien promovi\u00f3 el amparo carece de legitimaci\u00f3n en la causa, al haber acudido a este medio con sustento en poder general y no haberse acreditado circunstancia alguna que avale la agencia oficiosa. <\/p>\n
13 \u2013 SEGUNDA TUTELA: Ante la decisi\u00f3n anterior la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO presenta nueva acci\u00f3n de tutela ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA contra el JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA para que se amparen sus derechos de petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso; y, se ordene al JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA, brindar una respuesta de fondo a la petici\u00f3n del 23 de febrero de 2019, hacer cesar la indefinici\u00f3n sobre el derecho de dominio del inmueble adjudicado, as\u00ed como tambi\u00e9n brindar respuesta de fondo a una petici\u00f3n elevada previamente y certificar que funge como heredera y legataria en esa causa. <\/p>\n
Correspondi\u00f3 al TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA la decisi\u00f3n sobre este amparo constitucional, y con Sentencia TSP.ST1-0137-2021 de fecha doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021), consider\u00f3 que de las pruebas que obran en el expediente aportadas por el juzgado accionado se tiene que, no existe constancia que la accionante haya elevado petici\u00f3n alguna el 23 de febrero de 2019; en consecuencia, no se advierte que la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas ha tenido lugar y, por lo tanto, debe declararse improcedente el amparo implorado, comoquiera que, en el asunto objeto de debate, no se ha presentado la conducta reprochada, es decir, es inexistente acci\u00f3n u omisi\u00f3n en tal sentido. Aunado a lo anterior, el Tribunal considera que el amparo constitucional invocado tambi\u00e9n se torna improcedente por ausencia del requisito de inmediatez, pues si la demandante consider\u00f3 afectados sus derechos fundamentales con los autos del 1\u00b0 y 7 de diciembre de 2017, y 9 de mayo 2018, ha debido acudir ante los jueces constitucionales dentro de un t\u00e9rmino razonable en busca de su protecci\u00f3n. Empero, permiti\u00f3 que transcurrieran casi tres (3) a\u00f1os para instaurarla y ese pasivo comportamiento permite inferir el desinter\u00e9s de su parte en lograr un amparo oportuno <\/p>\n
14 \u2013 La anterior decisi\u00f3n fue notificada por correo electr\u00f3nico el d\u00eda 12 de mayo de 2021 a las 10:43 a.m., la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, presenta impugnaci\u00f3n v\u00eda correo electr\u00f3nico el d\u00eda 18 de ese mes a las 4:39 p.m.; La SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA en auto de 20 de mayo del a\u00f1o en curso rechaz\u00f3 la alzada por extempor\u00e1nea, tras considerar que debi\u00f3 formularse a m\u00e1s tardar el 18 de mayo a las 4:00 p.m., teniendo en cuenta que hasta esa hora estaba habilitada la prestaci\u00f3n del servicio seg\u00fan el Acuerdo No. CSJRIA20-58 de 17 de junio de 2020, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. Frente a esta decisi\u00f3n, en esta oportunidad la accionante solicita el amparo constitucional frente al Tribunal accionado al considerar que dicha Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al negar la impugnaci\u00f3n presentada, por cuanto ignor\u00f3 que su protesta fue oportuna, con sujeci\u00f3n a los art\u00edculos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, am\u00e9n de quebrantar precedentes constitucionales (Autos 558 y 217 de 2018) y los preceptos 59 y 60 de la Ley 4\u00b0 de 1913, disposiciones que: \u00abse\u00f1alan que los t\u00e9rminos de d\u00edas o meses se entender\u00e1n fenecidos hasta la media noche del \u00faltimo d\u00eda del plazo procesal\u00bb. <\/p>\n
Con providencia de STC7120-2021 de fecha 17 de junio de 2021 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela instaurada contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, pues \u201c (\u2026) el ruego incoado por Piedad Elisa Arias de Restrepo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por carecer del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el resultado objetado todav\u00eda no es sometido a selecci\u00f3n por la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, motivo que impide a esta Colegiatura evaluar anticipadamente las secuelas del procedimiento seguido por los jueces de instancia, ya que aquel es el escenario id\u00f3neo para ventilar cualquier inconformidad, puesto que sobre la materia (\u2026.)\u201d. En consecuencia, no concurre uno de los supuestos que el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional ha establecido, es decir \u201cque no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u201d. Y concluye que se encuentran abiertas las v\u00edas de revisi\u00f3n de tutela de la Honorable Corte Constitucional y la insistencia en procura de lograr la revisi\u00f3n eventualmente negada. <\/p>\n
15 \u2013 TERCERA TUTELA: Con documento fechado 08 de julio de 2021 la se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, presenta acci\u00f3n de amparo contra el JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA por considerar que se encuentran violados sus derechos fundamentales relacionados con el n\u00facleo esencial del derecho de propiedad y su protecci\u00f3n en relaci\u00f3n con la dignidad humana, el derecho a la seguridad jur\u00eddica, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso. <\/p>\n
Informa que es la tercera vez que invoca el amparo constitucional y justifica esta nueva acci\u00f3n de tutela pues el en el caso concreto, no existe, ni ha existido un pronunciamiento de fondo por parte de los Jueces Constitucionales, en relaci\u00f3n con los elementos facticos o jur\u00eddicos que dieron lugar a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, en consecuencia no hay cosa juzgada, pues no se ha dado fallo de segunda instancia y durante este tiempo de acciones frente a la administraci\u00f3n de justicia surgieron circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas adicionales, tales como que fu\u00e9 diagnosticada con la enfermedad de ALZHEIMER y adem\u00e1s solicita la protecci\u00f3n del derecho a la propiedad privada en su \u00e1mbito irreductible de protecci\u00f3n en relaci\u00f3n con la dignidad humana entre otros, vulneraci\u00f3n que persiste a lo largo del tiempo y en la actualidad. <\/p>\n
El TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA \u2013 SALA CIVIL FAMILIA, con providencia TSP.ST1-0266-2021 de fecha 23 de Julio de 2021 declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela presentada por cuanto las mismas partes concuerdan en manifestar que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica discutida ya se ha debatido en sede constitucional. La primera de ellas fue decidida por fallo del 19 abril de 2021, en el que se declar\u00f3 improcedente el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa ya que no fue promovido por PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, sino por una tercera persona que carec\u00eda de las debidas facultades de representaci\u00f3n, mandato o agencia oficiosa. La segunda tambi\u00e9n fue declarada improcedente pero por estas razones: \u201c\u2026 se tiene que, no existe ninguna prueba de que la accionante haya elevado petici\u00f3n alguna el 23 de febrero de 2019\u2026 Vistas as\u00ed las cosas, se advierte que la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas no ha tenido lugar y, por lo tanto, debe declararse improcedente el amparo implorado, comoquiera que, en el asunto objeto de debate, no se ha presentado la conducta reprochada, es decir, es inexistente acci\u00f3n u omisi\u00f3n en tal sentido\u2026 Aunado a lo anterior, el presente amparo constitucional tambi\u00e9n se torna improcedente por ausencia del requisito de inmediatez (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La parte actora reconoce tal situaci\u00f3n, pero pretende hacer valer circunstancias para propiciar un nuevo debate en sede de tutela. La citada se\u00f1ora indica que el hecho de haber sido diagnosticada con Alzheimer constituye una situaci\u00f3n f\u00e1ctica nueva respecto de los anteriores procesos de tutela. Empero, no se evidencia como tal patolog\u00eda puede llegar a variar la cuesti\u00f3n de tal manera que genere un estudio diferente del asunto. Distinto ser\u00eda que ella hubiera alegado tal estado cl\u00ednico para flexibilizar el estudio de subsidiariedad de la primera instancia, pero adem\u00e1s ello ha debido ser alegado ante el despacho que conoci\u00f3 la primera acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 y no ahora para habilitar un nuevo estudio constitucional. Lo mismo se puede decir frente al argumento de la permanencia de la lesi\u00f3n en el tiempo, pues, baste indicar, que si esa supuesta vulneraci\u00f3n es la misma a la que dio lugar a la primera tutela, ning\u00fan debate adicional se puede realizar al respecto. Al margen de que el proceso sea o no objeto de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, tr\u00e1mite que califica la actora de aleatorio, lo que se debe verificar en estos casos es si existen motivos suficientes para emitir un nuevo fallo de tutela, los que aqu\u00ed no concurren (\u2026)\u201d. <\/p>\n
16. Notificada dicha decisi\u00f3n, y dentro de la oportunidad legal se presenta impugnaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico. Surtido el tr\u00e1mite respectivo, la s\u00faplica fue repartida el d\u00eda 03 de agosto de 2021 al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO quien con auto de fecha 30 de agosto de 2021 se declar\u00f3 impedido para darle curso. Lo anterior, puesto que informa que las cr\u00edticas expuestas por la accionante en la impugnaci\u00f3n que debe resolverse resultan extensivas a lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil en fallo del pasado 17 de julio (STC7120-2021), en cuya discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n particip\u00f3 y cuyo estudio es hoy el objeto de esta providencia. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1 \u2013 REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCI\u00d3N DE TUTELA: El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de tutela ante los jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales cuando, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p\u00fablica o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, si existe, cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar la materializaci\u00f3n de un perjuicio de car\u00e1cter irremediable. <\/p>\n
Escrutado atentamente el libelo y las providencias proferidas en sede constitucional, as\u00ed como las respuestas allegadas por la autoridad judicial convocada, se observa que la actora cuestiona en esta ocasi\u00f3n el fallo de proferido por la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, providencia TSP.ST1-0266-2021 del 23 de Julio de 2021, mediante el cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de amparo impetrada contra el JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA por duplicidad de acciones y ausencia del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Considera en su impugnaci\u00f3n la accionante que se mantiene en el tiempo la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales relacionados con el n\u00facleo esencial del derecho de propiedad y su protecci\u00f3n en relaci\u00f3n con la dignidad humana, el derecho a la seguridad jur\u00eddica, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto se debe valorar que en ning\u00fan momento los Jueces han resuelto el fondo de su solicitud, ni han valorado los elementos f\u00e1cticos y probatorios que la han obligado a acudir a la v\u00eda del amparo constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, insiste en que se aclare el nombre que obra en el expediente del proceso de sucesi\u00f3n testada de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY, al cual correspondi\u00f3 el n\u00famero de radicaci\u00f3n 66001-3110-003-2006-00462-0. <\/p>\n
Analizado lo solicitado por la accionante y la motivaci\u00f3n de la providencia impugnada, debemos realizar las siguientes precisiones sobre los presupuestos formales de la inmediatez y la subsidiariedad en los casos de acciones de amparo constitucional y su aplicaci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Inmediatez: El requisito de la Inmediatez es uno de los principios que rigen la procedencia de la acci\u00f3n de tutela. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene t\u00e9rmino de caducidad2, su interposici\u00f3n debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo3, bajo el entendido que su raz\u00f3n de ser es la protecci\u00f3n inmediata y urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la acci\u00f3n de tutela se puede interponer \u201cen todo momento y lugar\u201d y, por ende, no tiene t\u00e9rmino de caducidad4. No obstante, lo anterior si bien no existe un t\u00e9rmino de caducidad para presentar la acci\u00f3n de tutela, de su naturaleza como mecanismo para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d5 de los derechos fundamentales, se puede establecer que su finalidad es la de dar una soluci\u00f3n de car\u00e1cter urgente a las situaciones que tengan la potencialidad de generar una vulneraci\u00f3n o amenaza a derechos fundamentales. <\/p>\n
Por lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado que debe existir una correlaci\u00f3n entre el elemento de inmediatez, que es consustancial a la acci\u00f3n de tutela, y el deber de interponer este recurso judicial en un t\u00e9rmino justo y oportuno, es decir, que la acci\u00f3n deber\u00e1 ser interpuesta dentro de un t\u00e9rmino razonable desde el momento en el que se present\u00f3 el hecho u omisi\u00f3n generadora de la vulneraci\u00f3n6; razonabilidad que se deber\u00e1 determinar tomando en consideraci\u00f3n las circunstancias de cada caso concreto. <\/p>\n
Dicho principio de inmediatez fue desarrollado inicialmente en la sentencia SU-961 de 19997, en la cual la Corte Constitucional reiter\u00f3 que, si bien por regla general el juez constitucional no puede rechazar la acci\u00f3n de tutela por razones relacionadas con el paso del tiempo, por cuanto \u00e9sta no tiene t\u00e9rmino de caducidad, lo cierto es que la naturaleza propia de esta acci\u00f3n constitucional infiere que la misma debe presentarse dentro de un plazo razonable: <\/p>\n
\u201cTeniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un t\u00e9rmino de caducidad no puede significar que la acci\u00f3n de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo est\u00e1 determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez est\u00e1 encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. <\/p>\n
Si bien el t\u00e9rmino para interponer la acci\u00f3n de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de verificar cu\u00e1ndo \u00e9sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando \u00e9stas proveen una protecci\u00f3n eficaz, impide que se conceda la acci\u00f3n de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta \u00faltima acci\u00f3n durante un t\u00e9rmino prudencial, debe llevar a que no se conceda.\u201d8 (Subrayas fuera del texto original) <\/p>\n
No obstante, existen eventos en los que prima facie puede considerarse que la acci\u00f3n de tutela carece de inmediatez y en consecuencia es improcedente, pues ha transcurrido demasiado tiempo entre la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales y la presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo. <\/p>\n
En estos casos, el an\u00e1lisis de procedibilidad excepcional de la petici\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional se torna mucho m\u00e1s estricto y est\u00e1 condicionado a la verificaci\u00f3n de los siguientes presupuestos9: i) la existencia de razones v\u00e1lidas y justificadas de la inactividad procesal, como podr\u00edan ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en un t\u00e9rmino razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo10, entre otros; ii) cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es continua y actual; iii) la carga de la interposici\u00f3n de la solicitud de amparo en un determinado plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situaci\u00f3n de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra, contraria a la obligaci\u00f3n de trato preferente conforme al art\u00edculo 13 Superior. <\/p>\n
A partir de los eventos expuestos anteriormente, los cuales, por supuesto no son taxativos, el juez constitucional podr\u00e1 valorar el caso concreto para establecer si la acci\u00f3n es procedente, aun cuando hubiese inactividad del accionante durante un tiempo considerable con respecto al momento en el que se gener\u00f3 el hecho presuntamente vulneratorio de sus derechos fundamentales. De acuerdo con lo anterior, para declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por carencia de inmediatez, no basta con comprobar que ha transcurrido un periodo considerable desde la ocurrencia de los hechos que motivaron su presentaci\u00f3n hasta la interposici\u00f3n del recurso, sino que, adem\u00e1s, es determinante que el juez valore si la tardanza en el ejercicio de la acci\u00f3n tuvo origen en razones jur\u00eddicamente v\u00e1lidas que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, de tal forma que, en caso de que concurran estos eventos, el amparo constitucional ser\u00eda procedente y la acci\u00f3n se entender\u00eda interpuesta dentro de un t\u00e9rmino razonable. <\/p>\n
En el caso concreto se tiene por acreditado el cumplimiento del requisito de inmediatez en tanto: <\/p>\n
1 – Si bien existe un lapso de tiempo considerable entre el momento en que se gener\u00f3 la afectaci\u00f3n del derecho fundamental a la propiedad privada por parte de la entidad accionada, esto es desde que se present\u00f3 la primera negativa de aclaraci\u00f3n y modificaci\u00f3n de la providencia proferida en el marco del proceso de sucesi\u00f3n testada de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY (esto es el a\u00f1o 2017), no es menos cierto que la actora ha desplegado un sin n\u00famero de actuaciones administrativas ante el Juzgado accionado y ante la autoridad parroquial con el fin de obtener la cesaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. Lo anterior acredita la diligencia de la peticionaria con el fin de obtener una soluci\u00f3n pronta y oportuna a la situaci\u00f3n que da origen a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2 – Adicionalmente, se tiene que la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante se mantiene en el tiempo, de forma tal que resulta continua y actual, pues si bien el error en el nombre de la accionante data de hace a\u00f1os, las consecuencias de \u00e9ste en el ejercicio del derecho a la propiedad privada de la actora y su repercusi\u00f3n en la vida digna se mantienen a la fecha. <\/p>\n
3 – Finalmente, en relaci\u00f3n con este aspecto, vale la pena destacar las especiales circunstancias de vida de la peticionaria, quien cuenta con 87 a\u00f1os, precaria situaci\u00f3n de salud y calidad de vida y sin sustento suficiente para solventar sus necesidades, tal como en varios de sus escritos ha expuestos a los Jueces de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
En ese orden de ideas, resulta di\u00e1fano concluir que, en el caso concreto nos encontramos ante los supuestos se\u00f1alados por la Corte Constitucional que permiten acreditar el cumplimiento de requisitos de inmediatez, no obstante, la existencia de un plazo prolongado entre la ocurrencia del hecho generador de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela objeto de estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Subsidiariedad: El principio de subsidiariedad, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, implica que la acci\u00f3n de tutela solo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n, la Corte ha se\u00f1alado que: \u201c(\u2026) permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protecci\u00f3n judicial, como dispositivos leg\u00edtimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos(\u2026)\u201d11. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situaci\u00f3n que estimen lesiva de sus derechos. <\/p>\n
En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situaci\u00f3n que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como v\u00eda preferente o instancia judicial adicional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acci\u00f3n de tutela, debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad12: <\/p>\n
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es id\u00f3neo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial id\u00f3neo, \u00e9ste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la segunda hip\u00f3tesis, cabe anotar que su prop\u00f3sito no es otro que el de conjurar o evitar una afectaci\u00f3n inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la protecci\u00f3n que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo dispone el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, el cual indica: \u201c[e]n el caso del inciso anterior, el juez se\u00f1alar\u00e1 expresamente en la sentencia que su orden permanecer\u00e1 vigente s\u00f3lo durante el t\u00e9rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n instaurada por el afectado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dicha excepci\u00f3n al requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectaci\u00f3n inminente del derecho -elemento temporal respecto del da\u00f1o-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectaci\u00f3n del derecho-; y (iv) el car\u00e1cter impostergable de las medidas para la efectiva protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en riesgo14. <\/p>\n
Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluaci\u00f3n de la idoneidad de estos en el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este an\u00e1lisis debe ser sustancial y no simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la acci\u00f3n puede proceder de forma definitiva. <\/p>\n
De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protecci\u00f3n constitucional, como ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, personas cabeza de familia, en situaci\u00f3n de discapacidad, de la tercera edad o poblaci\u00f3n desplazada, entre otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a trav\u00e9s de criterios de an\u00e1lisis m\u00e1s amplios, pero no menos rigurosos15. <\/p>\n
En el caso en concreto se tiene en primer lugar, que la acci\u00f3n de tutela es interpuesta por una ciudadana que cuenta con 87 a\u00f1os y serias dificultades de salud y calidad de vida. <\/p>\n
As\u00ed mismo, nuestro ordenamiento jur\u00eddico no instituye un proceso espec\u00edfico o instancia procesal alguna encaminada a obtener la aclaraci\u00f3n de su nombre en el proceso de sucesi\u00f3n debidamente terminado, producto de errores en documentos expedidos por las autoridades eclesi\u00e1sticas que en los t\u00e9rminos de la Ley 92 de 1938 eran los encargados de llevar el registro civil de las personas. Es decir, que la accionante no cuenta en estos momentos con posibilidad de acci\u00f3n alguna diferente a la acci\u00f3n de tutela para que se resuelva de manera integral la situaci\u00f3n que genera la afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Adicionalmente, se destaca que la peticionaria ha ejercido una serie de actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a obtener el restablecimiento de sus derechos, sin que ninguna de ellas haya prosperado, precisamente porque el juez accionado considera que no existe instancia procesal que lo faculte para acceder a lo pretendido por la accionante. <\/p>\n
Lo anterior permite advertir el deber de diligencia de la accionante y la imposibilidad de que sea resuelta su situaci\u00f3n en uso de los mecanismos ordinarios de defensa, lo que, aunado a la edad de la peticionaria, permite concluir que la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en el caso concreto. <\/p>\n
2 \u2013 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOLUCRADOS Y LA IMPORTANCIA DE SU PROTECCI\u00d3N: <\/p>\n
Considera la accionante que en su situaci\u00f3n concreta la decisi\u00f3n impugnada es violatoria del n\u00facleo esencial del derecho de propiedad (art\u00edculo 58 de la C.P.) y su protecci\u00f3n en relaci\u00f3n con la dignidad humana, el derecho a la seguridad jur\u00eddica (pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1, 2, 4, 5 y 6 de la C.P., entre otros), el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculo 229 de la C.P.) y el debido proceso (art\u00edculo 29 de la C.P.) <\/p>\n
a) El n\u00facleo esencial del derecho de propiedad y su relaci\u00f3n con la dignidad humana: Sobre el particular vale la pena precisar que el derecho de propiedad desde su dimensi\u00f3n objetiva o Institucional, implica el estudio de las formas como cada Estado en diferentes momentos hist\u00f3ricos organiza su econom\u00eda, y considera que debe tener una mayor o menor intervenci\u00f3n en la regulaci\u00f3n de la circulaci\u00f3n de bienes y en los mercados en general; por su parte la propiedad privada en su dimensi\u00f3n subjetiva permite regular las diferentes formas de adquirir y circular de los bienes, regular el tr\u00e1fico comercial de los mismos y permitir a los particulares realizar sus proyectos de vida. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha analizado la figura de la propiedad privada consagrada en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y ha afirmado que el se\u00f1alado texto constitucional contiene seis principios que delimitan el contenido del derecho de propiedad16: \u201c(\u2026) i) la garant\u00eda a la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles[5]; ii) la protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de formas asociativas y solidarias de propiedad[6]; iii) el reconocimiento del car\u00e1cter limitable de la propiedad[7]; iv) las condiciones de prevalencia del inter\u00e9s p\u00fablico o social sobre el inter\u00e9s privado[8]; v) el se\u00f1alamiento de su funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica[9]; y, vi) las modalidades y los requisitos de la expropiaci\u00f3n\u201d[10]. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia para la Corte Constitucional: \u201c(\u2026) el ejercicio del derecho a la propiedad privada de personas naturales y jur\u00eddicas no puede ser objeto de restricciones irrazonables o desproporcionadas que se traduzcan en el desconocimiento del inter\u00e9s leg\u00edtimo que le asiste al propietario de obtener una utilidad econ\u00f3mica sobre sus bienes, y de contar con las condiciones m\u00ednimas de goce y disposici\u00f3n[11]. No obstante, tambi\u00e9n ha sido enf\u00e1tica al sostener que el derecho a la propiedad privada solo puede ser amparado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela de forma excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) En un primer momento de la jurisprudencia, la Corte catalogaba el derecho a la propiedad privada de acuerdo con su ubicaci\u00f3n en la Constituci\u00f3n, espec\u00edficamente en el cap\u00edtulo 2 del t\u00edtulo segundo sobre los derechos, las garant\u00edas y los deberes, que recibi\u00f3 el nombre \u201cde los derechos sociales, econ\u00f3micos y culturales\u201d. A su turno, consideraba que los derechos sociales eran derechos de contenido prestacional que deb\u00edan distinguirse de los derechos fundamentales, con contenido esencialmente de defensa tales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresi\u00f3n y de cultos, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
La anterior distinci\u00f3n daba lugar a la conclusi\u00f3n de que los derechos fundamentales eran susceptibles de protecci\u00f3n mediante la acci\u00f3n de tutela, en tanto que los segundos no lo eran, y solo pod\u00edan ser considerados como tales en tanto que cumplieran un criterio de conexidad. En este sentido, la Corte afirmaba: <\/p>\n
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\u201c(\u2026) No obstante, tal como lo recuerda la sentencia T-235 de 2011, est\u00e1 posici\u00f3n fue revaluada luego de que la Corte la encontrara inadecuada por razones de \u00edndole te\u00f3rica y dogm\u00e1tica: \u201cdesde el primer plano, la Corte precis\u00f3 que los derechos fundamentales poseen una estructura compleja o una multiplicidad de facetas, por lo que su satisfacci\u00f3n acarrea el cumplimiento de un haz de obligaciones tanto positivas como negativas para el Estado. En ese sentido, en el fallo T-760 de 2008[13] sentenci\u00f3 la Corporaci\u00f3n que atribuir la cualidad de prestacional a un derecho es un error categorial, pues esa caracter\u00edstica se predica de algunas de sus facetas y no del derecho considerado como un todo. En el plano dogm\u00e1tico, en sentencia T-016 de 2007 explic\u00f3 la Corte que en el marco del DIDH se ha construido un consenso generalizado sobre las propiedades de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos[14], las cuales destacan que existe una relaci\u00f3n intr\u00ednseca entre todos los derechos en tanto su fundamento y finalidad es la eficacia de la dignidad humana, constataci\u00f3n que \u2013siguiendo el fallo mencionado- hace en alguna medida artificioso el criterio de conexidad[15]\u201d. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, la Corte concluy\u00f3 que son derechos fundamentales todos aquellos derechos constitucionales que (i) se relacionan funcionalmente con la realizaci\u00f3n de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concretarse en derechos subjetivos y (iii) sobre cuya fundamentalidad existen consensos dogm\u00e1ticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario. Con base en estos criterios, la Corte ha ido definiendo en cada caso concreto las facetas de los derechos sociales son justiciables por v\u00eda de tutela, y cu\u00e1les no lo son, pese a ostentar la categor\u00eda de fundamentales[16]. As\u00ed las cosas, para la Corte todos los derechos exigibles (o justiciables) mediante la acci\u00f3n de tutela son fundamentales. Sin embargo, no todos los aspectos que configuran un derecho fundamental son necesariamente susceptibles de protecci\u00f3n a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
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(\u2026 ) En cuanto tiene que ver con la propiedad privada, estos dos aspectos \u2013fundamentalidad y justiciabilidad- se encuentran estrechamente ligados. El criterio mantenido por esta Corte es que \u00fanicamente algunas facetas del derecho constitucional a la propiedad privada adquieren el car\u00e1cter de fundamental y, solo cuando ello ocurre, la propiedad es susceptible de protecci\u00f3n mediante la acci\u00f3n de tutela. Concretamente, para la Corte, la propiedad solo puede ser considerada un derecho fundamental cuando las facetas invocadas por los accionantes (uso, goce, usufructo, etc.) tengan una relaci\u00f3n directa con la dignidad humana. <\/p>\n
En otras palabras, la propiedad privada es un derecho fundamental cuando la afectaci\u00f3n de ese n\u00facleo m\u00ednimo de protecci\u00f3n del goce y el uso de los bienes implique un menoscabo de ese atributo inherente a la persona en tanto ser racional, independientemente de cualquier consideraci\u00f3n de naturaleza o de alcance positivo. En las dem\u00e1s ocasiones, la propiedad no es un derecho fundamental y si ello no es as\u00ed, mucho menos puede ser exigible mediante la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
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A manera de s\u00edntesis, cabe decir que el juez constitucional solo puede entrar a estudiar dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela asuntos relativos al derecho a la propiedad cuando esta adquiere un car\u00e1cter fundamental, lo cual ocurre cuando la afectaci\u00f3n a alguno de sus atributos est\u00e1 ligado directamente a la dignidad humana del titular del derecho subjetivo. En los dem\u00e1s casos, debe declararse que la acci\u00f3n de tutela no es procedente (\u2026.)\u201d. Negrillas fuera del texto original. <\/p>\n
En el caso de la accionante Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, es evidente la limitaci\u00f3n de sus posibilidades de disposici\u00f3n del bien inmueble de su propiedad como resultado de un error involuntario cometido en la correcta anotaci\u00f3n de su nombre completo de pila, situaci\u00f3n a la que debe sumarse su avanzada edad que la convierte en un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional al cual no se le puede exigir iniciar largos procesos declarativos que terminen evaluando documentos probatorios que han estado a la mano de los distintos jueces que han conocido este largo recorrido por las acciones de amparo constitucional. <\/p>\n
b) El acceso a la administraci\u00f3n de justicia: El derecho fundamental invocado es uno de los elementos esenciales de la cl\u00e1usula de Estado de Derecho, implica siempre que en un pa\u00eds como el nuestro rige el principio de legalidad, la divisi\u00f3n de poderes, la supremac\u00eda y la reserva de ley, la protecci\u00f3n de los ciudadanos mediante la existencia de tribunales independientes y la responsabilidad del Estado por actos il\u00edcitos. <\/p>\n
La tutela judicial efectiva implica la vigencia del principio de legalidad que en su dimensi\u00f3n subjetiva consagra para los ciudadanos el derecho de acci\u00f3n, el derecho de acceso a la jurisdicci\u00f3n, a un proceso igualitario y sin dilaciones, donde es prohibida la injustificada dilaci\u00f3n, la indefensi\u00f3n de las partes, y como corolario de ello el derecho a la decisi\u00f3n por parte de los tribunales, ya sea favorable o desfavorable, sobre el fondo de las pretensiones del recurrente, es decir, una resoluci\u00f3n efectiva sobre el caso o conflicto sometido a estudio. <\/p>\n
La tutela judicial efectiva se traduce en que los Jueces deben resolver los conflictos en la sociedad, no siendo valido dejar sin soluci\u00f3n el problema planteado por los ciudadanos17, y frente a situaciones que no encuentren un cauce procesal y ante sujetos de especial protecci\u00f3n, se activar\u00e1n entonces soluciones como el amparo constitucional, pues quedan sin protecci\u00f3n en este caso los derechos constitucionales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad de la se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO. <\/p>\n
3 – SOLUCI\u00d3N AL CASO CONCRETO: <\/p>\n
En el presente caso estudiado el acervo probatorio, la partida de bautismo corregida y las copias remitidas por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil queda demostrado que la accionante Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, es la misma heredera y legataria se\u00f1alada en el en los t\u00e9rminos del testamento p\u00fablico o nuncupativo de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY, contenido en la escritura p\u00fablica 2763 del 26 de octubre de 2004 otorgada en la Notar\u00eda 6\u00aa del C\u00edrculo de Pereira; en cuya cl\u00e1usula cuarta se lee textualmente: \u201c(\u2026) Es mi voluntad la de instituir como HEREDEROS UNIVERSALES de mis bienes a las siguientes personas: -A mi hermana, Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 29.264.190 expedida en Buga, la NUDA PROPIEDAD; y a mi c\u00f3nyuge, Se\u00f1or ANTONIO FAJURY HENAO, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 82682 de Bogot\u00e1, el USUFRUCTO de los bienes de que sea titular al momento de mi fallecimiento, o los que me correspondan o puedan corresponder como adjudicataria en el proceso de sucesi\u00f3n de mi Se\u00f1ora madre ISABEL L\u00d3PEZ DE ARIAS (\u2026)\u201d. Negrillas fuera del texto original. <\/p>\n
Igualmente, el nombre consignado en la Sentencia que dio termino al proceso de sucesi\u00f3n testada de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY, y que es el t\u00edtulo base de la anotaci\u00f3n en el registro inmobiliario debi\u00f3 corregirse de manera tal que una vez fallecido el Usufructuario, el dominio pleno quedase en cabeza de PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, quien se identifica con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 29.264.190 expedida en Buga, todo ello de acuerdo con los documentos que reposan en los anexos del expediente digital consultado. <\/p>\n
La Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, es por su avanzada edad un sujeto de especial protecci\u00f3n y a pesar de las distintas peticiones y actuaciones cuya finalidad es aclarar el tema de su nombre, se ha enfrentado a un dilatado y kafkiano recorrido judicial y administrativo que le impide el efectivo ejercicio de su derecho a la propiedad, disponer del bien para sus proyectos vitales relacionados como ella afirma con temas de salud y mejorar sus condiciones de vida. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, se impone revocar el fallo refutado, y en su lugar proteger los derechos fundamentales relacionados con n\u00facleo esencial del derecho de propiedad y su protecci\u00f3n en relaci\u00f3n con la dignidad humana, el derecho a la seguridad jur\u00eddica, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso, ordenando al JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA que con todos los documentos que han sido presentados por la accionante y hacen parte del acervo probatorio aclare18 que la heredera y legataria en el proceso de sucesi\u00f3n testada de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY, al cual correspondi\u00f3 el n\u00famero de radicaci\u00f3n 66001-3110-003-2006-00462-0, es la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 29.264.190 expedida en Buga. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales a la propiedad privada y su protecci\u00f3n en relaci\u00f3n con la dignidad humana, el derecho a la seguridad jur\u00eddica, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso de la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO 3\u00b0 DE FAMILIA DE PEREIRA que dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n y con todos los documentos que han sido presentados por la accionante y hacen parte del acervo probatorio aclare en las providencias emitidas por el Juzgado a su cargo, que la heredera y legataria en el proceso de sucesi\u00f3n testada de la Se\u00f1ora AMPARO ARIAS DE FAJURY, al cual correspondi\u00f3 el n\u00famero de radicaci\u00f3n 66001-3110-003-2006-00462-0, es la Se\u00f1ora PIEDAD ELISA ARIAS DE RESTREPO, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 29.264.190 expedida en Buga. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA. <\/p>\n
ALVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR AUGUSTO RAM\u00cdREZ BAQUERO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 No se evidencia en los anexos digitales la fecha de radicaci\u00f3n en el Juzgado accionado. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-805 de 2012 M.P. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia T-834 de 2005 M.P. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez, T-887 de 2009 M.P. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia SU 961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
6\u0002 Ver: Sentencias SU 961 de 1999, SU 298 de 2015 y SU 391 de 2016. <\/p>\n
7\u0002 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
8\u0002 Sentencia SU 961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
9\u0002 Sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva <\/p>\n
10\u0002 Sentencias T-1009 de 2006 M.P. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez y T-299 de 2009 M.P. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo. <\/p>\n
11\u0002 Sentencia T-603 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); Sentencia T-580 de 2006 (M. P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa). <\/p>\n
12\u0002 Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). <\/p>\n
13\u0002 Sobre el particular, la Corte ha establecido que \u201cel medio debe ser id\u00f3neo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Adem\u00e1s, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar dise\u00f1ado de forma tal que brinde oportunamente una protecci\u00f3n al derecho\u201d (Sentencia T-040 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo). <\/p>\n
15\u0002 Sentencias T-401 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); T-163 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); T-328 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Renter\u00eda), T-789 de 2003 (M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa), T-136 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras. <\/p>\n
16\u0002 Sentencia T-454 de 2012. Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva <\/p>\n
17\u0002 Sobre el particular ver por todos la obra de SANTAMAR\u00cdA PASTOR, Juan Alfonso. FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO I. Editorial Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces S.A. Primera Reimpresi\u00f3n. Madrid 1991. P\u00e1ginas 192 y s.s. <\/p>\n
18\u0002 Se pone de presente l\u00ednea de jurisprudencia en la cual la Corte Constitucional considera que dentro de los procesos de amparo constitucional, es posible ordenar a los jueces adicionar, aclarar providencias emitidas en procesos ordinarios, sobre el particular ver: – Sentencia T-038 de 2019: \u201c(\u2026) En los procesos judiciales, pero especialmente en el tr\u00e1mite de tutela dada su esencia y fundamentaci\u00f3n, el juez debe adelantar las acciones necesarias para que las etapas se superen, usando de manera oficiosa todos los mecanismos que la ley le otorga para tal fin, con el prop\u00f3sito de proferir una decisi\u00f3n en derecho que resarza garant\u00edas fundamentales o niegue el amparo, con base en los hechos narrados y las pruebas allegadas. El juez es el rector del proceso constitucional (\u2026).\u201d. – Sentencia SU 768 de 2014: \u201c(\u2026)El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el \u201cfr\u00edo funcionario que aplica irreflexivamente la ley\u201d, convirti\u00e9ndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta m\u00e1s all\u00e1 de las formas jur\u00eddicas, para as\u00ed atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a trav\u00e9s de su Carta Pol\u00edtica ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtenci\u00f3n del derecho sustancial y (ii) la b\u00fasqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material. El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposici\u00f3n al derecho formal que establece los medios para buscar la efectividad del primero. Bajo los principios de la nueva Constituci\u00f3n se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicaci\u00f3n de la ley sustancial. Ahora bien, \u201cno se puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez parte de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la obligaci\u00f3n de hallar el equilibrio perfecto entre la b\u00fasqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material\u201d. De esta manera, aunque no sea posible ontol\u00f3gicamente establecer un acuerdo sobre qu\u00e9 es la verdad y si esta es siquiera alcanzable, jur\u00eddicamente \u201cla aproximaci\u00f3n a la verdad es un fin, un principio y un derecho constitucional que se impone a las autoridades y a los particulares\u201d. As\u00ed las cosas, el marco filos\u00f3fico de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 convoca y empodera a los jueces de la Rep\u00fablica como los primeros llamados a ejercer una funci\u00f3n directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial, y con ello la realizaci\u00f3n de la justicia material (\u2026).\u201d. -Sentencia T-983 de 2006: \u201c(\u2026) En casos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala se evidencia la necesidad de que todos los operadores jur\u00eddicos, y los funcionarios judiciales en particular, tengan claro que la soluci\u00f3n controversias, que a diario enfrentan, debe darse dentro del marco jur\u00eddico que impuso el Pre\u00e1mbulo de la Carta y dentro del cual uno de los elementos primordiales es el modelo de Estado social de derecho (art. 1 C.P.). En este contexto las respuestas a los problemas de car\u00e1cter jur\u00eddico ser\u00e1n diferentes dependiendo el modelo de Estado en que actu\u00e9 el juez y de all\u00ed la necesidad de que el funcionario judicial no olvide que la administraci\u00f3n de justicia en un Estado, en el que la principal fuente del Derecho es la Constituci\u00f3n, adquiere caracter\u00edsticas particulares, una de las cuales deviene a la vez en principio fundamental y fin esencial del Estado, esto es, la garant\u00eda de la efectividad de los derechos, principios y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n (art. 2 C.P.). Por lo anterior, conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, buena parte de la eficacia y legitimidad de la administraci\u00f3n de justicia frente a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se pone en juego al definir el papel que cumple el juez de tutela en el Estado social de derecho.\u201d -Sentencia T-349 de 2003: \u201c(\u2026) es deber del juez escudri\u00f1ar sobre el asunto puesto bajo su conocimiento e indagar sobre los hechos para verificar no s\u00f3lo su veracidad sino las violaciones de la Carta Pol\u00edtica que, aunque no sean se\u00f1aladas por el peticionario, surjan como consecuencia de su labor judicial. Los t\u00e9rminos para adelantar esta clase de acciones son breves, pero no por ello puede el juez olvidar su deber de proteger los derechos fundamentales cuando estos han sido desconocidos o amenazados, ni su facultad oficiosa de practicar pruebas o de vincular a quien considere es el directo autor de la violaci\u00f3n, mucho m\u00e1s cuando del s\u00f3lo escrito presentado por el peticionario se desprende tal situaci\u00f3n. No se olvide que \u201cla funci\u00f3n de administrar justicia cuando se trata de garantizar el respeto de los derechos inherentes a las personas, confiere especiales facultades e impone espec\u00edficos deberes para cumplir con el car\u00e1cter eficaz de la acci\u00f3n de tutela\u201d. -Sentencia T-439 de 2004: \u201c(\u2026)Se desprende que la protecci\u00f3n qued\u00f3 en el aire, pues a pesar de que se reconoci\u00f3 la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso, no se imparti\u00f3 orden alguna, es decir, no se profiri\u00f3 ninguna orden tendiente a restablecer el derecho vulnerado. Tal cuesti\u00f3n es reprochable por la Sala en cuanto se desconoce el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica seg\u00fan el cual en el evento en que prospere la acci\u00f3n, la protecci\u00f3n consistir\u00e1 \u201cen una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, act\u00fae o se abstenga de hacerlo\u201d. Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 dispone que el fallo que profiera el juez constitucional debe contener, entre otros, \u201cla orden y la definici\u00f3n precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela\u201d. Si la finalidad de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales cuando los mismos han sido vulnerados o amenazados, cuando el juez encuentre que en efecto tales derechos han sido conculcados debe proferir una orden en aras a que la autoridad demandada act\u00fae o se abstenga de hacerlo. La decisi\u00f3n del juez se concreta en la orden que profiera y \u00e9sta debe ser de tal entidad que en caso de que se advierta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, restablezca de manera inmediata los derechos desconocidos del interesado, de forma que el infractor de la norma fundamental act\u00fae o se abstenga de hacerlo.(\u2026)\u201d <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC16183-2021 MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA Conjuez ponente STC16183-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00278-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). I. ANTECEDENTES Est\u00e1 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59698","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59698"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59698\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}