STC16650-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16650-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01601-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 de agosto de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Heraldo C\u00e1rdenas Gil contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, por conducto de su apoderada judicial, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, confianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica y buena fe, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El tutelante estuvo afiliado al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida -R.P.M. desde el 16 de febrero de 1970 hasta el 31 de octubre de 1999, en la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el promotor firm\u00f3 formulario de traslado a la A.F.P. Santander, bajo el r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad -R.A.I.S. el 1\u00ba de noviembre de 1999. <\/p>\n
2.3. Luego, el 19 de junio de 2008, solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de vejez ante Colpensiones. En comunicaci\u00f3n del 18 de febrero de 2009, Protecci\u00f3n S.A. reconoci\u00f3 a favor de C\u00e1rdenas Gil una pensi\u00f3n de vejez a partir de la fecha de la solicitud, bajo la modalidad de retiro programado y en cuant\u00eda inicial para el a\u00f1o 2008 de $669.179, con catorce mesadas pensionales anuales. <\/p>\n
2.4. A la postre, formul\u00f3 demanda contra Colpensiones y Protecci\u00f3n S.A. en el a\u00f1o 2016. Por reparto, le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, quien profiri\u00f3 sentencia el 2 de febrero de 2018, en la que declar\u00f3: <\/p>\n
i) probada parcialmente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de las mesadas causadas antes del 18 de mayo de 2013; <\/p>\n
ii) la nulidad del traslado del R.P.M. al R.A.I.S; <\/p>\n
iii) orden\u00f3 a Protecci\u00f3n S.A. trasladar a Colpensiones los valores de la cuenta individual; <\/p>\n
iv) condeno\u0301 al actor a pagar a dicha entidad la diferencia entre lo ahorrado en el RAIS y el monto total del aporte en el RPM, en caso de no existir equivalencia entre los aportes; <\/p>\n
vi) desestimo\u0301 la demanda de reconvenci\u00f3n e impuso a Colpensiones el pago de intereses moratorios a partir del momento en que reciba los recursos por parte de la AFP Protecci\u00f3n S.A. <\/p>\n
2.5. Inconformes, las entidades demandadas impetraron el recurso de apelaci\u00f3n ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cali, la cual, en decisi\u00f3n del 29 de octubre de 2020 revoc\u00f3 el fallo impugnado. <\/p>\n
Ante tal determinaci\u00f3n, el gestor interpuso recurso de casaci\u00f3n. Sin embargo, con prove\u00eddo del 10 de febrero de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar la sentencia. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, impetr\u00f3 el presente amparo constitucional, al considerar que la Sala Especializada incursion\u00f3 en una causal de procedencia por desconocimiento del precedente1, toda vez que no acogi\u00f3 sus pretensiones, aun cuando \u00abesta [C]orporaci\u00f3n reconoci\u00f3 que el actor le asist\u00eda el derecho a la declaratoria de la ineficacia del traslado por la omisi\u00f3n en la que incurri\u00f3 la AFP Protecci\u00f3n S.A.\u00bb. Ello pues, no puede tenerse por satisfecho el deber de informaci\u00f3n con el simple diligenciamiento del formulario de afiliaci\u00f3n, sin indagar si el consentimiento expresado fue informado. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin efectos la sentencia SL373-2021 Radicaci\u00f3n No. 84475 del 10 de febrero de 2021 proferida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante la cual decidi\u00f3\u0301 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali profiri\u00f3\u0301 el 29 de octubre de 2018, en el proceso ordinario laboral adelantado por el se\u00f1or HERALDO CA\u0301RDENAS GIL contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTI\u0301AS PROTECCIO\u0301N S.A.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, adem\u00e1s de remitir el expediente, manifest\u00f3 que \u00abno ha existido por parte de la operadora judicial ninguna clase de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales que alega el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. coment\u00f3 que \u00aben el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. o el extinto I.S.S.\u00bb. <\/p>\n
3. Protecci\u00f3n S.A., indic\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n Constitucional NO VULNER\u00d3 EL DEBIDO PROCESO NI EL DERECHO A LA IGUALDAD de la parte accionante, toda que la Sala Laboral del Tribunal Superior en Bogot\u00e1 en su decisi\u00f3n, cumpli\u00f3 con las cargas que se le imparten para no aplicar, cuando as\u00ed lo considere necesario, el precedente vertical\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00abbrind\u00f3 una asesor\u00eda completa, clara y comprensible a la parte demandante al momento de realizar su afiliaci\u00f3n la cual se hizo conforme a la normatividad de la \u00e9poca y conforme a las exigencias existentes para ese momento. Esto es as\u00ed, dado que mi representada se ha caracterizado siempre por capacitar a sus asesores de la mejor manera para que pueda brindar una asesor\u00eda clara, completa, integral, pero sobre todo profesional sobre el R\u00e9gimen de Ahorro Individual y sus efectos [\u2026] No puede tampoco pretenderse la ineficacia del acto jur\u00eddico de afiliaci\u00f3n, pues la entidad [\u2026] jam\u00e1s ha ejercido, ejerce ni ejercer\u00e1 fuera o presi\u00f3n sobre una persona para que se afilie al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas PROTECCI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, solicit\u00f3 negar el amparo, al no acreditarse ninguna conducta que erija una violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental del se\u00f1or C\u00e1rdenas Gil. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, enunci\u00f3 que \u00abla anotada decisi\u00f3n, m\u00e1s que razonada, fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y los elementos probatorios acopiados, por lo que no resulta arbitraria, ni desconocedora de derecho fundamental alguno, tal y como puede advertirse de las razones, argumentos y fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en que la misma se soporta\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, explic\u00f3 que \u00abcuando se declara la ineficacia de la afiliaci\u00f3n es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallaban de no haber existido el acto de traslado; sin embargo, la calidad de pensionado, es una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada, un hecho consumado, un estatus jur\u00eddico que no es razonable revertir cuando se acredita la ineficacia del traslado, pues ello dar\u00eda lugar a disfuncionalidades que afectar\u00edan a m\u00faltiples personas, entidades, actos, relaciones jur\u00eddicas, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto, generando un efecto financiero desfavorable en el sistema p\u00fablico de pensiones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, advirti\u00f3 que, \u00abaunque el entonces demandado no cumpli\u00f3\u0301 con el deber que le asist\u00eda de proporcionar una informaci\u00f3n transparente, necesaria y objetiva de las consecuencias de su traslado, lo cierto es que el demandante adquiri\u00f3 su status de pensionado en el r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, cuyo intento de revertir podr\u00eda afectar los factores aludidos [\u2026]\u00bb. En ese orden, consider\u00f3 que no es de recibo que se utilice la tutela como una instancia adicional. Y, exhort\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo invocado, toda vez que \u00abla providencia cuestionada y emitida en sede de Casaci\u00f3n CSJ, SL373-2021, 10 feb. 2021, rad. 84475, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb. Al respecto, rememor\u00f3 que, si bien \u00abel Tribunal se equivoc\u00f3\u0301 al hallar demostrado que el actor recibi\u00f3\u0301 informaci\u00f3n transparente, necesaria y objetiva acerca de las consecuencias de su traslado del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida al de ahorro individual con solidaridad. Anticipando de entrada que, las pruebas documentales no daban cuenta que la AFP hubiese cumplido con su obligaci\u00f3n de suministrar informaci\u00f3n necesaria y transparente en la forma en que lo ha entendido la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n controvertida se adecuo\u0301 a los par\u00e1metros legales, jurisprudenciales y probatorios aportados al diligenciamiento cuestionado, adem\u00e1s, tal y como lo demanda el actor, la accionada le otorgo\u0301 la raz\u00f3n frente al cambio de r\u00e9gimen pensional, no obstante, en virtud de su calidad de pensionado no era dable acceder a sus peticiones\u00bb. M\u00e1s a\u00fan, cuando se avizora que \u00abpretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes; no as\u00ed\u0301 ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como un instrumento m\u00e1s de la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
En consecuencia, el traslado no tiene efectos de vinculaci\u00f3n y, por ende, \u00abdeber\u00e1\u0301 ser declarada nula y, [\u2026] los efectos no son otros que restablecer las cosas a su estado original, es decir, como si el acto de traslado jam\u00e1s hubiera existido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor censura la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n el 10 de febrero de 2021, que no cas\u00f3 la determinaci\u00f3n emanada por el Tribunal Superior de Cali el 29 de octubre de 2020. Ello pues, estima que tal proceder vulnera sus derechos fundamentales y, configura un defecto por desconocimiento del precedente que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la providencia citada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no se habr\u00eda paso a casar la providencia del a quo. Para ello, comenz\u00f3 por acotar que el accionante formul\u00f3 un cargo \u00fanico, atinente a que \u00abel Tribunal erro\u0301 al concluir que la AFP dio informaci\u00f3n clara, suficiente y oportuna, pues de los documentos de folios 124 y siguientes, no se infiere que el fondo hubiese comparado los beneficios de estar en el RPMPD y en el RAIS. De manera que no hizo un parang\u00f3n entre ambos reg\u00edmenes, ni el demandante pudo conocer cu\u00e1l habr\u00eda sido el valor de su pensi\u00f3n en el sistema p\u00fablico de pensiones bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, la Sala enjuiciada procedi\u00f3 a dilucidar si el Tribunal \u00abse equivoc\u00f3 al hallar demostrado que el actor recibi\u00f3 informaci\u00f3n transparente, necesaria y objetiva acerca de las consecuencias de su traslado del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida al de ahorro individual con solidaridad\u00bb. De entrada, anticip\u00f3 que el recurrente ten\u00eda raz\u00f3n, \u00abpuesto que las documentales referidas no dan cuenta que la AFP hubiese cumplido con su obligaci\u00f3n de suministrar informaci\u00f3n necesaria y transparente en la forma en que lo ha entendido la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
A tal efecto, rememor\u00f3 jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre en asuntos laborales, que disponen la obligaci\u00f3n de dar informaci\u00f3n necesaria en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 97 del Decreto 663 de 1993, tras aludir \u00aba la descripci\u00f3n de las caracter\u00edsticas, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los reg\u00edmenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la l\u00f3gica de los sistemas p\u00fablicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parang\u00f3n entre las caracter\u00edsticas, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los reg\u00edmenes vigentes, as\u00ed\u0301 como de las consecuencias jur\u00eddicas del traslado\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a tales consideraciones, la Corte examin\u00f3 las probanzas allegadas al plenario y, se\u00f1al\u00f3 que \u00abninguno de esos documentos contiene datos relevantes que conduzcan a dar por satisfecho el deber de suministrar informaci\u00f3n objetiva, necesaria y transparente, es decir, de dar a conocer al afiliado las caracter\u00edsticas, ventajas y desventajas de estar en el r\u00e9gimen p\u00fablico o privado de pensiones. Toda la informaci\u00f3n que se le brindo\u0301 gravito\u0301 sobre el propio r\u00e9gimen privado, situaci\u00f3n que claramente produce un sesgo en el afiliado por ignorancia o desconocimiento de las caracter\u00edsticas, beneficios y consecuencias de estar en el sistema pensional alterno\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, aun cuando la Sala encontr\u00f3 fundado el cargo impetrado por el convocante, indic\u00f3 que no casar\u00eda la decisi\u00f3n del Tribunal \u00abporque en sede de instancia llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria, pero otras razones\u00bb. Al respecto, acot\u00f3 que \u00abes un hecho acreditado que C\u00e1rdenas Gil disfruta de una pensi\u00f3n de vejez desde el a\u00f1o 2008, en la modalidad de retiro programado, a cargo de Protecci\u00f3n S.A.\u00bb. No obstante, cuestion\u00f3 si era posible, \u00abbajo el manto de la ineficacia de la afiliaci\u00f3n, que el demandante pensionado del r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD\u00bb. <\/p>\n
En seguida, explic\u00f3 que la respuesta a dicho interrogante ser\u00eda negativa; si bien \u00abpor regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliaci\u00f3n es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallar\u00edan de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada, un hecho consumado, un estatus jur\u00eddico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin m\u00e1s, porque ello dar\u00eda lugar a disfuncionalidades que afectar\u00eda a m\u00faltiples personas, entidades, actos, relaciones jur\u00eddicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, explic\u00f3 que \u00abno se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensi\u00f3n, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, seg\u00fan sea la modalidad pensional elegida\u00bb; ello, tendr\u00eda especialmente \u00abun efecto financiero desfavorable en el sistema p\u00fablico de pensiones\u00bb. <\/p>\n
Por ende, advirti\u00f3 que, \u00aba C\u00e1rdenas Gil Protecci\u00f3n S.A. le otorgo\u0301 la pensi\u00f3n de vejez, en la modalidad de retiro programado, desde el a\u00f1o 2008, es decir, de manera anticipada. La pensi\u00f3n se financio\u0301 con el bono pensional pagado el 19 de diciembre de 2008 por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cre\u0301dito P\u00fablico, por un monto de $156.674.927. Estas circunstancias denotan que el demandante adquiri\u00f3\u0301 el estatus jur\u00eddico de pensionado de manera anticipada, prestaci\u00f3n que a su vez fue financiada con los recursos de su cuenta de ahorro individual y el bono pensional, de manera que no es factible retrotraer tales situaciones como se pretende. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, la Sala precis\u00f3 que tal determinaci\u00f3n \u00abno significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparaci\u00f3n. Es un principio general del derecho aquel seg\u00fan el cual quien comete un da\u00f1o por culpa, esta\u0301 obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumpli\u00f3\u0301 su deber de informaci\u00f3n (culpa) y, por ello, sufri\u00f3\u0301 un perjuicio en la cuant\u00eda de su pensi\u00f3n, tiene derecho a demandar la indemnizaci\u00f3n total de perjuicios a cargo de la administradora\u00bb. Lo anterior, conforme al art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el actor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia laboral a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Corte Suprema de Justicia SL, 9 sep. 2008, rad. 31989; SL1452-2019; SL19447-2017; Corte Constitucional C\u2014284\/2015, C-621\/2015. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16650-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16650-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01601-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59699","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59699\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}