STC16656-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16656-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2021-00301-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 27 de abril de 2021, que concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Yeison Mauricio Coy Arenas, contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su reclamo en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 que fungi\u00f3 como apoderado judicial de Marcos Tulio Tique Yate y otros, en la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa promovida contra la Naci\u00f3n. Por reparto, el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, quien, con sentencia del 19 de diciembre de 2016, declar\u00f3 \u00abadministrativamente responsable a la NACI\u00d3N \u2013 RAMA JUDICIAL\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que, ante la \u00abmora en los pagos por parte de la Rama Judicial, en lo que respecta a las sentencias y conciliaciones proferidas en su contra; [\u2026] los beneficiarios y yo como apoderado de la sentencia rese\u00f1ada, decidimos ceder los derechos econ\u00f3micos a la Empresa Confival SAS, con la cual se celebraron los acuerdos pertinentes [\u2026] para garantizar seguridad a las dos partes\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, requiri\u00f3 nuevamente a la accionada el 28 de noviembre y 7 de diciembre de 2020; as\u00ed como el 5 de febrero de 2021, solicitando \u00abinformaci\u00f3n sobre la respuesta a la cesi\u00f3n de los derechos econ\u00f3micos de la sentencia del se\u00f1or Marco Tulio Yate y Otros, cuyo derecho de petici\u00f3n fue radicado desde el pasado 18 de septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.5. Igualmente, coment\u00f3 que \u00aben varias oportunidades se realizaron llamadas telef\u00f3nicas a la Entidad en donde manifiestan que la respuesta se est\u00e1\u0301 evaluando y esta\u0301 pr\u00f3xima a notificarse dicho oficio, no obstante, a la fecha ninguno de los interesados ha obtenido alg\u00fan pronunciamiento de la Entidad accionada por lo que es notorio que el tiempo de respuesta supero\u0301 los t\u00e9rminos establecidos en la ley aun, cuando en efecto existe una comprensi\u00f3n de la situaci\u00f3n actual\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por lo expuesto, impetr\u00f3 el presente amparo constitucional, al estimar que la mora de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial en resolver sus solicitudes configur\u00f3 una v\u00eda de hecho, \u00abtoda vez que de la misma depende el pago de [sus] honorarios profesionales pactados con los beneficiarios como cuota litis en el proceso de reparaci\u00f3n directa mencionado en los hechos, agregando que [\u00e9l] los represento\u0301 en la negociaci\u00f3n suscribiendo el contrato de cesi\u00f3n de derechos econ\u00f3micos\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abse ORDENE a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PU\u0301BLICO – DIRECCIO\u0301N EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIO\u0301N JUDICIAL, dar respuesta clara y de fondo a lo solicitado en el derecho de petici\u00f3n de fecha 18 de septiembre de 2020 y recabada los d\u00edas 28 de noviembre de 2020, 07 de diciembre de 2020 y 05 de febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, manifest\u00f3 que \u00abla petici\u00f3n se encuentra asignada a su reparto y que a la misma le anteceden 25 peticiones de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito, por lo que le es imposible atender de forma inmediata esta petici\u00f3n al no poder saltar los turnos que ya se encuentran antes de la del accionante y que conforme el n\u00famero de peticiones que se est\u00e1n evacuando relacionadas con la del accionante, se espera para tener dicha respuesta en el transcurso de la \u00faltima semana del mes de Marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel accionante, se encuentra actuando de forma temeraria, toda vez que presenta peticiones cada 15 d\u00edas buscando generar una congesti\u00f3n en la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, en procura de concurrir a los estrados judiciales en ejercicio de la Acci\u00f3n de Tutela, [\u2026] para que se le de\u0301 respuesta a su petici\u00f3n, situaci\u00f3n que por dem\u00e1s esta conculcada y subsanada, y prueba de lo expuesto es la acci\u00f3n de tutela que se tramito\u0301 ante el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1\u0301, quien mediante fallo de 17 de Abril de 2020, ampar\u00f3 el derecho del accionante, librando orden a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, acat\u00e1ndose la orden judicial en los t\u00e9rminos que indico\u0301 el despacho [\u2026] Por lo que comedidamente, y en virtud del actuar temerario del accionante, solicito se despachen negativamente las pretensiones de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. CONFIVAL S.A.S. indic\u00f3 que \u00abal encontrarse vencido el t\u00e9rmino que la Ley otorga para responder la petici\u00f3n, es natural que el accionante solicite el amparo de sus derechos a obtener una respuesta de las solicitudes que interponga ante la Administraci\u00f3n\u00bb. No obstante, preciso que tal pretensi\u00f3n, \u00abdebe ser evaluada por su parte, la situaci\u00f3n que pueda estar presentando la ACCIONADA, para dar respuesta a las peticiones que ante ella se presentan. Esto en raz\u00f3n de la emergencia ocasionada por el COVID-19\u00bb. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 \u00abque la mejor decisi\u00f3n posible es CONCEDERLE a la DIRECCIO\u0301N EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL un t\u00e9rmino perentorio pero razonable para que brinde respuesta al derecho de petici\u00f3n ante ella presentado, y respecto del cual el accionante interpone la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo invocado, en lo que respecta a las peticiones formuladas el 18 de septiembre y 28 de noviembre de 2020; as\u00ed como del 5 de febrero de 2021, tras acreditar que no fueron elevadas por el actor y, no se prob\u00f3 que actuara en calidad de apoderado o agente oficioso de los peticionarios. <\/p>\n
No obstante, concedi\u00f3 el amparo en lo atinente a la solicitud del 7 de diciembre de 2020. Ello pues, fue elevada por el promotor y, \u00abno est\u00e1\u0301 acreditada la emisi\u00f3n de una respuesta a dicha solicitud, dado que no fue remitida copia de la misma por parte de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial como anexo del informe enviado como respuesta a la presente acci\u00f3n de tutela. Sin embargo, esta\u0301 demostrado que ya se excedi\u00f3\u0301 el t\u00e9rmino establecido legalmente para dar respuesta, ya que, a la fecha de interposici\u00f3n del mecanismo de amparo, ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 30 d\u00edas h\u00e1biles que prev\u00e9\u0301 el art\u00edculo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020, y que fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C- 242 de 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se opuso a lo resuelto por a quo constitucional. En concreto, explic\u00f3 que \u00ablo ORDENADO por el ad quo en la sentencia de tutela, no cumple con ninguna de las reglas que debe llenar toda respuesta a un derecho de petici\u00f3n. Recordemos que lo solicitado en la petici\u00f3n radicada por el suscrito, ante el Grupo de Sentencias de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, es que [d]\u00e9 respuesta de fondo a la petici\u00f3n de Cesi\u00f3n de Derechos radicada desde el 18 de septiembre de 2020 [\u2026] para lo cual la entidad ten\u00eda 15 d\u00edas para ello, por lo que no hay justificaci\u00f3n alguna para la mora tan exorbitante, desproporcionada e injustificada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor censura la presunta mora de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial en resolver las peticiones formuladas el 18 de septiembre, 28 de noviembre y 7 de diciembre de 2020; y, del 5 de febrero de 2021. Ello pues, estima que tal proceder vulnera sus derechos fundamentales y, configura una v\u00eda de hecho que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. R\u00e1pidamente evidencia la Corporaci\u00f3n el decaimiento de la censura en lo que respecta a las solicitudes formuladas el 18 de septiembre de 2020, el 28 de noviembre de la misma anualidad y, del 5 de febrero de 2021, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Ello, por cuanto que, el gestor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n atribuye a la dependencia enjuiciada, no alleg\u00f3 poder especial y, tampoco acredit\u00f3 actuar en calidad de agente oficioso. <\/p>\n
2.1. Al respecto, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que, la acci\u00f3n de tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, puesto que: <\/p>\n
\u00ab[L]a acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01; reiterada en STC10903-2021, 26 ago. 2021, rad. 2021-01502-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016; STC10903-2021, 26 ago. 2021, rad. 2021-01502-01). <\/p>\n
2.2. Sobre el particular, se advierte que con el escrito de tutela se aport\u00f3: i) petici\u00f3n radicada el 18 de septiembre de 2020, firmada por Luis Eduardo Mart\u00ednez Mart\u00ednez en calidad de representante legal suplente de CONFIVAL S.A.S1. ii) correo electr\u00f3nico enviado el 28 de noviembre de 2020, por Alexa Estupi\u00f1\u00e1n apoderada de la sociedad Conactivos2. iii) email remitido el 7 de diciembre de 2020, por el aqu\u00ed accionante3. Y iv) correo electr\u00f3nico allegado el 5 de febrero de 20214, por la mandataria judicial de Conactivos. <\/p>\n
Por consiguiente, al comprobarse del escrito genitor que Yeison Mauricio Coy Arenas promovi\u00f3 el resguardo en causa propia, el derecho de postulaci\u00f3n se predica s\u00f3lo del requerimiento del 7 de diciembre de 2020, porque fue el gestor quien lo formul\u00f3. Empero, sobre las restantes solicitudes, se insiste, carece de legitimaci\u00f3n en la causa, ya que no aport\u00f3 mandato otorgado para impetrar la salvaguarda y, no puede reputarse como titular del derecho que dice quebrantado, pues los mismos solo ata\u00f1en a los solicitantes. <\/p>\n
3. Sin perjuicio de lo anterior, es menester precisar que, cuando se elevan solicitudes a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y tocantes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las circunstancias en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas que pretenden una actuaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
En tal sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sido consistente en acotar que, <\/p>\n
\u00abLas primeras se relacionan con la ley del proceso y se rigen bajo esas reglas, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n del tr\u00e1mite jur\u00eddico de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional5. Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d6. (CSJ STC6740-2021, 10 jun. 2021, rad. 2021-01549-00; reiterada en CSJ STC9125-2021, 21 jul. 2021, rad. 2021-00251-00) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se tiene probado que el tutelante envi\u00f3 petici\u00f3n por correo electr\u00f3nico al Grupo de Sentencias de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial solicitando \u00abpronunciamiento respecto de la aceptaci\u00f3n de la Cesi\u00f3n de Derechos presentada dentro del tr\u00e1mite [\u2026] 8956\u00bb, el 7 de diciembre de 2020. <\/p>\n
No obstante, de la revisi\u00f3n efectuada al expediente y, la respuesta dada por la convocada en el traslado de la presente queja constitucional, se evidencia que ha transcurrido cerca de un (1) a\u00f1o sin que \u00e9sta haya brindado respuesta alguna. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial ha trasgredido la garant\u00eda del accionante, habida cuenta de que, a la fecha de interposici\u00f3n del mecanismo de amparo, ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 30 d\u00edas h\u00e1biles que prev\u00e9 el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto Legislativo 491 de 2020. De manera que, super\u00f3 con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable el t\u00e9rmino previsto para emitir pronunciamiento frente al mentado requerimiento. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 8 \u2013 16 en \u201cExp. 2021 00301 AT. Yeison Mauricio Coy Arenas \u2013 RepartoPlena\u201d en Expediente de Tutela PDF. <\/p>\n
2\u0002 Folio 17 Ib\u00edd. <\/p>\n
3\u0002 Folio 18 Ib\u00edd. <\/p>\n
4\u0002 Folio 19 Ib\u00edd. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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