AC5397-2021 (2015-00015-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5397-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25899-31-03-001-2015-00015-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del libelo que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia de 7 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el juicio verbal que promovi\u00f3 la Empresa P\u00fablica de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador contra C. Pardo Ajustadores de Seguros S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 declarar que celebr\u00f3 con la convocada contrato de \u00abhonorarios profesionales (\u2026) y\/o mandato\u00bb y que esta incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3 de defensa judicial, al permitir la ejecutoria de un fallo condenatorio en contra de aquella \u00absin interponer los recursos de ley y sin informar sobre la existencia de dicha sentencia\u00bb. <\/p>\n
Por consecuencia deprec\u00f3 condenar a la enjuiciada al pago de $1.446\u2019023.834,81, por concepto de la indemnizaci\u00f3n impuesta a Petroecuador en el juicio desatendido \u00abpor negligencia y descuido de la sociedad aqu\u00ed demandada\u00bb, m\u00e1s los intereses que se causen, y $37\u2019679.762 correspondientes a las costas de esa causa. <\/p>\n
2. Para soportar esas s\u00faplicas anot\u00f3, en resumen, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. A ra\u00edz del derrame de crudo ocurrido en junio de 1998 en la provincia de Winchele de la ciudad de Esmeraldas, el cual alcanz\u00f3 las costas del oc\u00e9ano Pac\u00edfico y afect\u00f3 al municipio de Tumaco (Nari\u00f1o), Petroecuador fue convocada en 57 juicios de responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
2.2. Con el fin de que asumiera su defensa, el 12 de enero de 2007 contrat\u00f3 a C. Pardo y C\u00eda. Ajustadores de Seguros Ltda., hoy C. Pardo Ajustadores de Seguros S.A.S., quien se oblig\u00f3 a agotar todos los esfuerzos que favorecieran a su contratante, incluida la interposici\u00f3n de los recursos procesales pertinentes. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el apoderado judicial designado por la contratista omiti\u00f3 apelar la sentencia emitida el 11 de julio de 2013 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, que conden\u00f3 a Petroecuador a pagar a Prote\u00ednas del Mar S.A. $1.446\u2019023.834,81, de la cual se enter\u00f3 tras comunicaci\u00f3n enviada por el gestor judicial de la empresa ahora acreedora. <\/p>\n
2.4. La negligencia en la vigilancia de ese litigio gener\u00f3 el vencimiento de los t\u00e9rminos para apelar el prove\u00eddo condenatorio, a m\u00e1s de que en el informe correspondiente a los meses de marzo y abril de 2013, C. Pardo Ajustadores report\u00f3 que tal proceso estaba cerrado y archivado. <\/p>\n
3. Ante la imposibilidad de notificar directamente a la demandada, la curadora ad-litem designada manifest\u00f3 estarse a lo que se pruebe en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Agotadas las fases del juicio y tras la comparecencia personal de la convocada en la etapa probatoria, el 25 de octubre de 2019 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada, de oficio, la excepci\u00f3n de contrato no cumplido y, por consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones del libelo. <\/p>\n
5. Apelado tal prove\u00eddo por la accionante, el Tribunal lo confirm\u00f3 \u00edntegramente el 7 de mayo de 2021. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En resumen, el juzgador ad-quem, tras recordar el ordenamiento jur\u00eddico que rige el mandato, consider\u00f3 que: <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo acordado por las partes, el pacto de mandato tendr\u00eda varias causas de terminaci\u00f3n, dentro de las cuales estaba la facultad, desprovista de formalidades, de C. Pardo Ajustadores en caso de que Petroecuador incumpliera con los pagos estipulados o no brindara el apoyo requerido por la mandataria para cumplir su labor; potestad de la que esta hizo uso a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica de 1 de mayo de 2013, en tanto que, luego de varios requerimientos, la mandante se abstuvo de cubrir los honorarios y los gastos facturados, medio de prueba que adicionalmente no tach\u00f3 la convocante. <\/p>\n
2. Por ende, no es de recibo el alegato seg\u00fan el cual el pacto segu\u00eda vigente a pesar de la aludida terminaci\u00f3n notificada a la mandate, m\u00e1xime cuando entre las partes exist\u00eda tensi\u00f3n por la omisi\u00f3n en el pago de los honorarios y gastos convenidos, aunque Petroecuador ahora desconozca la deuda. <\/p>\n
En adici\u00f3n, a tono con los art\u00edculos 241 y 280, inciso 1, del C\u00f3digo General del Proceso, constituye indicio en contra de la demandante el silencio de su libelo sobre la desavenencia existente con la enjuiciada, as\u00ed como todo lo que deriv\u00f3 de tal situaci\u00f3n, pues lo probo, leal y trasparente hubiera sido el suministro de esa informaci\u00f3n mas no esperar a que saliera a la luz en la etapa probatoria de este proceso. <\/p>\n
De cualquier forma, la falta de pago es negaci\u00f3n indefinida que est\u00e1 exenta de prueba, correspondiendo acreditar la erogaci\u00f3n a quien afirma haberla realizado, lo que omiti\u00f3 la reclamante. <\/p>\n
3. Y tampoco es de recibo el argumento de la apelante, a cuyo tenor era obligaci\u00f3n de la mandataria continuar con la representaci\u00f3n judicial porque no radic\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco escrito de renuncia al poder, pues la jurisprudencia tiene establecido que no debe confundirse el apoderamiento, regulado con el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con el contrato de mandato reglado en los art\u00edculos 2142 del C\u00f3digo Civil y 1262 del C\u00f3digo de Comercio, ya que este posee regencia preferente y a \u00e9l deben estarse las partes para dirimir sus diferencias. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el tribunal que, de cualquier forma, el canon 2193 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que la renuncia al mandato s\u00f3lo pone fin a las obligaciones del mandatario pasado un lapso razonable, que transcurri\u00f3 en el sub lite pues la renuncia comunicada por C. Pardo Ajustadores data de 1 de mayo de 2013 y la sentencia condenatoria dictada en contra de Petroecuador es de 11 de julio de 2013; al paso que el precepto 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 76 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra un plazo de 5 d\u00edas; y que seg\u00fan prueba documental en tal \u00e9poca se hizo presente un profesional de la firma Hogan Lovells US LLP, quien dijo representar a Petroecuador en causas internacionales y estar facultado para apoyarla en Colombia. <\/p>\n
4. De otro lado, aunque resulte irrelevante para la decisi\u00f3n adoptada, tampoco era obligaci\u00f3n absoluta de la mandataria interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, como quiera que, por cumplir una labor de medios, no de resultado, tal decisi\u00f3n quedaba a su prudente arbitrio, salvo pacto en contrario, el cual no fue acreditado en autos. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, el reconocimiento oficioso por el juzgador a-quo de la excepci\u00f3n de contrato no cumplido no configura vicio de incongruencia, en raz\u00f3n a que los presupuestos para la configuraci\u00f3n de tal defensa fueron acreditados a voces de los c\u00e1nones 1546 y 1609 del estatuto sustancial en lo civil. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Fincada en la causa inicial de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, adujo que el fallo vulner\u00f3 por v\u00eda directa el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por errada aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, agreg\u00f3, era obligatorio cumplir en su totalidad el rito previsto en el precepto 69 de la misma obra, vigente para cuando fue tramitado el juicio de Prote\u00ednas del Mar S.A. contra EP Petroecuador, no s\u00f3lo como conducta procesal, tambi\u00e9n como obligaci\u00f3n contractual, sin que baste la sola manifestaci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el tribunal err\u00f3 al considerar que el enteramiento por correo electr\u00f3nico verificado por la enjuiciada era suficiente para liberarla de sus obligaciones frente a su poderdante, aun cuando en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios existiera pacto que avalara el proceder de aquella, en tanto que, por mandato del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 57 de 1887, la norma especial prevalece sobre la general. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Visto el cuestionamiento concluye esta Sala que no cumple las exigencias formales que son imperativas para la casaci\u00f3n, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el cargo no se\u00f1ala normas de derecho sustancial, connotaci\u00f3n que se predica de aquellas que a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica espec\u00edfica dan una consecuencia tambi\u00e9n concreta, esto es, declaran, crean, modifican o extinguen la relaci\u00f3n jur\u00eddica que media entre los intervinientes. <\/p>\n
En esa misma providencia esta colegiatura precis\u00f3 \u00abque por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica, y no las que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n.\u00bb (Destac\u00f3 la Corte). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye esta Corte que el art\u00edculo invocado en el cargo de casaci\u00f3n no tiene la connotaci\u00f3n de ser norma de derecho sustancial, en la medida en que \u00fanicamente es de orden procesal, lo que basta para inadmitirlo, en raz\u00f3n a que el incumplimiento del requisito referido: <\/p>\n
(\u2026) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, \u2018(\u2026) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino \u00fanicamente, cual lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n, si declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, esto es, cuando regula una situaci\u00f3n de hecho, seguida de una consecuencia jur\u00eddica. Carecen de esa connotaci\u00f3n, por lo tanto, las normas que definen fen\u00f3menos jur\u00eddicos o describen sus elementos, pues al ser tales, en l\u00ednea de principio, no atribuyen derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada actividad procesal o probatoria. (CSJ AC481 de 2016, rad. n\u00ba 2007-00070). <\/p>\n
En suma, el cargo padece de la aludida falla t\u00e9cnica que lo torna inadmisible. <\/p>\n
4. No obstante que la falencia t\u00e9cnica mencionada es suficiente para obstruir la admisi\u00f3n del embate casacional, la Corte observa, en adici\u00f3n, que luce incompleto, valga anotar, no toca la totalidad de los argumentos en que se ciment\u00f3 el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Ciertamente, la promotora no refut\u00f3 otro planteamiento cardinal del fallador ad-quem, a cuyo tenor, de aceptarse la tesis seg\u00fan la cual la representaci\u00f3n judicial de Petroecuador estaba vigente para cuando el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco dict\u00f3 sentencia a favor de Prote\u00ednas del Mar S.A., depend\u00eda del prudente arbitrio del mandatario interponer alzada, al no existir pacto que lo conminara de forma absoluta a apelar. <\/p>\n
Este argumento est\u00e1 desprovisto de combate en el cargo por lo que, de afirmarse que el fallador colegiado incurri\u00f3 en el yerro a \u00e9l endilgado, la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00eda por cuanto esa supuesta falencia no desvirt\u00faa el otro an\u00e1lisis toral del Tribunal, que bastaba para desestimar la pretensi\u00f3n de responsabilidad contractual solicitada. <\/p>\n
Ciertamente, la peticionaria omiti\u00f3 auscultar porqu\u00e9 C. Pardo Ajustadores estar\u00eda obligada a interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, ya fuera por existir acuerdo de las partes plasmado desde el propio contrato de mandato, porque hubo comunicaci\u00f3n posterior a la sentencia en la cual se ejerc\u00eda tal opci\u00f3n, por tratarse de obligaci\u00f3n connatural al acuerdo de voluntades, entre otras tantas posibilidades. <\/p>\n
En tal orden de ideas, el reproche est\u00e1 llamado al fracaso porque no combate todos los soportes del fallo criticado, cuesti\u00f3n frente a la cual la Corte ha indicado, en relaci\u00f3n con el recurso de que se trata, que: <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, el ataque no cumple otra exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
Aludiendo a los eventos en que no debe aceptarse la demanda, tanto por defectos formales como por errores t\u00e9cnicos, la Sala ha estimado que: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la Corte inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n por ausencia de requisitos formales, cual lo regula el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, e igualmente se abstendr\u00e1 de seleccionarla en las siguientes hip\u00f3tesis: a) porque acusa errores de t\u00e9cnica, que adem\u00e1s de ser evidentes, resultan insalvables; como por ejemplo, la falta de individualizaci\u00f3n de pruebas o la ausencia de demostraci\u00f3n del yerro endilgado, entre otras; b) cuando incorpora aspectos o cuestiones novedosas y, por lo mismo, no admisibles en casaci\u00f3n; c) porque los supuestos yerros f\u00e1cticos en los que, eventualmente, ha incurrido el fallador, relativos a la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no son manifiestos o trascendentes; d) porque no se demostr\u00f3 el error de derecho alegado o \u00e9ste es irrelevante; e) porque los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados o, no afectaron las garant\u00edas de las partes ni comportaron una lesi\u00f3n may\u00fascula del ordenamiento; f) por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido; g) porque, a la postre, en el asunto de que se trate no se viol\u00f3, al rompe, el ordenamiento en detrimento del recurrente. (CSJ AC 12 may. 2009, rad. 2001-00922, reiterado AC 30 ago. 2013, rad. 2001-003000-01 y en igual sentido CSJ AC-3337 de 2015, rad. 2008-00668-01, entre otros). <\/p>\n
5. En conclusi\u00f3n, debido a las manquedades anotadas habr\u00e1 de inadmitirse el reproche planteado por la recurrente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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