AC5722-2021 (2009-00595-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5722-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-019-2009-00595-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del once de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por JUAN CARLOS FAJARDO G\u00d3MEZ para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 5 de marzo de 2020 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario de ocultamiento de bienes sociales que en contra del recurrente promovi\u00f3 LUZ STELLA GIL RODR\u00cdGUEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo inicial se solicit\u00f3: i) declarar que las acciones que integran el portafolio de inversi\u00f3n en Alianza Valores S.A. hacen parte de la comunidad de gananciales, por haber sido adquiridas en vigencia de la sociedad patrimonial que conformaron las partes; ii) declarar que el demandado obr\u00f3 dolosamente al distraer y ocultar dichos activos del inventario; iii) condenar a \u00e9ste a perder los derechos derivados de tales bienes, y a restituirlos doblados, junto con los rendimientos, intereses, dividendos y dem\u00e1s beneficios que hubiesen producido, y iv) imponer costas al enjuiciado1. <\/p>\n
2. Como causa petendi, se expuso: <\/p>\n
2.1. El 3 de diciembre de 2009, el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 que entre las partes de esta contienda existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde 13 de septiembre de 1991 hasta el 17 de junio de aquella anualidad. <\/p>\n
2.2. Enterado el convocado de la demanda que dio origen al precitado litigio, le orden\u00f3 a su asesor jur\u00eddico vender el portafolio de inversiones adquirido en vigencia del referido v\u00ednculo, a fin de no incluirlo en la futura liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que los compa\u00f1eros conformaron. <\/p>\n
2.3. Antes de que se practicaran las medidas cautelares decretadas en el proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, el 23 de julio de 2009 se hizo la enajenaci\u00f3n de las acciones, por intermedio de la comisionista Alianza Valores S.A. <\/p>\n
2.4. El actuar doloso del enjuiciado se aprecia en la venta, durante todo el mes de agosto de 2009, de las \u201c7.142\u201d acciones que ten\u00eda en el grupo empresarial Bol\u00edvar. <\/p>\n
3. Una vez notificado y dentro del t\u00e9rmino de traslado, el accionado contest\u00f3 los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones elevadas, y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cINEXISTENCIA DEL DERECHO POR LA CONDICI\u00d3N DE BIENES PROPIOS\u201d e \u201cINEXISTENCIA DE ILICITUD\u201d. <\/p>\n
En sustento de esas defensas, el convocado se\u00f1al\u00f3 que las acciones denunciadas fueron adquiridas por su progenitor, y despu\u00e9s se le adjudicaron en el proceso de sucesi\u00f3n de \u00e9ste, mediante la sentencia proferida el 22 de marzo de 1996 por el Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1, por lo que constituyen bienes propios y no hacen parte del haber social. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que incluso si se admitiera que dichos bienes no son propios, la administraci\u00f3n de los mismos estaba regida por la Ley 28 de 1932, por lo que nada le imped\u00eda disponer de ellos antes de declararse la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial, m\u00e1xime cuando la demanda que propici\u00f3 la ulterior conciliaci\u00f3n judicial, le fue notificada personalmente el 30 de septiembre de 20093. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 con la sentencia del 18 de diciembre de 2018, en la que el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cinexistencia del derecho por la condici\u00f3n de bienes propios\u201d. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA parcialmente la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u2018Inexistencia de ilicitud\u2019. <\/p>\n
\u201cTERCERO: DECLARAR que las acciones descritas a continuaci\u00f3n pertenec\u00edan a la sociedad patrimonial sostenida por los [justiciables] y cuyo valor asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($463.438.898): <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201cCUARTO: DECLARAR que (\u2026) JUAN CARLOS FAJARDO G\u00d3MEZ, por haber distra\u00eddo dolosamente las acciones indicadas en el numeral anterior, pierde su porci\u00f3n en el referido activo, esto es, el cincuenta por ciento. <\/p>\n
\u201cQUINTO: DECLARAR que (\u2026) JUAN CARLOS FAJARDO G\u00d3MEZ, debe restituir doblado a la sociedad patrimonial, (\u2026) el activo referido en el numeral tercero (\u2026). Valor \u00faltimo que debe restituir el demandado a la masa social doblado. <\/p>\n
\u201cSEXTO: Condenar en costas a la parte demandada, para tal efecto se se\u00f1alan como agencias en derecho la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000). T\u00e1sense\u201d4. <\/p>\n
5. Como fundamento de la anterior determinaci\u00f3n, la juzgadora de primer grado sostuvo, en lo cardinal, que las acciones en Inversiones Argos S.A., Valorem S.A., Compa\u00f1\u00eda Nacional de Chocolates S.A. (Grupo Nutresa), Suram\u00e9rica de Inversiones S.A., Colinvers S.A. y Textiles Fabricato Tejicondor S.A., enajenadas en febrero de 2002, el 17 de julio y 23 de agosto de 2009, son de la sociedad patrimonial conformada por las partes desde el 13 de septiembre de 1991 hasta el 17 de junio de aquella \u00faltima data, de acuerdo a la conciliaci\u00f3n aprobada por el Juzgado Diecinueve de Familia de esta capital, con excepci\u00f3n de las dem\u00e1s acciones relacionadas en la demanda. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que de acuerdo con la Ley 28 de 1932, los compa\u00f1eros ten\u00edan para la libre disposici\u00f3n de sus bienes como fecha l\u00edmite el 17 de junio de 2009, por lo que se evidencia que dichos activos, a excepci\u00f3n de las acciones en el BBVA Colombia S.A., fueron vendidos cuando ya se encontraba disuelta la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que la conducta del demandado se muestra dolosa, ya que enajen\u00f3 las rese\u00f1adas acciones cuando era conocedor de que la uni\u00f3n marital y consecuente sociedad patrimonial existente entre \u00e9l y su contraparte hab\u00eda finalizado, con lo cual evit\u00f3 que esos activos fueran tenidos en cuenta en los inventarios y aval\u00faos del respectivo tr\u00e1mite liquidatorio, causando un perjuicio a la demandante5. <\/p>\n
6. Inconformes con la anterior decisi\u00f3n, tanto el convocado como la actora la apelaron, tras esgrimir, el primero de ellos, dos reparos contra esta, alusivos a que la juez del conocimiento no realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria de la prueba testimonial, pericial y documental, ya que sus juicios denotan \u201cfalta de independencia, imparcialidad y objetividad\u201d, pues, de no haber actuado as\u00ed, hubiese concluido que no se dio ninguna conducta dolosa de su parte6, mientras que la segunda plante\u00f3 tres reproches, atinentes a que no se debi\u00f3 declarar prospera parcialmente la excepci\u00f3n de inexistencia del derecho por la condici\u00f3n de bienes propios, no se incluyeron en el haber social las acciones de Coltejer S.A., no se aplic\u00f3 la sanci\u00f3n reclamada sobre las de BBVA Colombia S.A., y las costas no se tasaron conforme con la normatividad aplicable al asunto7. <\/p>\n
7. Al desatar la alzada mediante fallo del 5 de marzo de 2020, el superior modific\u00f3 los ordinales tercero y quinto de la providencia del a-quo, en el sentido de incluir en el haber social 303 acciones de Coltejer S.A., y declarar que el demandado \u201cdeber\u00e1 restituir por el doble de su valor a la sociedad patrimonial (\u2026) seg\u00fan el dictamen pericial la suma de ($463.439.234). Valor \u00faltimo que este deber\u00e1 restituir doblado a la masa social, y el cual debe ser adjudicado a la parte demandante\u201d. Adem\u00e1s, conden\u00f3 en costas al enjuiciado en un porcentaje del 30%8. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Los argumentos del ad-quem, que guardan relaci\u00f3n con los dos cargos propuestos, se compendian as\u00ed: <\/p>\n
1. El dolo no se presume, conforme lo dispone el art\u00edculo 1516 del C\u00f3digo Civil, por ende debe probarse, y en el presente caso, contrario a lo se\u00f1alado por el recurrente Fajardo G\u00f3mez, en el proceso est\u00e1 acreditado que \u00e9l actu\u00f3 dolosamente para distraer bienes sociales de la liquidaci\u00f3n del haber social perteneciente a los compa\u00f1eros permanentes, dado que, como se acept\u00f3 en el interrogatorio de parte practicado, vendi\u00f3 el portafolio de acciones referido en la demanda, \u201ca sabiendas que para el momento de la venta se hab\u00eda disuelto la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial con la se\u00f1ora Luz Stella Gil Rodr\u00edguez\u201d, aunque esta no se hubiese declarado para dicho instante. <\/p>\n
2. Los extremos temporales de aquella fueron indicados por las partes en audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 2 de diciembre de 2009, esto es, desde el 13 de septiembre de 1991 hasta el 17 de junio de la anterior anualidad, lo cual quiere decir que para el 17 y 23 de julio siguientes, fecha de la venta de las acciones sociales, la aludida sociedad patrimonial \u201cse encontraba en estado de indivisi\u00f3n\u201d conforme con el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, por lo que el demandado ya hab\u00eda perdido la facultad de administraci\u00f3n de dichos bienes, circunstancia que demuestra el dolo requerido para dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, m\u00e1xime cuando no avis\u00f3 de esas transacciones a la demandante. <\/p>\n
3. El testimonio de \u201cJhon Alexander Romero Nocobe\u201d, quien revel\u00f3 \u201chaber asesorado jur\u00eddicamente\u201d al enjuiciado desde 2008 hasta finales de 2009, \u201ctiene la fuerza probatoria para tener por probada la actuaci\u00f3n dolosa de defraudar a la compa\u00f1era\u201d, pues \u201cdijo tener una relaci\u00f3n profesional y familiar con el demandado, al punto que fue autorizado por el se\u00f1or Fajardo para realizar acercamientos sobre la conciliaci\u00f3n del proceso que instaur\u00f3 (\u2026) Luz Stella Gil Rodr\u00edguez en su contra, y conocer m\u00e1s de \u00e9l acerc\u00e1ndose al despacho de la apoderada de la demandante a fin de conocer las pretensiones de la demanda en los meses de febrero o marzo de 2009\u201d. <\/p>\n
4. El convocado asever\u00f3 que \u201ctanto su padre como \u00e9l todo el tiempo mantuvieron sus inversiones a cargo de la empresa Alianza Valorem, la cual dispon\u00eda libremente a su conveniencia el manejo burs\u00e1til, esto es, vender y comprar cuando fuera conveniente\u201d; no obstante, \u201cno se demostr\u00f3 que dicha compa\u00f1\u00eda tuviera esta libre administraci\u00f3n y negociaci\u00f3n de estos valores en el mercado, carga que le correspond\u00eda (\u2026) no solo para desvirtuar el dolo que se le atribuy\u00f3, sino para demostrar que la empresa administradora comisionista de valores tuvo la necesidad de vender las acciones por alguna raz\u00f3n, sin embargo ninguna de estas circunstancias se demostr\u00f3, resultando a\u00fan m\u00e1s ins\u00f3lito que la venta de las acciones, siendo de diferentes sociedades dedicadas a diversos campos de la econom\u00eda, se dio \u00fanicamente en dos fechas\u201d. <\/p>\n
5. Finalmente indic\u00f3, en relaci\u00f3n con la falta de inclusi\u00f3n de las acciones en Coltejer S.A. alegada por la demandante, que \u201cel demandado no demostr\u00f3 que fueran propias\u201d, por lo que se deb\u00edan tener como sociales de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 1795 del C\u00f3digo Civil, \u201csiendo necesario ordenar su restituci\u00f3n doblada, pero por congruencia, solo respecto de las 303 acciones relacionadas en la demanda [y sobre] las cuales se realiz\u00f3 el dictamen\u201d9. <\/p>\n
El recurrente formula dos ataques contra el fallo del Tribunal, fundamentados como pasa a verse10. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se soporta en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y en este se acusa la sentencia de segundo grado de violar directamente, por \u201cinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d, los art\u00edculos 1824 y 1515 del C\u00f3digo Civil, y por \u201cfalta de aplicaci\u00f3n\u201d los c\u00e1nones 63, 739 y 1826 de esa misma obra, as\u00ed como los preceptos 29 y 58 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Al explicar el embate, el impugnante adujo, en lo cardinal, que la venta de las acciones no se adec\u00faa al dolo que hace alusi\u00f3n el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, \u201cporque en la mente, en la psiquis y espiritualidad del demandado exist\u00eda el convencimiento de tratarse de bienes propios y de otra parte para el 17 y 23 de Julio de 2009, las acciones no eran de la sociedad patrimonial de hecho, pues la misma no hab\u00eda sido declarada judicialmente, ni reconocida por los compa\u00f1eros permanentes, acto que solo vino a ocurrir 6 meses despu\u00e9s, esto es, el 2 de diciembre de 2009\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Tribunal \u201cinterpret\u00f3 de manera err\u00f3nea\u201d dicho precepto, toda vez que \u201cle adicion\u00f3 un significado que no tiene, como lo es el dolo frente a una uni\u00f3n marital de hecho y una sociedad patrimonial de hecho que no hab\u00eda nacido a la vida jur\u00eddica y de otra parte el catalogar a las acciones como bienes de la sociedad patrimonial, sin que la misma tuviera para ese monto existencia jur\u00eddica\u201d. <\/p>\n
Expuso que por \u201ctratarse de bienes propios heredados, su depreciaci\u00f3n y rendimientos llev\u00f3 a la convicci\u00f3n errada e invencible al demandado a considerar que no estaba cometiendo dolo alguno, falta o fraude y, como \u00e9ste \u201cno es abogado, ni t\u00e9cnico en derecho\u201d, no ten\u00eda \u201cla capacidad de captar la hermen\u00e9utica ni del hecho de enajenaci\u00f3n de las acciones y mucho menos la existencia, significado y contenido de la norma (\u2026) independientemente que la uni\u00f3n marital y sociedad patrimonial estuvieren o no declaradas o reconocidas\u201d, por lo que al ser el dolo \u201cconocer la existencia del hecho il\u00edcito y no obstante querer su realizaci\u00f3n\u201d, es claro que ello no ocurri\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el fallador de segundo grado afirm\u00f3 \u201chaber llegado a la conclusi\u00f3n inequ\u00edvoca de que el demandado al enajenar las acciones actu\u00f3 de manera dolosa, sin acudir a un razonamiento de fondo basado en reflexiones netamente jur\u00eddicas, que son las que proyectan el verdadero significado del actuar doloso\u201d. <\/p>\n
Dijo que el juez colegiado vulner\u00f3 de manera directa -por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y adici\u00f3n de significado- el art\u00edculo 1515 del C\u00f3digo Civil, el cual \u201cexpresamente proh\u00edbe presumir el dolo para casos como este\u201d, que fue lo que hizo dicha autoridad, \u201cal inferir que por haber estado viviendo el demandado con la demandante, sin que se hubiera declarado o reconocido la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la existencia y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, el haber enajenado las acciones es un actuar doloso\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el ad-quem, para concluir que el convocado actu\u00f3 con dolo, aplic\u00f3 \u201cuna responsabilidad objetiva o responsabilidad por el hecho, es decir, acudi\u00f3 solamente al nexo de causalidad f\u00edsica entre el autor y el hecho que considera da\u00f1ino, en este caso la simple relaci\u00f3n entre el demandado y la venta anticipada de las acciones, dejando de lado los fen\u00f3menos subjetivos que intervinieron en esa negociaci\u00f3n\u201d; en otras palabras, \u201cno se indag\u00f3, ni se valor\u00f3 el elemento subjetivo del actor\u201d. <\/p>\n
Igualmente, indic\u00f3 que el Tribunal desconoci\u00f3 el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el cual consagra el derecho fundamental al debido proceso, que a su vez comprende \u201cla correcta aplicaci\u00f3n de las normas legales\u201d, ya que decidi\u00f3 \u201crevocar parcialmente la sentencia para decir que el demandado actu\u00f3 con dolo y por ello debe restituir a la sociedad patrimonial de hecho el valor de las acciones doblado, lo cual afecta de manera directa los derechos heredados por el demandado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sostuvo que el juzgador de segunda instancia tambi\u00e9n inaplic\u00f3 el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el precepto 739 de la misma obra, ya que el comportamiento del demandado al momento de enajenar las acciones \u201cno se ajusta o se tipifica\u201d dentro de la descripci\u00f3n de dolo que hace la primera de las citadas normas, especialmente porque el enjuiciado para la fecha de la enajenaci\u00f3n consideraba que el rese\u00f1ado portafolio de acciones era propio, y tambi\u00e9n sus rendimientos. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que dicha autoridad infringi\u00f3 directamente las mencionadas normas sustantivas, al \u201cdar por cierto, no est\u00e1ndolo, que para el momento de la venta de las acciones ya exist\u00eda jur\u00eddicamente la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho entre demandante y demandado, cuando en realidad de verdad ello ocurri\u00f3 6 meses despu\u00e9s\u201d11. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Sobre la base de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el censor acusa la sentencia combatida de violar indirectamente la ley sustancial, en particular, los art\u00edculos 152, 1516, 1795 y 1871 del C\u00f3digo Civil, 38 de la Ley 153 de 1887, 5\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, as\u00ed como el 176 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de \u201cerror de hecho por falso juicio de identidad derivado de la adici\u00f3n, tergiversaci\u00f3n y omisi\u00f3n de significado de las pruebas\u201d. <\/p>\n
Para el desenvolvimiento del embate, el mandatario judicial del recurrente expuso, en resumen, que el Tribunal err\u00f3 en lo f\u00e1ctico al i) Afirmar \u201cque el demandado acept\u00f3 en el interrogatorio de parte rendido ante el Juez de Primera Instancia el dolo, al haber admitido haber vendido las acciones estando disuelta la uni\u00f3n marital de hecho conformada por la demandante, cuando ello no era cierto\u201d; ii) \u201c[i]nferir de la conciliaci\u00f3n del 2 de diciembre de 2009, que el demandado no ten\u00eda la administraci\u00f3n de sus bienes para el momento de la venta de las acciones, acto ejecutado los d\u00edas 17 y 23 de julio de 2009\u201d; iii) \u201c[c]oncluir que la venta de las acciones fue un acto doloso y no la venta de cosa ajena\u201d; iv) \u201c[t]ergiversar el testimonio del declarante JOHN ALEXANDER ROMERO NOCOBE, para probar la actuaci\u00f3n dolosa del demandado\u201d; y v) \u201c[c]onsiderar disuelta la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial, sin haber declaraci\u00f3n judicial o haberse reconocido de manera voluntaria\u201d12. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Norma aplicable <\/p>\n
El examen de la presente demanda de casaci\u00f3n se har\u00e1 con el C\u00f3digo General del Proceso13, pues la opugnaci\u00f3n extraordinaria se formul\u00f3 el 11 de marzo de 202014, esto es, en vigencia de dicho estatuto. <\/p>\n
2. Estudio formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se invoca la causal primera de casaci\u00f3n y, por ende, la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, previene literal a) del numeral 2\u00ba del \u00faltimo de los citados preceptos, que \u201cel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d, y que \u201cser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d (par\u00e1grafo 1\u00ba). <\/p>\n
A lo anterior cumple agregar, que cuando se aduce la transgresi\u00f3n directa del ordenamiento, para satisfacer las exigencias formales no es suficiente con la mera invocaci\u00f3n de las normas sustanciales, sino que es preciso en aras de la claridad y precisi\u00f3n, que en la demanda se ponga de presente de qu\u00e9 forma el precepto invocado fue base o debi\u00f3 serlo de la sentencia recurrida, y la manera como el sentenciador lo transgredi\u00f3, es decir, si por falta de aplicaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Adicionalmente, la violaci\u00f3n directa de la ley, reiteradamente ha se\u00f1alado la Corte, \u201ces necesario demostrarla\u201d15, por lo cual no es suficiente aseverar, sin la concreci\u00f3n debida, el desconocimiento de ciertas reglas sustanciales, siendo preciso que se manifieste en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal conducta y qu\u00e9 incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte. <\/p>\n
Finalmente, cuando se alega la causal segunda de casaci\u00f3n y, por ende, la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial, ya sea por la comisi\u00f3n de errores de hecho o de derecho, en la respectiva demanda se debe enunciar los preceptos de ese linaje vulnerados con el fallo impugnado. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con el desatino probatorio de orden f\u00e1ctico, se ha indicado que en dicho escrito tambi\u00e9n \u201cdeber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material\u201d16, esto es, si el fallador \u201cpretiri\u00f3 o tergivers\u00f3 los elementos de juicio existentes en el proceso, o si supuso uno inexistente\u201d17. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como lo ha enfatizado la Sala, el ataque \u201cdebe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia\u201d18. <\/p>\n
As\u00ed pues, confrontadas las exigencias formales mencionadas, se advierte que estas no se cumplieron cabalmente en los dos cargos planteados, como pasa a explicarse en detalle. <\/p>\n
2.1. Respecto del primero <\/p>\n
2.1.1. Como ya se dijo, se denuncia la violaci\u00f3n recta de la ley sustancial, por considerarse indebidamente interpretados los art\u00edculos 1824 y 1515 del C\u00f3digo Civil, y por estimarse que falt\u00f3 la aplicaci\u00f3n al caso de los c\u00e1nones 63, 739 y 1826 de esa misma obra, y de los preceptos 29 y 58 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Pues bien, en relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n directa de la normatividad sustantiva, se ha afirmado exhaustivamente y as\u00ed se corrobora en la legislaci\u00f3n vigente19, que ella surge de errores puramente jur\u00eddicos (juris in judicando), esto es, con total abstracci\u00f3n de la prueba de los hechos. En otros t\u00e9rminos, para soportar id\u00f3neamente el quiebre recto de una norma sustancial, preciso es que se muestre la interpretaci\u00f3n equivocada, la inaplicaci\u00f3n o la aplicaci\u00f3n indebida, sin acudir, en l\u00ednea de principio, a aspectos relativos sobre el an\u00e1lisis o valoraci\u00f3n de las pruebas, ya que como lo ha se\u00f1alado la Sala, <\/p>\n
\u201cLa trasgresi\u00f3n recta v\u00eda de la normatividad supone que ninguna discrepancia surge para el recurrente en casaci\u00f3n acerca del cuadro f\u00e1ctico o probatorio que subyace congruente con la acusaci\u00f3n. Se entiende, llanamente, que la censura lo acepta tal cual fue fijado por el Tribunal. La raz\u00f3n estriba en que, para verificar los errores estrictamente jur\u00eddicos, la Corte no trabaja con las pruebas ni con los hechos del proceso. \u00danicamente tiene en cuenta, como lo tiene explicado, los textos legales sustantivos (\u2026) y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos. Ello comporta que, por ese camino, el estudio queda confinado a pol\u00e9micas sustantivas (…) Por esto, el art\u00edculo 344, numeral 2\u00ba, literal a), inciso 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que la acusaci\u00f3n \u201cse circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d20 <\/p>\n
2.1.2. En el cargo examinado desde lo formal, se advierte que aunque el recurrente cumpli\u00f3 con la carga de invocar al menos una norma sustancial que estuviera \u00edntimamente ligada con el objeto de la determinaci\u00f3n confutada21, al desarrollar el embate desatendi\u00f3 la regla prevista en el literal a) del numeral 2\u00b0 del aludido canon, ya que introdujo apreciaciones y cuestionamientos de \u00edndole probatoria, que no son procedentes cuando de fundar un ataque en la causal primera se trata. <\/p>\n
En efecto, como se extrae del pertinente compendio realizado l\u00edneas atr\u00e1s, el censor al tratar de demostrar el cargo, critic\u00f3 la labor valorativa del fallador de segundo grado, al se\u00f1alar con ah\u00ednco que el Tribunal err\u00f3 al inferir que <\/p>\n
\u201cpor haber estado viviendo el demandado con la demandante, sin que se hubiera declarado o reconocido la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la existencia y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, el haber enajenado las acciones es un actuar doloso\u201d, lo que se traduce en la aplicaci\u00f3n de \u201cuna responsabilidad objetiva o responsabilidad por el hecho\u201d, m\u00e1xime cuando en el fallo \u201cno se indag\u00f3, ni se valor\u00f3 el elemento subjetivo del [enjuiciado]\u201d, sumado a que dicha autoridad se equivoc\u00f3 al \u201cdar por cierto no est\u00e1ndolo, que para el momento de la venta de las acciones ya exist\u00eda jur\u00eddicamente la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho entre demandante y demandado, cuando en realidad (\u2026) ello ocurri\u00f3 6 meses despu\u00e9s\u201d. <\/p>\n
2.1.3. Por otro lado, visto en todo su contexto la acusaci\u00f3n, se evidencia que el recurrente solo se mostr\u00f3 inconforme con la adecuaci\u00f3n f\u00e1ctica del caso realizada por el ad-quem, la cual, bajo la \u00e9gida de este motivo de casaci\u00f3n, como ya se dijo, es irreprochable, descontento que en toda la argumentaci\u00f3n del cargo estuvo presente, sin que se llegara a explicar con el rigor debido, por un lado, cu\u00e1l fue -en concreto- el error de interpretaci\u00f3n que cometi\u00f3 el fallador de segundo grado, m\u00e1xime cuando la aludida autoridad hizo cita de la jurisprudencia patria frente a la hermen\u00e9utica del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, y por el otro, porqu\u00e9 debieron ser base del fallo las dem\u00e1s normas invocadas, en la medida que siempre el casacionista parti\u00f3 de aqu\u00e9lla discrepancia en la valoraci\u00f3n probatoria para intentar justificar el embate propuesto, carencia, entonces, que deja al descubierto la ausencia de demostraci\u00f3n y de trascendencia del cargo, lo que se traduce en el incumplimiento de la carga establecida en el inciso final del literal a) del numeral 2\u00b0 del precepto mencionado. <\/p>\n
2.1.4. Cabe agregar que cuando en el cargo se afirma que la conducta del demandado -consistente en haber enajenado las acciones que hab\u00eda adquirido previamente por v\u00eda de herencia- no se ajusta a la adecuada descripci\u00f3n del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil; all\u00ed de ninguna forma se est\u00e1 explicando o justificando el concepto de la violaci\u00f3n denunciado, valga anotar, la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del precepto, sino a lo sumo lo que se hace es un intento por argumentar una aplicaci\u00f3n indebida del canon, que deja de ser tal, cuando el censor incorpora a su trabajo argumentativo aspectos de naturaleza f\u00e1ctica, pues, decir que no hay prueba del dolo en la venta de acciones, o que no hubo ocultamiento de bienes de la sociedad patrimonial ya que los vendidos eran propios, es adentrarse en el meollo de lo que se discuti\u00f3 precisamente en el proceso, en materia de los hechos. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Adem\u00e1s, sale a flote el desenfoque del cargo, cuando en este se asevera que el Tribunal, en una parte, fund\u00f3 su decisi\u00f3n en una responsabilidad objetiva, y en otra, que hizo presumir el dolo. <\/p>\n
Al respecto, basta leer con detalle el fallo censurado para advertir que el sentenciador de segunda instancia en ning\u00fan momento tomo partido por una responsabilidad estricta u objetiva, y mucho menos que la haya presumido de un mero acto negocial. En efecto, en el segmento pertinente de la providencia se dice: \u201cEl dolo conforme lo dispone el art\u00edculo 1516 del C\u00f3digo Civil, no se presume, por ende, debe estar probado, y en el presente caso, se logr\u00f3 demostrar que el demandado incurri\u00f3 en una actuaci\u00f3n de la naturaleza que se le enrostra\u2026\u201d. <\/p>\n
2.1.6. En conclusi\u00f3n, la censura inicial se torna ineludiblemente inadmisible, por desatender las exigencias formales m\u00ednimas para su admisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En cuanto al segundo <\/p>\n
2.2.1. Lo ha sostenido repetidamente la Sala, que en la determinaci\u00f3n que el juzgador haga de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta para subsumirla en la hip\u00f3tesis abstracta de la norma, es posible que se incurra en errores en la valoraci\u00f3n de las pruebas. Y se presenta el de hecho -que es el que ac\u00e1 interesa-, cuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al existente le da una interpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido22. <\/p>\n
2.2.2. Tambi\u00e9n ha enfatizado continuamente la Corte, que al recurrirse una sentencia de segunda instancia con soporte en el acometimiento de un error de hecho, es deber del impugnante establecer que el sentenciador colegiado ha supuesto la prueba, o que ha ignorado la que est\u00e1 presente en el expediente, supuestos en los que encaja, naturalmente, la adici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de la probanza. <\/p>\n
Adem\u00e1s, corresponde al censor demostrar, que la apreciaci\u00f3n del medio suasorio es al rompe contraevidente, por contrariar la realidad f\u00e1ctica que objetivamente se plasma en la prueba. <\/p>\n
Por lo mismo, en la formulaci\u00f3n de un ataque como el presente, ha de dejarse expuesto con la mayor claridad, que la equivocaci\u00f3n del Tribunal al ponderar la prueba fue de tal magnitud, que pugna con la realidad del proceso, pues de no hacerse, \u201cla duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de las interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u201d23. <\/p>\n
2.2.3. En concordancia con lo expuesto, bueno es memorar que para atender el deber de demostraci\u00f3n de los errores de hecho que se atribuyan a las pruebas del proceso, la Corte ha indicado que: <\/p>\n
\u201cEs insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u2018El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u2018si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u2019 (se subraya; auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088), (\u2026). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada.\u201d24. <\/p>\n
2.2.4. Puesta la mirada en el segundo embate, se observa que en este el recurrente atendi\u00f3 la carga de se\u00f1alar las pruebas que a su juicio fueron indebidamente apreciadas por el Tribunal, esto es, interrogatorio de parte al demandado, acta de audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 2 de diciembre de 2009 en el proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre las partes de este mismo litigio, y testimonio de John Alexander Romero Nocobe. <\/p>\n
En efecto, en punto del interrogatorio de parte, por ejemplo, el censor se limit\u00f3 a poner de presente su particular propuesta de valoraci\u00f3n de la prueba a la manera de un alegato de instancia, dejando de lado la tarea central de evidenciar, de qu\u00e9 forma se produjo la adici\u00f3n o suposici\u00f3n del medio. <\/p>\n
Para ilustrar lo dicho, se transcribe a continuaci\u00f3n, in extenso, lo se\u00f1alado por el impugnante en su fallida pretensi\u00f3n de sustentar el desatino f\u00e1ctico: <\/p>\n
\u201cEl demandado reconoci\u00f3 haber hecho la venta de las acciones, pero nunca acept\u00f3 haberlo hecho de manera dolosa y tampoco reconoci\u00f3 que para ese momento hubiera uni\u00f3n marital de hecho, sociedad patrimonial de hecho y mucho menos que las mismas estuvieran disueltas y lo que hace el fallador es tomar esa prueba de interrogatorio de parte para tergiversarle o adicionarle un significado que no tiene, lo cual constituye error de hecho por falso juicio de identidad, por adici\u00f3n de significado al interrogatorio de parte. Aceptar lo anterior implica acudir a una autoincriminaci\u00f3n para de ah\u00ed inferir el dolo, lo cual vulnera el derecho fundamental de primera generaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional de no auto incriminaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos se tiene que el recurrente, so pretexto de la comisi\u00f3n de un error de hecho en la apreciaci\u00f3n del interrogatorio de parte al demandado, lo que verdaderamente pretende es reabrir, con la mayor amplitud posible, el debate que en las instancias se dio sobre la estructuraci\u00f3n de los presupuestos, en el presente caso, del ocultamiento de bienes sociales y sus consecuencias pecuniarias. <\/p>\n
No se observa, insisten la Sala, una verdadera demostraci\u00f3n del error de hecho evidente que eventualmente pudo haber cometido el Tribunal respecto del interrogatorio de parte, porque sin haberse hecho recuento de su contenido material, dif\u00edcil es establecer la posible tergiversaci\u00f3n o adici\u00f3n de su contenido, como se denunci\u00f3. <\/p>\n
Ahora bien, que el desarrollo del cargo apunta a algo diferente a la cabal acreditaci\u00f3n de una pifia f\u00e1ctica, se reafirma en el siguiente pasaje: <\/p>\n
\u201cEl anterior error de hecho por falso juicio de identidad derivado de la tergiversaci\u00f3n o adici\u00f3n del significado de la prueba de interrogatorio de parte, llev\u00f3 al fallador de instancia a revocar apartes de la sentencia de primera instancia y a confirmar otros apartes para dejar al demandado como defraudador doloso de la sociedad patrimonial de hecho que no exist\u00eda jur\u00eddicamente y de esa forma castigarlo con la p\u00e9rdida de sus acciones y su reintegro dobladas a la sociedad patrimonial de hecho y sin derecho a participaci\u00f3n alguna. De acuerdo a los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, donde el legislador no distingue, no tiene por qu\u00e9 distinguir el int\u00e9rprete de la ley. Cuando el sentido de la ley es claro no se puede desatender su tenor literal, lo cual sirve para afirmar que el sentido de los art\u00edculos 5\u00ba de la Ley 54 de 1990, art\u00edculos 152 y 1820 del C\u00f3digo Civil, son claro y por ello no pod\u00eda el Tribunal de Instancia, in aplicar y desconocer su contenido literal para concluir que la separaci\u00f3n de hecho de cuerpos de los compa\u00f1eros permanentes es causal de disoluci\u00f3n tanto de la uni\u00f3n marital de hecho, al igual que de la sociedad patrimonial de hecho\u201d. <\/p>\n
An\u00e1loga situaci\u00f3n se da en relaci\u00f3n con las otras pruebas (testimonio, audiencia de conciliaci\u00f3n, etc.), al consistir toda la censura en la personal apreciaci\u00f3n que sobre esos medios y los dem\u00e1s elementos del litigio expuso el demandado. <\/p>\n
Elocuentes, a ese respecto, cuando en otro apartado del cargo se se\u00f1ala, por fuera de las exigencias m\u00ednimas para denunciar el error de hecho, que <\/p>\n
\u201cexiste error de hecho por falso juicio de existencia probatoria, porque el fallador de instancia, no apreci\u00f3, no valor\u00f3, es m\u00e1s no menciona en la sentencia impugnada en casaci\u00f3n, el trabajo de partici\u00f3n de bienes y adjudicaci\u00f3n de los mismos, aprobada por el Juzgado 19 de Familia de Circuito de Bogot\u00e1 D. C., cuya providencia fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n y la misma Sala del Tribunal autora de la sentencia hoy d\u00eda recurrida en casaci\u00f3n, la confirm\u00f3, donde las mismas acciones fueron excluidas de esa liquidaci\u00f3n por tratarse de bienes propios del demandado. Esa decisi\u00f3n judicial hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada de manera material y no obstante fue revivida con el proceso declarativo de ocultamiento de bienes donde se produjo la sentencia que ahora es recurrida en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cEn la misma l\u00ednea del error de hecho derivado de falso juicio de identidad por adici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n del significado de las pruebas, el Tribunal de Instancia, infiere del testimonio del se\u00f1or JOHN ALEXANDER ROMERO NOCOBE, haber puesto de presente el dolo y por tanto cognici\u00f3n, volici\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la conducta de enajenaci\u00f3n de las acciones a sabiendas que pertenec\u00edan a la sociedad patrimonial de hecho. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El testigo ROMERO NOCOBE, nunca manifest\u00f3 que FAJARDO G\u00d3MEZ, estuviera absolutamente consiente, que tuviera plena conciencia y voluntad que las acciones fueran de la sociedad patrimonial de hecho, eso lo adiciona el fallador de instancia. No es cierto que FAJARDO G\u00d3MEZ, tuviera \u2018la certeza de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial\u2026\u2019, porque las mismas, ni la una, ni la otra hab\u00edan sido declaradas judicialmente, ni reconocidas de forma voluntaria por los compa\u00f1eros, lo cual ocurri\u00f3 mucho despu\u00e9s de los d\u00edas 17 y 23 de Julio de 2009, como lo fue el 2 de diciembre de 2009, es decir 6 meses despu\u00e9s de esa enajenaci\u00f3n. Por lo anterior el argumento resulta errado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Las anteriores consideraciones puramente l\u00f3gicas y argumentativas, demuestran la variaci\u00f3n, alteraci\u00f3n y tergiversaci\u00f3n del contenido del testimonio de ROMERO NOCOBE, lo cual se traduce en una violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por falso juicio de identidad, por adici\u00f3n del significado de la prueba: se le puso a decir al testigo lo que no dijo y ello repercuti\u00f3, incidi\u00f3 e hizo que la parte resolutiva de la sentencia fuera como fue, es decir desfavorable al demandado, y de otra parte afecta los derechos materiales sustantivos del demandado y hace que la comunidad nacional pierda a credibilidad en el Poder Judicial como uno de los tres \u00f3rganos o ramas que conforma el Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho.\u201d <\/p>\n
Como puede verse, aunque el impugnante indic\u00f3 en que consisti\u00f3 el error de hecho del Tribunal e identific\u00f3 los medios de convicci\u00f3n supuestamente mal apreciados, dej\u00f3 de singularizar los fragmentos o pasajes de ellos en los que recay\u00f3 cada uno de los yerros denunciados, y tampoco hizo el debido contraste entre su contenido objetivo con lo que el Tribunal dedujo o debi\u00f3 colegir de los mismos, y en oposici\u00f3n a ello, plasm\u00f3 su criterio valorativo frente a cada una de las pruebas all\u00ed mencionadas, cual alegato de conclusi\u00f3n, como si la casaci\u00f3n se tratara de una tercera instancia. <\/p>\n
Por consiguiente, el embate incumple el mandato expreso en la parte final del literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 atr\u00e1s mencionado. <\/p>\n
Se llega a la anterior deducci\u00f3n, toda vez que no se aprecia de parte del ad-quem un actuar que pueda ser deslegitimado por esta v\u00eda extraordinaria, comoquiera que, analizados los argumentos que sustentan el fallo confutado, se observa que aplic\u00f3 correctamente la normatividad llamada a disciplinar el caso, con apoyo en la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica en discusi\u00f3n ha emitido la Sala, cuyos presupuestos hall\u00f3 configurados en las pruebas recaudadas en el proceso. <\/p>\n
En efecto, tal y como se extract\u00f3 en el ac\u00e1pite correspondiente, de la declaraci\u00f3n de parte del recurrente, los testimonios recaudados, particularmente, del rendido por Jhon Alexander Romero Nocobe (asesor jur\u00eddico del recurrente), y los documentos allegados por las distintas compa\u00f1\u00edas administradoras de portafolios de acciones y las sociedades donde se tienen estas, as\u00ed como la conciliaci\u00f3n aprobada el 2 de diciembre de 2009 por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, los cuales fueron analizados por el juez colegiado bajo las reglas imperativas del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, se encuentra acreditado el actuar doloso que exige el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil para que surjan las consecuencias que dicha norma prev\u00e9. <\/p>\n
Ello, por cuanto, como lo sostuvo el fallador de segundo grado, la venta de las acciones tenidas en Inversiones Argos S.A., Valorem S.A., Compa\u00f1\u00eda Nacional de Chocolates S.A. (Grupo Nutresa), Suram\u00e9rica de Inversiones S.A., Colinvers S.A., Textiles Fabricato Tejicondor S.A. y Coltejer S.A., la hizo el enjuiciado el 17 y 23 de julio de 2009, es decir, un mes despu\u00e9s de haberse disuelto la uni\u00f3n marital, hecho que era conocido por \u00e9ste, pues, desde febrero de ese mismo a\u00f1o, su abogado de confianza ven\u00eda haciendo acercamientos para conciliar las pretensiones de la demandante, de ah\u00ed que, resulta intrascendente que el acuerdo conciliatorio se haya celebrado mucho despu\u00e9s, siendo ella la raz\u00f3n por la que aqu\u00e9lla autoridad concluy\u00f3 que el demandado para esas fechas ya hab\u00eda perdido la facultad de libre administraci\u00f3n de dichos bienes. <\/p>\n
Para la Corte, entonces, es claro que el Tribunal no incurri\u00f3 en el desacierto sugerido y, por ende, el cargo definitivamente resulta inaceptable. <\/p>\n
4. Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, como lo fue, no se observa pues, vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarar\u00e1 desierta la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por el demandado JUAN CARLOS FAJARDO G\u00d3MEZ para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 5 de marzo de 2020 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario de ocultamiento de bienes sociales que en su contra promovi\u00f3 LUZ STELLA GIL RODR\u00cdGUEZ. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Archivo denominado 02.Cuaderno principal 1-1 Juzgado. Ordinario de ocultamiento de bienes.pdf, p\u00e1gs. 2 a 12, expediente digitalizado. <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 52 a 59, Cit. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 04.Cuaderno Juzgado 1-3 ordinario de ocultamiento de bienes.pdf, p\u00e1gs. 127 a 149, Ob. <\/p>\n
5\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1gs. 150 a 153, ejusdem. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1gs. 154 a 156, Cit. <\/p>\n
8\u0002 Archivo 01.Cuaderno No. 8 Tribunal.pdf, p\u00e1gs. 71 a 73, Cfr. <\/p>\n
9\u0002 Archivo FALLO AUDIENCIA DEL 05 DE MARZO DE 2020.wmv, Min. 21:05 a Min. 47:02, ejusdem. <\/p>\n
10\u0002 Archivo 10.RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACI\u00d3N JUAN CARLOS FAJARDO G\u00d3MEZ, cdno. Corte digitalizado. <\/p>\n
11\u0002 P\u00e1gs. 7 a 16, ib\u00eddem. <\/p>\n
12\u0002 P\u00e1gs. 16 a 31, Cit. <\/p>\n
13\u0002 Que rige integralmente desde el 1\u00ba de enero de 2016. <\/p>\n
14\u0002 Archivo 01. Cuaderno No. 8 Tribunal.pdf, p\u00e1gs. 75 a 77, expediente digitalizado remitido. <\/p>\n
15\u0002 CSJ, AC de 22 de julio de 2010, Rad. 2006-00026-01, reiterado en AC280-2021. <\/p>\n
16\u0002 CSJ, AC2679-2020. <\/p>\n
17\u0002 CSJ, AC2213-2020. <\/p>\n
18\u0002 AC2501-2021. <\/p>\n
19\u0002 Literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
20\u0002 CSJ SC2498-2021. <\/p>\n
21\u0002 La primera de las citadas disposiciones lo es, as\u00ed lo ha reconocido la Sala (CSJ AC745-2020, entre otros), am\u00e9n que fue base del fallo atacado. <\/p>\n
22\u0002 CSJ SC de 18 de mayo de 1983. GJ CLXXII, Primera Parte. <\/p>\n
23\u0002 G.J. LXVII, p\u00e1g. 380. <\/p>\n
24\u0002 Subrayas ajenas al texto original, CSJ SC, 2 feb. 2001, Exp. 5670, reiterado en AC2213-2020. <\/p>\n
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AC5722-2021 (2009-00595-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente AC5722-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-019-2009-00595-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del once de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59706","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59706\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}