AC5809-2021 (2016-00375-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5809-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25899-31-03-001-2016-00375-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Inmobiliaria MAPS JPEC S.A.S., como cesionaria reconocida de \u00c1lvaro Zapata Ram\u00edrez, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 29 de abril de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso declarativo de pertenencia que el cedente promovi\u00f3 contra Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. – En Liquidaci\u00f3n y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el juicio de la referencia \u00c1lvaro Zapata Ram\u00edrez solicit\u00f3 declarar que le \u00ab[pertenec\u00eda] el dominio pleno y absoluto (\u2026), por haberlo adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio el lote de terreno denominado \u201cEl Puerto\u201d, ubicado en la vereda Yerbabuena del municipio de Ch\u00eda, con un \u00e1rea de 4 hect\u00e1reas 5.228 metros cuadrados, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-720861 (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, la inscripci\u00f3n de la respectiva sentencia e imponerle las costas del proceso a sus opositores. <\/p>\n
Como sustento de su aspiraci\u00f3n relat\u00f3 que su progenitor, Juan Camilo Zapata V\u00e1zquez, \u00aben ejercicio del derecho societario\u00bb, adquiri\u00f3 el citado predio a nombre de Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda, mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 322 de 27 de febrero de 1986, otorgada ante la Notar\u00eda Veinticinco de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esa sociedad se declar\u00f3 disuelta y \u00aben estado de liquidaci\u00f3n hasta la fecha\u00bb, seg\u00fan consta en la escritura n\u00b0 6804 de 30 de diciembre de 1992 de la misma Notar\u00eda, debidamente inscrita en el registro mercantil. <\/p>\n
Narr\u00f3 que a partir del fallecimiento de su padre el 26 de noviembre de 1993, \u00e9l qued\u00f3 \u00aben poder\u00bb del lote, sobre el que ejerci\u00f3 \u00abactos de dominio y se\u00f1or\u00edo sin oposici\u00f3n alguna\u00bb, entre otros, la instalaci\u00f3n de un cerco perimetral, la construcci\u00f3n de un \u00abkiosko en estructura met\u00e1lica\u00bb y una \u00abpista de motocross\u00bb, adem\u00e1s de arrendarlo para \u00abactividades de agricultura [y] deportivas\u00bb, todo ello durante el tiempo necesario para \u00abdemandar la prescripci\u00f3n de linaje extraordinario\u00bb. Asever\u00f3 adem\u00e1s que pese a la titularidad que ostenta la sociedad demandada, su \u00abejercicio posesorio\u00bb fue p\u00fablico, pac\u00edfico y nunca abandon\u00f3 el inmueble \u00abni por su propia voluntad, ni por hechos de la naturaleza y menos por razones de orden judicial\u00bb, mostr\u00e1ndose siempre como el \u00abverdadero due\u00f1o\u00bb (fs. 36 a 43 ib.). <\/p>\n
2. Admitido el l\u00edbelo (27 oct. 2016 \u2013 fs. 47 a 48 C.1), la Liquidadora de la demandada, designada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, se resisti\u00f3 a las reclamaciones del actor y como excepci\u00f3n de m\u00e9rito le enrostr\u00f3 \u00abmala fe\u00bb (fs. 116 a 119 ib.). <\/p>\n
A su turno, la Curadora ad litem de las personas indeterminadas contest\u00f3, sin oponerse al pedimento del prescribiente (fs. 127 a 128 ib.). <\/p>\n
3. Mediante providencia de 21 de marzo de 2019 el a quo acept\u00f3 la \u00abcesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb que realiz\u00f3 \u00c1lvaro Zapata Ram\u00edrez a favor de Inmobiliaria MAPS JPEC S.A.S. (fl. 259 ib.) <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 declar\u00f3 infundado el \u00fanico medio de defensa all\u00ed invocado y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Tal decisi\u00f3n la impugn\u00f3 el Liquidador de la convocada, Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. (Audiencia 10 dic. 2019 – fs. 398 a 406 ib.). <\/p>\n
5. El ad quem revoc\u00f3 ese fallo, desestim\u00f3 las s\u00faplicas del extremo actor y lo conden\u00f3 al pago de las costas de ambas instancias. <\/p>\n
Para ello, luego de una referencia gen\u00e9rica a los presupuestos de la acci\u00f3n instaurada y a los reparos del apelante, centr\u00f3 su atenci\u00f3n en el \u00abfolio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N720861\u00bb y en el \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, de la sociedad Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda\u00bb, para precisar que \u00e9sta \u00abes la titular de derecho real del predio objeto de usucapi\u00f3n\u00bb y que \u00abmediante oficio n\u00b0 3091 UNEDLA del 09 de marzo de 2005, inscrito el 16 de marzo de 2005 bajo el n\u00b0 85129 del Libro VIII, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos comunic\u00f3 que en el proceso de extinci\u00f3n de dominio radicado 931 ed, se decret\u00f3 el embargo y secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo del 100% de las cuotas de inter\u00e9s de la sociedad de la referencia\u00bb. <\/p>\n
6. La cesionaria del demandante oportunamente formul\u00f3 casaci\u00f3n (fs. 54 a 55 ib.), que concedi\u00f3 el Tribunal (14 may. 2021 – fs. 59 a 61 ib.). <\/p>\n
7. Admitido el recurso extraordinario (22 jul. 2021) y surtido el traslado respectivo, la recurrente lo sustent\u00f3 apoyado en dos cargos. <\/p>\n
a) Cargo Primero: Acorde con la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, le endilg\u00f3 al Tribunal el quebrantamiento por \u00abv\u00eda directa de la ley sustancial\u00bb, por \u00abaplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 100 de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el art\u00edculo 45 de la Ley 955 de 2019, que condujo a violar por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea el art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil\u00bb y a la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos \u00ab1\u00ba numeral 1\u00b0, 3\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba, 13 numeral 3\u00ba, 7\u00ba y 10\u00ba, 28, 30 numeral 1\u00ba, 87 y 88 de la Ley 1708 de 2014\u00bb; \u00ab66, 654, 665, 669, 753, 762, 764, 770, 981, 2512, 2513, 2519, 2522, 2527, 2531, 2532, 2534 y 2539 del C\u00f3digo Civil\u00bb; \u00ab1\u00ba, 2\u00ba literal b, 2\u00ba literal c, 3\u00ba literal c, 4\u00ba literal a, 5\u00ba, 8\u00ba incisos 1\u00ba y 4\u00ba, 20 par\u00e1grafo 2\u00ba, 46, 47, 49 y 67 de la Ley 1579 de 2012\u00bb; \u00ab164, 165, 166, 167, 169, 176, 191, 194, 198, 208, 236, 240, 241, 242, 243, 257, 260 y 375 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y \u00ab29, 58, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Censur\u00f3 al ad quem por dar \u00abprevalencia\u00bb en su decisi\u00f3n al art\u00edculo 100 de la Ley 1708 de 2014 que lo llev\u00f3 a una interpretaci\u00f3n errada del canon 2518 del C\u00f3digo Civil, que fija los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n prescriptiva incoada. <\/p>\n
Al respecto destac\u00f3 la exigencia que establece el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso en esa clase de litigios, subray\u00f3 la finalidad probatoria y de publicidad que tiene la inscripci\u00f3n en el registro inmobiliario de los \u00abactos, contratos y providencias\u00bb, \u00abgrav\u00e1menes, limitaciones, afectaciones y medidas cautelares\u00bb, que en este \u00faltimo caso es \u00abimperativa\u00bb, para que resulten \u00aboponibles frente a terceros\u00bb, como lo infiere del contenido de los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00ba, 3\u00ba, 4\u00b0, 5\u00ba, 8\u00ba, 20, par\u00e1grafo 2\u00ba, 46, 47, 49 y 67 de la Ley 1579 de 2012, concomitantes con el par\u00e1grafo art\u00edculo 100 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
Con ese fundamento, fustig\u00f3 al Tribunal porque \u00abentendi\u00f3\u00bb en su sentencia que \u00ablas medidas cautelares en procesos de extinci\u00f3n de dominio operan de pleno derecho, ora de manera autom\u00e1tica\u00bb, raciocinio que estima contrario a los \u00abprincipios rectores\u00bb plasmados en el Estatuto de Registro de Instrumentos P\u00fablicos que precisa \u00absolicitud de la parte interesada, o del notario, o de la autoridad judicial o administrativa\u00bb, sumado al reconocimiento en el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio de la \u00abexistencia de terceras personas de buena fe exenta de culpa, llamados afectados\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en este punto sobre la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del art\u00edculo 100 de la Ley 1708 de 2014 y rebati\u00f3 la comprensi\u00f3n del fallador \u00abal entender que cuando la medida cautelar rece (sic) sobre el 100% de las acciones, de manera autom\u00e1tica saca del comercio la totalidad del activo de la sociedad, sustrayendo a la administraci\u00f3n p\u00fablica de la obligaci\u00f3n de comunicar tales cautelas a las diversas oficinas de registro de instrumentos p\u00fablicos\u00bb, pues se trata de una medida sujeta a registro en el folio inmobiliario, que en este caso \u00abbrillaba por su ausencia para el momento en que se present\u00f3 la demanda de pertenencia (\u2026), inclusive, hasta despu\u00e9s de la sentencia de primer grado\u00bb. Y aqu\u00ed enfatiz\u00f3 que si bien la \u00abresoluci\u00f3n\u00bb adoptada por la \u00abFiscal\u00eda Segunda Especializada el 9 de marzo de 2005\u00bb, dispuso la inscripci\u00f3n de las medidas judiciales all\u00ed decretadas en el correspondiente registro, \u00abtal anotaci\u00f3n no se llev\u00f3 a cabo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-720861\u00bb. <\/p>\n
En su sentir, esos yerros llevaron al sentenciador a \u00abentender err\u00f3neamente \u201cque el inmueble objeto del proceso se encuentra fuera del comercio\u201d sin satisfacer los llamados del art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil (\u2026) cuando en realidad siempre ha estado en el comercio humano\u00bb, apreciaci\u00f3n que impidi\u00f3 el estudio de las reglas propias de la prescripci\u00f3n previstas en los \u00abart\u00edculos 2512, 2513, 2519, 2522, 2527, 2531, 2532, 2534 y 2539 del C\u00f3digo Civil\u00bb y los postulados de la posesi\u00f3n que incorporan los \u00abart\u00edculos 762, 764, 770 y 981 ibidem\u00bb, todo esto en desmedro de sus pretensiones y \u00abcontra toda evidencia y correcto entendimiento, ya que [era] claro que la naturaleza del bien pretendido es privada y por ende susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b) Cargo Segundo: Con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de \u00abser violatoria, por v\u00eda indirecta de la ley sustancial, por error de hecho manifiesto y trascendente\u00bb, producto de la \u00abtergiversaci\u00f3n\u00bb, \u00abfalta de valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u00bb de algunas pruebas, que condujeron a la \u00abaplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 100 de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el art\u00edculo 45 de la Ley 955 de 2019, que a su turno lo llev\u00f3 a violar en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea el art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 66, 654, 665, 669, 753, 762, 764, 770, 981, 2512, 2513, 2519, 2522, 2527, 2531, 2532, 2534 y 2539 del C\u00f3digo Civil\u00bb y los art\u00edculos \u00ab1\u00ba, 2\u00ba literal b, 2\u00ba literal c, 3\u00ba literal c, 4\u00ba literal a, 8\u00ba inciso 4\u00ba, 46, 47, 49 y 67 de la Ley 1579 de 2012\u00bb; \u00ab1.1, 3\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba, 13 numerales 3\u00ba, 7\u00ba y 10\u00ba, 28, 30 numeral 1\u00ba, 87, 88 y 100 de la Ley 1708 de 2014\u00bb y \u00ab164, 165, 166, 167, 169, 176, 191, 194, 198, 208, 236, 240, 241, 242, 243, 257, 260 y 375 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el cuestionado fallo \u00abtergivers\u00f3\u00bb el certificado de tradici\u00f3n del predio objeto de sus pretensiones cuando se expres\u00f3 que \u00abno importa\u00bb si all\u00ed aparec\u00eda registrada alguna medida, pues en criterio de la opugnadora si en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria no se encuentra inscrita la cautela, legalmente se pod\u00eda inferir que el bien \u00abes objeto de la usucapi\u00f3n, est\u00e1 en el comercio humano y es susceptible de adquirirlo por este modo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el Colegiado tambi\u00e9n troc\u00f3 el \u00absentido, alcance, contenido y efectos\u00bb del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandada, que pese a incluir el \u00abembargo de cuotas de inter\u00e9s\u00bb, constitu\u00eda un \u00abasunto completamente distinto al inmueble\u00bb, de suerte que no pod\u00eda prevalecer sobre el certificado de libertad y tradici\u00f3n referido y agreg\u00f3 que la misma tergiversaci\u00f3n se presentaba con la constancia de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que expresamente certific\u00f3 que el fundo materia de usucapi\u00f3n no hac\u00eda parte de las \u00abdiligencias penales\u00bb que all\u00ed cursaban. <\/p>\n
Acot\u00f3 que los infortunados argumentos del juez plural que soslayaron el certificado de tradici\u00f3n para darle prevalencia al de existencia y representaci\u00f3n legal, le imponen a la Corte, en el \u00e1mbito de sus funciones, establecer \u00abcu\u00e1l es la prueba id\u00f3nea y eficaz para demostrar la situaci\u00f3n real y actual de un inmueble\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, dijo que el ad quem \u00abomiti\u00f3 apreciar o valorar\u00bb el \u00abcertificado especial para procesos de pertenencia\u00bb, el \u00abfolio corriente de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb y el \u00abcertificado catastral del bien pretendido\u00bb, las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Notariado y registro, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas que permit\u00edan concluir que \u00abse trataba de un inmueble que corresponde a propiedad privada\u00bb, sobre el que no reca\u00edan \u00ablimitaciones, afectaciones ni medidas cautelares\u00bb y que \u00abno tuvieron conocimiento de medida cautelar alguna\u00bb. <\/p>\n
Recrimin\u00f3 que tampoco se valoraran las pruebas que daban cuenta de los actos posesorios que ejecut\u00f3 el demandante; las mejoras y construcciones que plant\u00f3 en el predio; caracter\u00edsticas, particularidades y especificaciones; la posesi\u00f3n \u00abquieta, pac\u00edfica, p\u00fablica, tranquila e ininterrumpida\u00bb que ejerci\u00f3 desde \u00abel a\u00f1o 1993\u00bb, con antelaci\u00f3n al inicio del proceso de extinci\u00f3n de dominio que se remonta al \u00ab2012\u00bb; la ausencia de labores efectivas de administraci\u00f3n, cuidado, mantenimiento y custodia del bien por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. como \u00absupuesto depositario provisional con funciones de liquidador\u00bb; en suma, la consolidaci\u00f3n del derecho que invoc\u00f3. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que el Tribunal no habr\u00eda revocado la decisi\u00f3n estimatoria apelada, \u00absi no hubiese tergiversado\u00bb el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. En Liquidaci\u00f3n para \u00abhacerlo prevalecer\u00bb sobre los certificados inmobiliarios, especial y gen\u00e9rico, anexos a la demanda de pertenencia, critic\u00e1ndolo por no apreciar \u00abde manera \u00edntegra y en su real alcance, contenido y efectos las pruebas que dej\u00f3 de valorar\u00bb, las cuales acreditaban los presupuestos axiol\u00f3gicos, f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la acci\u00f3n invocada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de \u00e9ste medio de contradicci\u00f3n exige el cumplimiento de ciertos requisitos que los censores deben observar con estrictez, previstos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo numeral 2\u00ba de manera categ\u00f3rica advierte que el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
La citada disposici\u00f3n impone entonces que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, seg\u00fan se explic\u00f3 en CSJ AC2947-2017, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con esas precisas directrices, puesto que conforme a los art\u00edculos 346 y 347 del mismo estatuto, el incumplimiento de las mismas es motivo de inadmisi\u00f3n y a\u00fan en el evento que el ataque cumpla las formalidades t\u00e9cnicas previstas en el ordenamiento, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De esta forma, una vez superado ese paso preliminar no es posible tener en cuenta en la definici\u00f3n del recurso motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo en aquellos precisos casos en los que la Corte advierte la necesidad de casar de oficio la sentencia confutada, porque resulta \u00abostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2. Si se acude a los numerales primero y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, referidos en su orden a la violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial y a su afrenta indirecta, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 ibidem. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a), numeral 2\u00ba, de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada, se\u00f1alando c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Y si se invoca la causal segunda, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarse y justificar puntualmente donde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
3. Con esas precisiones, se avizoran en este caso particular varias deficiencias que imposibilitan el estudio de los ataques planteados por la acusadora. <\/p>\n
3.1. L\u00edneas atr\u00e1s se indic\u00f3 que el primer cargo se ciment\u00f3 en la primera causal de casaci\u00f3n por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del art\u00edculo 100 de la Ley 1708 de 2014, la \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb del 2518 del C\u00f3digo Civil y la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de otros preceptos de ese mismo compendio (arts. 66, 654, 665, 669, 753, 762, 764, 770, 981, 2512, 2513, 2518, 2519, 2522, 2527, 2531, 2532, 2534 y 2539), del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio (Ley 1708 de 2014 \u2013 arts. 1\u00ba numeral 1\u00b0, 3\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba, 13 numeral 3\u00ba, 7\u00ba y 10\u00ba, 28, 30 numeral 1\u00ba, 87 y 88), del Estatuto de Registro de Instrumentos P\u00fablicos (Ley 1579 de 2012 \u2013 arts. 1\u00ba, 2\u00ba literales b y c, 3\u00ba literal c, 4\u00ba literal a, 5\u00ba, 8\u00ba incisos primero y cuarto, 20 par\u00e1grafo 2\u00ba, 46, 47, 49 y 67), del C\u00f3digo General del Proceso (arts. 164, 165, 166, 167, 169, 176, 191, 194, 198, 208, 236, 240, 241, 242, 243, 257, 260 y 375) y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (arts. 29, 58, 228, 229 y 230). <\/p>\n
Y aunque en apariencia este embate se orienta justamente a demostrar el desatino del ad quem en la ex\u00e9gesis de ese variado escenario normativo, en concreto, porque a la luz del \u00abart\u00edculo 100 de la Ley 1708 de 2014\u00bb entendi\u00f3 que \u00ablas medidas cautelares en procesos de extinci\u00f3n de dominio operan de pleno derecho, ora de manera autom\u00e1tica\u00bb y que \u00abde manera autom\u00e1tica [sacaban] del comercio la totalidad del activo de la sociedad\u00bb cuando reca\u00edan \u00absobre el 100% de las acciones\u00bb, exonerando a la \u00abadministraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb de comunicarlas a las diversas oficinas de registro de instrumentos p\u00fablicos, lo cierto es que en el desarrollo del cargo la recurrente de manera inapropiada se inmiscuye en t\u00f3picos probatorios, en contrav\u00eda de la pauta especial que fija el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 adjetivo. <\/p>\n
En efecto, luego de citar en forma parcial la debatida sentencia, efectuar un panor\u00e1mico recorrido por algunas de las normas cuya violaci\u00f3n aleg\u00f3 y brindar su particular interpretaci\u00f3n de las mismas, acot\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) si bien es cierto la resoluci\u00f3n emitida por la Fiscal\u00eda Segunda Especializada el 9 de marzo de 2005 orden\u00f3 que para el perfeccionamiento de las medidas judiciales decretadas se dispon\u00eda su inscripci\u00f3n en el correspondiente registro, tal anotaci\u00f3n no se llev\u00f3 a cabo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-720861, medida \u00e9sta que no opera de manera autom\u00e1tica, ya que para su validez, eficacia y oponibilidad a terceros de buena fe exentos de culpa, se deben materializar las medidas cautelares decretadas, a trav\u00e9s de su inscripci\u00f3n en el respectivo folio inmobiliario. <\/p>\n
Tal yerro condujo al Tribunal a entender err\u00f3neamente \u201cque el inmueble objeto del proceso se encuentra fuera del comercio\u201d sin satisfacer los llamados del art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan anot\u00f3 el cuerpo colegiado de segundo grado, cuando en realidad siempre ha estado en el comercio humano. <\/p>\n
En la cadena de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea en que incurri\u00f3 el Tribunal, concluy\u00f3 que (sic) inmueble pretendido no se pod\u00eda adquirir por prescripci\u00f3n (Negritas propias del texto original). <\/p>\n
En esas condiciones, la impugnante desconoci\u00f3 la regla propia de la alegaci\u00f3n de infracci\u00f3n directa a la ley sustancial como causal de casaci\u00f3n, en la medida que se distanci\u00f3 del cometido de demostrar que el juzgador err\u00f3 en la soluci\u00f3n jur\u00eddica del caso y, en su lugar, incursion\u00f3 en la senda de errores en la apreciaci\u00f3n probatoria, cuyo debate es ajeno a la v\u00eda escogida. Al respecto, como lo ense\u00f1\u00f3 la Corte en AC, 22 feb. 2010, Rad. 1999-7596-01, reiterada en AC1459-2018, <\/p>\n
(\u2026) \u201cen la demostraci\u00f3n de un cargo por la v\u00eda directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el tribunal\u201d, debiendo circunscribir su alegato \u201ca los textos legales sustanciales que considere no aplicados o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d (CXLVI, p\u00e1g. 50, reiterada en auto del 4 de abril de 2000, exp. 7939) (Subrayado fuera del texto original). <\/p>\n
3.2. Y la misma impertinencia se advierte respecto al segundo cargo promovido a la luz de la segunda causal de casaci\u00f3n, que a tono con el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, exig\u00eda de la disidente el deber de precisar en qu\u00e9 consist\u00edan los errores de hecho manifiestos y trascendentes derivados de la \u00abtergiversaci\u00f3n\u00bb y la \u00abfalta de valoraci\u00f3n y de apreciaci\u00f3n\u00bb de los medios de convicci\u00f3n analizados por el juzgador de segundo grado para desestimar la acci\u00f3n invocada. <\/p>\n
No bastaba para ese fin, la singularizaci\u00f3n de las pruebas sobre las que reca\u00edan sus cr\u00edticas que en la demanda de casaci\u00f3n aparece, pues adem\u00e1s de resultar contradictorio que all\u00ed se aduzca la \u00abtergiversaci\u00f3n\u00bb y la \u00abomisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n\u00bb de una misma prueba, n\u00f3tese que la censora no cumpli\u00f3 la carga de confrontar en forma espec\u00edfica y objetiva lo que cada uno de esos medios suasorios dec\u00eda y lo que el fallador de instancia no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al momento de emitir sentencia. Justamente, como en reciente oportunidad lo record\u00f3 la Corte, es preciso tener en cuenta que, <\/p>\n
La adecuada proposici\u00f3n de un cargo soportado en la comisi\u00f3n de un dislate f\u00e1ctico le impone al recurrente no solo individualizar las pruebas indebidamente apreciadas, ya sea por omisi\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de su contenido objetivo, sino tambi\u00e9n efectuar la respectiva labor de contraste entre lo que el medio demuestra, y lo que sobre el mismo dedujo o inadvirti\u00f3 el juzgador, a partir de ese labor\u00edo deber\u00e1 quedar en evidencia el yerro en el que incurri\u00f3 el juzgador, haciendo ver de manera di\u00e1fana que la decisi\u00f3n resulta absurda y alejada de la realidad del proceso, pues trat\u00e1ndose de este tipo de yerros, \u00abla labor del impugnante \u2018no puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u2019\u00bb. (CSJ SC2501-2021) <\/p>\n
En este caso, la recurrente se conform\u00f3 con afirmar,-en lo relevante para cuestionar la sentencia atacada-, que el Tribunal desnaturaliz\u00f3 el \u00absentido, alcance, contenido y efectos\u00bb del \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandada\u00bb que registraba \u00abel embargo de cuotas de inter\u00e9s\u00bb, seg\u00fan dijo, para \u00abhacerlo prevalecer sobre el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50N-720861, que no registra ninguna medida cautelar\u00bb, tergiversando adem\u00e1s \u00abla constancia (telegrama) remitido por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (\u2026) en la cual certific\u00f3 expresamente que el predio pretendido en declaraci\u00f3n de pertenencia no hace parte de esas diligencias penales\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante se\u00f1al\u00f3 que el infortunado argumento de la Colegiatura vertido en la sentencia \u00absoslaya el certificado de tradici\u00f3n del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-720861 al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. En Liquidaci\u00f3n, dando prevalencia a este \u00faltimo\u00bb, para indicar a continuaci\u00f3n que la \u00absentencia acusada omiti\u00f3 apreciar o valorar\u00bb, el \u00abcertificado especial para proceso de pertenencia\u00bb, el \u00abfolio corriente de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-720861\u00bb, ni la informaci\u00f3n que el \u00abTribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Extinci\u00f3n de Dominio\u00bb le ofreci\u00f3 al juzgado de conocimiento, entre otras pruebas. <\/p>\n
Y concluye afirmando que \u00absi la sentencia no hubiese tergiversado las pruebas se\u00f1aladas en precedencia, esto es, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. En Liquidaci\u00f3n para hacerlo prevalecer por sobre el folio inmobiliario especial para procesos de pertenencia y del certificado de libertad y tradici\u00f3n corriente del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N720861\u00bb se habr\u00eda confirmado el fallo apelado, \u00abporque los aspectos que prueba el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal son diferentes a lo que demuestra el folio inmobiliario (\u2026) y porque adem\u00e1s, tienen alcances y efectos para situaciones diferentes\u00bb. <\/p>\n
Tal argumentaci\u00f3n, adem\u00e1s de incompleta y subjetiva, resulta contradictoria, pues no es claro c\u00f3mo se pueda arg\u00fcir v\u00e1lidamente que una misma prueba fue \u00abtergiversada\u00bb por el sentenciador y al mismo tiempo que \u00e9ste \u00abomiti\u00f3 apreciarla o valorarla\u00bb, vaguedad que atenta con los presupuestos de claridad y precisi\u00f3n que exige este recurso extraordinario. <\/p>\n
En tal sentido, como lo record\u00f3 la Corte en SC3140-2019, el error f\u00e1ctico ocurre, en general, por tres circunstancias, <\/p>\n
(\u2026) cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n, en que incurre el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, con alteraci\u00f3n de su contenido de forma significativa. As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). (Subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
A lo anterior se suma el hecho que, contrario a lo expuesto por la opugnadora, el juzgador s\u00ed abord\u00f3 el estudio de los referidos medios suasorios para desestimar la pretensi\u00f3n invocada por \u00c1lvaro Zapata Ram\u00edrez, situaci\u00f3n distinta es que las conclusiones a las que arrib\u00f3 a partir de su valoraci\u00f3n no concuerden con la particular visi\u00f3n del extremo desfavorecido. <\/p>\n
Una vez apuntal\u00f3 el marco de referencia de la acci\u00f3n de pertenencia, dijo el ad quem: <\/p>\n
\u00abSea lo primero precisar, que conforme al folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-720861 la sociedad inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. es la titular de (sic) derecho de (sic) real del predio objeto de usucapi\u00f3n (fls. 3 y 4 C.1). Igualmente, se precisa que en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, de la sociedad Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. se certifica: \u201cQue mediante oficio n\u00b0 3091 UNEDLA del 09 de marzo de 2005, inscrito el 16 de marzo de 2005 bajo el n\u00b0 85129 del Libro VIII, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos comunic\u00f3 que en el proceso de extinci\u00f3n de dominio radicado 931 ed, se decret\u00f3 el embargo y secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo del 100% de las cuotas de inter\u00e9s de la sociedad de la referencia (fl. 7 C.1) <\/p>\n
Al paso, cabe recordar que el art\u00edculo 100 de la Ley 1078 de 2014, adicionada por el art\u00edculo 45 de la Ley 1955 de 2019, dispone: (\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, conforme con la norma citada, la medida cautelar registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda., afecta el inmueble objeto de usucapi\u00f3n, dado que resulta ser un activo de la sociedad demandada, n\u00f3tese que la mentada norma prev\u00e9: \u201c\u2026cuando la medida cautelar recaiga sobre el 100% de las acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jur\u00eddica\u2026, ella se extender\u00e1 a todos los activos que conformen el patrimonio de la sociedad\u201d (Resalta el Tribunal) <\/p>\n
Se sigue de los dicho, que no importa si en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria que identifica el predio objeto de pertenencia no se registra cautela alguna, tampoco interesa si el inmueble hace parte o no del proceso de extinci\u00f3n de dominio seguido contra Juan Camilo Zapata Ram\u00edrez (proceso en el que se encuentra pendiente la decisi\u00f3n de segunda instancia), dado que lo relevante es que en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda. (\u2026) se encuentra registrada como cautela \u201cel embargo y secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo del 100% de las cuotas de inter\u00e9s de la sociedad de la referencia (fl. 7 C.1), lo que sin duda afecta el inmueble objeto de debate, pues como antes se anot\u00f3, este es un activo de la sociedad demandada. <\/p>\n
Entonces siendo claro que el inmueble objeto de debate es un activo de una sociedad, la cual se encuentra afectada con la cautela antes anotada, cautela decretada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio (fl. 7 C.1), concluye la Sala que el inmueble objeto del proceso se encuentra fuera del comercio; n\u00f3tese adem\u00e1s que la sociedad demandada se encuentra en estado de liquidaci\u00f3n, y est\u00e1 siendo administrada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013 SAE. <\/p>\n
Sobre el tema recordemos los requisitos que exige el C\u00f3digo civil para la prosperidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva: \u201cArt. 2518. Se gana por prescripci\u00f3n el dominio de los bienes corporales, ra\u00edces o muebles, que est\u00e1n en el comercio humano, y se han pose\u00eddo con las condiciones legales. (\u2026) <\/p>\n
Conforme con lo anterior, es requisito fundamental de la prescripci\u00f3n adquisitiva que el bien que se pretenda adquirir mediante ese modo, se encuentre en el comercio, exigencia legal que como ya se vio, no se cumple en el presente caso, lo que necesariamente impide que el inmueble motivo del presente litigio se pueda adquirir por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con lo dicho, fue equivocado el argumento esgrimido en la sentencia apelada para acoger las pretensiones de la demanda, pues se reitera, que el predio materia de debate no puede ser adquirido por prescripci\u00f3n adquisitiva, por hallarse fuera del comercio\u00bb (Negritas propias del texto original). <\/p>\n
Como se aprecia en esta intencional trascripci\u00f3n de la sentencia, la raz\u00f3n fundamental que llev\u00f3 al Colegiado a desestimar los pedimentos del promotor, esto es, la imprescriptibilidad del inmueble por \u00abhallarse fuera del comercio\u00bb, se concret\u00f3 a partir del an\u00e1lisis del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la demandada y del folio de matr\u00edcula inmobiliaria a la luz de los art\u00edculos 100 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio y 2518 del C\u00f3digo Civil, como expresamente lo anunci\u00f3, al punto de indicar la autoridad que decret\u00f3 la cuestionada cautela y aquella que actualmente administra a la sociedad propietaria del fundo objeto de usucapi\u00f3n e incluso el estado del proceso de extinci\u00f3n de dominio contra Juan Camilo Zapata Ram\u00edrez. <\/p>\n
Nada hizo la recurrente por demostrar de manera categ\u00f3rica que esa instancia tergivers\u00f3 o troco el contenido objetivo de esos elementos de juicio, ni la forma como las restantes pruebas a las que alude en su demanda casacional (certificados, contratos, planos, escrituras, interrogatorios, testimonios e inspecci\u00f3n judicial) pod\u00edan alterar el argumento toral de la \u00abimprescriptibilidad\u00bb del bien o desvirtuar la existencia de las medidas cautelares que llevaron al juez plural a inferir que se hallaba \u00abfuera de comercio\u00bb. <\/p>\n
Por el contrario, la censora busc\u00f3 promover una comprensi\u00f3n alterna de esas pruebas, desde su personal punto de vista, para llegar a una conclusi\u00f3n diferente y favorable a sus intereses, a manera m\u00e1s de alegato de instancia que deja al descubierto una descontextualizaci\u00f3n de los argumentos y alcances de la providencia, su contrariedad con temas de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y de valoraci\u00f3n probatoria, que resultan extra\u00f1os en este recurso extraordinario, que no puede ser entendido como una instancia adicional para reabrir debates de esa \u00edndole. <\/p>\n
Lo anterior le resta eficacia al embate, pues seg\u00fan lo ha dicho la Corte, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, \u00abno se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas \u2013o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC 02 feb. 2001, expediente No. 5670). <\/p>\n
En complemento, en CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01, citado en AC2195-2016, se precis\u00f3 que en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb. <\/p>\n
4. En s\u00edntesis, al no ce\u00f1irse los ataques a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnaci\u00f3n, resulta inviable su aceptaci\u00f3n, sin que se aprecien razones que justifiquen darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Inmobiliaria MAPS JPEC S.A.S., como cesionaria reconocida de \u00c1lvaro Zapata Ram\u00edrez, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 29 de abril de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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AC5809-2021 (2016-00375-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC5809-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25899-31-03-001-2016-00375-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59725\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}