AC5810-2021 (2018-00261-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5810-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-31-03-004-2018-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar que el Club Social y Deportivo Creditario \u201cEduardo Vega Franco\u201d adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el lote de terreno ubicado en la Carrera 2\u00aa # 51-630 de Tunja, Boyac\u00e1 y, en consecuencia, ordenar inscribir la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad. <\/p>\n
Expuso que el Club Social y Deportivo Creditario \u201cEduardo Vega Franco\u201d, cuya personer\u00eda jur\u00eddica le fue reconocida por la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1 mediante la Resoluci\u00f3n # 00344 de 26 de agosto de 1971, tuvo su sede en el inmueble de la Carrera 2\u00aa # 51-630 de Tunja, lugar donde desarroll\u00f3 su objeto social, habi\u00e9ndola contratado para atender a sus socios y usuarios en el restaurante y la cafeter\u00eda, as\u00ed como para desarollar actividades de aseo y vigilancia de las instalaciones. <\/p>\n
Ante el no pago de las acreencias laborales, tuvo que demandarlo ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, quien lo conden\u00f3 a sufragar tales obligaciones junto con la pensi\u00f3n vitalicia por retiro, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, pero aun as\u00ed fue necesario embargar y secuestrar el terreno donde funcionaba tal entidad, quien desde 1971, y durante m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os, lo hab\u00eda tenido en posesi\u00f3n, pero se ha negado a legalizar su titularidad para evadir el pago de las prestaciones que le adeuda, lo que la faculta para ejercer la acci\u00f3n oblicua. <\/p>\n
2.- Jorge Abel Mu\u00f1oz Parra y Luis Guillermo Jaimes Villamizar alegaron \u00ab[f]alta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb y \u00ab[f]alta de presupuestos para alcanzar la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria\u00bb (fls. 175 a 178, c.1). <\/p>\n
2.1.- El curador ad litem designado para representar a los indeterminados dijo estarse a lo probado (fls. 216 a 218, c.1). <\/p>\n
3.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, en sentencia de 28 de noviembre de 2019, declar\u00f3 fundadas las excepciones de \u00ab[f]alta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb y \u00ab[f]alta de presupuestos para alcanzar la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria\u00bb propuestas por Jorge Abel Mu\u00f1oz Parra y Luis Guillermo Jaimes Villamizar, termin\u00f3 el pleito, cancel\u00f3 las medidas cautelares decretadas y conden\u00f3 en costas a la accionante (fls. 242 a 243, c.1). <\/p>\n
4.- El superior, al resolver la alzada propuesta por la impulsora, confirm\u00f3 el fallo, para lo cual expuso que: <\/p>\n
La acci\u00f3n oblicua ejercida por la pretensora requiere que el derecho o las acciones del deudor posean un valor pecuniario, que no est\u00e9n unidos exclusivamente a la persona, que el cr\u00e9dito insoluto sea exigible y el acreedor cuente con autorizaci\u00f3n legal para demandar. <\/p>\n
La prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria exige el cumplimiento de unos requisitos concurrentes, entre ellos la posesi\u00f3n durante diez (10) a\u00f1os que debe desplegar el detentor de la cosa, excepto en el r\u00e9gimen de inter\u00e9s social que es de cinco (5) a\u00f1os. <\/p>\n
Este caso guarda identidad con el que la censora promovi\u00f3 antes y que culmin\u00f3 con veredicto de 3 de septiembre de 2012, en el que esa misma colegiatura confirm\u00f3 la sentencia desestimatoria de las pretensiones, circunstancia que frustra sus aspiraciones, toda vez que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica no ha cambiado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, las pruebas revelan que el Club Social y Deportivo Creditario \u201cEduardo Vega Franco\u201d nunca ha pose\u00eddo el predio objeto del proceso, conforme se estableci\u00f3 en el litigio anterior. Y, si en gracia de discusi\u00f3n, aunque no se plantea en la alzada, se dijera que luego de finalizado tal certamen dicho ente empez\u00f3 a desplegar tal poder\u00edo, lo cierto es que el tiempo que transcurri\u00f3 desde entonces hasta que se elev\u00f3 esta acci\u00f3n resultar\u00eda inferior a los diez (10) a\u00f1os que exige la ley civil vigente, sin que sea ese el punto sobre el que cabalga el alegato de la recurrente quien insiste en que la citada entidad siempre ha detentado el referido bien, a pesar que otrora no se estableci\u00f3 tal situaci\u00f3n y tampoco ahora. <\/p>\n
Que en el predio haya funcionado el club social y deportivo en cuesti\u00f3n no demuestra per se que ese ente haya ejercitado posesi\u00f3n, pues las pruebas no confirman tal teor\u00eda, tanto que los testigos nada precisaron al respecto, sobre todo porque lo cautelado por la justicia laboral fue el establecimiento de comercio como unidad econ\u00f3mica y no el inmueble conforme lo revela el certificado de libertad y tradici\u00f3n que al mismo corresponde, sin que las mejoras declaradas hayan sido realizadas por el club, lo que impidi\u00f3 que le fueran embargadas. <\/p>\n
Hasta el 26 de febrero de 2008 el bien fue fiscal porque perteneci\u00f3 a la Caja Agraria, que era un establecimiento de propiedad de la Naci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 38, numeral 2, literal f) de la Ley 489 de 1998 y pas\u00f3 a ser de dominio privado con la enajenaci\u00f3n que en esa data esa entidad le hizo a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos Ltda., por lo que desde entonces ingres\u00f3 al comercio, porque antes era imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y del numeral cuarto, art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, situaci\u00f3n que imped\u00eda que fuera pose\u00eddo por el Club. <\/p>\n
Tal caracter\u00edstica la mantuvo el fundo hasta que fue transferido a un particular, tanto que la alcald\u00eda no ampar\u00f3 una supuesta perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n denunciada por el secuestre designado por el Juez Primero Laboral de Tunja, pues es claro que a dicho auxiliar se le entreg\u00f3 fue un establecimiento de comercio que en su momento no ten\u00eda operatividad alguna, pues, cuando ocurri\u00f3 la supuesta perturbaci\u00f3n, el fundo pertenec\u00eda y era pose\u00eddo por la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos Ltda. <\/p>\n
El Club Creditario desapareci\u00f3 hace a\u00f1os, no funciona aproximadamente desde 1995, cuando dej\u00f3 de usar sus instalaciones, por lo que no hay en ese lugar nada que el secuestre pueda administrar, ni que se pueda prescribir a su favor, m\u00e1xime cuando la inspecci\u00f3n judicial practicada no fue atendida por el supuesto poseedor o por alguien en su nombre, como as\u00ed lo sugieren las reglas de la experiencia, tanto as\u00ed que se hall\u00f3 un bien completamente abandonado, sin doliente y en deplorable estado, como de forma graf\u00edca lo describi\u00f3 el juez en la respectiva visita. <\/p>\n
El an\u00e1lisis de los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, no prueba que el Club Social y Deportivo Creditario \u201cEduardo Vega Franco\u201d, que hoy es inexistente, haya sido o sea el poseedor del inmueble, situaci\u00f3n que lleva a colegir que la acci\u00f3n no cumple el primero de los presupuestos de la usucapi\u00f3n, es decir, la posesi\u00f3n material actual en el prescribiente, esto es, el animus y el corpus, elementos que deben estar unidos. <\/p>\n
Ese Club en otro tiempo ejerci\u00f3 la tenencia del bien, seg\u00fan se infiere de las manifestaciones realizadas por la Caja de Cr\u00e9dito Agro Industrial y Minero, que era su due\u00f1a en 1999, quien hizo oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, aclar\u00f3 tal situaci\u00f3n y plante\u00f3 incidente de levantamiento de medida cautelar ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, quien precis\u00f3 que las medidas cautelares decretadas recaen sobre el establecimiento de comercio y no respecto del inmueble donde est\u00e1 ubicado; adem\u00e1s, la prueba testimonial lo \u00fanico que demuestra es que el Club deportivo funcion\u00f3 hasta 1995 y que la calidad de propietario le fue reconocida a Rub\u00e9n Calixto, as\u00ed como las actividades que dicho ente jur\u00eddico realizaba en su sede (11 may. 2021). <\/p>\n
5.- La accionante interpuso recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido (14 may. 2020). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y fue sustentada en tiempo con escrito que contiene tres cargos por las causales primera, segunda y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed: <\/p>\n
a).- El primero denuncia que la sentencia no guarda consonancia con los hechos, las pretensiones y las excepciones propuestas por los convocados, pues se fund\u00f3 en otros fallos y no en los supuestos f\u00e1cticos y las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
Aduce que las pretensiones buscaron se declarara que el Club Social y Deportivo Creditario \u201cEduardo Vega Franco\u201d adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 070-164872 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja y los hechos soportaron tales reclamos e hicieron ver que ese ente lo ha detentado como se\u00f1or y due\u00f1o porque en ese lugar funcion\u00f3 su establecimiento de comercio en el que cumpl\u00eda su objeto social; adem\u00e1s, sobre los componentes de este \u00faltimo recayeron las medidas cautelares decretadas por la justicia laboral y se pronunciaron los convocados al contestar el libelo, sin que en los alegatos de cierre hayan hecho alusi\u00f3n al proceso anterior que existi\u00f3 con el mismo prop\u00f3sito, fundado en los mismos hechos y pruebas, ni aparecen supuestos que alteraran el derecho sustancial reclamado. <\/p>\n
Empero, el fallo del tribunal se fund\u00f3 en los hechos, las pruebas y la sentencia del litigio precedente, tanto que emul\u00f3 la cosa juzgada, sin que tal situaci\u00f3n haya sido alegada o apareciera de bulto, lo que demuestra inconsonancia porque el fallo se ciment\u00f3 en una defensa que no fue propuesta, ni decretada o acreditada oficiosamente. <\/p>\n
Adicionalmente, el ad quem quebrant\u00f3 el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que reconoci\u00f3 un hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial de la accionante, sin advertir que este deb\u00eda ocurrir despu\u00e9s de presentarse el libelo; es m\u00e1s ten\u00eda que haber sido alegado por la parte interesada y estar probado, lo que no aconteci\u00f3 porque la convocada nada dijo al respecto en los alegatos de conclusi\u00f3n y tampoco asom\u00f3 de bulto. <\/p>\n
El tribunal incurri\u00f3 en incongruencia porque omiti\u00f3 zanjar el caso de acuerdo con los hechos controvertidos, lo que ocasion\u00f3 un agravio al derecho pensional reconocido a la gestora, pues lo desat\u00f3 por fuera de las pretensiones planteadas, simplemente la sancion\u00f3 por volver a accionar, a pesar de estar habilitada para ello. <\/p>\n
b).- El segundo alega el quebranto indirecto de los art\u00edculos 656, 762, 786, 2531 del C\u00f3digo Civil y 516 del C\u00f3digo de Comercio, por error de hecho, manifiesto y trascendente, en la valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
El tribunal coligi\u00f3 que no hay soporte de que el Club existi\u00f3, funcion\u00f3 y, menos, que era poseedor del terreno objeto del proceso, a pesar que est\u00e1n soportadas las diligencias judiciales referidas a dos diligencias de embargo y secuestro, practicadas y vigentes, una referida a las mejoras plantadas en el predio donde operaba esa agremiaci\u00f3n y otra sobre el embargo y secuestro del establecimiento de comercio que a dicha entidad pertenec\u00eda. <\/p>\n
Tambi\u00e9n hay evidencia de otras actuaciones judiciales relacionadas con la posesi\u00f3n que dicho club ejerci\u00f3 sobre el fundo en cuesti\u00f3n, en las que se resolvieron los incidentes de levantamiento de medidas cautelares, se neg\u00f3 la oposici\u00f3n formulada por el titular del dominio y se le reconoci\u00f3 a dicho ente la calidad de poseedor de las mejoras plantadas y del establecimiento de comercio que funcionaba en el inmueble, as\u00ed como testimonios que apuntan a corroborar su calidad de detentor del predio desde 1971 hasta 1995 cuando fueron secuestradas y quedaron en dep\u00f3sito por orden de un juez. <\/p>\n
El art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil autoriza adquirir el dominio de las cosas comerciales a trav\u00e9s de la prescripci\u00f3n extraordinaria siempre que haya buena fe, se tenga el tiempo exigido por el legislador y la posesi\u00f3n haya sido quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, lo que indica que el tribunal desconoci\u00f3 que la cosa comercial, o sea, el establecimiento de comercio y las mejoras se reputan inmuebles por adhesi\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 656 ejusdem, por lo que si el club ejerc\u00eda posesi\u00f3n sobre tales bienes tambi\u00e9n la ten\u00eda sobre el terreno en que se hallaban ellos. <\/p>\n
Contrario a lo que concluy\u00f3 el tribunal, s\u00ed hay testimonios que dan cuenta de la posesi\u00f3n ejercida por el club desde su creaci\u00f3n hasta 1995, cuando fue secuestrado y entregado a un depositario, medida que sigue vigente, lo que imposibilit\u00f3 que dicho ente continuara con el desarrollo de su objeto social, sin que por ello hubiera perdido su calidad, toda vez que la ejerce a trav\u00e9s del secuestre, como lo ha reconocido la jurisprudencia. <\/p>\n
Luego, el yerro del juzgador fue dejar de valorar las referidas probanzas e inadvertir su influencia en las circunstancias que giraban alrededor de la posesi\u00f3n de mejoras y de un establecimiento de comercio, al punto que transgredi\u00f3 las siguientes normas: (i) el art\u00edculo 656 del C\u00f3digo Civil, pues no vio que las cosas inmuebles tambi\u00e9n incluyen las adheridas a los bienes ra\u00edces; (ii) el art\u00edculo 762 ib\u00eddem, pues pas\u00f3 por alto la posesi\u00f3n que el referido club ejerci\u00f3 sobre las mejoras y el establecimiento de comercio localizados en el predio materia del proceso, la que est\u00e1 en poder del secuestre designado; (iii) el 786 ib\u00edd., que dispone que el poseedor conserva tal calidad aunque se transfiera la tenencia de la cosa, en virtud, entre otras cosas, de dep\u00f3sito, como aconteci\u00f3 en este evento por orden del juez laboral; (iv) el art\u00edculo 2531 que autoriza adquirir por prescripci\u00f3n extraordinaria las cosas que est\u00e9n en el comercio, pues se demostr\u00f3 que el club detent\u00f3 el establecimiento de comercio y sus instalaciones (v) y el art\u00edculo 516 del C\u00f3digo de Comercio que define los elementos de aqu\u00e9l, como unidad econ\u00f3mica, lo que produjo el yerro de facto que denuncia. <\/p>\n
El tribunal coligi\u00f3 que hasta 2008 el bien era fiscal por pertenecer a una entidad del Estado y que dej\u00f3 de serlo cuando le fue transferido a un particular. No obstante, pas\u00f3 por alto que la norma que estableci\u00f3 la imprescriptibilidad de tales fundos lo es el art\u00edculo 42 de la Ley 1537 de 2012, que tiene prevalencia sobre la ley procesal, lo que significa que solamente se predica tal limitaci\u00f3n a partir de la vigencia de esa norma porque antes no exist\u00eda en trat\u00e1ndose de bienes fiscales, lo que lo llev\u00f3 a desconocer los derechos adquiridos desde 1971 hasta 2012. <\/p>\n
Lo anterior, seg\u00fan dice, es relevante porque la posesi\u00f3n del club inici\u00f3 en 1971 y se extendi\u00f3 durante aproximadamente 41 a\u00f1os, en vigencia del art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil que hac\u00eda prescriptibles los bienes fiscales; luego, se debi\u00f3 proteger el derecho adquirido por esa agremiaci\u00f3n, sobre todo porque el art\u00edculo 58 superior garantiza la propiedad privada, tanto as\u00ed que la acreedora puede ejercer la acci\u00f3n a favor del due\u00f1o para recaudar su acreencia laboral; m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887 respeta la prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley. <\/p>\n
El quebranto directo de la ley sustancial deriv\u00f3 de la oficiosidad del ad quem que lo llev\u00f3 a una equivocaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las normas sustanciales llamadas a gobernar el litigio, entre ellas el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como el art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil, pues entendi\u00f3 que los bienes fiscales siempre han sido imprescriptibles, a pesar que ello es as\u00ed solo desde la Ley 1537 de 2012, cuyo art\u00edculo 42 impuso tal limitaci\u00f3n que antes no exist\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en la segunda causal por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente del sentenciador. <\/p>\n
Precisamente, en CSJ AC1804-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018). <\/p>\n
3.- Si el ataque se perfila a trav\u00e9s de la tercera causal de casaci\u00f3n, el discurso debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. <\/p>\n
En CSJ AC3533-2020, se insisti\u00f3 en lo expuesto en CSJ AC4125-2015, donde se precis\u00f3 que si se discute la \u00abinconsonancia, el alegato debe encaminarse a demostrar una grave alteraci\u00f3n entre lo narrado y exigido en el libelo, en conjunto con el comportamiento asumido por el oponente en sus defensas, frente a lo consignado en el fallo, de tal manera que sea evidente una decisi\u00f3n ajena al debate\u00bb y se reiter\u00f3 que en CSJ AC 11 nov. 2011, rad. 2008-00956, se indic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) no es suficiente con esbozar una falta de coherencia en lo decidido, sino que su planteamiento, para que sea completo, debe comprender la contraposici\u00f3n del fallo con todos los elementos debatidos al interior del litigio y que incidir\u00edan en su proferimiento, esto es la demanda, la contestaci\u00f3n y las excepciones propuestas, al tenor del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de tal manera que aparezca de bulto una real desarmon\u00eda con el contexto. <\/p>\n
4.- La demanda de casaci\u00f3n no cumple a cabalidad las exigencias formales y t\u00e9cnicas para ser admitida. <\/p>\n
a).- El cargo primero, que acusa inconsonancia, incurre en desenfoque porque sindica al tribunal de haber declarado la excepci\u00f3n de cosa juzgada, aun cuando ese fallador no procedi\u00f3 de ese modo, pues aunque estableci\u00f3 que el litigio guardaba similitud con uno anterior, no fue esa la raz\u00f3n por la que confirm\u00f3 el fallo desestimatorio de las pretensiones, sino porque se convenci\u00f3 acerca de \u00abque la parte activa CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CREDITARIO \u201cEDUARDO VEGA FRANCO\u201d, nunca ha sido poseedor del inmueble codiciado en pertenencia\u00bb, conforme lo expuso y sustent\u00f3 en la sentencia que resolvi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Fue as\u00ed como coligi\u00f3 que \u00abDel ana\u0301lisis y valoracio\u0301n de las dema\u0301s pruebas que obran en el expediente (\u2026) tampoco emerge que el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CREDITARIO, que hoy no tienen vigencia, ni presencia fa\u0301ctica alguna, haya sido y sea hoy el poseedor material con fines de usucapio\u0301n del predio a que se refiere el libelo tuitivo, tal y como acertadamente lo concluyo\u0301 la juez a quo (\u2026)\u00bb, de ah\u00ed la asimetr\u00eda de la acusaci\u00f3n que no guarda relaci\u00f3n con los fundamentos de la decisi\u00f3n, sino que se distancia rotundamente de ellos dando por sentados supuestos que le son ajenos, lo que impide aceptarla a estudio. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2394-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-20217). <\/p>\n
Si se dejara de lado tal deficiencia, tambi\u00e9n se impondr\u00eda la inadmisi\u00f3n, toda vez que el embate omite hacer la confrontaci\u00f3n necesaria entre las pretensiones, el cuadro f\u00e1ctico trazado en la demanda y lo que entendi\u00f3 el fallador respecto del hecho generatriz de la usucapi\u00f3n, a pesar que esa labor comparativa y de cotejo era necesaria para hacer ver el desacople alegado. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo aspecto, en AC4592-2018, la Sala destac\u00f3 que <\/p>\n
[t]rat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. De ah\u00ed que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal. <\/p>\n
Las referidas falencias de t\u00e9cnica impiden admitir la arremetida. <\/p>\n
b).- El segundo, que acusa la violaci\u00f3n mediata de la ley sustancial por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, tambi\u00e9n es desenfocado porque acusa al tribunal de preterir los medios que dan cuenta de que el Club Creditario existi\u00f3 y funcion\u00f3 en el terreno objeto del proceso, sin advertir que dicho fallador se convenci\u00f3 de que ese ente tuvo su sede social en ese lugar, lo que significa que la censora cuestiona una conclusi\u00f3n ajena a las que sustentan la sentencia. <\/p>\n
Otra cosa es que dicho juzgador haya establecido que no se prob\u00f3 que el Club Creditario hubiera ejercido actos de se\u00f1or\u00edo sobre el inmueble litigado, sin que los argumentos que esgrime la recurrente est\u00e9n dirigidos y sean los indicados para socavar esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, el embate incurre en la causal de inadmisi\u00f3n prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en plantear \u00abcuestiones de hecho o de derecho que no fueron alegadas en las instancias\u00bb, pues argumenta que el Club Creditario fue poseedor del establecimiento de comercio situado en el predio objeto del proceso, as\u00ed como de las mejoras que en \u00e9l plant\u00f3 y que por ello se debe entender que tambi\u00e9n detent\u00f3 actos de se\u00f1or\u00edo sobre el terreno donde funcion\u00f3 su sede social, argumento que no fue expuesto ni desarrollado en el pleito, lo que impide traerlo a colaci\u00f3n en el \u00e1mbito de este recurso extraordinario que no est\u00e1 hecho para replantear la disputa y proponer defensas no exteriorizadas oportunamente, so pena de sorprender a la contraparte y desconocerle el debido proceso, ya que ello significar\u00eda juzgarla con alegaciones de \u00faltimo momento y, sobre todo, que fueron ajenas al litigio. <\/p>\n
Ello es as\u00ed porque ni en la demanda y tampoco durante el desarrollo del litigio la accionante hizo visible semejante tesitura. Es m\u00e1s, en esas fases del certamen insisti\u00f3 hasta el final en que la persona jur\u00eddica en nombre de la cual dijo reclamar por virtud de la acci\u00f3n oblicua s\u00ed ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n del predio litigado, pero nunca adujo que as\u00ed deber\u00eda entenderse por el simple hecho de haber sido la due\u00f1a del establecimiento de comercio localizado en ese lugar, ni por ser quien supuestamente plant\u00f3 unas mejoras. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n le impide, ahora en casaci\u00f3n, alterar las bases del litigio, sobre todo porque esta v\u00eda no es una tercera instancia ni est\u00e1 hecha para reabrir el debate e introducir supuestos de hecho que no esgrimi\u00f3 tempestivamente en las instancias. Lo contrario implicar\u00eda sorprender a su contraparte y ser\u00eda contrario a la buena fe y a la lealtad procesal que se deben los contendores entre s\u00ed en el marco de una disputa jurisdiccional. <\/p>\n
Al efecto, en CSJ AC3670-2021, se insisti\u00f3 en que: <\/p>\n
(\u2026) un alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u2018medio nuevo\u2019, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o\u2026 para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente\u00bb, debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro \u00abdel principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora (SC131, 12 feb. 2012, rad. n.\u00b0 2007-00160-01). <\/p>\n
Por el contrario, se conforma con hacer una exposici\u00f3n abstracta y et\u00e9rea de lo que desde su perspectiva es la realidad procesal, a pesar que deb\u00eda estructurar el cargo de forma inteligible, puntual y contundente, de tal suerte que su sola exposici\u00f3n, acorde con el contenido de las pruebas y contrastada con la sentencia fustigada, desvirtuara todas las premisas que sustentan esta \u00faltima pieza procesal. <\/p>\n
Quiere decir que la recurrente omite la labor de confrontaci\u00f3n espec\u00edfica entre lo que dice cada uno de los medios suasorios a que alude y lo que el fallador no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al apreciarlos, pues se limita a hacer suposiciones propias, aun cuando la labor de contraste era indispensable para poner al descubierto el yerro cometido por esa autoridad, as\u00ed como su notoriedad y la trascendencia en el resultado. <\/p>\n
Por tanto, la anotada deficiencia le resta peso a la acusaci\u00f3n que, en \u00faltimas, no determina cu\u00e1l fue, entonces, el desvar\u00edo del tribunal al ponderar tales evidencias, ni c\u00f3mo ello impact\u00f3 en el resultado, lo que hace que el planteamiento sea abstracto. <\/p>\n
Frente a ello, en CSJ AC3313-2020, se explic\u00f3: <\/p>\n
\u2026 si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas (AC. Ago. 29 de 2000). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la exigencia de demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones panor\u00e1micas \u2014o generales\u2014 sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada (SC. Feb. 2 de 2001, Exp. 5670). <\/p>\n
Los anteriores defectos t\u00e9cnicos impiden aceptar el embate que, conforme fue presentado, refulge inid\u00f3neo. <\/p>\n
c).- El tercero, que alega el quebranto directo de la ley sustancial, es confuso porque menciona que el fallador desconoci\u00f3 que los bienes fiscales eran prescriptibles hasta que se dict\u00f3 el Decreto 1400 de 1970 que en su art\u00edculo 413 dispuso lo opuesto, sin precisar cu\u00e1l es la relevancia que ese entendimiento ten\u00eda en la definici\u00f3n del caso, dado que la posesi\u00f3n alegada inici\u00f3 supuestamente en 1971, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma que estableci\u00f3 la imposibilidad de adquirir por usucapi\u00f3n tales bienes, de ah\u00ed la parquedad de la arremetida que, conforme fue trazada, parece ser m\u00e1s un alegato de instancia que el sustento de un cargo de casaci\u00f3n, en rigor, porque no revela cu\u00e1l fue el yerro de diagnosis jur\u00eddica perpetrado por el sentenciador. <\/p>\n
Igualmente, es impreciso porque plantea que el tribunal aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 42 la Ley 1537 de 2012, a pesar que esas normas no aparecen mencionadas en la sentencia, de ah\u00ed la vaguedad del embate que solo pod\u00eda haber denunciado la falta de empleo de dichas reglas jur\u00eddicas, en cuyo caso ten\u00eda que justificar su pertinencia en la definici\u00f3n del pleito, es decir, indicar cu\u00e1l era su incidencia, pero, se itera, no su incorrecta utilizaci\u00f3n, simplemente porque estas no fueron tenidas en cuenta por el fallador. <\/p>\n
Y aunque en su desarrollo menciona los art\u00edculos 2512, 2519 y 2523 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, lo hace en pro de imponer su propio discernimiento, pues no justifica la raz\u00f3n por la que tales preceptos permit\u00edan colegir que el fundo litigado pod\u00eda ser adquirido por usucapi\u00f3n, a pesar de haber sido fiscal hasta el 16 de febrero de 2018 por hallarse en cabeza de una entidad p\u00fablica (Caja Agraria), siendo que la segunda de esas normas respalda, y de forma di\u00e1fana, la tesitura del tribunal consistente en que durante el tiempo en que perteneci\u00f3 a una entidad del estado fue imprescriptible, de ah\u00ed la parquedad de la acusaci\u00f3n que no se endereza a desvirtuar el criterio del sentenciador, si no m\u00e1s bien a tratar de imponer su propio discernimiento <\/p>\n
En suma, la censora adujo que el error del tribunal se present\u00f3 por haber establecido que los bienes fiscales, car\u00e1cter que dicho juzgador le atribuy\u00f3 al predio litigado, eran imprescriptibles, a pesar que, seg\u00fan insiste, solamente lo son despu\u00e9s de la Ley 1537 de 2012 cuyo art\u00edculo 42 as\u00ed lo determin\u00f3, sin ofrecer razones de peso que sustenten tal pr\u00e9dica, ni exteriorizar argumentos s\u00f3lidos para justificar por qu\u00e9 el art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que estableci\u00f3 semejante prohibici\u00f3n, deb\u00eda ceder ante el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil, pues no pasa de hacer meras elucubraciones personales al respecto, como si se tratara de una oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o de imponer pareceres, lo que reafirma el desacierto de la acusaci\u00f3n y, por consiguiente, la imposibilidad de admitirla a estudio. <\/p>\n
5.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Patricia Franklin Ortiz para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 11 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver, por secretar\u00eda, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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AC5810-2021 (2018-00261-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC5810-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-31-03-004-2018-00261-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de noviembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) I. ANTECEDENTES 1.- La accionante pidi\u00f3 declarar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59726"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59726\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}