AC5811-2021 (2021-03252-00)<\/p>\n
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AC5811-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03252-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n que Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda elev\u00f3 respecto del proceso verbal de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que le adelanta Orlano Orvine S\u00e1nchez Soto en el Juzgado de Familia de Soacha, con reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
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1. La peticionaria pide la reasignaci\u00f3n del pleito a un despacho de la misma especialidad del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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2. Efect\u00faa el reclamo aduciendo \u00abfalta de garant\u00edas procesales\u00bb, \u00abausencia de imparcialidad del juez de Soacha\u00bb y \u00abafectaci\u00f3n a la seguridad o integridad de la intervinientes (sic) procesales\u00bb, derivada de que en el referido litigio, en el que contest\u00f3 y reconvino por las causales previstas en los numerales 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00aa del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, el Juzgado de Familia de Soacha no se pronunci\u00f3 sobre su solicitud de aplicar \u00abenfoque y perspectiva de g\u00e9nero\u00bb, en particular, los 9 criterios se\u00f1alados por la Corte Constitucional en la sentencia T-126\/2018, teniendo en cuenta la violencia a que fue sometida por su c\u00f3nyuge; el Instituto de Medicina Legal \u201cse neg\u00f3 a remitir el informe que reconoci\u00f3 tener en sus registros\u201d cuando se le orden\u00f3 aportar una experticia que acredita las lesiones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas que en 2008 le infligi\u00f3 su c\u00f3nyuge y que dio lugar a incapacidades, y el estrado se neg\u00f3 a insistir, diciendo que su declaraci\u00f3n de parte ya probaba el punto; y en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento el funcionario la interrog\u00f3 \u201csin adoptar las m\u00e1s m\u00ednimas precauciones para evitar revictimizar[la] respecto a la violencia intrafamiliar por ella padecida, desconoci\u00f3 el principio de debida diligencia, no revictimizaci\u00f3n institucional, la investigaci\u00f3n en contexto, la prueba indiciaria, basada en la historia cl\u00ednica y psicol\u00f3gica, las pruebas documentales (vgr. solicitud de medidas de protecci\u00f3n, denuncia por violencia intrafamiliar al a Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, hechos de la demanda, etc) as\u00ed como las diferencias y relaciones de poder que padec\u00eda respecto de su c\u00f3nyuge agresor en el marco de la convivencia familiar, al punto de transgredir su honra, dignidad y autonom\u00eda de mujer v\u00edctima de la violenncia de g\u00e9nero\u201d. Adem\u00e1s, intimid\u00f3 a su apoderada, pidi\u00e9ndole callarse y amenaz\u00e1ndola con excluirla de la audiencia, cuando esta le objet\u00f3 sus preguntas. <\/p>\n
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3. Una vez resulta negativamente la petici\u00f3n de suspender el juicio de familia mientras se desata esta solicitud y enterado el funcionario de Soacha y dem\u00e1s intervinientes en el juicio verbal (8 nov. 2021), se entra a decidir de fondo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 30 de la Ley 1564 de 2012, la Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casaci\u00f3n Civil de \u00ablas peticiones de cambio de radicaci\u00f3n de un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi\u00f3n de un distrito judicial a otro\u00bb; a tono con la misma normativa, a este tipo de solicitudes deben adjuntarse las pruebas que se quieran hacer valer y se decide de plano, por auto que no admite recursos. <\/p>\n
2.- El canon citado precept\u00faa que el cambio de radicaci\u00f3n se podr\u00e1 decretar, excepcionalmente, cuando en el lugar en donde se est\u00e9 siguiendo la contienda \u00abexistan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u00bb, y precisa, que igualmente podr\u00e1 ordenarse \u00abcuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, el referido instrumento se constituye en un resguardo para las partes, cuya finalidad es evitar que por factores externos al litigio cualquiera de las eventualidades previstas por el legislador entorpezcan el desarrollo ordinario en la conclusi\u00f3n de los conflictos llevados a la Jurisdicci\u00f3n, am\u00e9n de las deficiencias relacionadas con el impulso de los procesos, que no deben confundirse con el contenido de las decisiones adoptadas en el mismo. <\/p>\n
Ha indicado esta Corte que este mecanismo <\/p>\n
(\u2026) pretende resguardar el proceso de agentes externos capaces de perturbar su desarrollo, logrando as\u00ed, que el funcionario judicial emita su veredicto alejado de circunstancias que puedan afectar su imparcialidad o que se conviertan en obst\u00e1culo para dispensar una recta, cumplida y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
El comentado instituto procesal se erige, entonces, en una objetiva excepci\u00f3n al principio de la competencia territorial fijada en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la alteraci\u00f3n emanada de circunstancias sobrevinientes que imposibiliten, tanto el desarrollo normal del proceso y la observancia de las garant\u00edas fundamentales de las partes e intervinientes, como la imparcialidad e independencia del sentenciador, aconsejan variar el funcionario competente y la circunscripci\u00f3n judicial en donde se adelanta el juicio. (CSJ AC 4178-2017 de 30 de junio de 2017 rad. 2017-00860). <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n, el \u00abcambio de radicaci\u00f3n\u00bb procura evitar que los juicios sean zanjados con trasgresi\u00f3n del debido proceso derivado de influencias ex\u00f3genas que generen desventajas de algunos de los litigantes ante otros, de suerte que al invocarlo ser\u00e1 indispensable que se haga \u00abuna exposici\u00f3n clara y concreta del interesado, debidamente justificada y con elementos de convicci\u00f3n que permitan concluir, sin lugar a dudas, la existencia de condiciones de inestabilidad social, inequidad, la indebida injerencia de factores ajenos al debate o la desidia de los funcionarios encargados de solucionarlos (AC 18 abr. 2013, rad. 2013-00477). <\/p>\n
3.- En el sub examine, pronto se advierte la improcedencia del pedimento puesto a consideraci\u00f3n de la Corte, porque si bien se cita una pluralidad de motivos contemplados en la norma que regula el \u00abcambio de radicaci\u00f3n\u00bb, ninguno de ellos tiene la caracter\u00edstica esencial propia de la figura invocada, en tanto no derivan de circunstancias ex\u00f3genas al proceso que pudieran afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. <\/p>\n
Por el contrario, se relatan vicisitudes end\u00f3genas, relacionadas con el decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, especialmente atinentes a decisiones, omisiones y el comportamiento del funcionario de familia que la petente estima censurable y atentatorio de sus derechos y garant\u00edas procesales desde una perspectiva de g\u00e9nero, los que dependiendo las circunstancias concretas tienen sus propios mecanismos correctivos, frente a los cuales el cambio de radicaci\u00f3n no es una alternativa por la que la parte pueda optar a voluntad para sustraerle el conocimiento del asunto o instarlo a que proceda de una u otra manera. <\/p>\n
As\u00ed por ejemplo, en punto a las decisiones y actuaciones cumplidas u omitidas, la ley procesal fija los mecanismos para recurrir con reposici\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n, o solicitar su complementaci\u00f3n, aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n. <\/p>\n
Y en lo que se refiere a la imparcialidad del juzgador, se\u00f1ala de manera precisa los motivos de impedimento y recusaci\u00f3n, encaminadas a apartarlo del conocimiento de un asunto en el que confluyan determinados eventos que puedan afectar su recto juicio. <\/p>\n
Y aunque pudiera aducirse, con raz\u00f3n, que las circunstancias denunciadas por la peticionaria tampoco encajan estrictamente con dichas causales, en tanto en esencia se refieren a un presunto trato revicitimizante del funcionario a la hora de recibir la declaraci\u00f3n de parte de Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda, ello no conlleva a que autom\u00e1ticamente quepan en la figura que se invoca en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Lo que no quiere decir que no existan controles, pues, por ejemplo, am\u00e9n de los recursos establecidos, la parte perfectamente puede pedir los correctivos constitucionales, penales y disciplinarios si es que considera que el funcionario le viol\u00f3 garant\u00edas fundamentales o incursion\u00f3 en una conducta relevante en esos escenarios. <\/p>\n
En esta providencia la Corte examin\u00f3 a espacio la situaci\u00f3n aqu\u00ed expuesta por la prenombrada y su apoderada, concluyendo en relaci\u00f3n con las preguntas del juez que reprochan: <\/p>\n
(\u2026) como lo exterioriz\u00f3 el Tribunal a-quo, las preguntas efectuadas a Janeth Begonia por el fallador atacado, ciertamente, lejos estuvieron de desconocer la aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en el caso concreto, con ninguna de ellas se reprodujeron \u00abpatrones o estereotipos discriminatorios\u00bb, por el contrario, precisamente con miras a dilucidar el caso sometido a la jurisdicci\u00f3n, sin que hasta ese momento estuviera plenamente demostrado con otros medios suasorios, se dirigieron a obtener la informaci\u00f3n suficiente para establecer la presencia de una situaci\u00f3n asim\u00e9trica en la relaci\u00f3n de pareja puesta en tela juicio y la existencia de actos de violencia, de cualquier tipo, durante su desarrollo; sin que, en principio y contrario a lo sostenido por las accionantes, pueda considerarse que de all\u00ed se deriv\u00f3 un acto de revictimizaci\u00f3n en disfavor de la esposa reclamante. <\/p>\n
Y en lo relativo al obrar del funcionario frente a la mandataria, ratificando la respuesta que dio el Tribunal, se\u00f1al\u00f3 <\/p>\n
que: i) cuando el juzgador encausado, tras la manifestaci\u00f3n de la objeci\u00f3n a uno de los cuestionamientos, le pidi\u00f3 identificarse a qui\u00e9n la propon\u00eda, no lo hizo por descortes\u00eda, con el fin de agraviar a la profesional del derecho y mucho menos por su condici\u00f3n de mujer, sino m\u00e1s bien porque para \u00e9l no era claro qui\u00e9n lo interpelaba, si en cuenta se tiene que -revisado el interregno respectivo del v\u00eddeo- la audiencia se desarroll\u00f3 de forma virtual y la c\u00e1mara de la abogada objetante, al igual que la de otros cinco (5) participantes en la diligencia, se encontraba apagada, lo que le imposibilitaba a aqu\u00e9l detectar de qui\u00e9n proven\u00eda el pronunciamiento; y ii) al margen de las razones expuestas por el fallador atacado al pronunciarse sobre la procedencia o no de las objeciones frente a sus preguntas, lo cierto es que las efectuadas, con la salvedad realizada en el numeral 3.1.4. de esta providencia, se mostraban conducentes con miras a acopiar las pruebas suficientes para definir el asunto sometido a su conocimiento. <\/p>\n
Por \u00faltimo, record\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) en cuanto a los reproches que mutuamente se efect\u00faan accionantes y accionado de cara a conductas contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, las primeras, respecto al tr\u00e1mite del proceso a cargo del segundo, y \u00e9ste, en cuanto a los se\u00f1alamientos que aqu\u00ed le hicieron aqu\u00e9llas; si unas y otro consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades convocadas, los intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado y en esta actuaci\u00f3n supralegal, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, como parecen entenderlo, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, no es factible acceder a lo pretendido, en tanto no aflora una raz\u00f3n que enmarcada dentro de los motivos establecidos para el cambio de radicaci\u00f3n lo justifique. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. Negar el cambio de radicaci\u00f3n deprecado por Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda en relaci\u00f3n con el proceso de cesacion de efectos civiles de matrimonio religioso que le adelanta Orlano Orvine S\u00e1nchez Soto en el Juzgado de Familia de Soacha, con reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Advertir que contra esta determinaci\u00f3n no proceden recursos. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo concluido al Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Cuarto. Archivar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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AC5811-2021 (2021-03252-00) AC5811-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03252-00 Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n que Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda elev\u00f3 respecto del proceso verbal de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que le adelanta Orlano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59727","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59727"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59727\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}