AC5865-2021 (2016-00369-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC5865-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 60001-31-03-003-2016-00369-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C, quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda presentada por QUIRURGIL S.A., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 6 de julio de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso declarativo adelantado por la aqu\u00ed recurrente a la Liga Contra el C\u00e1ncer \u2013 Regional Risaralda. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda actora solicit\u00f3 declarar la existencia de un contrato de compraventa celebrado entre ella y la convocada, para la adquisici\u00f3n de un \u00abMAM\u00d3GRAFO DIG SELENIA VALUE ESTACI\u00d3N DE TRABAJO SVDX-200 y SISTEMA DE BIOPSIA PARA EL MAM\u00d3GRAFO, STEROLOCK\u00bb, as\u00ed como el incumplimiento de la compradora, a quien pidi\u00f3 condenar a pagar el valor del equipo, estimado en $741.719.080, con sus respectivos r\u00e9ditos e intereses, $475.400.000 por concepto de perjuicios, \u00aben especial, por el da\u00f1o al buen nombre\u00bb y $3.615.024 por los costos de la audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Subsidiariamente deprec\u00f3, que se declarara a la Liga Contra el C\u00e1ncer \u2013Regional Risaralda-, extracontractualmente responsable del detrimento causado a ra\u00edz del precitado negocio y \u00abpor las conductas desplegadas contra [su] buen nombre\u00bb y, en consecuencia, se le sentenciara a sufragar las sumas ya indicadas (p\u00e1g. 68 a 70, archivo \u201c04DemandaAnexos\u201d, expediente digital). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 27 de octubre de 2014, QUIRURGIL S.A., cuyo objeto social es la \u00abadquisici\u00f3n, comercializaci\u00f3n, distribuci\u00f3n, enajenaci\u00f3n (\u2026) de toda clase de equipos y elementos cient\u00edficos\u00bb, comunic\u00f3 a la demandada los par\u00e1metros y condiciones para la compraventa de un \u00abMAM\u00d3GRAFO DIG SELENIA VALUE ESTACI\u00d3N DE TRABAJO SVDX-200 Y SISTEMA DE BIOPSIA PARA EL MAM\u00d3GRAFO, STEROLOCK\u00bb, por un precio de USD 312.040, pagadero con un anticipo del 70% y el saldo a la entrega. <\/p>\n
2. Samuel Gil Cadavid, empleado de QUIRURGIL S.A., autorizado para llevar a cabo la negociaci\u00f3n, se reuni\u00f3 los d\u00edas 6 y 7 de noviembre de 2014 con Mar\u00eda Teresa Romero, representante legal de la pasiva, con el fin de concretarla. En la \u00faltima fecha, libre y voluntariamente, ambas partes suscribieron el contrato de compraventa donde acordaron, adicionalmente, la entrega de un desfibrilador M-series, marca Zoll, un descuento adicional para la adquisici\u00f3n de un segundo equipo de desfibrilaci\u00f3n, el traslado de un radi\u00f3logo a Brasil en el a\u00f1o 2015 y la realizaci\u00f3n de una conferencia sobre mamograf\u00eda en el eje cafetero, por cuenta de la vendedora. <\/p>\n
3. Como forma de pago, establecieron un 30% de anticipo con la orden de compra, 20% a la instalaci\u00f3n a satisfacci\u00f3n y el 50% restante, en tres cuotas 30 d\u00edas despu\u00e9s, dos del 15% y la \u00faltima por el 20%. El convenio fue refrendado con la firma de la representante legal de la Liga Contra el C\u00e1ncer \u2013 Regional Risaralda y el referido encargado de la compa\u00f1\u00eda enajenante. <\/p>\n
4. Basada en lo anterior, QUIRURGIL S.A. hizo el pedido del equipo a la f\u00e1brica, sufragando los gastos de importaci\u00f3n; sin embargo, la compradora est\u00e1 en mora de cancelar sus obligaciones dinerarias, pese a que la m\u00e1quina se encuentra disponible para la entrega desde el 6 de enero de 2015. <\/p>\n
5. El 9 de mayo de 2015, la convocada envi\u00f3 a HOLOGIC INC., una comunicaci\u00f3n con informaci\u00f3n \u00abde la demandante que no es cierta\u00bb, deteriorando su buen nombre ante su proveedora internacional, as\u00ed como su relaci\u00f3n comercial (P\u00e1g. 62 a 68, archivo \u201c04DemandaAnexos\u201d, expediente digital). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. Admitida la demanda y notificada la llamada a juicio, se opuso a las pretensiones de su contraparte alegando la \u00abinexistencia del contrato de compraventa\u00bb, puesto que \u00ablas partes condicionaron la celebraci\u00f3n de un contrato de compraventa sobre el equipo m\u00e9dico, a la suscripci\u00f3n de un documento escrito, y por lo tanto, esta condici\u00f3n se convirti\u00f3 en una solemnidad voluntaria impuesta por ellas mismas, para que naciera a la vida jur\u00eddica un contrato de compraventa\u00bb; \u00abenriquecimiento sin causa del demandante\u00bb y \u00abmutuo disenso t\u00e1cito\u00bb, respecto del documento suscrito el 7 de noviembre de 2014, \u00abal haber continuado las negociaciones (\u2026) mediante el env\u00edo de nuevas cotizaciones, modelos contractuales y dem\u00e1s soportes de la estructura del negocio (\u2026) y por ende, no podr\u00eda predicarse incumplimiento alguno por parte de LA LIGA\u00bb (p\u00e1g. 302 a 312, archivo \u201c09Contestaci\u00f3nAnexosLigaContraCancer\u201d, expediente digital). <\/p>\n
Adicionalmente, formul\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u00abno comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios\u00bb, ante la falta de convocatoria a los m\u00e9dicos radi\u00f3logos Christian Andr\u00e9s Quintero Rivas y Fernando Jos\u00e9 Villabona Garc\u00eda, quienes eran posibles compradores del equipo m\u00e9dico \u00abgener\u00e1ndose un cuasicontrato de comunidad entre ellos y, por ende, un derecho real en com\u00fan y proindiviso sobre el bien a adquirir\u00bb (p\u00e1g. 38 a 41, archivo \u201c02ExcepcionesPreviasAnexos\u201d, cd. 2, expediente digital). <\/p>\n
2. En audiencia de 17 de agosto de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira resolvi\u00f3 favorablemente el anterior medio exceptivo y dispuso vincular a la litis a los profesionales de la salud mencionados, quienes, una vez puestos a juicio, rebatieron las pretensiones de la gestora, a trav\u00e9s de las defensas que denominaron \u00abinexistencia del contrato de compraventa\u00bb, \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n de indemnizar perjuicios\u00bb, \u00abpetici\u00f3n de lo no debido\u00bb, \u00abenriquecimiento sin justa causa\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, con relaci\u00f3n a [ellos]\u00bb, \u00abaceptar oferta con reparos es una nueva oferta\u00bb, \u00abmis poderdantes actuaron como contratistas (peritos) de la liga contra el c\u00e1ncer y no como representantes de la liga, ni como contratantes en las negociaciones entre las partes\u00bb, \u00abfalta de autorizaci\u00f3n o poder por parte del empleado de QUIRURGIL S.A. que permita comprometer la sociedad\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abno haberse convocado a una audiencia de conciliaci\u00f3n prejudicial\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb (p\u00e1g. 180 a 206, archivo \u201c3. Cd 1, parte 3, expediente digital). <\/p>\n
2. En providencia de 25 de febrero de 2019, el a-quo desech\u00f3 los pedimentos de la promotora, tras establecer que entre los contendientes primigenios jam\u00e1s se concret\u00f3 la firma del contrato de compraventa materia de la litis, pues la orden de compra suscrita por la representante legal de la Liga Contra el C\u00e1ncer, solo constituy\u00f3 una oferta finalmente no aceptada por la receptora y, a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n, tal aceptaci\u00f3n fue posteriormente desistida con anuencia de QUIRURGIL S.A. Por otra parte, descart\u00f3 la legitimaci\u00f3n por pasiva de los especialistas Christian Andr\u00e9s Quintero Rivas y Fernando Jos\u00e9 Villabona Garc\u00eda. <\/p>\n
Con todo, ech\u00f3 de menos la demostraci\u00f3n de los perjuicios reclamados por la gestora. <\/p>\n
3. La demandante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. Como reparos concretos contra el veredicto, expuso que la falladora: i) confundi\u00f3 el negocio objeto del litigio; ii) inaplic\u00f3 las reglas del contrato de compraventa y parti\u00f3 de supuestos de hecho no probados en el expediente; iii) consider\u00f3 que se present\u00f3 una novaci\u00f3n del convenio pese a que no se demostraron los elementos de esta figura jur\u00eddica; iv) valor\u00f3 documentos ajenos a la lid; v) dio cr\u00e9dito a la versi\u00f3n rendida por Gonzalo Cort\u00e9s, quien no particip\u00f3 en la negociaci\u00f3n en disputa y, por lo tanto, no la conoce; vi) desconoci\u00f3 las facultades de Samuel Gil para representarla; y, vii) omiti\u00f3 la confesi\u00f3n de la representante legal de la pasiva, extractable de los chats aportados a la foliatura, donde consta que ella admiti\u00f3 haber planteado la posibilidad de desistir del acuerdo de voluntades previamente firmado, sin la anuencia de Quirurgil. <\/p>\n
4. Aunque en prove\u00eddo de 8 de abril de 2019, corregido el 24 del mismo mes y a\u00f1o, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira invalid\u00f3 la sentencia proferida por la juzgadora cognoscente, esa determinaci\u00f3n fue dejada sin valor ni efecto en CSJ STL3820-2020 de 10 de junio de 2020, rad. 2020-00604-02, por la hom\u00f3loga laboral, al resolver, en segunda instancia, la acci\u00f3n de tutela que contra dicho pronunciamiento interpusieron los vinculados al juicio Quintero Rivas y Villabona Garc\u00eda. <\/p>\n
5. El 21 de julio siguiente, el tribunal dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por esta Corporaci\u00f3n, para lo cual admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada por la reclamante y corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal ratific\u00f3 el fallo de instancia. Soport\u00f3 su determinaci\u00f3n en tres (3) argumentos fundamentales, a saber: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Que el documento denominado \u201corden de compra\u201d, en cuyo contenido se cimentaron las pretensiones del libelo introductor, carece de los requisitos estructurales de un contrato de compraventa, tales como el objeto jur\u00eddico, la identificaci\u00f3n de las partes y la \u00abcapacidad negocial o dispositiva de quien suscribi\u00f3 en nombre de Quirurgil S.A.\u00bb, pues Samuel Gil, cuya antefirma ni siquiera obra en el escrito, no aparece registrado como su representante legal, ni apoderado con facultades para obligar a esa compa\u00f1\u00eda, cuando as\u00ed lo exige el art\u00edculo 117 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Que el acuerdo de marras ni siquiera satisface los presupuestos de una oferta mercantil. <\/p>\n
<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el primer t\u00f3pico, destac\u00f3 que la \u00aborden de compra\u00bb fechada el 7 de noviembre de 2014 no fue suscrita por Quirurgil pues, la persona que seg\u00fan se prob\u00f3 en el juicio llev\u00f3 a cabo esa negociaci\u00f3n, no contaba con las facultades necesarias para contraer obligaciones en nombre de esa empresa, en tanto, de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n, eran Edwin Gil Tob\u00f3n, como gerente y Claudia Mar\u00eda Mej\u00eda Montoya, apoderada, los autorizados para \u00ab[f]irmar todos los contratos en calidad de contratista. (\u2026) Firmar las propuestas que presente QUIRURGIL S.A. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 el colegiado que en la aludida orden de compra \u00absi bien aparecen concretados un bien con algunas caracter\u00edsticas y un precio, en parte alguna del texto puede leerse cu\u00e1l es la condici\u00f3n de los intervinientes, qui\u00e9n representa a qui\u00e9n, ni siquiera hay antefirma de la parte \u201cproveedora\u201d, o acaso su calidad en el pretenso contrato. Menos est\u00e1 complementado el dato, con otro que sin duda permita entender razonablemente que lo integra; recu\u00e9rdese que la tesis de la parte demandante es que en este escrito hay una compraventa, sin necesidad de agregarle m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, contrario a lo aqu\u00ed alegado, a trav\u00e9s de su subgerente Luis Fernando Carvajal, Quirurgil S.A. se\u00f1al\u00f3 a la convocada que el referido cartular correspond\u00eda a una \u00aborden de compra\u00bb y no al convenio de la especie reclamada, seg\u00fan se lee en el oficio que le remiti\u00f3 el 27 de noviembre de 2014 y que tampoco fue objeto de tacha. <\/p>\n
As\u00ed mismo, compar\u00f3 el \u00abcontrato de compraventa\u00bb enviado el 16 de enero de 2015 por la promotora a la convocada, quien lo ados\u00f3 sin oposici\u00f3n de la contraparte, y concluy\u00f3 que son completamente diferentes, pues el primero s\u00ed tiene \u00abtodos los elementos propios de una negociaci\u00f3n de esa naturaleza\u00bb, en tanto all\u00ed se delimitaron con precisi\u00f3n las partes vendedora y compradora, el objeto y precio del negocio, la forma de pago, las obligaciones contractuales a cargo de cada una, el plazo de entrega, la garant\u00eda del equipo, las cl\u00e1usulas compromisoria y penal, t\u00f3picos que la actora deb\u00eda conocer atendiendo el giro ordinario de sus negocios profesionales. <\/p>\n
Llam\u00f3 la atenci\u00f3n acerca del corto lapso transcurrido entre la emisi\u00f3n de la \u00aborden de compra\u00bb -14 de noviembre de 2014- y el formato acabado de describir -16 de enero de 2015-, lo cual consider\u00f3 coincidente con el testimonio de Gonzalo Cort\u00e9s, quien dio cuenta \u00abde la regularidad en el tr\u00e1mite de celebraci\u00f3n de esta modalidad negocial en la sociedad demandante\u00bb. <\/p>\n
Puso de manifiesto, en torno al reparo concerniente a la representaci\u00f3n de la entidad en el negocio que \u00abcomo ya se anotara el enunciado gramatical, y tiene que ser as\u00ed porque es un documento escrito, no se evidencian las identificaciones de los part\u00edcipes negociales, en parte alguna est\u00e1 el nombre del se\u00f1or Samuel Gil ni su condici\u00f3n como representante de la compa\u00f1\u00eda vendedora Quirurgil SA; tampoco sobre la cuesti\u00f3n capital de su capacidad obligatoria, indispensable para estructurar sus elementos esenciales (Art.1502, CC, por remisi\u00f3n del art\u00edculo 822, CCo). No se trata de constatar la mera manifestaci\u00f3n de quien act\u00faa en el negocio, pues \u00bfQu\u00e9 grado de seguridad se brindar\u00eda en el marco del tr\u00e1fico mercantil?\u00bb. Y a partir del an\u00e1lisis del Certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad apunt\u00f3 que \u00abaflora contundente que para la fecha en que se firm\u00f3 el documento llamado \u201corden de compraventa\u201d, del que deriva la demandante el contrato alegado, el se\u00f1or Gil carec\u00eda de representaci\u00f3n de la sociedad Quirurgil SA, con miras a obligarla, por ende, mal podr\u00eda servir como estribo para proclamar ahora que aquel, la representaba v\u00e1lidamente\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 el tribunal que no luc\u00eda \u00abdesatinado el estudio sobre la oferta que hiciera la jueza de primer nivel, habida cuenta de que f\u00e1cil pod\u00eda apreciarse que todas las comunicaciones cruzadas entre las partes del litigio, se pod\u00edan entender como tratativas precontractuales, iniciadas s\u00ed con un mam\u00f3grafo y luego con otro\u00bb y aun cuando consider\u00f3 las anteriores argumentaciones suficientes, estim\u00f3 pertinente \u00abilustrar sobre la oferta o propuesta como acto jur\u00eddico unilateral de \u00edndole mercantil para el que tampoco se infiere que concurran sus requisitos\u00bb, abordando as\u00ed el an\u00e1lisis del documento \u00aborden de compra\u00bb desde esta arista para decir que de \u00e9l no puede extraerse que se est\u00e9 haciendo una propuesta seria y concreta de celebrar un contrato de tal forma que para su perfeccionamiento solo falte la aceptaci\u00f3n de la destinataria, benepl\u00e1cito que, por dem\u00e1s, jam\u00e1s expres\u00f3 la pasiva, pues \u00abaqu\u00ed fue paladino [su] rechazo\u00bb, si en cuenta se tienen los correos y mensajes instant\u00e1neos aportados por la Liga Contra el C\u00e1ncer sin oposici\u00f3n de QUIRURGIL S.A. <\/p>\n
Determin\u00f3 as\u00ed, que siendo inexistente el negocio jur\u00eddico cuyo reconocimiento se persigue, inviable resultaba hablar de una novaci\u00f3n \u00abcomo parece haberlo entendido el apelante del fallo cuestionado y, por otro lado, como falt\u00f3 la representaci\u00f3n de la parte actora en el contrato, inane revisar si acaeci\u00f3 la confesi\u00f3n por parte de la representante legal de la demandada\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se adentr\u00f3 al estudio de las s\u00faplicas subsidiarias diciendo, que la gestora no demostr\u00f3 los perjuicios sufridos con la compra \u00abdel mam\u00f3grafo en atenci\u00f3n a la obligaci\u00f3n contra\u00edda\u00bb, porque \u00abla adquisici\u00f3n por s\u00ed sola no configura detrimento econ\u00f3mico imputable a la demandada\u00bb, al haberse descartado la existencia del convenio reclamado y, por otra parte, la causa para pedir la compensaci\u00f3n subsidiaria, fue el supuesto da\u00f1o al buen nombre, tema sobre el cual la interesada no expuso argumento alguno en la alzada. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se imput\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 842, 912, 943 y 947 del Estatuto Mercantil y 1849 y 1857 del Ordenamiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la casacionista, el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 117 del C\u00f3digo de Comercio y el 1502 del Civil, al considerar que en el contrato de compraventa que las partes denominaron \u00aborden de compra\u00bb, no se identificaron los intervinientes, cuando estas normas regulan es la prueba de la existencia y representaci\u00f3n legal de una sociedad y no de la capacidad de un sujeto para obligar al ente moral, olvidando que, de acuerdo con el legislador y la costumbre mercantil, \u00ab[q]uien d\u00e9 motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona est\u00e1 facultada para celebrar un negocio jur\u00eddico, quedar\u00e1 obligado en los t\u00e9rminos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa\u00bb (art. 842 C. Cio.), circunstancia que se present\u00f3 en este asunto, donde el vendedor de QUIRURGIL S.A., adem\u00e1s de ser \u00abmiembro de la Junta Directiva y como tal administrador de la compa\u00f1\u00eda\u00bb, estaba facultado para celebrar negocios en su nombre y as\u00ed era entendido por la pasiva, quien \u00abacept\u00f3 los t\u00e9rminos de la \u201corden de compra\u201d y los plazos para pagar el precio\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el ad quem err\u00f3 al se\u00f1alar que el documento materia del pleito no conten\u00eda la \u00abobligaci\u00f3n de transferir la propiedad o dominio del equipo m\u00e9dico\u00bb, pues ello desconoce que el art\u00edculo 912 del ordenamiento comercial, establece los t\u00e9rminos para probar y gustar la cosa vendida, lapsos aplicables a aquellos casos donde los contratantes no los pactan y, en este evento, asegura, QUIRURGIL S.A. cumpli\u00f3 con poner a disposici\u00f3n de la compradora la m\u00e1quina objeto del negocio jur\u00eddico sin que la Liga la hubiese \u00abrecibido ni informado el sitio para la instalaci\u00f3n\u00bb, aspectos no estudiados por el fallador. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
La sociedad inconforme acus\u00f3 al fallo de ser violatorio recta v\u00eda de los preceptos 905 del C\u00f3digo de Comercio y 1500, 1849 y 1857 del Estatuto Civil, por indebida aplicaci\u00f3n, en tanto, que al exigir formalidades que las mencionadas normas no contemplan, tuvo por insatisfechos los requisitos del contrato de compraventa contenido en el documento denominado \u00aborden de compra\u00bb, cuando \u00abestamos ante un contrato consensual y no solemne, por lo cual el mismo se perfecciona y nace a la vida jur\u00eddica por el simple acuerdo de voluntades entre las partes\u00bb y por ello, deven\u00eda \u00abinnecesario exigir documentos adicionales u otras formalidades o requisitos adicionales, salvo, por ejemplo, la entrega de la factura al momento del recibo de la mercanc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Soportada en la vulneraci\u00f3n mediata de las disposiciones 864, 871, 842, 905, 943, 947 del C\u00f3digo de Comercio y 1618 al 1623, 1500, 1849 y 1857 del Ordenamiento Civil, derivado de error derecho por desconocimiento de los c\u00e1nones 244, 250, 260 y 272 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. <\/p>\n
Para la censora, contrario a lo arg\u00fcido por el sentenciador de segunda instancia, en el plenario estaba \u00abprobado el objeto de la compra, el precio y las partes intervinientes\u00bb; el contrato de compraventa celebrado bajo el r\u00f3tulo de \u00aborden de compra\u00bb, es aut\u00e9ntico a la luz de la regla 244 procesal, su alcance probatorio es indivisible, a voces del art\u00edculo 250 y su valor es igual al de un documento p\u00fablico entre quienes lo suscribieron o crearon, seg\u00fan lo ense\u00f1a el canon 260 ibid. <\/p>\n
Como \u00ablas partes plasmaron un acuerdo de voluntades, consistente en un pacto de entrega de un objeto, un mam\u00f3grafo 2D \u201cSelenia Performance\u201d, a cargo de mi representada, a cambio del pago de un precio \u2013contraprestaci\u00f3n-, pago de dinero que ser\u00eda asumido por la demandada y la entrega dentro de un plazo de sesenta d\u00edas (\u2026)\u00bb y no se desconoci\u00f3 el respectivo documento (art. 272), no hab\u00eda argumentos v\u00e1lidos para que el fallador desestimara el negocio jur\u00eddico reclamado, independientemente del nombre que los contratantes le hayan otorgado al mismo, tal como lo tiene decantado el precedente jurisprudencial de esta Corte, cuyo apare trascribe (CSJ SC5224-2019, 3 dic, rad. 2002-00094-01). <\/p>\n
Al proceder de esta manera, prosigui\u00f3 la memorialista, el ad-quem \u00abdej\u00f3 sin validez la voluntad visiblemente expresada por las partes, desconociendo, adicionalmente, las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos (arts. 1618 a 1623 C.C.)\u00bb y aplic\u00f3 indebidamente las normas de la oferta mercantil, incurriendo en yerros trascendentales para la resoluci\u00f3n del asunto, dado que \u00ablas estipulaciones realizadas de buena fe en la denominada \u201corden de compra\u201d, eran suficientes para otorgar plena validez y exigibilidad a las obligaciones que surgen del contrato de compraventa que obligaban al comprador a recibir y pagar por la mercanc\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO1 <\/p>\n
Con el mismo soporte normativo de la anterior acusaci\u00f3n, la recurrente endilg\u00f3 al sentenciador la comisi\u00f3n de yerros de hecho manifiestos y trascendentes al no tener por probados, est\u00e1ndolo, los elementos esenciales del contrato de compraventa suscrito el 7 de noviembre de 2014 bajo la denominaci\u00f3n de \u00aborden de compra\u00bb, pues en \u00e9l concurren la identidad de las partes, la intenci\u00f3n de transferir el dominio y el objeto jur\u00eddico, tal como se desprende de los interrogatorios absueltos por Luis Fernando Carvajal Carrillo y Mar\u00eda Teresa Romero, representantes legales de las firmas demandante y demandada, respectivamente; el testimonio de Samuel Gil Cadavid, miembro de la Junta Directiva, administrador y vendedor de QUIRURGIL S.A.; la orden de f\u00e1brica del equipo materia de la compraventa, enviada por la actora a HOLOGIC INC., el 11 de noviembre de 2014, piezas procesales que, afirma, no fueron analizadas por el fallador. <\/p>\n
En aras de acreditar su aserto, la inconforme transcribi\u00f3 algunos apartes de la precitada prueba testifical y, apoyada en el \u00faltimo documento concluy\u00f3, que \u00abla Compa\u00f1\u00eda vendedora procedi\u00f3 a solicitar la fabricaci\u00f3n del equipo y la importaci\u00f3n de este y su entrega se pact\u00f3 a los sesenta d\u00edas, estando probado que una vez lleg\u00f3 el equipo se puso a disposici\u00f3n del comprador que se ha negado a recibirlo y pagar el precio\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, recrimin\u00f3 que la sentencia de primer grado, ni la proferida por el tribunal se ocuparon de verificar el da\u00f1o que le fue causado con el incumplimiento contractual de su oponente, pese a tratarse de un aspecto acreditado en el litigio \u00ab[m]ediante factura expedida por la empresa Hologic Inc del 11 de noviembre de 2014\u00bb y la declaraci\u00f3n de Samuel Gil Cadavid, quien dio cuenta de la importaci\u00f3n del mam\u00f3grafo, pues tales probanzas no fueron valoradas. <\/p>\n
Con soporte en los anteriores argumentos, pidi\u00f3 casar la sentencia recurrida y, en su lugar, acoger los ruegos del escrito genitor. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Debido a la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, la Corte no est\u00e1 habilitada para suplir de oficio las deficiencias de la censura y su potestad jurisdiccional se encuentra circunscrita a las causales, que hall\u00e1ndose consagradas en la codificaci\u00f3n procesal, hayan sido formuladas por el impugnante (inciso final art. 336 C.G.P.). Tales motivos constituyen un numerus clausus que no puede ampliarse ni extenderse por v\u00eda de analog\u00eda. <\/p>\n
Desde esa limitaci\u00f3n, al Tribunal de Casaci\u00f3n le corresponde decidir dentro de los confines que le demarca el opugnador, sin que le est\u00e9 autorizado reformular los cargos deficitariamente planteados. Esto, sin perjuicio de las facultades oficiosas de que est\u00e1 investido para casar las sentencias en que brote ostensible la vulneraci\u00f3n del orden o patrimonio p\u00fablicos, o se atente contra los derechos y prerrogativas constitucionales. <\/p>\n
2. De lo anterior resulta que en la impugnaci\u00f3n extraordinaria no pueden ver las partes una tercera instancia, ni la oportunidad para abordar nuevamente el thema decidendum del proceso, o un escenario donde les sea l\u00edcito debatir la cuesti\u00f3n litigiosa y presentar sus particulares puntos de vista y posiciones en relaci\u00f3n con la materia que suscit\u00f3 la controversia. <\/p>\n
El objeto del juicio en la sede extraordinaria, como se ha dicho siempre, es el veredicto emitido por el enjuiciador, porque se pretende dilucidar si, en esa decisi\u00f3n, aqu\u00e9l incurri\u00f3 en desaciertos reprochables, tanto en su labor in iudicando, como en los aspectos rituales (vicios in procedendo), ambos transgresores de la ley. <\/p>\n
Como lo indicara el jurista espa\u00f1ol Manuel de La Plaza, \u00aberrar\u00eda gravemente quien no acertase a ver en el recurso de casaci\u00f3n otra cosa que un medio de velar por la defensa de la ley, o un expediente h\u00e1bil para dotar a la justicia de aquel sentido unitario en que estriba su mayor excelencia y su m\u00e1s subido valor\u00bb2. Ergo, el examen del componente f\u00e1ctico de la contienda en sede de la Corte es excepcional, y est\u00e1 ce\u00f1ido a la equivocada apreciaci\u00f3n que de este realice el fallador al valorar los medios de prueba, siendo aquel desatino el veh\u00edculo para quebrantar normas sustanciales. <\/p>\n
As\u00ed lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n: \u00ab[c]omo el recurso de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia habilitada para dirimir el conflicto sometido a la jurisdicci\u00f3n, sino la m\u00e1s elevada expresi\u00f3n del control normativo a que se somete la actividad jurisdiccional del Estado, resulta necesario recordar que este medio de impugnaci\u00f3n no es \u00fatil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los [j]ueces de conocimiento, raz\u00f3n por la cual, es indispensable que el recurrente (\u2026) m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador\u00bb (CSJ, SC del 23 de marzo de 2004, Rad. No. 7533, reiterada SC3142-2021 de 28 de jul., Rad. 2014-00193-01). <\/p>\n
Luego, la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, que la impugnaci\u00f3n est\u00e9 soportada en los motivos que expresamente contempla el art\u00edculo 336 ejusdem, as\u00ed como la formulaci\u00f3n separada de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnador asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene acompa\u00f1ada la providencia. <\/p>\n
3. Trat\u00e1ndose de vicios de juicio, se memora que al menoscabo de preceptos sustanciales puede arribarse por dos sendas: violaci\u00f3n directa e indirecta. <\/p>\n
Ahora, si el censor opta por reprochar defectos in iudicando a la actividad del fallador, adem\u00e1s de invocar los preceptos sustanciales que considere infringidos, se le impone explicar la manera como se materializ\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n, a la par que evidenciar la trascendencia del equ\u00edvoco en el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del censor, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia. <\/p>\n
3.1. La recta v\u00eda surge de errores sobre la existencia, validez y alcance de los preceptos aplicables al asunto sometido a la composici\u00f3n judicial, bien porque no se hicieron actuar en el asunto pese a que deb\u00eda recurrirse a ellos; en raz\u00f3n de hab\u00e9rseles aplicado de manera indebida, o por cuanto se les dio una inteligencia o interpretaci\u00f3n contraria a su genuino contenido y extensi\u00f3n. <\/p>\n
Dado que son pifias de ralea estrictamente de derecho (iuris in iudicando), suponen la absoluta prescindencia de cualquier reflexi\u00f3n relativa a la demostraci\u00f3n de los supuestos de facto invocados como causa petendi de la acci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n se ha se\u00f1alado que la discusi\u00f3n en ese plano, ha de ce\u00f1irse a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704, reiterada en SC3344-2021, 26 ago., rad. 2012-00021-01). <\/p>\n
En otras palabras, el an\u00e1lisis de la Corte recae sobre \u00ablos textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb (CSJ SC040, 25 abr. 2000, rad. 5212; CSJ SC 20 ago. 2014, rad. 00307; CSJ SC2342-2018, 26 jun. 2018, rad. 2009-00013-01; CSJ SC1043-2021, 5 abr., rad. 2013-00056-01). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, al recurrente que opta por ese camino, le est\u00e1 vedado manifestar inconformidad o discrepancia con la apreciaci\u00f3n de los hechos efectuada por el sentenciador con base en las probanzas, es decir, ning\u00fan reproche puede lanzar aqu\u00e9l sobre el estudio de los elementos demostrativos y, de contera, no le ser\u00e1 dable separarse de las conclusiones a que haya arribado el juzgador en esa tarea investigativa de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica de la litis. <\/p>\n
Para atender dicha carga deber\u00e1 enfrentar los razonamientos esenciales y los medios de prueba sobre los cuales ciment\u00f3 el fallador su decisi\u00f3n, con el objeto de desvirtuarlos, se\u00f1alando la incidencia de los yerros y la forma como estos llevaron a la desatenci\u00f3n de los preceptos materiales invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales probanzas y las conclusiones de la sentencia, am\u00e9n \u00abque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01\u00bb (subrayado no es del texto; CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
3.2.1. Tocante al error de hecho se ha adoctrinado, \u00abque surge en la suposici\u00f3n o en la apreciaci\u00f3n o en la preterici\u00f3n de pruebas. Supone la prueba el juzgador que halla un medio en verdad inexistente, as\u00ed como aquel que distorsiona el elemento probatorio que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene; y resulta preterida, u omitida, la prueba cuya presencia cierta es ignorada en todo o cercenada en parte, esto \u00faltimo para asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. <\/p>\n
\u00abDenunciada por el atacante una o todas las posibilidades del elenco anterior, ha de demostrar que el yerro resaltado es adem\u00e1s trascendente por haber determinado la decisi\u00f3n reprochada. Y desde luego que, para establecer el alcance de la acusaci\u00f3n, se acude a una actividad de comparaci\u00f3n entre la realidad que ofrece el expediente y el discurso que funda la sentencia\u00bb (CSJ SC115 20 jun. 2001, rad. 5937, reiterada en CSJ SC3129-2021, 13 ago., rad. 2016-00124-01). <\/p>\n
Puntualmente la Corte ha expresado, que \u00ab-cuando [el casacionista] endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (SC3142-2021 citada). <\/p>\n
3.2.2. A su turno, el error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que, cuando el ataque se perfile por esta senda, el discrepante deber\u00e1, adem\u00e1s, citar \u00ablas normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
Valga decir, la ocurrencia de esta tipolog\u00eda de dislate tiene ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos (i) cuando a un elemento demostrativo irregular, ilegal, extempor\u00e1neo, o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa contrariando as\u00ed el principio de legalidad (ii), en el evento que se le niegue eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente (iii) cuando se desatiende el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan. <\/p>\n
4. Desde el p\u00f3rtico se advierte que las acusaciones no tienen vocaci\u00f3n de admisibilidad, por cuanto la impugnante incurri\u00f3 en falencias t\u00e9cnicas que impiden franquear la senda de la s\u00faplica extraordinaria, de cara al puntual descontento con la decisi\u00f3n impugnada, que lo es la negativa a reconocer la existencia de un contrato de compraventa suscrito entre las partes, el incumplimiento de la llamada a juicio y el consecuente reconocimiento de las indemnizaciones reclamadas. <\/p>\n
4.1. En el primer embate, la recurrente adujo el quebranto del art\u00edculo 842 del C\u00f3digo de Comercio, al desechar las facultades t\u00e1citas que QUIRURGIL S.A. hab\u00eda conferido al suscriptor del contrato de compraventa celebrado el 7 de noviembre de 2014 con la representante legal de la Liga Contra el C\u00e1ncer \u2013 Regional Risaralda, como consecuencia de aplicar los c\u00e1nones 117 ejusdem y 1502 del Ordenamiento Civil, ajenos a la controversia, pues no estaba en duda la existencia y representaci\u00f3n legal de la vendedora ni la capacidad de Samuel Gil Cadavid para contraer obligaciones, sino su potestad de representar a la demandante en el precitado negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Recrimin\u00f3 tambi\u00e9n la apreciaci\u00f3n del tribunal, concerniente a que \u00abno se evidencia la obligaci\u00f3n de transferir la propiedad o dominio del equipo m\u00e9dico del cual trataba este negocio jur\u00eddico\u00bb, por cuanto inaplic\u00f3 el art\u00edculo 912 del estatuto mercantil, pese a que dicho precepto establece los plazos para gustar o probar la cosa vendida, \u00abque hubiesen subsumido esa obligaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
No cabe duda en torno a la condici\u00f3n sustancial que ostentan algunos de los preceptos mercantiles acabados de mencionar, pues cada uno de ellos tutela \u00abde modo definitivo y completo un determinado derecho subjetivo3\u00bb. El 842, obliga a quien d\u00e9 motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona est\u00e1 facultada para representarlo, a honrar el pacto as\u00ed suscrito; el canon 912 establece el plazo al cual debe acogerse el comprador para probar o gustar la cosa, de no existir convenio diferente al respecto, otorgando al vendedor la facultad de disponer de ella si aqu\u00e9l no lo hace e imponi\u00e9ndole, igualmente, un plazo para entregarla; por su parte, el art\u00edculo 943 del mismo ordenamiento, consagra la obligaci\u00f3n del adquirente de recibir el objeto negocial, en los plazos establecidos, \u00abso pena de indemnizar los perjuicios causados por la mora\u00bb, al tiempo que el 947 le insta a pagar el precio acordado. <\/p>\n
As\u00ed, es claro que cada una de esas normas enlazan, con precisi\u00f3n, un \u00abhecho condicionante con una consecuencia condicionada4\u00bb, creando obligaciones concretas a cargo y a favor de sujetos espec\u00edficos, vale decir, comprador y vendedor, respectivamente, lo cual las reviste de car\u00e1cter sustancial. <\/p>\n
Sin embargo, ninguna de las disposiciones en menci\u00f3n resulta apta para fundamentar el ataque de la casacionista, por cuanto el centro de la controversia suscitada en este asunto no era la responsabilidad de Quirurgil frente a la Liga Contra el C\u00e1ncer con ocasi\u00f3n de la representaci\u00f3n aparente ejercida por Samuel Gil Cadavid respecto de la primera (art. 842, C. Cio), sino la concurrencia de los elementos estructurantes de un contrato de compraventa entre ambas compa\u00f1\u00edas, convenio que no encontr\u00f3 configurado el tribunal y, por ende, mal pod\u00eda dar por insatisfechas las obligaciones de \u00abprobar o gustar la cosa\u00bb (art. 912 \u00eddem), \u00abrecibirla en el plazo y lugar convenido\u00bb (art. 943 ib.) y pagar su valor (art. 947, ib). En ese sentido, el embate resulta desenfocado. <\/p>\n
El recurrente, en estrictez, cuestiona que no se hubiera aceptado que persona no inscrita en el certificado de c\u00e1mara de comercio como representante legal de una entidad pudiera actuar v\u00e1lidamente en representaci\u00f3n de \u00e9sta y que pregonara la no estipulaci\u00f3n adecuada de la tradici\u00f3n cuando, en su sentir, el art\u00edculo 912 del C\u00f3digo de Comercio permite subsumir dicha exigencia. <\/p>\n
Empero, dej\u00f3 de lado el eje central de la determinaci\u00f3n del tribunal, concerniente a la configuraci\u00f3n integral de los elementos necesarios para pregonar la existencia de un contrato de compraventa, referidos a la delimitaci\u00f3n del objeto jur\u00eddico \u00ab-que una parte vende y otra compra-\u00bb, la identificaci\u00f3n de los extremos negociales \u00ab-qui\u00e9n representa a qui\u00e9n, ni siquiera hay antefirma de la parte \u201cproveedora\u201d, o acaso su calidad en el pretenso contrato-\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, tales recriminaciones de la opugnadora develan inconformismo con aspectos probatorios del litigio que, en su sentir, debieron valorarse de forma distinta por el ad-quem, alegato inaceptable por esta senda, pues, recu\u00e9rdese, ella impone al interesado apartarse de toda \u00abconsideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador\u00bb, como qued\u00f3 expuesto en precedencia. <\/p>\n
Es decir, la opugnadora parti\u00f3 de supuestos de hecho distintos a los decantados por el juzgador plural para sustentar la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 842, 912, 943 y 947 del C\u00f3digo de Comercio, mostrando desacuerdo con sus conclusiones f\u00e1cticas, cuando para sustentar la infracci\u00f3n de c\u00e1nones de contenido sustancial recta v\u00eda, debi\u00f3 centrarse en rebatir el raciocinio jur\u00eddico del fallador, aspecto para el cual fue dise\u00f1ado este especial motivo de censura. <\/p>\n
4.2. En el segundo cargo, adujo tambi\u00e9n trasgresi\u00f3n directa, por inaplicaci\u00f3n, de las disposiciones 905 mercantil y 1849, 1500 y 1857 del C\u00f3digo Civil; sin embargo, ninguna de ellas ostenta la condici\u00f3n sustancial necesaria para soportar el ataque. En efecto, las dos primeras tienen como finalidad definir el contrato de compraventa, la tercera se encarga de diferenciar los convenios real, solemne y consensual y la \u00faltima establece el momento en que se perfecciona el negocio jur\u00eddico en atenci\u00f3n a su objeto, empero no crean, modifican ni extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas y as\u00ed ha tenido oportunidad de se\u00f1alarlo esta Corporaci\u00f3n en las providencias CSJ AC653-2019, 27 feb., rad. 1998-00168-01, CSJ AC4247-2015, 29 jul., rad. 2007-00491-01, CSJ SC5533-2017, 24 abr., rad. 2009-00440-01 y CSJ AC5144-2018, 4 dic., rad. 2004-00148-01, entre otras. <\/p>\n
Adem\u00e1s de dicha circunstancia, que por s\u00ed sola determina el decaimiento de esta acusaci\u00f3n, la impugnante tambi\u00e9n puso de presente inconformismos con las conclusiones f\u00e1cticas del veredicto, incurriendo en la mixtura que le est\u00e1 vedada a quien pretende rebatir un fallo con fundamento en el primer motivo de casaci\u00f3n y si bien sus apreciaciones al respecto fueron tangenciales, la ausencia de controversia frente a la totalidad de los argumentos estructurales del fallo, conllevan la inadmisi\u00f3n del reproche. <\/p>\n
4.3. El tercer embate se apoy\u00f3 en la violaci\u00f3n indirecta, por error de derecho, de los mismos preceptos mencionados en los dos cargos precedentes, con adici\u00f3n de los c\u00e1nones 864 y 871 del Estatuto Comercial y 1618 a 1623 del C\u00f3digo Civil, normas estas que tampoco tienen estirpe material, por no estar destinadas a establecer o alterar relaciones subjetivas entre sujetos concretos, ya que su finalidad es, en su orden, determinar el concepto de contrato, imponer, de forma gen\u00e9rica, la observancia del principio de buena fe entre quienes participan en ellos y definir las reglas de interpretaci\u00f3n de dichos pactos. <\/p>\n
Por tanto, \u00fanicamente los c\u00e1nones 842, 943 y 947 tendr\u00edan la aptitud necesaria para edificar el ataque. Aunque la libelista cumpli\u00f3 con su deber de citar las reglas de valoraci\u00f3n que estima inaplicadas por el sentenciador, esto es, los art\u00edculos 244, 250, 260 y 272 del C\u00f3digo General del Proceso y expuso que el tribunal los desconoci\u00f3 al valorar la \u00aborden de compra\u00bb firmada con su convocada sin tener en cuenta que se trataba de un documento aut\u00e9ntico a voces de la primera disposici\u00f3n probatoria, indivisible acorde con la segunda, con el alcance de un documento p\u00fablico para quienes lo suscribieron, seg\u00fan la tercera y no desconocido por las partes en los t\u00e9rminos de la \u00faltima, lo cierto es que las cr\u00edticas as\u00ed formuladas, realmente no se direccionan a la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con su aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, o producci\u00f3n, sino al alcance demostrativo que le dio al tribunal, censurable por el error de hecho. <\/p>\n
Pero aun pasando por alto esta situaci\u00f3n, la cr\u00edtica luce desenfocada, pues no guarda consonancia con lo que del memorado elemento cognitivo extrajo el ad-quem. <\/p>\n
En efecto, del an\u00e1lisis de esa prueba, el tribunal concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a rotulaci\u00f3n en manera alguna orienta para entender cu\u00e1l es [el] negocio jur\u00eddico que se dice celebrado, sin que sea determinante esa denominaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de este aspecto formal est\u00e1 la confluencia de los requisitos de existencia del negocio invocado. Se titula \u201corden compraventa\u201d que desde luego difiere de lo alegado; se aduce que es un contrato de compraventa, sin embargo, no se aprecia delimitado ese objeto jur\u00eddico, factor esencial, que \u201c(\u2026) consiste en el conjunto de efectos perseguidos por la voluntad, los cuales pueden comprender la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de una relaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d, y apunta a configurar la noci\u00f3n de contrato, tal cual prescribe el art\u00edculo 864, CCo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En suma, no hay una cl\u00e1usula o menci\u00f3n que exprese que una parte vende y otra compra (se anot\u00f3 \u201cproveedor: QUIRURGIL S.A.\u201d y \u201cAceptada: Mar\u00eda Teresa Romero\u201d), ninguna frase indica una obligaci\u00f3n a cargo de alguien que se repute vendedor, consistente en transferir la propiedad del mam\u00f3grafo descrito, a alguien que se llame comprador en el contrato. La impugnaci\u00f3n se limita a remarcar que s\u00ed se contienen los elementos esenciales: precio y cosa, pero olvida relievar la prestaci\u00f3n de hacer, cardinal del negocio pretendido: transferir el dominio. El discurso defensivo omite descender al texto de la pieza probatoria para analizarla con rigor y revelar, seg\u00fan su tesis, todos los componentes de la especie negocial querida. <\/p>\n
Ahora, si bien aparecen concretados un bien con algunas caracter\u00edsticas y un precio, en parte alguna del texto puede leerse cu\u00e1l es la condici\u00f3n de los intervinientes, qui\u00e9n representa a qui\u00e9n, ni siquiera hay antefirma de la parte \u201cproveedora\u201d, o acaso su calidad en el pretenso contrato. Menos est\u00e1 complementado el dato, con otro que sin duda permita entender razonablemente que lo integra: recu\u00e9rdese que la tesis de la parte demandante es que en este escrito hay una compraventa, sin necesidad de agregarle m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Como se ve, el juzgador plural no coligi\u00f3 que la referida \u00aborden de compra\u00bb no fuese aut\u00e9ntica, tampoco se observa que se haya desatendido el m\u00e9rito suasorio conferido por el legislador como documento privado, lo que se advierte es que, apreciada materialmente en su contenido intr\u00ednseco, la pieza procesal no otorg\u00f3 al fallador la convicci\u00f3n necesaria para tener por demostrada la concurrencia de los requisitos del contrato de compraventa cuya existencia se pidi\u00f3 declarar, cuesti\u00f3n que no equivale a desconocer las precitadas disposiciones procedimentales ni, por esa v\u00eda, los c\u00e1nones sustanciales que sirvieron de cimiento a la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
4.4. El \u00faltimo ataque se hizo recaer en la vulneraci\u00f3n de los mismos preceptos invocados en el anterior, pero por yerros de hecho, pues, en opini\u00f3n de la disidente, el colegiado omiti\u00f3 apreciar los interrogatorios rendidos por los representantes legales de las partes en litigio, el testimonio de Samuel Gil Cadavid, quien represent\u00f3 a QUIRURGIL S.A. en la negociaci\u00f3n adelantada con la llamada a juicio y la factura expedida por HOLOGIC INC. el 11 de noviembre de 2014, con la cual se prob\u00f3 la adquisici\u00f3n del equipo, dislate que, dijo, condujo al tribunal a tener por ausentes i) la determinaci\u00f3n de la condici\u00f3n en la que actuaron los intervinientes en la compraventa; ii) la intenci\u00f3n de transferir el dominio del equipo m\u00e9dico; iii) el objeto jur\u00eddico del convenio y iv) los perjuicios que le fueron ocasionados con tal transacci\u00f3n. <\/p>\n
Como se indic\u00f3 en el ordinal que antecede, \u00fanicamente los c\u00e1nones 842, 943 y 947 del C\u00f3digo de Comercio tienen la aptitud indispensable para fundamentar el embate final de la censora, quien, al procurar exponer la manera en que fueron violentadas tales disposiciones, se limit\u00f3 a esgrimir su propio punto de vista frente a las probanzas cuyo an\u00e1lisis deprec\u00f3, sin ocuparse de revelar lo absurdo o contraevidente de las inferencias del tribunal respecto de dicho material ni desvirtuar el estudio realizado a los dem\u00e1s medios suasorios obrantes en la foliatura, dejando inc\u00f3lumes sus conclusiones con relaci\u00f3n a las comunicaciones y documentos intercambiados entre demandante y demandada, con posterioridad a la firma de la orden de compra del 7 de noviembre de 2014, lo cual conlleva la falta de completitud, la intrascendencia de este ataque y, como se anticip\u00f3, de la demanda de casaci\u00f3n en general, pues ninguno de los cuatro reproches edificados contra el veredicto del ad-quem, combate tales consideraciones. <\/p>\n
4.5. En esa direcci\u00f3n, es dable afirmar que al margen del disenso que pudiera tener la casacionista en relaci\u00f3n con los efectos jur\u00eddicos del pluricitado convenio inicial y la facultad de Samuel Gil Cadavid para obligar a QUIRURGIL S.A. en esa negociaci\u00f3n, lo cierto es que la colegiatura expuso argumentos adicionales que tienen la virtud de mantener en pie la providencia refutada y, sin embargo, no merecieron r\u00e9plica alguna por parte de la casacionista. <\/p>\n
As\u00ed, en el prove\u00eddo tambi\u00e9n se analizaron las pruebas aportadas por la convocada al descorrer el traslado de la demanda, por medio de las cuales el colegiado encontr\u00f3 que la propia accionante elabor\u00f3 y envi\u00f3 a la Liga Contra el C\u00e1ncer, un documento que s\u00ed denomin\u00f3 \u00abcontrato de compraventa\u00bb, lo cual le permiti\u00f3 inferir que una cosa era una \u00aborden de compra\u00bb y otra muy distinta el se\u00f1alado convenio: <\/p>\n
\u00ab[N]o pasa inadvertido que obra en el plenario un modelo de contrato de compraventa adiado el 16-01-2015 (carpeta 1\u00aa, cuaderno No. 1, parte 1 folio 198 y ss), remitido por la demandante a la demandada que difiere en mucho del formato \u201corden de compra\u201d y en cambio s\u00ed responde a todos los elementos propios de una negociaci\u00f3n de esa naturaleza, con absoluta claridad se titula \u201ccompraventa\u201d, en su clausulado hay distinci\u00f3n de las partes (Liga contra el c\u00e1ncer REGIONAL Risaralda y QUIRURGIL S.A.) y de sus representantes, tambi\u00e9n, delimita su objeto (\u2026) es la enajenaci\u00f3n que el VENDEDOR hace a favor del COMPRADOR de los siguientes equipos m\u00e9dicos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Enseguida define su precio y forma de pago, obligaciones contractuales del vendedor y del comprador, garant\u00eda, entrega de equipos, cl\u00e1usula compromisoria y penal, requisitos para la ejecuci\u00f3n y documentos que lo integran, desde luego que aparecen elementos ajenos a la existencia, pero da cuenta del conocimiento de estos ingredientes en un documento para llamarlo contrato de compraventa, en vez de aquel llamado \u201corden de compra\u201d: este dato permite inferir con plausibidad el conocimiento del tema particular de la compa\u00f1\u00eda demandante, que desde luego por su gesti\u00f3n comercial es profesional en la enajenaci\u00f3n de equipos m\u00e9dicos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Dicho esto, el fallador confront\u00f3 las caracter\u00edsticas de esa pieza documental con la versi\u00f3n de uno de los testigos recepcionados durante el juicio y concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) N\u00f3tese que la orden data de noviembre de 2014 y este \u00faltimo documento apenas dos meses despu\u00e9s, am\u00e9n de la concordancia con el dicho del testigo Gonzalo Cort\u00e9s, criticado por ser testigo del contrato, sin embargo, no es el hecho que de all\u00ed se deriva, sino la regularidad en el tr\u00e1mite de celebraci\u00f3n de esta modalidad negocial en la sociedad demandante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y, agotado el estudio del contrato deprecado por la actora, el juzgador agreg\u00f3, que \u00abtampoco luce para esta sala desatinado el estudio sobre la oferta[,] que hiciera la jueza de primer nivel, habida cuenta de que f\u00e1cil pod\u00eda apreciarse que todas las comunicaciones cruzadas entre las partes del litigio, se pod\u00edan entender como tratativas precontractuales, iniciadas s\u00ed con un mam\u00f3grafo y luego con otro\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, ilustr\u00f3 \u00absobre la oferta o propuesta como acto jur\u00eddico unilateral de \u00edndole mercantil\u00bb, coligiendo que \u00abtampoco (\u2026) concurr[en] sus requisitos\u00bb en el negocio celebrado por las partes el 7 de noviembre de 2014, porque \u00ab(\u2026) al escudri\u00f1ar [la] orden de compra, y tratar de asimilarla a una comunicaci\u00f3n unilateral, contentiva de unas espec\u00edficas condiciones negociales, para entenderla como una oferta o propuesta (art. 845, CCo), y con entidad para generar obligaciones, le faltan sus elementos axiales; lo primero porque del enunciado textual en manera alguna puede comprenderse medianamente (sic) que se est\u00e1 haciendo una oferta de contrato de compraventa, en parte alguna dice que se proponga ese negocio; ense\u00f1a la doctrina especializada: \u201c(\u2026) debe elaborarse de tal manera, que trat\u00e1ndose de un negocio jur\u00eddico consensual, con la mera aceptaci\u00f3n, el negocio jur\u00eddico quede establecido perfectamente. <\/p>\n
Y lo segundo, si se entiende que el mensaje fue inteligible, para derivar el contrato ofertado ha debido darse su aceptaci\u00f3n, pues al ser entre presentes, se impon\u00eda acreditarla (art. 864 CCo), en el plazo del canon 851 ibidem, y aqu\u00ed fue paladino el rechazo de la demandada, como documentan las impresiones de correos electr\u00f3nicos y de mensajer\u00eda instant\u00e1nea, aportados sin tacha de la contraparte (art. 244 CGP) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Descartadas las pretensiones principales de la actora, el ad-quem desech\u00f3 las consecuenciales \u2013 pago del valor del equipo, de los perjuicios y de los costos de la audiencia de conciliaci\u00f3n-. De igual manera desech\u00f3 las subsidiarias, soportadas en la responsabilidad extracontractual de la convocada por el detrimento causado a ra\u00edz de la negociaci\u00f3n materia de la litis y \u00abpor las conductas desplegadas contra [su] buen nombre\u00bb, pues frente a estas \u00faltimas ning\u00fan reproche se expuso en la alzada, quedando en pie la decisi\u00f3n de primer grado al respecto. <\/p>\n
\u00ab[A]nte las pretensiones subsidiarias extracontractuales denegadas en el fallo por inexistencia de da\u00f1o y su r\u00e9plica del apelante, necesario apuntar que tampoco por esta senda se halla vocaci\u00f3n de triunfo; suficiente razonar que la hip\u00f3tesis defensiva afinca su demostraci\u00f3n en la compra hecha del mam\u00f3grafo en atenci\u00f3n a la obligaci\u00f3n contra\u00edda, mas como esta qued\u00f3 sin demostraci\u00f3n, la adquisici\u00f3n por s\u00ed sola no configura detrimento econ\u00f3mico imputable a la demandada, ya liberada del d\u00e9bito contractual. Todo a despecho de que la demandada tuvo como causa para pedir en este \u00edtem la afectaci\u00f3n al buen nombre, pero como ning\u00fan argumento as\u00ed se esgrimi\u00f3 en la alzada, queda inc\u00f3lume el fallo en este aspecto\u00bb. <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de lo anterior, si se admitiera la posibilidad de dar tr\u00e1mite al libelo con el cual se sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y se llegara a la conclusi\u00f3n anhelada por la inconforme, esto es, que el tribunal err\u00f3 al aplicar las normas que regulan la estructuraci\u00f3n del contrato de compraventa, la decisi\u00f3n caer\u00eda al vac\u00edo, pues no habr\u00eda forma de casar la sentencia, debido a que ella cuenta con soportes adicionales que de ninguna manera se confrontaron y, por tanto, permanecen inc\u00f3lumes. <\/p>\n
Es que lo pretendido por la censora es que la judicatura haga caso omiso a todas las conversaciones que sostuvo con la convocada por medios electr\u00f3nicos, con posterioridad a la firma de la orden de compra del 7 de noviembre de 2014, que dan cuenta de la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de ese negocio inicial, en atenci\u00f3n a los nuevos requerimientos de los m\u00e9dicos radi\u00f3logos de la Liga Contra el C\u00e1ncer (folio 87, Cd. 1), alteraci\u00f3n que QUIRURGIL se mostr\u00f3 dispuesta a admitir (\u00eddem), al punto que propuso conseguir el nuevo equipo con la misma fabricante norteamericana a quien hab\u00eda encargado la elaboraci\u00f3n del primer mam\u00f3grafo, sin aguardar al pago del anticipo acordado con su contraparte (folio 83, ib.), ni a la suscripci\u00f3n del contrato de compraventa que finalmente no se concret\u00f3, pues no de otra manera se explican sus constantes requerimientos a la pasiva para que formalizaran ese convenio, previa realizaci\u00f3n de algunos de los ajustes por ella deprecados (fls 84 a 113, Cd. 1). <\/p>\n
Todos estos aspectos, que llevaron al tribunal a concluir que la \u201corden de compra\u201d enarbolada por Quirurgil para soportar sus pretensiones indemnizatorias, no configuraba una compraventa ni una oferta mercantil aceptada por su destinataria, sino una tratativa precontractual que deb\u00eda perfeccionarse con la suscripci\u00f3n del modelo elaborado y enviado a la pasiva por la propia reclamante que finalmente no se defini\u00f3, no fueron desvirtuados por la casacionista, de modo que inane es su censura. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la integralidad o completitud impone al casacionista que los reproches enarbolados sean sim\u00e9tricos a las premisas del fallo cuestionado5, de suerte que las controvierta en su integridad. <\/p>\n
Lo anterior, puesto que los fallos de instancia est\u00e1n revestidos de las presunciones de acierto y legalidad, siendo deber del promotor derruir sus fundamentos integralmente para que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte y se imponga su anulaci\u00f3n. En caso contrario, la resoluci\u00f3n se apoyar\u00e1 en las bases no discutidas y conservar\u00e1 su valor jur\u00eddico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentaci\u00f3n6 (\u2026)\u00bb (CSJ AC792-2020, 9 mar., rad. 2016-00868-01). <\/p>\n
6. Aunado a los reparos que vienen de consignarse, el escrito introductor no satisface los presupuestos para su selecci\u00f3n de oficio, pues el fallo no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios injustificados que deban ser reparados, habida cuenta que la sola circunstancia de ser la decisi\u00f3n adversa a los intereses del opugnante no conlleva indefectiblemente dicha trasgresi\u00f3n; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido. <\/p>\n
7. Las razones anotadas ratifican la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por QUIRURGIL S.A., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 6 de julio de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso declarativo instaurado por la aqu\u00ed recurrente contra la Liga Contra el C\u00e1ncer \u2013 Regional Risaralda. <\/p>\n
SEGUNDO: En atenci\u00f3n al poder conferido por la demandante a los abogados \u00c1lvaro Barrero Buitrago, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 19.103.315 y tarjeta profesional No. 22.550 del Consejo Superior de la Judicatura, como principal y Elvert Styven Boyac\u00e1 Calder\u00f3n, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.049.615.289 y tarjeta profesional No. 266.131 del Consejo Superior de la Judicatura, como suplente, se les reconoce personer\u00eda para actuar, en los t\u00e9rminos y para los fines del mandato. <\/p>\n
TERCERO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. D\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En la demanda aparece igualmente relacionado como tercer cargo. <\/p>\n
2\u0002 La Casaci\u00f3n Civil, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944. <\/p>\n
3\u0002 Recurso de Casaci\u00f3n en Materias Civil, Penal y del Trabajo. \u00c1lvaro P\u00e9rez Vives, Ed. Themis, Bogot\u00e1, 1966, p\u00e1g. 98. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, p\u00e1g. 97. <\/p>\n
5\u0002 CSJ, AC222, 3 oct. 2006, rad. n\u00b0 2001-00127-01. <\/p>\n
6\u0002 AC, 29 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2008-00576-01; AC, 29 oct. 2013, rad. n\u00ba 2008-00576-01. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC5865-2021 (2016-00369-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC5865-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 60001-31-03-003-2016-00369-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C, quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59749","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59749\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}