AC5886-2021 (2021-04509-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5886-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04509-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito, Primero de Cartago y Treinta y Cuatro de Bogot\u00e1, para conocer del juicio verbal de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por el GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A \u2013 GEB S.A ESP frente a TERESA LOZANO DE S\u00c1NCHEZ y la sociedad S\u00c1NCHEZ LOZANO Y C\u00cdA. S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad actora solicit\u00f3 ante los jueces del municipio de Cartago, \u201cautorizar la ocupaci\u00f3n\u201d con fines de utilidad p\u00fablica, de una \u201cServidumbre Legal de Energ\u00eda El\u00e9ctrica con Ocupaci\u00f3n Permanente\u201d sobre el predio rural denominado \u201cHacienda La Fabiola\u201d, ubicado en la vereda \u201cPiedra de Moler\u201d de Cartago, identificado con la Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 375-56840 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos del mismo municipio. <\/p>\n
En el libelo inaugural, fij\u00f3 la competencia en las autoridades de dicha urbe, por la naturaleza del proceso, \u201cpor la ubicaci\u00f3n del inmueble (\u2026) y por la cuant\u00eda\u201d1. <\/p>\n
2. El Despacho Primero Civil del Circuito de la preanotada urbe, a quien le fue repartido el asunto, realiz\u00f3 varias actuaciones, entre ellas admiti\u00f3 la demanda2 y decret\u00f3 la inscripci\u00f3n y posteriormente mediante auto de 3 de agosto de 2021 lo rechaz\u00f3, al considerar que, a sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, es a quien le corresponde avocar conocimiento, en raz\u00f3n a que, \u201cel extremo activo se constituye como una entidad p\u00fablica, seg\u00fan lo reglado en el art\u00edculo 104 del CPACA, dado que el Estado cuenta con una participaci\u00f3n superior al 50% de su capital en esa entidad (\u2026) debe aplicarse la regla de competencia contenida en el art\u00edculo 28 numeral 10 del C.G.P.\u201d3. <\/p>\n
3. A su vez, el Juzgado destinatario de las diligencias, Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, plante\u00f3 la colisi\u00f3n que ahora se resuelve, y se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) la Empresa de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., al radicar la demanda en el circuito judicial de Cartago \u2013 Valle del Cauca y no en Bogot\u00e1, renunci\u00f3 a dicho privilegio y por saberse, que, con anterioridad el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, se arrog\u00f3 competencia sobre tal asunto, lo procedente ser\u00eda que continuara conociendo del mismo, (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las actuaciones a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico: <\/p>\n
Determinar el juez civil del circuito competente para conocer del proceso verbal de constituci\u00f3n de servidumbre de ciernes, en el que los funcionarios concernidos no est\u00e1n de acuerdo sobre cu\u00e1l foro privativo a aplicar, esto es, si el contenido en el numeral s\u00e9ptimo o en el numeral d\u00e9cimo, ambos del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto: <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, debido a un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d5. <\/p>\n
Ahora bien, no podr\u00eda resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
Por tanto, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales o en los espec\u00edficos que se\u00f1ala el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el de servidumbre, prima facie opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar discusiones an\u00e1logas a la presente, replante\u00f3 la posici\u00f3n evocada por el juzgador de Bogot\u00e1, la cual data del a\u00f1o 2019, ello mediante auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se constituy\u00f3 en gu\u00eda para la soluci\u00f3n de esta clase de asuntos. <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. Inaplicaci\u00f3n del postulado de la \u201ccompetencia perpetua\u201d cuando se est\u00e1 frente a un foro privativo <\/p>\n
No hay duda que, en l\u00ednea de principio, la competencia por el factor territorial es prorrogable, si de entrada el juzgador no advierte que el funcionario facultado para tramitar el caso es otro, o si hay silencio de las partes al respecto. <\/p>\n
Sin embargo, excepciones hay a esa regla general, y ellas surgen de los eventos en los que se est\u00e1 en presencia de un foro privativo, y en los que el criterio que se sigue para asignar la atribuci\u00f3n radica en la naturaleza o calidad de las partes que intervienen en el litigio, como por ejemplo, en los supuestos contemplados en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
(\u2026) Como se denota, las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia del factor subjetivo y el funcional en la competencia del funcionario cognoscente de la acci\u00f3n, y precisamente en el sub lite ocurri\u00f3 una de dichas salvedades por la intervenci\u00f3n de una entidad p\u00fablica descentralizada de servicios p\u00fablicos, de donde le era posible al juez inicial, desprenderse de la competencia del asunto, con miras acatar el mandato de car\u00e1cter imperativo consagrado en el art\u00edculo 29 C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. (\u2026) Resaltado a prop\u00f3sito6 <\/p>\n
6. El caso concreto <\/p>\n
Verificado el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con el pliego inicial y la informaci\u00f3n que publicada en internet, se observa que la convocante es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica, y tambi\u00e9n, que su domicilio es la capital de la Rep\u00fablica7, por lo que es evidente que al ser la gestora una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, es este entonces el que resulta aplicable, y no as\u00ed el que designa la competencia en atenci\u00f3n al lugar en donde se sit\u00faan los inmuebles, pues como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en el citado auto de unificaci\u00f3n, <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)8. <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, independiente de que la ubicaci\u00f3n del inmueble procurado en servidumbre se circunscriba a Cartago, en consideraci\u00f3n a que la parte precursora es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico cuyo domicilio es Bogot\u00e1, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a la prevalencia subjetiva 28-10, y en efecto, se ordenar\u00e1 enviar el expediente al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de dicha ciudad, poni\u00e9ndose al tanto de ello, a la otra autoridad concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 corresponde conocer el juicio verbal de constituci\u00f3n de servidumbre promovido por GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A \u2013 GEB S.A ESP, frente a TERESA LOZANO DE S\u00c1NCHEZ y la sociedad S\u00c1NCHEZ LOZANO y C\u00cdA. S.A.S. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado. <\/p>\n
1\u0002 Folio 8 Anexo 001. Verbal servidumbre. Expediente Digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 167 Ib. <\/p>\n
3\u0002 Anexo 046 auto 1016202110803 remisi\u00f3n competencia. Ib. <\/p>\n
4\u0002 Anexo 05. Auto propone conflicto negativo de competencia servidumbre energ\u00eda el\u00e9ctrica. Ib. <\/p>\n
5\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
6\u0002 CSJ AC 278 2020. <\/p>\n
7\u0002 Referencia, estatutos sociales del Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., Cap\u00edtulo I, par\u00e1grafo, art\u00edculo 2. Documento de p\u00fablico acceso. file:\/\/\/C:\/Users\/MariaCA\/Downloads\/Estatutos%20Sociales%20-%20marzo%202018.pdf <\/p>\n
8\u0002 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
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