AC5887-2021 (2021-04357-00)<\/p>\n
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AC5887-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04357-00 <\/p>\n
Se decide el cambio de radicaci\u00f3n pretendido por Edgar Augusto Alarc\u00f3n G\u00f3mez, quien afirma ser el apoderado judicial de Jos\u00e9 Ignacio \u00c1vila D\u00edaz, respecto del proceso ejecutivo que se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el mencionado juzgado actualmente se adelanta el proceso ejecutivo bajo el radicado No. \u00ab2020-00653\u00bb, promovido por Jos\u00e9 Ignacio \u00c1vila D\u00edaz contra Adriano Laverde Lemus. <\/p>\n
2. El abogado que aduce ser apoderado del ejecutante, present\u00f3 solicitud de cambio de radicaci\u00f3n con sustento en que a pesar de que el asunto descrito lleva 10 meses en el despacho judicial, \u201capenas se ha proferido un auto, no se ha elaborado oficio alguno y ha reposado en secretar\u00eda 4 meses\u201d, sumado a que a\u00fan no ha obtenido respuesta acerca de una solicitud de desistimiento de retiro del libelo inicial y de la presentaci\u00f3n de una demanda sustitutiva, con motivo del fallecimiento del deudor. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, procede la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia a decidir la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n formulada, previas las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El asunto planteado <\/p>\n
Le corresponde a este Alto Tribunal analizar y resolver una petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n en la que se pide el traslado de un proceso ejecutivo, por quien dice se apoderado del ejecutante, con sustento en inactividad y mora para resolver algunas solicitudes, por parte del juez de conocimiento. <\/p>\n
2. Consagraci\u00f3n legal de la figura procesal del cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
Dentro de las novedades que el ordenamiento procesal ha tra\u00eddo al derecho patrio est\u00e1 el cambio de radicaci\u00f3n, mencionado en varias disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, que en lo que ata\u00f1e a la Corte Suprema de Justicia se contempla en el numeral octavo del art\u00edculo 30, literalmente as\u00ed: <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casaci\u00f3n Civil: De las peticiones de cambio de radicaci\u00f3n de un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi\u00f3n de un distrito judicial a otro. <\/p>\n
En cuanto a las condiciones bajo las cuales procede el cambio de radicaci\u00f3n, precept\u00faa la referida norma que el mismo se podr\u00e1 disponer excepcionalmente, cuando en el lugar donde se est\u00e9 adelantando el litigio existan circunstancias que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.<\/p>\n
ii. cuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura <\/p>\n
De ah\u00ed que, esta Corporaci\u00f3n haya indicado que esta herramienta \u201c(…) se constituye en una medida de protecci\u00f3n extraordinaria para evitar la lesi\u00f3n de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el \u00e1nimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes conf\u00edan la soluci\u00f3n de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (…)1\u201d. <\/p>\n
Finalmente, es de anotar que, tal y como lo establece el legislador procesal, el interesado debe adosar todos los elementos materiales probatorios que se pretenda hacer valer, necesarios para lograr el convencimiento de la Sala, acerca de la acrecencia de uno o varios de los supuestos de facticos que podr\u00edan dar lugar a una determinaci\u00f3n como la que se pide; comoquiera que, este tipo de peticiones, de car\u00e1cter excepcional\u00edsimo, se debe resolver de plano por medio de auto que no admite recursos; por lo que, no existe periodo probatorio, ni se hace necesario adelantar tramite adicional alguno. <\/p>\n
3. Noci\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
El cambio de radicaci\u00f3n, como aparece consagrado en la legislaci\u00f3n vigente que acaba de trasuntarse, resulta ser una herramienta procesal apta para preservar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y garantizar la resoluci\u00f3n normal y pac\u00edfica de los conflictos jur\u00eddicos, a\u00fan en los casos en los que se presenten circunstancias excepcionales relacionadas con alteraciones del orden p\u00fablico, afectaci\u00f3n a la imparcialidad o independencia de la administraci\u00f3n de justicia, desatenci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, amenazas a la integridad o seguridad de los intervinientes, o deficiencias en la gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
La mencionada figura comporta, necesariamente, el traslado del proceso a una sede diferente a la del juzgador que ha adquirido competencia en cumplimiento de las reglas de atribuci\u00f3n establecidas en la norma procesal; esto es, que resulta ser una pausa, legalmente consentida, a la garant\u00eda del juez natural y tambi\u00e9n al principio universal de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Este instituto supone, por su propia naturaleza, una perturbaci\u00f3n grave, referida al lugar en que se ventila el asunto para el que se pide esa excepcional medida de protecci\u00f3n, y que esa afectaci\u00f3n sea externa al proceso y al desarrollo del mismo, as\u00ed como no alude al defectuoso contenido, ni al desacierto de las decisiones judiciales que en \u00e9l se hayan adoptado, ni a la inconformidad con el tr\u00e1mite que se le haya impreso, ya que para conjurar todas estas situaciones adversas el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 otros mecanismos. <\/p>\n
En suma, el cambio de radicaci\u00f3n propende por garantizar que, en situaciones que verdaderamente se salen de los par\u00e1metros de la normalidad o del contexto en el que regularmente opera la justicia en Colombia, se proteja al proceso mismo y a las partes e intervinientes, con el traslado del asunto a otro sitio, diferente al de la sede del juez natural, designado por las reglas de competencia se\u00f1aladas en la codificaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
4. Las circunstancias o motivos que pueden propiciar el cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
La ley se encarga de se\u00f1alar expresamente las causales de procedencia de la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n, que en l\u00edneas generales pueden ser incorporadas en dos grupos, a saber: El primero concerniente a la afectaci\u00f3n del \u00aborden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u00bb, en el lugar donde se est\u00e1 adelantando el juicio; y el segundo, atinente a deficiencias de \u00abgesti\u00f3n y celeridad del proceso\u00bb en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
4.1. En el grupo inicial de motivos que dan pie al cambio de radicaci\u00f3n, corre transversal el concepto de orden p\u00fablico, entendido como el \u00abconjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia arm\u00f3nica de los miembros de una sociedad dentro de un marco de estabilidad y normalidad institucionalidad con plena garant\u00eda de las libertades p\u00fablicas, que permita la prosperidad general y el goce de los derechos humanos\u00bb2. <\/p>\n
Pero las arremetidas contra el orden p\u00fablico que pueden propiciar la alteraci\u00f3n al principio del juez natural, a vista de la jurisprudencia, han de ser \u00absituaciones extremas\u00bb, que pueden ejemplificarse en \u00abla presencia de grupos armados al margen de la ley (que) logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso\u00bb; o en \u00abepisodios de esa misma \u00edndole (que) tengan la magnitud de incidir en la pr\u00e1ctica de las pruebas\u00bb3. <\/p>\n
El deterioro del orden p\u00fablico, propicio para impulsar un cambio de radicaci\u00f3n, puede consistir igualmente en la existencia de circunstancias concretas que evidencian riesgo, amenaza o incluso da\u00f1o cumplido a la integridad de los intervinientes o funcionarios que intervienen como parte o como terceros con inter\u00e9s en el proceso. <\/p>\n
Ahora bien, la situaci\u00f3n de riesgo, amenaza o da\u00f1o a la vida de las partes o intervinientes, como lo ha expuesto la Corte en su Sala de Casaci\u00f3n Penal, en casos parecidos, a prop\u00f3sito de los reclamos que sobre cambio de radicaci\u00f3n se estudian, \u00abno solo debe aparecer coligada al \u00e1mbito territorial de diligenciamiento, sino que tambi\u00e9n, como es obvio, ha de guardar relaci\u00f3n con el procedimiento cuyo traslado se pretende, pues de lo contrario las reglas de competencia resultar\u00edan afectadas por circunstancias del todo ajenas a la actividad judicial concreta\u00bb4. <\/p>\n
4.2. En cuanto hace a las deficiencias en la gesti\u00f3n y a la ausencia de celeridad en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los procesos, la Sala ha predicado que no se trata en este escenario de analizar o revisar el contenido de las providencias que se dictan, sino de verificar que el impulso del litigio no est\u00e1 interrumpido por \u00abproblemas coyunturales o estructurales de congesti\u00f3n de un despacho, o de los juzgados de toda un \u00e1rea, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad\u00bb5. <\/p>\n
Esos problemas de gesti\u00f3n o eficiencia en la gesti\u00f3n de un juzgado, que influyen en la pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia y que a su vez autorizan el cambio de radicaci\u00f3n, deben ser constatados por el Consejo Superior de la Judicatura, que con las herramientas que le da la ley y los reportes estad\u00edsticos que le entregan los operarios judiciales, emite un concepto, insoslayable para decidir el cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
En cualquiera de las dos situaciones que permiten el cambio de radicaci\u00f3n, corresponde al solicitante la acreditaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis que se llegue a invocar, sin que salvo el aludido concepto que se rinde en pos de verificar fallas de gesti\u00f3n o celeridad, exista una tarifa especial de prueba, y sin que se requiera tampoco el agotamiento de una fase de contradicci\u00f3n de los elementos de prueba que se adjunten o relacionen, \u00abdado que la decisi\u00f3n que al respecto se adopte no tiene relaci\u00f3n con el inter\u00e9s particular que las partes poseen en la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial que constituye el objeto de la disputa, pues dentro de los argumentos que se aducen para decretar la medida no se toma en consideraci\u00f3n ninguna raz\u00f3n sobre el fondo del asunto\u00bb6. <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Previo a descender al interior al estudio del cumplimiento de las causas que pueden propiciar el cambio de radicaci\u00f3n, corresponde establecer la legitimaci\u00f3n en la causa para la aplicaci\u00f3n de esta figura de conformidad con el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual, establece que, adem\u00e1s de las partes e intervinientes dentro del proceso, podr\u00e1 solicitarlo el Procurador General de la Naci\u00f3n y el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, por lo que, no puede deprecarlo quien no acredite la se\u00f1alada calidad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha dicho la Sala que, \u00ab[s]i bien el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso no establece concretamente qui\u00e9nes pueden elevar la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n, salvo en cuanto advierte que tambi\u00e9n est\u00e1n facultados <el Procurador General de la Naci\u00f3n o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado>, lo que no admite discusi\u00f3n es que, como es una forma de proteger la imparcialidad, seguridad e integridad para <los intervinientes>, quien carece de tal calidad no puede reclamar su aplicaci\u00f3n\u00bb7. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa, comoquiera que el promotor de la solicitud, Edgar Augusto Alarc\u00f3n G\u00f3mez, afirm\u00f3 actuar en calidad de apoderado judicial del gestor dentro del proceso ejecutivo del que se pretende el cambio de radicaci\u00f3n, pero no lo demostr\u00f3 con el respectivo poder especial, por lo que, no cumpli\u00f3 con el requisito habilitante antes expuesto. <\/p>\n
Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n se tuviera al suplicante como autorizado para el efecto, no es posible acceder a la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n elevada, toda vez que los fundamentos en los que sustent\u00f3 la s\u00faplica no corresponden a causales externas al proceso, ni a ninguna de las hip\u00f3tesis tra\u00eddas por el legislador para propiciar el traslado de un expediente, esto es, circunstancias de orden p\u00fablico o fallas en la gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
En efecto, el soporte de la petici\u00f3n se sustenta b\u00e1sicamente en que: (i) a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del a quo de la interposici\u00f3n de una \u00abnueva demanda\u00bb; (ii) tan solo se ha proferido una providencia dentro del juicio en el t\u00e9rmino de 10 meses; (iii) que el plenario lleva 4 meses en la secretar\u00eda; y (iv) que tanto el demandando como el peticionario est\u00e1n domiciliados en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
De ah\u00ed que, los aspectos descritos, sin lugar a dudas, escapan a la instituci\u00f3n que aqu\u00ed se analiza, prevista s\u00ed para evaluar por la afectaci\u00f3n del \u00aborden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u00bb, de conformidad lo expuesto en los p\u00e1rrafos precedentes; pues, corresponden a un descontento con los t\u00e9rminos que se ha tomado el juzgador para adelantar las actuaciones y a intereses personales de la parte, debido a que, manifestaciones como que tanto el ejecutante, como el abogado tienen su domicilio en Bogot\u00e1, no constituyen raz\u00f3n suficiente para justificar el cambio de radicaci\u00f3n de un distrito judicial a otro, por ser ajenos a los motivos estatuidos en el compendio procesal vigente para acudir a dicha figura. <\/p>\n
Cabe recordar que, circunstancias intr\u00ednsecas del litigio no tienen la virtualidad de servir de causa eficiente al cambio de radicaci\u00f3n porque esta figura tiene fines espec\u00edficos establecidos en la norma que la consagra. En tal medida, su prop\u00f3sito no es sobreponerse a otras eventualidades que pueden presentarse en el desenvolvimiento de los litigios, para las cuales la propia legislaci\u00f3n ha contemplado los correctivos tendientes a salvaguardar el debido proceso. <\/p>\n
Es por ello que la Sala ha concluido en relaci\u00f3n con unos y otros motivos que \u00abconstituyen fen\u00f3menos externos a la controversia jur\u00eddica que se est\u00e9 tratando, y deben quedar demostrados sumariamente al momento de elevar la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, sin que est\u00e9 permitido entrar a realizar valoraciones sobre la legalidad de las actuaciones o de las decisiones que se hayan proferido al interior del tr\u00e1mite; pues para tales cuestionamientos existen los mecanismos de defensa que brinda el proceso civil para la protecci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas de las partes e, incluso, el ejercicio de las acciones constitucionales o disciplinarias correspondientes si a ello hubiere lugar\u00bb8. <\/p>\n
En cuanto a los fundamentos para promover el cambio de radicaci\u00f3n dicho la Corporaci\u00f3n que <\/p>\n
<\/p>\n
iii. cuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura <\/p>\n
Ahora bien, lo relatado en la petici\u00f3n que convoca la atenci\u00f3n de la Corte se refiere a demoras en el tr\u00e1mite de un proceso espec\u00edfico, y no de \u201cdeficiencias de gesti\u00f3n y celeridad\u201d de los procesos a cargo del juzgado en cuesti\u00f3n, raz\u00f3n suficiente para desestimar ese motivo como percutor del cambio de sede del cobro compulsivo. A lo que se agrega, que a este escenario no se aport\u00f3 el concepto previo del Consejo Superior de la Judicatura, con lo que no es posible predicar una falla estructural o siquiera coyuntural del juzgado de Funza en la gesti\u00f3n de las causas que all\u00ed se ventilan. <\/p>\n
El retardo injustificado de un solo proceso, por lo dem\u00e1s, es una anomal\u00eda para cuyo remedio el afectado cuenta con otras herramientas en el ordenamiento, como la vigilancia judicial, o incluso la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario, se negar\u00e1 lo solicitado en el memorial que dio inicio al tr\u00e1mite, tanto por la falta de legitimaci\u00f3n del suplicante, como por no hallarse motivos fundantes que, de conformidad con lo reglado en el canon 30 ib\u00eddem, ameriten la remisi\u00f3n de las diligencias a otro distrito judicial. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE negar el cambio de radicaci\u00f3n del proceso identificado en el encabezado de este pronunciamiento. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC5585-2015, 28 septiembre de 2015. <\/p>\n
2\u0002 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, sentencia del 6 de julio de 2007, Rad. 17253. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC2991-2015, reiterado recientemente en AC043-2019. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AP de 29 de mayo de 2019, Rad. 55170. <\/p>\n
5\u0002 CSJ AC 3819-2017. <\/p>\n
6\u0002 CSJ AC de 15 de junio de 2017, Rad. 2017-01295-00. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC, auto de 05 Abr. 2013, Rad. 2013-00699-00) (CSJ AC5342-2014, 8 sep. 2014, 2013-01848-00. <\/p>\n
8\u0002 CSJ AC-1394-2017 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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