AC5906-2021 (2021-04132-00)<\/p>\n
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AC5906-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04132-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 (Boyac\u00e1), para conocer de la demanda de pertenencia promovida por Eladio Bernal Pinilla contra Maribel del Socorro Torres Escalante, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Fiscal\u00eda Veintiuno Especializada de Bogot\u00e1 Delegada de la Unidad de Extinci\u00f3n de Dominio contra el Lavado de Activos (hoy Fiscal\u00eda S\u00e9ptima de la Direcci\u00f3n Especializada Extinci\u00f3n de Derecho de Dominio) y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor pidi\u00f3 declarar que adquiri\u00f3 por: I) prescripci\u00f3n extraordinaria los predios denominados \u00abLos Mariachis\u00bb, \u00abEl Bosque\u00bb, \u00abCasa Loma\u00bb, \u00abLa Rivera\u00bb y \u00abLa Cristalina Dos\u00bb, ubicados en la vereda Puerto Guti\u00e9rrez del municipio de Puerto Boyac\u00e1 (Boyac\u00e1), identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 088-7804, n.\u00ba 088-3981, n.\u00ba 088-4736, n.\u00ba 088-4735 y n.\u00ba 088-1009; II) suspender las medidas de extinci\u00f3n de derecho de dominio decretadas sobre los inmuebles citados en el tr\u00e1mite adelantado por la Fiscal\u00eda Veintiuno Especializada de Bogot\u00e1 Delegada de la Unidad de Extinci\u00f3n de Dominio contra el Lavado de Activos (hoy Fiscal\u00eda S\u00e9ptima de la Direcci\u00f3n Especializada Extinci\u00f3n de Derecho de Dominio); y III) ordene a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb dejar sin efecto la resoluci\u00f3n o tr\u00e1mite para la entrega material de los predios mencionados. <\/p>\n
En el libelo el demandante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente, por \u00abla ubicaci\u00f3n del bien\u2026 [conforme con] el num[eral] 7\u00ba del art[\u00edculo] 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El despacho judicial de esa ciudad la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que en los procesos en que se ejerciten derechos reales es competente de modo privativo el funcionario judicial del lugar donde est\u00e9 ubicado el bien, y en el sub examine los inmuebles objeto de declaraci\u00f3n de pertenencia est\u00e1n localizados en el municipio de Puerto Boyac\u00e1 (Boyac\u00e1), por ende, corresponde a su hom\u00f3logo de dicha localidad el conocimiento del asunto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que aun cuando el libelo se dirige tambi\u00e9n contra la Fiscal\u00eda Veintiuno Especializada de Bogot\u00e1 Delegada de la Unidad de Extinci\u00f3n de Dominio contra el Lavado de Activos (hoy Fiscal\u00eda S\u00e9ptima de la Direcci\u00f3n Especializada Extinci\u00f3n de Derecho de Dominio) y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb, raz\u00f3n por la que ser\u00eda aplicable el numeral 10\u00b0 del precepto 28 de la codificaci\u00f3n adjetiva, las demandas de pertenencia se deben dirigir contra las personas que figuren en el certificado de tradici\u00f3n y libertad de los inmuebles objeto del litigio como titulares de derechos reales sujetos a registro y la invocaci\u00f3n de aquella entidad s\u00f3lo surte efectos para que aporte informaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El estrado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento, habida cuenta que hay dos normas que prev\u00e9n la competencia privativa, como son los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, el primero, la asigna al lugar donde est\u00e1 ubicado el predio (fuero real), y el segundo, al del domicilio de la entidad p\u00fablica (fuero subjetivo); y el conflicto se resuelve aplicando el canon 29 de la misma obra, en concordancia con el precepto 16 del C.G.P., pues es prevalente la competencia por la calidad de las partes, toda vez que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb, es una entidad p\u00fablica con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, tal como se desprende del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal allegado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u00aben los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (Resaltado ajeno). <\/p>\n
A su vez, el numeral 10\u00ba dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de car\u00e1cter privativo, el canon 29 del CGP dispone que \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
Esto en estrecha concordancia con lo decantado por la Sala, a trav\u00e9s del precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular res\u00e1ltese que el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2018Con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente2, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u2018la intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u2018fuero especial\u2019. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2019. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia3, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.4), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes5. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente6\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
3. Lo dicho traduce que, en principio, corresponder\u00eda el conocimiento del asunto al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, localidad donde tiene su domicilio la demandada Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb, pues es el otro fuero concurrente aplicable y privativo, de acuerdo con la comentada armonizaci\u00f3n de las reglas de competencia para cuando est\u00e9 vinculada una persona jur\u00eddica de dicha connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb es una sociedad por acciones simplificada, comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, autorizada por la ley, de naturaleza \u00fanica, descentralizada por servicios, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con domicilio en Bogot\u00e1. <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, se debe tener certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son: \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte); por ende, la demandante es entidad p\u00fablica, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso la Sala ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como en eventos a los cuales se ci\u00f1e el precepto reci\u00e9n citado el legislador previ\u00f3 una competencia privativa, cuando quiera que en un determinado asunto contencioso sea parte, demandante o demandada, una persona jur\u00eddica de la se\u00f1alada estirpe, el funcionario llamado a aprehenderlo ser\u00e1 \u00fanicamente el del domicilio de esa entidad. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, si se recaba \u00fanicamente en el domicilio principal de la demandante, la ciudad de Bogot\u00e1 es donde quedar\u00eda fijada la competencia territorial. <\/p>\n
4. Sin embargo, el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que para \u00ablos procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (Subraya ajena). <\/p>\n
Es decir que para conocer de una acci\u00f3n contra persona jur\u00eddica, el primer juez llamado es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, hip\u00f3tesis para la que tambi\u00e9n se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre aquella autoridad judicial y la de la respectiva sucursal o agencia, como se ha expuesto en varias ocasiones (entre otros, AC8175-2017, 4 dic. 2017, rad. 2017-03065-00; AC8666-2017, 15 dic. 2017, rad. 2017-02672-00). <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de este precepto ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00abMandato este \u00faltimo del cual emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, y tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo\u00bb (Resalt\u00f3 la Corte, AC489, 19 feb. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00319-00). <\/p>\n
Y aun cuando dicho precepto aplica para cuando una persona jur\u00eddica es accionada, nada obsta su empleo en los eventos en los cuales una entidad p\u00fablica funge como demandante, porque de esta forma se preserva el atributo de prelaci\u00f3n de competencia consagrado a su favor en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28. <\/p>\n
5. En consecuencia, este caso debe ser conocido por el despacho judicial de Puerto Boyac\u00e1, municipio sobre el cual la regional de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb de Bogot\u00e1 ejerce sus atribuciones, en aplicaci\u00f3n de la parte final del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el numeral 10\u00b0 de este precepto, a cuyo tenor en los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente a prevenci\u00f3n el juez de su domicilio principal o el del lugar donde tenga agencia o sucursal, si concierne a asuntos vinculados a estas, lo cual acontece en el sub judice en tanto que se pretende la prescripci\u00f3n extraordinaria de cinco predios en poder de la Regional Centro Oriente de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb, ubicada en Bogot\u00e1 pero que tiene atribuidos en los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyac\u00e1, Caquet\u00e1, Casanare, Cundinamarca, Guain\u00eda, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Putumayo, Santander, Santander, San Andr\u00e9s y Providencia, Tolima, Vaup\u00e9s y Vichada, habida cuenta que los inmuebles objeto de litigio est\u00e1n localizados en el municipio de Puerto Boyac\u00e1 (Boyac\u00e1). <\/p>\n
Lo anterior porque de acuerdo con la informaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso abierto que reposa en el sitio web de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb, es hecho notorio la existencia de su Regional Centro Oriente en la ciudad de Bogot\u00e1, lo cual, a la luz del mandamiento 167 de la ley 1564 de 2012, \u00abno requier[e] prueba\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, conforme a la jurisprudencia, los sucesos notorios se caracterizan por un amplio grado de divulgaci\u00f3n dentro de un \u00e1mbito espec\u00edfico: <\/p>\n
[P]ara que se advierta un hecho notorio como medio de prueba con las consecuencias que esa calificaci\u00f3n implica, se exige, por lo menos, que sea conocido por la generalidad de las personas pertenecientes a un determinado medio local, regional o nacional, y que el juez tenga certeza de esa divulgaci\u00f3n (CSJ SC 21 may. 2002, rad. 7328). <\/p>\n
La doctrina ha perfilado que: <\/p>\n
Los hechos notorios se except\u00faan de la carga de la prueba, bien por disposici\u00f3n expresa de la ley o bien en virtud del principio de econom\u00eda procesal frente a la cualidad de ciertos hechos, tan evidentes e indiscutibles, que exigir para ellos la prueba no aumentar\u00e1 en lo m\u00e1s m\u00ednimo el grado de convicci\u00f3n que el juez debe tener acerca de la verdad de los mismos. <\/p>\n
La palabra notorio expresa en castellano lo p\u00fablico y sabido de todos. VICENTE y CARAVANTES sostiene que cuando los hechos alegados por las partes sean tan patentes que no dejen lugar a duda alguna, no es necesaria la prueba judicial por falta de objeto sobre que recaiga7. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que el fallador, en todo caso, no puede echar mano de supuestos hechos notorios, con el fin de sustentar la decisi\u00f3n en criterios subjetivos, de all\u00ed que para emplear esta noci\u00f3n debe exponer las razones que le sirven de fundamento: <\/p>\n
[S]i bien el hecho notorio est\u00e1 relevado de prueba, no le basta al funcionario judicial referirse a \u00e9l o traerlo a la providencia como respaldo de sus propias y personales afirmaciones sin estar debidamente acreditadas las circunstancias reales y concretas que le sirven de apoyo, porque obrar en contrario \u2026 significa que el fallador ha discurrido con un criterio meramente subjetivo que comporta necesariamente la exposici\u00f3n de una opini\u00f3n completamente desligada de los hechos y las pruebas; cuanto m\u00e1s si quiso dilucidar ese aspecto probatoriamente y no insisti\u00f3 para lograrlo (CSJ SC 6 jun. 2006, rad. 1998-17323-01). <\/p>\n
Igualmente, para establecer el conocimiento generalizado debe tenerse en cuenta que, en los tiempos actuales, gracias al auge de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC\u2019s), generalmente los datos se difunden con mayor rapidez, realidad que no puede ser desatendida en el proceso ni por su director. No en vano, desde 1996, en el inciso segundo de la regla 95 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia (n.\u00b0 270), se dispuso que \u00ab[l]os juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podr\u00e1n utilizar cualesquier medios t\u00e9cnicos, electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos, para el cumplimiento de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el inciso primero del canon 103 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que, \u00ab[e]n todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia as\u00ed como ampliar su cobertura\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Aunque ambas normas se conjugan para que las TIC\u2019s sean empleadas en la actividad judicial, resulta evidente que la segunda de ellas impone a la administraci\u00f3n de justicia el deber de forzar su aprovechamiento, lo que no puede considerarse como mera potestad, respecto de la cual ha dicho la Sala: <\/p>\n
La incorporaci\u00f3n de las referidas tecnolog\u00edas en la actividad judicial, entonces, facilita el ejercicio de las funciones de quienes administran justicia y asegura que los usuarios satisfagan, con iguales oportunidades, sus derechos fundamentales al debido proceso (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), la tutela judicial efectiva (canon 229 ib\u00eddem) y ser o\u00eddos en los procesos de los que hacen parte (regla 8.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se cuenta con directrices espec\u00edficas que invitan a los jueces, tribunales y cortes a emplear los canales de transmisi\u00f3n y almacenamiento de datos electr\u00f3nicos, por ejemplo, para eximir al demandante de la carga de allegar con el libelo el documento que prueba la existencia y representaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas de derecho privado, cuando esa informaci\u00f3n conste en bases de datos de entidades p\u00fablicas o privadas encargadas de certificarla8, o para oficiar a estos mismos entes a fin de recabar lo pertinente con miras a ubicar el sujeto procesal cuya notificaci\u00f3n personal se intenta9. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es indiscutible que los falladores deben procurar el uso de las TIC\u2019s en el procedimiento, mandato que tambi\u00e9n cobija la verificaci\u00f3n del grado de divulgaci\u00f3n suficiente que tiene un hecho para estar exento de prueba. <\/p>\n
Precisamente, en el marco de la conclusi\u00f3n precedente, la Sala ha constatado que en la p\u00e1gina web de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abSAE S.A.S.\u00bb aparece la siguiente informaci\u00f3n acerca de las regionales de la convocada10: <\/p>\n
Expresado de otra manera, de acuerdo con la referida base de datos oficial, que es de p\u00fablico acceso por estar disponible en internet, la entidad demandada cuenta con regional en la ciudad de Bogot\u00e1, hecho que tiene un grado de divulgaci\u00f3n generalizada, lo que permite inferir su condici\u00f3n de notorio. <\/p>\n
En adici\u00f3n, la direcci\u00f3n web del Sociedad de Activos Especiales S.A.S. emplea en su nombre el vocablo \u00abSAE\u00bb y la designaci\u00f3n \u00ab.gov.co\u00bb, que en idioma ingl\u00e9s (government) es semejante al de las p\u00e1ginas gubernamentales y, por tanto, asimilable a la \u00ab.gob.co\u00bb, lo que genera confianza sobre la integridad de los datos all\u00ed contenidos. <\/p>\n
6. En suma, aplicando el factor territorial de competencia el conocimiento de la demanda corresponde al municipio de Puerto Boyac\u00e1, por tratarse de un asunto vinculado a la Regional Centro Oriente de la convocada (n\u00fams. 5\u00ba y 10\u00ba, art. 28 C.G.P.), atribuci\u00f3n que coincide con el lugar de ubicaci\u00f3n del bien sobre el cual se ejerce el derecho real de hipoteca (n\u00fam. 7\u00ba ib\u00eddem). <\/p>\n
7. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 (Boyac\u00e1), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
2\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
4\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
6\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
7\u0002 Rafael de Pina y Jos\u00e9 Castillo Larra\u00f1aga, Instituciones de derecho procesal civil, editorial Porr\u00faa, M\u00e9xico, 2007, 29 edici\u00f3n, p. 289. <\/p>\n
8\u0002 Art. 85 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
9\u0002 Art. 291 ib\u00edd. <\/p>\n