AC5932-2021 (2021-04293-00)<\/p>\n
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AC5932-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04293-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja formulado por la parte demandante frente al auto de 20 de septiembre 2021, con el que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que aquel interpuso contra el fallo de 18 de agosto de esta anualidad, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el escrito inicial, se pidi\u00f3 declarar que Jaime Melo Valero, Ana Mery Valero Amaya, Luis Hernando Huertas Valero y Luz Mery Velosa Romero son civilmente responsables por el accidente de tr\u00e1nsito en el que falleci\u00f3 el se\u00f1or Manuel Romero Romero, familiar de los actores. <\/p>\n
2. En sentencia de 9 de marzo de 2020, el juez a quo accedi\u00f3 parcialmente al petitum, condenando a los demandados a pagar a cada uno de los seis demandantes una indemnizaci\u00f3n de 20 SMLMV, a t\u00edtulo de da\u00f1os morales causados por el referido deceso. <\/p>\n
4. Solamente los convocados formularon apelaci\u00f3n. El tribunal desat\u00f3 esa alzada revocando lo decidido en primera instancia y negando en su integridad las pretensiones. <\/p>\n
5. Los actores formularon el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del ad quem, remedio cuya concesi\u00f3n fue denegada, tras considerarse que \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente (sic) no alcanza o supera el valor de los 1000 SMLMV\u00bb. <\/p>\n
5. Frente a este \u00faltimo prove\u00eddo, los convocantes interpusieron reposici\u00f3n y en subsidio queja, arguyendo que la demanda involucra pretensiones meramente declarativas; y que \u00abes incoherente argumentar que el hecho de acuerdo con el cual al no haber apelado el fallo proferido en primera instancia e indicativo que nos allanamos [los demandantes, se aclara] a la condena realizada a la contraparte\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indicaron que \u00abse est\u00e1 desconociendo un recurso extraordinario frente a un fallo que est\u00e1 completamente alejando (sic) de la realidad jur\u00eddica del proceso y que de forma intransigente desconoci\u00f3 una prueba que era esencial al momento de tomar una decisi\u00f3n en derecho\u00bb. <\/p>\n
6. Como en sede de reposici\u00f3n se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para surtir el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para el pronunciamiento. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 30, numeral 3, y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En virtud de la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, su procedencia se halla condicionada a la satisfacci\u00f3n de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el aludido medio de impugnaci\u00f3n \u00ab(\u2026) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta v\u00eda, sino solo aqu\u00e9llas expresamente se\u00f1aladas por el legislador, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuant\u00eda actual del agravio denunciado por el impugnante. <\/p>\n
2.2. Conviene precisar, tambi\u00e9n, que el C\u00f3digo General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnaci\u00f3n extraordinaria en comento, por v\u00eda de ejemplo, ampli\u00f3 el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casaci\u00f3n, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitaci\u00f3n). <\/p>\n
Asimismo, la normativa procesal actual puntualiz\u00f3 que el importe de la resoluci\u00f3n desfavorable debe ascender, cuanto menos, a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan s\u00f3lo los fallos pronunciados en acciones de grupo, adem\u00e1s de aquellos juicios donde el debate aluda a tem\u00e1ticas relativas al estado civil (y que, por lo mismo, carecen de cuant\u00eda), siempre y cuando versen sobre la reclamaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n del mismo o la declaraci\u00f3n de uniones materiales de hecho (art\u00edculos 334 y 338 ejusdem). <\/p>\n
3. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 338 del estatuto procesal civil, \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, entonces, refiere a la estimaci\u00f3n cuantitativa de la resoluci\u00f3n desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concepto que \u00ab(…) est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (\u2026) a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb (AC7638-2016, 8 nov.). <\/p>\n
Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinar\u00e1 a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisi\u00f3n impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensi\u00f3n integral, y atendidas las singularidades del caso. As\u00ed lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala: <\/p>\n
\u00ab(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
En s\u00edntesis, la actualidad de la afectaci\u00f3n, en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnaci\u00f3n, la cual debe apreciarse con estricta sujeci\u00f3n a la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, en tanto que \u00abs\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (CSJ AC924-2016, 24 feb.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. A tono con el argumento principal de los quejosos, es ineludible reiterar la interpretaci\u00f3n que ha dado esta Corporaci\u00f3n a la expresi\u00f3n \u00abpretensiones (…) esencialmente econ\u00f3micas\u00bb, contenida en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u00abEn punto a establecer lo que debe entenderse por \u201cpretensiones esencialmente econ\u00f3micas\u201d, con miras a no incurrir en un posible error conceptual por confundir el objeto de la pretensi\u00f3n que es apenas uno de sus elementos, con la pretensi\u00f3n en su real dimensi\u00f3n (…), conviene memorar que la pretensi\u00f3n est\u00e1 conformada por tres elementos: uno subjetivo que comprende los sujetos involucrados en el litigio (…); otro objetivo que ata\u00f1e concretamente a lo reclamado, a lo pedido en el juicio a \u201cla cosa o el bien y la declaraci\u00f3n del derecho que se reclama o persigue\u201d, y la causa petendi, que concreta los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la petici\u00f3n de tutela jur\u00eddica. <\/p>\n
Devis Echand\u00eda alude a ese \u00faltimo elemento como la raz\u00f3n de la pretensi\u00f3n, indicando que es \u201c\u2026el fundamento que se le da seg\u00fan el derecho, y ese fundamento se distingue en fundamento de hecho y de derecho; es decir, el conjunto de hechos que constituyen el relato hist\u00f3rico de las circunstancias de donde se pretende deducir lo que se pide y la afirmaci\u00f3n de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material. De este modo, la conformidad de la pretensi\u00f3n con el derecho depende de la causa petendi, o sea de los hechos jur\u00eddicos que la sostienen, enunciados en la demanda, y de las peticiones de la demanda o conclusiones que de todos ellos se deducen. Por esto puede decirse que la raz\u00f3n se distingue en raz\u00f3n de hecho y de derecho. La raz\u00f3n de la pretensi\u00f3n se identifica con la causa petendi de la demanda\u201d. <\/p>\n
Surge de las anteriores premisas, que el calificativo de las pretensiones como \u201cesencialmente econ\u00f3micas\u201d no faculta al juzgador al momento de estudiar la necesidad de verificar el cumplimiento del requisito en menci\u00f3n para mirar simple y llanamente el contenido del petitum de la demanda, ni al recurrente para eximirse de su obligaci\u00f3n de acreditar su inter\u00e9s econ\u00f3mico so pretexto de que no se formularon pretensiones o no se impusieron condenas de esa estirpe. Tal conclusi\u00f3n amerita un estudio m\u00e1s ponderado del proceso en s\u00ed, que involucra el examen de la causa petendi como elemento integrante de la pretensi\u00f3n y a\u00fan del objeto perseguido con el ejercicio de la acci\u00f3n, con miras a desentra\u00f1ar su posible esencia patrimonial. <\/p>\n
En otras palabras, no basta corroborar que las aspiraciones formuladas por el accionante son apenas de contenido declarativo para deducir que su pretensi\u00f3n no es patrimonial, pues, se insiste, con independencia de que espec\u00edficamente no se reclame la imposici\u00f3n de condenas estimables en t\u00e9rminos pecuniarios en un determinado proceso, \u00e9sta puede catalogarse como \u201cesencialmente econ\u00f3mica\u201d, mirada desde todos los elementos que la conforman\u00bb (CSJ AC390-2019; postura reiterada en CSJ AC725-2021). <\/p>\n
Como queda evidenciado, esta Sala ha considerado, de manera consistente, que las pretensiones se considerar\u00e1n esencialmente econ\u00f3micas siempre que los reclamos del actor involucren un impacto patrimonial potencial (positivo o negativo) para cualquiera de las partes del litigio. As\u00ed ocurre, a modo de ejemplo, cuando en el escrito inicial se solicita: (i) crear, modificar o extinguir obligaciones econ\u00f3micas (v.gr. imponer una indemnizaci\u00f3n, o declarar prescrito un cr\u00e9dito insoluto); (ii) trasladar activos de un patrimonio a otro (como ocurre en los procesos de pertenencia y de simulaci\u00f3n, entre otros); o (iii) suprimir una condici\u00f3n de la cual depende la obtenci\u00f3n de un beneficio patrimonial (la p\u00e9rdida de la condici\u00f3n de socio, la nulidad de una asignaci\u00f3n testamentaria, etc.). <\/p>\n
Ahora bien, es evidente que este caso se subsume en el primer supuesto, porque el prop\u00f3sito \u00faltimo de la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil es el surgimiento del d\u00e9bito de reparaci\u00f3n a cargo del agente da\u00f1ador, y en favor de la v\u00edctima del da\u00f1o. En ese sentido, el principal argumento del recurso no resulta de recibo, pues las acciones indemnizatorias que prev\u00e9 el ordenamiento para quien sufre un perjuicio atribuible a la conducta o actividad de otro no son \u00absimplemente declarativas\u00bb, sino de naturaleza patrimonial. <\/p>\n
4.2. Precisado lo anterior, se advierte que los demandantes no interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia, parcialmente estimatorio de sus pretensiones, lo que, para los fines del proceso al menos, traduce su benepl\u00e1cito o aquiescencia frente a la indemnizaci\u00f3n fijada en esa providencia, que ascendi\u00f3 a 20 SMLMV para cada uno de los actores, a t\u00edtulo de da\u00f1os morales, y en contraposici\u00f3n, su renuncia a reclamar sumas mayores en este proceso. <\/p>\n
Ciertamente, la colegiatura ad quem, que conoci\u00f3 de la alzada interpuesta solo por los demandados, no podr\u00eda desmejorar su situaci\u00f3n, en tanto apelantes \u00fanicos \u2013art\u00edculo 328, C\u00f3digo General del Proceso\u2013 aumentando los valores fijados como reparaci\u00f3n en la sentencia de 9 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Garagoa. <\/p>\n
En ese sentido, cuando el tribunal decidi\u00f3 revocar ese fallo, para negar el petitum de la demanda, no pudo irrogarles a los convocantes un agravio mayor al monto de las condenas establecidas en la primera instancia, que como lo indic\u00f3 el tribunal, individualmente ascienden a 20 SMLMV, suma bastante alejada de la cota m\u00ednima de inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir en casaci\u00f3n al que se hizo referencia en p\u00e1rrafos anteriores (1000 SMLMV). <\/p>\n
Huelga decir que los demandantes son litisconsortes facultativos entre s\u00ed, raz\u00f3n por la cual su inter\u00e9s debe medirse por separado. Pero aun si se estimara en conjunto, la conclusi\u00f3n ser\u00eda la misma, porque el total de las condenas que revoc\u00f3 el ad quem ascend\u00edan a 120 SMLMV, guarismo que, se insiste, es claramente inferior al quantum previsto en el citado precepto 338 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con ello, ese remedio excepcional fue bien denegado, pues el desmedro econ\u00f3mico que se le habr\u00eda generado a los recurrentes con el fallo de segundo grado es inferior a 1000 SMLMV. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes frente a la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365, numeral 8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. DEVU\u00c9LVASE la actuaci\u00f3n al tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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