AC6048-2021 (2021-04579-00)<\/p>\n
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AC6048-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04579-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n elevada por Silvia Liliana Barbuscia respecto del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal promovido en su contra por Salim Munir Zakzuk Daguer, que se tramita en el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria solicit\u00f3 el cambio de radicaci\u00f3n del proceso liquidatorio que cursa actualmente en el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, con base en la \u00absentencia de nulidad\u00bb proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, conforme a la cual sostiene que no cuenta con garant\u00edas procesales, del debido proceso ni de imparcialidad, en virtud de las \u00abdeficiencias y presuntos punibles, en la gesti\u00f3n de la sra. Jueza Trece 13 Circuito de Familia de Medell\u00edn [y de] su secretario\u00bb. <\/p>\n
2. Informa que present\u00f3 solicitud de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce de Familia de Medell\u00edn, la cual fue remitida por competencia a su hom\u00f3logo Trece, donde recus\u00f3 a la Juez \u00abpor las m\u00faltiples investigaciones\u00bb en su contra, retirando finalmente la demanda. <\/p>\n
3. Afirma que, con posterioridad, se enter\u00f3 informalmente de la existencia del proceso liquidatorio, encontrando en el sistema de consulta TYBA que no pod\u00eda descargarse la demanda, de modo que elev\u00f3 ante el juzgado solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue negada por la juez de conocimiento por considerar que la demandada hab\u00eda sido correctamente notificada. <\/p>\n
4. Contra esa decisi\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n, en virtud del cual la Sala Unitaria de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn profiri\u00f3 auto el pasado 8 de noviembre de 2021, declarando la nulidad por indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio a la demandada. <\/p>\n
5. Despu\u00e9s de transcribir la totalidad de la providencia del Tribunal, la solicitante se basa en lo decidido para alegar la violaci\u00f3n del debido proceso y la falta de garant\u00edas procesales, afirmando que tal situaci\u00f3n se extender\u00e1 a todo el tr\u00e1mite procesal, sumado a las \u00abretaliaciones\u00bb que, anuncia, vendr\u00e1n de parte de la juzgadora y de su secretario, debido \u00abal avance de los procesos penales en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
6. Con base en los hechos expuestos, afirma la solicitante que en la ciudad de Medell\u00edn no existen garant\u00edas procesales para ella, por lo que ruega el cambio de radicaci\u00f3n a la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto refiere a una petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n \u00abde un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi\u00f3n de un distrito judicial a otro\u00bb. Esto al amparo de lo dispuesto en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el precepto 35 ib\u00eddem. <\/p>\n
2. La solicitud de cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
La normativa procesal vigente introdujo una excepcional respuesta a la presencia sobreviniente de circunstancias especial\u00edsimas que imposibilitan el normal desarrollo del proceso, la observancia de las garant\u00edas fundamentales de las partes e intervinientes y la imparcialidad e independencia del sentenciador. <\/p>\n
En efecto, el canon 30 ejusdem establece que \u00ab[e]l cambio de radicaci\u00f3n se podr\u00e1 disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se est\u00e9 adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u00bb e, igualmente, \u00abcuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha precisado que la comentada herramienta <\/p>\n
\u00ab(…) se constituye en una medida de protecci\u00f3n extraordinaria para evitar la lesi\u00f3n de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el \u00e1nimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes conf\u00edan la soluci\u00f3n de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (…) Este paliativo o remedio procesal, en consecuencia, s\u00f3lo procede cuando en la sede del Despacho de conocimiento se evidencien: (…) a.-) Factores que puedan perturbar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la autonom\u00eda de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas en el tr\u00e1mite, o poner en riesgo la seguridad o integridad de los intervinientes (…) b.-) Deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos (…)\u00bb (CSJ AC5585-2015, 28 sep.). <\/p>\n
Ahora, este instrumento procesal no persigue alterar los actos jurisdiccionales, ni determinar el derecho de las partes, como tampoco su prop\u00f3sito es resolver las controversias jur\u00eddicas planteadas por los extremos procesales, funci\u00f3n reservada al director de la causa. Lo que se busca con este remedio, pues, es evitar que situaciones ajenas al litigio afecten su normal desenvolvimiento interno, tal como lo ha ilustrado la Corte, al decir: <\/p>\n
\u00ab[L]os fundamentos para promover dicha solicitud, deben ser externos al entorno f\u00e1ctico y jur\u00eddico del proceso, como claramente lo evidencian las causas que le sirven de apoyo, las cuales aluden a hechos que pueden estar aconteciendo en el territorio o lugar donde se adelanta el juicio, o concernientes al funcionamiento del despacho judicial que conoce del mismo, o a situaciones que representan un peligro para la integridad de las partes. Sobre el particular, es admisible tomar en cuenta el criterio doctrinario reiterado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, plasmado entre otras, en la providencia de 11 de febrero de 2013, rad. 40625, en la que se dijo: \u201cEl cambio de sede del proceso, como excepci\u00f3n a la competencia territorial, es siempre de car\u00e1cter extremo, residual y procedente s\u00f3lo en casos taxativamente se\u00f1alados en la disposici\u00f3n citada. Opera cuando se demuestre que, en conexidad con el asunto que es objeto de juzgamiento, existen circunstancias externas, generalizadas y con capacidad suficiente para alterar la competencia, al punto que resulta palpable el perjuicio para el normal desarrollo del proceso. Su finalidad es asegurar una recta, cumplida y eficiente administraci\u00f3n de justicia, siempre que no existan otros mecanismos jur\u00eddicos distintos que permitan neutralizar las causas expuestas por el interesado\u201d\u00bb (CSJ AC2338-2014, 6 may.). <\/p>\n
Finalmente, debe resaltarse que es obligaci\u00f3n del interesado adjuntar todos los medios probatorios necesarios para lograr el convencimiento de la Sala, sobre la ocurrencia de los supuestos de hecho que habilitan el cambio de radicaci\u00f3n, pues el citado remedio debe ser decidido de plano. <\/p>\n
3. Caso Concreto. <\/p>\n
3.1 La solicitante pretende el cambio de radicaci\u00f3n del proceso a la ciudad de Bogot\u00e1, porque en su decir, \u00aben Medell\u00edn no existen las garant\u00edas procesales\u00bb. Sin embargo, no informa en modo alguno por qu\u00e9 raz\u00f3n el proceso debe salir de ese Distrito Judicial, ni por qu\u00e9 motivo el proceso no podr\u00eda ser eventualmente asignado a uno de los otros juzgados de familia que existen en la localidad1, limitando su alegato a una supuesta falta de garant\u00edas procesales en la ciudad que no encuentra respaldo en prueba alguna. <\/p>\n
3.2 Respecto a la nulidad por indebida notificaci\u00f3n en la que se fundamenta la solicitud, se tiene que la misma no constituye un factor externo al proceso que abra la puerta a la excepcional medida del cambio de radicaci\u00f3n; por el contrario, se trata de una vicisitud propia del tr\u00e1mite procesal en la que precisamente se ha protegido el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de la demandada al considerar el Tribunal, en una interpretaci\u00f3n judicial garantista, que al no contar con el acuse de recibo de la notificaci\u00f3n efectivamente enviada al que sin discusi\u00f3n es el correo electr\u00f3nico de la solicitante, deb\u00eda retrotraerse lo actuado para garantizar su comparecencia al proceso. <\/p>\n
El r\u00e9gimen de las nulidades est\u00e1 previsto en los art\u00edculos 133 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso y est\u00e1 consagrado precisamente para subsanar cualquier irregularidad ocurrida al interior del tr\u00e1mite, por lo que no puede afirmarse que en un asunto no existen garant\u00edas procesales cuando por cualquier raz\u00f3n se ha acogido favorablemente una solicitud de nulidad, puesto que ella misma es una herramienta jur\u00eddica de defensa y protecci\u00f3n de las partes al interior del proceso. <\/p>\n
3.3 La solicitante reitera a lo largo de su escrito que la garant\u00eda de imparcialidad de la funcionaria judicial y la de su secretario se encuentran en entredicho debido a las \u00abm\u00faltiples denuncias\u00bb elevadas en su contra, mismas que generar\u00e1n, seg\u00fan dice, retaliaciones contra la demandada; sin embargo, no se aport\u00f3 ninguna prueba que acredite la existencia de denuncias o investigaciones en contra de la juez ni del empleado2. <\/p>\n
A\u00fan en caso de que tales denuncias efectivamente existieran, el proceso cuenta con su propio mecanismo de control para proteger la imparcialidad, como es el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones, el cual consagra causal expresa de recusaci\u00f3n en caso de denuncia penal o disciplinaria por hechos ajenos al proceso, bien sea contra el juez (art. 141 num. 7 C.G.P) o contra el secretario (art. 146 C.G.P). <\/p>\n
3.4 La solicitante pretende acreditar su dicho con una declaraci\u00f3n extrajuicio rendida por el extremo pasivo en un proceso que cursa en el mismo despacho, en la que los interesados acusan al Juzgado Trece de \u00abmanipulaci\u00f3n de los sistemas\u00bb, debido a la controversia surgida respecto de la fecha de presentaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda. Sin embargo, se trata de sucesos acontecidos en un proceso judicial diferente, en el que incluso -seg\u00fan los mismos declarantes informan- se deneg\u00f3 en ambas instancias la acci\u00f3n de tutela propuesta por ellos contra el juzgado. <\/p>\n
Esa declaraci\u00f3n aportada, que simplemente refleja la inconformidad de la parte perjudicada en otro proceso, no acredita en modo alguno las circunstancias excepcionales y externas que afecten el curso del tr\u00e1mite liquidatorio al interior del Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn y que justifiquen el cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
3.5 As\u00ed mismo, la imposibilidad de descarga de la demanda en el sistema de consulta TYBA tambi\u00e9n es una circunstancia end\u00f3gena al proceso que puede solucionarse a trav\u00e9s de la solicitud secretarial de acceso a la pieza procesal requerida, que deber\u00e1 estar totalmente disponible para la demandada una vez se surta la debida notificaci\u00f3n ordenada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn en la providencia del 9 de noviembre anterior. <\/p>\n
3.6 Pues bien, en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte tempranamente se advierte la improcedencia del cambio de radicaci\u00f3n del proceso, puesto que las situaciones alegadas por la peticionaria no tienen la caracter\u00edstica que define esta excepcional medida de protecci\u00f3n, cual es la existencia de situaciones externas, ajenas al proceso que pudieran afectar el orden p\u00fablico, la seguridad e integridad de las partes, las garant\u00edas procesales o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho la Corte que el cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
\u00ab(\u2026) pretende resguardar el proceso de agentes externos capaces de perturbar su desarrollo, logrando as\u00ed, que el funcionario judicial emita su veredicto alejado de circunstancias que puedan afectar su imparcialidad o que se conviertan en obst\u00e1culo para dispensar una recta, cumplida y eficaz administraci\u00f3n de justicia. El comentado instituto procesal se erige, entonces, en una objetiva excepci\u00f3n al principio de la competencia territorial fijada en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la alteraci\u00f3n emanada de circunstancias sobrevinientes que imposibiliten, tanto el desarrollo normal del proceso y la observancia de las garant\u00edas fundamentales de las partes e intervinientes, como la imparcialidad e independencia del sentenciador, aconsejan variar el funcionario competente y la circunscripci\u00f3n judicial en donde se adelanta el juicio.\u00bb (CSJ AC4178-2017, 30 jun., reiterado en CSJ AC5811-2021, 7 dic.). <\/p>\n
Lejos de tratarse de situaciones ex\u00f3genas al proceso, las alegadas en este caso son circunstancias propias del devenir procesal relacionadas con el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n del auto admisorio del proceso liquidatorio y las supuestas denuncias existentes contra la funcionaria y su secretario, que tienen sus propios mecanismos de control y protecci\u00f3n al interior del proceso, como son, se insiste, el r\u00e9gimen de nulidades y el de impedimentos y recusaciones. <\/p>\n
Por lo anterior, no puede acudirse a la figura del cambio de radicaci\u00f3n para sustraer el conocimiento del asunto al juez al que se le ha asignado la competencia legal para ello -en este caso, dicha atribuci\u00f3n se encuentra en el art\u00edculo 523 del C\u00f3digo General del Proceso-, a voluntad de una de las partes, cuando no se han probado en modo alguno las excepcionales circunstancias ex\u00f3genas que afecten en el caso concreto la recta administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3.7 Finalmente, es necesario recordar que el proceso judicial contempla m\u00faltiples controles para su adecuado desarrollo, e incluso por fuera de \u00e9l existen los mecanismos constitucionales, penales y disciplinarios a disposici\u00f3n de la parte que considera que se han vulnerado sus garant\u00edas, asumiendo desde luego las consecuencias de sus actos en estos escenarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Atendiendo lo expuesto previamente, no se advierte m\u00e9rito suficiente para acceder a la solicitud en estudio, en tanto no se evidencia una circunstancia que se acompase con los motivos legalmente establecidos para su procedencia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NEGAR la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n elevada por Silvia Liliana Barbuscia, por las razones expuestas. <\/p>\n
SEGUNDO. ADVERTIR que contra esta determinaci\u00f3n no proceden recursos. <\/p>\n
TERCERO. ARCHIVAR la actuaci\u00f3n aqu\u00ed surtida. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El Distrito Judicial de Medell\u00edn cuenta a la fecha con quince Juzgados de Familia. <\/p>\n
2\u0002 La solicitud fue radicada ante la Corte acompa\u00f1ada de seis anexos, entre los que no se encuentra documento alguno que informe sobre la existencia de denuncias penales o disciplinarias, pese a que el mismo se anuncia como \u201canexo\u201d en el escrito de solicitud. <\/p>\n
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