AC6052-2021 (2015-00009-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC6052-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76147-31-03-002-2015-00009-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de las demandas de casaci\u00f3n presentadas por Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa, Luis Alberto Marles Ortiz, Heriberto y Laurentino Marles Barrera frente a la sentencia de 12 de febrero de 2020 que fue proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, dentro del proceso reivindicatorio de Aracelly G\u00f3mez de V\u00e9lez (en nombre de la comunidad que tiene con los herederos indeterminados de Mar\u00eda Jes\u00fas V\u00e9lez o Barrera V\u00e9lez) contra la primera impugnante, quien formul\u00f3 libelo de reconvenci\u00f3n con pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n, donde fueron citados Fabio, Efra\u00edn, Marleny y Diofanor Marles Barrera como herederos de Mar\u00eda Jes\u00fas, los herederos indeterminados de ella y de Jorge Isaac Marles Barrera y dem\u00e1s indeterminados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Seg\u00fan la reforma de la demanda inicial, se pretendi\u00f3 a favor de los propietarios la reivindicaci\u00f3n del predio con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 375-6825 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Cartago, Valle, con extensi\u00f3n de 8.794 m2. <\/p>\n
Esa solicitud se motiv\u00f3 en que Aracelly es \u00abposeedora inscrita del 88.88%\u00bb del predio por haber adquirido el derecho de dominio a t\u00edtulo de venta y que Mar\u00eda es \u00abposeedora inscrita del 11.2%\u00bb restante, y que han sido privados de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa se opuso a las pretensiones y excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; tambi\u00e9n formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n en contra de la demandante inicial, Luis Alberto Marles Ortiz, Heriberto y Laurentino Marles Barrera, Fabio, Efra\u00edn, Marleny y Diofanor Marles Barrera, los herederos indeterminados de Mar\u00eda Jes\u00fas V\u00e9lez o Barrera V\u00e9lez, los herederos indeterminados de Jorge Isaac Marles Barrera y dem\u00e1s sujetos indeterminados para que se reconociera que adquiri\u00f3 el fundo reclamado por usucapi\u00f3n extraordinaria y se inscriba la sentencia en el folio competente. <\/p>\n
Sustent\u00f3 esa pretensi\u00f3n en que ejerce posesi\u00f3n p\u00fablica, pac\u00edfica y tranquila desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. Empez\u00f3 a ocuparlo cuando su hermano Luis Eduardo G\u00f3mez Correa se lo permiti\u00f3 hasta el 13 de noviembre de 2004, cuando falleci\u00f3, fecha en que se convirti\u00f3 en poseedora. Como actos de se\u00f1or\u00edo invoc\u00f3 el pago de impuestos, de servicios p\u00fablicos, realizaci\u00f3n de obras y mejoras. <\/p>\n
Luis Alberto Marles Ortiz, al contestar la reconvenci\u00f3n, no se opuso a la prosperidad de la usucapi\u00f3n; los restantes sujetos procesales tambi\u00e9n la replicaron oponi\u00e9ndose a los pedimentos y excepcionando \u00abcosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante fallo de 19 de junio de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, neg\u00f3 la declaraci\u00f3n de pertenencia, orden\u00f3 reivindicar el predio a favor de la comunidad, conden\u00f3 a la poseedora a restituirlo y a los due\u00f1os a pagarle $29.772.094 (mejoras), $16.145.022 (impuesto predial de 1979 a 2011), $2.699.487 (impuesto predial el 9 de marzo de 2017), los dineros eventualmente cancelados que por acuerdo de pago acredite Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa, $18.603.832 (frutos desde 2015), instruy\u00f3 compensar las condenas, reconoci\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n en favor de poseedora y orden\u00f3 inscribir la sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
4. El 12 de febrero de 2020, al resolver la alzada de las partes contra el fallo, el Tribunal lo modific\u00f3 parcialmente para indexar y reconocer a favor de Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa y a cargo de la demandante principal \u00fanicamente las expensas invertidas por aquella en el inmueble (impuestos y reparaciones) por valor de $37.191.951, es decir, absteni\u00e9ndose de condenar al pago de mejoras o construcciones. Tambi\u00e9n actualiz\u00f3 la condena de frutos a favor de Aracelly G\u00f3mez de V\u00e9lez y dem\u00e1s comuneros, a la suma de $23.478.149. Confirm\u00f3 el resto de la sentencia. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa omiti\u00f3 acreditar su condici\u00f3n de poseedora durante al menos diez a\u00f1os anteriores a la demanda. Por el contrario, su confesi\u00f3n y otras pruebas acreditaron que el primer contacto con el predio se produjo cuando su fallecido hermano Luis Eduardo G\u00f3mez Correa ingres\u00f3 para cuidarlo por encargo y remuneraci\u00f3n de terceros. <\/p>\n
El testigo Rafael Pel\u00e1ez Salazar declar\u00f3 que, tras el deceso de Luis Eduardo, Mar\u00eda Luc\u00eda continu\u00f3 las labores de cuidado y, ocasionalmente, los due\u00f1os le daban dinero. <\/p>\n
2. Aunque en la reconvenci\u00f3n se dijo que desde el fallecimiento de Luis Eduardo -13 de noviembre de 2004- comenz\u00f3 la posesi\u00f3n, no se prob\u00f3 el instante de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenencia a posesi\u00f3n. <\/p>\n
Rafael Pel\u00e1ez Salazar y Sugeira Andrea Barrera Chiquito identificaron a Mar\u00eda Luc\u00eda como propietaria del bien ra\u00edz por conservarlo y mejorarlo; sin embargo, tales testimonios deben contrastarse con las pruebas documentales que acreditan que tales actos (pago de servicios p\u00fablicos, compra de materiales e insumos, entre otros) datan de los a\u00f1os 2011, 2013, 2014 y 2015, es decir, de un tiempo inferior al requerido para acceder a la usucapi\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, la inspecci\u00f3n judicial practicada en el inmueble el 17 de agosto de 2012 evidencia su deterioro y prueba \u00abque para esa \u00e9poca este no hab\u00eda sido perfeccionado por la hoy poseedora\u00bb. <\/p>\n
3. Si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la usucapiente arrend\u00f3 parcialmente el inmueble en 2005, la conclusi\u00f3n ser\u00eda la misma: no se demostr\u00f3 el ejercicio de actos posesorios durante al menos diez a\u00f1os antes de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia. El precepto 1974 del C\u00f3digo Civil permite que el mero tenedor figure como arrendador, lo cual se traduce en que el arrendamiento no es un acto exclusivo del due\u00f1o. <\/p>\n
Lo anterior hace intrascendente el reparo sobre la ausencia de valoraci\u00f3n del documento que recogi\u00f3 el acuerdo de locaci\u00f3n celebrado con Jos\u00e9 Arbelaez Zapata el 11 de enero de 2005. <\/p>\n
4. El acervo probatorio no demuestra que el t\u00edtulo se intervirti\u00f3 diez a\u00f1os antes de presentarse la demanda de reconvenci\u00f3n -11 sep. 2015-, al haberse dejado de acreditar que el inequ\u00edvoco desconocimiento de dominio ajeno sucedi\u00f3 en 2005. Por el contrario, se estableci\u00f3 que la usucapiente permanec\u00eda en el bien, lo arrend\u00f3, hizo sembrad\u00edos y construcciones, actos que, por s\u00ed solos, no entra\u00f1an posesi\u00f3n ni contradicen el derecho de los propietarios, sin pasar por alto que el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos y las mejoras ocurrieron en 2011. <\/p>\n
5. La jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil ense\u00f1a que la prosperidad de la vindicaci\u00f3n debe ir acompa\u00f1ada de la condena a pagar las restituciones mutuas, inclusive por la v\u00eda oficiosa cuando esta \u00faltima no se haya deprecado. Por ello, debe naufragar el reparo de la apelante en ese sentido. <\/p>\n
6. Debe prosperar la apelaci\u00f3n en lo que se refiere a las mejoras reconocidas por $29.772.024, en raz\u00f3n a que los testimonios y el interrogatorio a la demandada acreditaron que el inmueble contaba con una casa de habitaci\u00f3n desde antes de ingresar a ejercer posesi\u00f3n, con la aclaraci\u00f3n de que el fundo empez\u00f3 a deteriorarse desde el fallecimiento del tenedor Luis Eduardo, circunstancia que no fue advertida por el perito al valorar \u00edntegramente la construcci\u00f3n en su estado actual e ignorada por el a quo. <\/p>\n
Comoquiera que el canon 965 ibidem da derecho a que se le abone a la poseedora las expensas necesarias invertidas en la conservaci\u00f3n de la cosa, y en atenci\u00f3n a que se demostraron con prueba documental los gastos sufragados para conservar el predio, deben reconocerse las sumas debidamente indexadas ($13.410.067). <\/p>\n
7. En aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, corresponde actualizar las condenas ratificadas en segunda instancia por concepto de frutos y gastos reembolsables a la demandada por impuestos, as\u00ed como la reparaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n del inmueble, hasta la fecha de la sentencia, conservando la poseedora el derecho de retenci\u00f3n. <\/p>\n
Contiene cinco cargos que contravienen los requisitos exigibles y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, acus\u00f3 a la sentencia de vulnerar directamente \u00ablos art\u00edculos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, del C\u00f3digo Civil y de la ley 792 de 2002\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que cuando se present\u00f3 la demanda y se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, la usucapiente llevaba diez a\u00f1os de posesi\u00f3n sumando el se\u00f1or\u00edo de Luis Eduardo G\u00f3mez Correa desde antes de su fallecimiento el 13 de noviembre de 2004. <\/p>\n
Indic\u00f3 que se configuraba la presunci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil a favor suyo sin que se hubiera probado que la posesi\u00f3n se dio por un tiempo inferior a once a\u00f1os. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que desde el comienzo tuvo el predio a t\u00edtulo de posesi\u00f3n, pero que no realiz\u00f3 oportunamente actos de dominio, sino \u00abtard\u00edos\u00bb, por falta de recursos, lo cual no enerva su derecho porque no es imperativo que el poseedor cuente con medios econ\u00f3micos para ostentar esa calidad. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en su \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a porque posey\u00f3 a nombre propio y no de su hermano ni de los propietarios inscritos. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Bajo el segundo motivo de casaci\u00f3n, imput\u00f3 transgresi\u00f3n inmediata de normas sustanciales por error de hecho sobre la demanda, su contestaci\u00f3n, los testimonios de Rafael Arian Pelaez Salazar y Sugeira Andrea Barrera Chiquito, quienes sab\u00edan que era poseedora. <\/p>\n
Luego de transcribir apartes de esas declaraciones, sostuvo que demostraban el cumplimiento de los requisitos de la usucapi\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que el defecto f\u00e1ctico consisti\u00f3 en desconocimiento de \u00ablos postulados de apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria\u00bb por existir \u00abmotivos objetivos para colegir que los enunciados f\u00e1cticos a los que lleg\u00f3 el ad quem, no se sustentaron en las reglas de la sana cr\u00edtica, es decir, el fallo de 2\u00aa instancia estuvo desprovisto de una motivaci\u00f3n acertada, pues el an\u00e1lisis e inferencia de la prueba, estuvo precedido de crasos errores de hecho\u2026\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda casacional, imput\u00f3 al Tribunal violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por errores de derecho consistente en el desconocimiento del numeral 9\u00ba del art\u00edculo 221 del C\u00f3digo General del Proceso por haber omitido decretar oficiosamente el testimonio de Jos\u00e9 Arbel\u00e1ez Zapata. <\/p>\n
Tal declaraci\u00f3n hubiera aclarado los hechos de la demanda, m\u00e1xime cuando el juez de la alzada puede decretar pruebas de oficio, m\u00e1xime cuando probar\u00edan la \u00abexplotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u2026 estable, no accidental o transitoria\u2026\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 que se le hubiera dado credibilidad a la declaraci\u00f3n de Jhon Jairo Santacruz Cardona, a pesar de que \u00abterminara prest\u00e1ndole $50.000.000, en una hipoteca sobre un predio objeto de este proceso\u2026., estar privado de la libertad\u2026., raz\u00f3n por la que no debi\u00f3 ser apreciado\u00bb, luego de lo cual transcribi\u00f3 in extenso una decisi\u00f3n de esta Corte sobre valoraci\u00f3n de las probanzas. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda invoc\u00f3 la vulneraci\u00f3n mediata de normas sustanciales por error de derecho consistente en la violaci\u00f3n del art\u00edculo 327, numerales 2\u00ba y 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso al omitir el \u00abperitaje de la parte demandada\u00bb y haber dejado de decretar oficiosamente el testimonio de Jos\u00e9 Arbel\u00e1ez Zapata, a pesar de que era base esencial de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Al amparo de la segunda causal, se\u00f1al\u00f3 que la sentencia incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho consistente en el desconocimiento del art\u00edculo 304, numeral 2\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, al pasar por alto que el anterior proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia que adelant\u00f3 \u00abno constituye cosa juzgada\u00bb pues la ley no proh\u00edbe presentar una nueva demanda con el mismo objeto. <\/p>\n
Por tanto, se edific\u00f3 un error jur\u00eddico en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental al asignarle peso suasorio a la referida decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
DEMANDA DE LUIS ALBERTO MARLES ORTIZ, HERIBERTO Y LAURENTINO MARLES BARRERA <\/p>\n
Contiene dos cargos que no se avienen a las exigencias necesarias y ser\u00e1n repelidos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Bajo lo previsto en la primera causal del mecanismo extraordinario, se\u00f1al\u00f3 al Tribunal de vulnerar \u00ablos art\u00edculos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, del C\u00f3digo Civil y de la ley 7992 de 2002\u00bb por violaci\u00f3n al debido proceso dado que no se valor\u00f3 la diligencia de inspecci\u00f3n judicial ni \u00abse aport\u00f3 un perito t\u00e9cnico, planimestrista o top\u00f3grafo que determinara las medidas del predio a usucapir, reformas que tiene el inmueble y los sembrad\u00edos de pan coger, as\u00ed como la textura de la tierra y el impacto del estacionamiento de los veh\u00edculos en el predio\u2026\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, por no interrogar \u00aba los posibles arrendatarios del predio\u2026 que dar\u00edan a conocer el tiempo por el cual ha sido alquilado\u2026, valor del contrato de arrendamiento y utilidad al momento de usufructuarlo\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Imput\u00f3 al ad quem vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762 del C\u00f3digo Civil, 176 del C\u00f3digo General del Proceso, con ocasi\u00f3n de error de hecho, para lo cual cit\u00f3 la sentencia SU-817 de 2010 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Argument\u00f3 que el pago de impuesto predial en el a\u00f1o 2011 cubri\u00f3 lo adeudado desde 1979, lo cual implica \u00abun verdadero acto de se\u00f1or\u00edo\u00bb, pues no cobij\u00f3 solo el a\u00f1o 2011 \u00abcomo erradamente fue apreciado\u00bb por el Tribunal, \u00absino que\u2026 todos los a\u00f1os anteriores\u2026\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Tribunal ignor\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial que se practic\u00f3 sin la participaci\u00f3n de un \u00abperito top\u00f3grafo o fot\u00f3grafo (SIC), que\u2026 determinara los linderos del predio, los peque\u00f1os cultivos\u2026, la casa que lindera con el predio\u2026 que ten\u00eda la demandada\u2026 y que vendi\u00f3 para quedarse en\u00bb \u00e9l. <\/p>\n
Censur\u00f3 que no se hubiera interrogado al arrendatario de la prescribiente ni al \u00abrepresentante de la inmobiliaria Gustavo Renter\u00eda que tiene el contrato de arrendamiento y que administra los dineros para que la se\u00f1ora pagara las acreencias al municipio de Cartago, sin contar que el d\u00eda de la inspecci\u00f3n se encontraban\u2026 tanto la hija de la demandante en reconvenci\u00f3n como el yerno\u2026\u00bb. As\u00ed, se excluyeron injustificadamente pruebas de relevancia para establecer la posesi\u00f3n, que pod\u00edan recaudarse oficiosamente seg\u00fan el precepto 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abel Juez Segundo Civil del Circuito de Cartago valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, solo a favor de la reivindicaci\u00f3n\u00bb, por no haber decretado otras probanzas oficiosamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo sucesivo se explican las razones por las que los cuestionamientos de la demanda de casaci\u00f3n de Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa son inadmisibles. <\/p>\n
1.1. A pesar de que los cargos contenidos en la demanda de casaci\u00f3n de Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa plantean -unos por la v\u00eda directa y otros por la mediata- la vulneraci\u00f3n de normas sustanciales, ninguno de ellos invoc\u00f3 disposiciones de esa naturaleza, lo cual desconoce la exigencia plasmada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso en cuanto debe citarse al menos una disposici\u00f3n de esa especie que haya constituido o debido constituir base esencial de la sentencia. <\/p>\n
En efecto, el primer embate se limit\u00f3 a citar \u00ablos art\u00edculos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, del C\u00f3digo Civil y de la ley 792 de 2002\u00bb, sin precisar cu\u00e1l de las disposiciones de cada uno de esos cuerpos normativos result\u00f3 transgredida por el Tribunal. Adem\u00e1s, si bien se cit\u00f3 el canon 762 del C\u00f3digo Civil, no se indic\u00f3 de manera expresa que tal norma (que define la posesi\u00f3n y consagra la presunci\u00f3n de que el poseedor se reputa due\u00f1o, hasta que otro sujeto no justifique serlo), fue desconocida por el fallador de \u00faltimo grado. <\/p>\n
En todo caso, la invocaci\u00f3n de esa \u00faltima regla ser\u00eda insuficiente e intrascendente para estructurar el cargo pues la definici\u00f3n de la posesi\u00f3n as\u00ed como la presunci\u00f3n de que el poseedor es due\u00f1o hasta tanto otro sujeto no justifique serlo no muestra un desconocimiento del derecho objetivo por parte del Tribunal, sobre todo porque la decisi\u00f3n result\u00f3 desfavorable a la usucapiente por ausencia de demostraci\u00f3n de la data exacta de interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenencia a posesi\u00f3n, y no porque al momento de sentenciar no fuera poseedora; careciera de la calidad de poseedora. Si ello no fuera as\u00ed, habr\u00eda naufragado la vindicaci\u00f3n declarada, la cual exige que el condenado a restituir el predio a sus due\u00f1os sea poseedor y no mero tenedor. <\/p>\n
Algo similar ocurri\u00f3 en los cargos segundo, tercero, cuarto y quinto porque est\u00e1n hu\u00e9rfanos de disposiciones sustanciales transgredidas. Obs\u00e9rvese que el segundo embate no tiene una sola norma jur\u00eddica; el tercero contiene el \u00faltimo numeral del precepto 221 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual no es sustancial sino procesal por regular la manera en que se procede cuando el declarante se\u00f1ala que los hechos los conoce otra persona y el decreto oficioso de su testimonio; el cuarto tambi\u00e9n refiri\u00f3 una disposici\u00f3n de car\u00e1cter procesal, no sustancial, (art\u00edculo 327, numerales 2\u00ba y 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso) que regula la pr\u00e1ctica de pruebas durante la alzada; el \u00faltimo embate, por su parte, tampoco refiri\u00f3 una fuente jur\u00eddica sustantiva sino la que regula el fen\u00f3meno de la cosa juzgada y sus excepciones. <\/p>\n
1.2. Adicionalmente, los cuestionamientos de la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n de Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa padecen falencias adicionales que justifican su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
El primer embate desconoci\u00f3 la exigencia prevista en el numeral 2\u00ba, literal a, del precepto 344 del C\u00f3digo General del Proceso seg\u00fan el cual, cuando se invoque la transgresi\u00f3n directa de normas sustanciales, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, es decir, aceptando los hechos que el Tribunal tuvo como probados o estim\u00f3 descartados y planteando una controversia exclusivamente jur\u00eddica. Sin embargo, la recurrente descendi\u00f3 a la plataforma f\u00e1ctica y rebati\u00f3 los hechos suasorios establecidos y negados por el ad quem al sostener, en contrav\u00eda de la decisi\u00f3n de \u00faltima instancia, que hab\u00eda pose\u00eddo por un lapso superior a diez a\u00f1os (contando el que llevaba su hermano fallecido Luis Eduardo G\u00f3mez) y que desde el comienzo entr\u00f3 al predio en calidad de poseedora, y no como tenedora, cuestiones de hecho opuestas a las verificadas por el Tribunal. <\/p>\n
El segundo cargo tambi\u00e9n es inacabado porque se limit\u00f3 a imputar la comisi\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico sin se\u00f1alar c\u00f3mo el Tribunal alter\u00f3 en su contenido objetivo las pruebas practicadas, ni mucho menos contrastar su materialidad con lo deducido de ellas por el fallador, como deb\u00eda hacerse; por el contrario, sin mayor desarrollo se indic\u00f3 que se desconocieron los presupuestos de valoraci\u00f3n probatoria, que ser\u00edan m\u00e1s propios del error de derecho, y no de hecho, que fue el invocado. <\/p>\n
Por su parte, el tercer cuestionamiento fue erigido mediante los yerros jur\u00eddicos consistentes en la falta de decreto oficioso de la declaraci\u00f3n de una persona y el peso asignado al testimonio de otro, los cuales presentan serias y variadas falencias que imponen cerrarle camino. La primera de ellas radica en las exigencias propias de un cargo que cuestiona la omisi\u00f3n del decreto oficioso de medios de convicci\u00f3n, aspecto sobre el cual la jurisprudencia pac\u00edfica de la Sala ha reiterado que el recurrente debe ilustrar que la falta de autorizaci\u00f3n y recaudo de la prueba no obedeci\u00f3 a un acto suyo y que, adem\u00e1s, se trata de un medio de convicci\u00f3n trascendental, cuya presencia dentro del plenario hubiera motivado una decisi\u00f3n diversa. Tales aspectos deben justificarse de manera clara en el recurso, y no de forma ambigua ni hipot\u00e9tica, como ocurri\u00f3 en el recurso. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Si bien la Corte ha relievado la importancia de la facultad oficiosa de decretar pruebas en segunda instancia como una herramienta valiosa para la resoluci\u00f3n de litigios, su exigencia debe ser ponderada, dado que la misma en modo alguno puede aparejar el desconocimiento de la regla de juicio consagrada en el inciso primero del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme a la cual, \u00abincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, y le impone al sentenciador trasladar las consecuencias de no probar un hecho a quien deb\u00eda acreditarlo. <\/p>\n
Dicha regla sigue vigente en el actual estatuto procesal civil y junto con otras pautas, como la \u00abfacultad-deber\u00bb de decretar pruebas de oficio (art. 170 C.G.P.), y la denominada \u00abcarga din\u00e1mica de la prueba\u00bb (art. 167, inc. 2\u00b0, ib.), orientan el raciocinio del juez al acometer el ejercicio exclusivo de apreciaci\u00f3n probatoria, que involucra establecer cu\u00e1les circunstancias f\u00e1cticas relevantes quedaron acreditadas en el juicio y cu\u00e1les no. Por lo tanto, no es desacertado que un juzgador, despu\u00e9s de efectuar el an\u00e1lisis cr\u00edtico y arm\u00f3nico de las probanzas recaudadas como se lo impone el canon 176 ib\u00eddem, dirima la controversia de manera adversa a quien teniendo la carga de probar un determinado hecho no la satisfizo, haciendo as\u00ed uso de la comentada \u00abregla de juicio\u00bb, que se deriva de las normas de distribuci\u00f3n del onus probandi, y \u00abprefiguran la resoluci\u00f3n judicial\u00bb . <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio, claro est\u00e1, que el juez estime la necesidad de intervenir en el recaudo probatorio decretando pruebas para mejor proveer o \u00abdistribuyendo la carga de la prueba\u00bb en los t\u00e9rminos que lo autoriza el canon 167 ib\u00eddem. No obstante, esa \u00abfacultad-deber\u00bb de ordenar probanzas oficiosas en modo alguno puede tener como cometido suplir la desidia de las partes o las deficiencias probatorias atribuibles a ellas, porque en el actual estatuto procedimental la aportaci\u00f3n probatoria por excelencia est\u00e1 radicada en las partes y no en el juez, de ah\u00ed, que la falta de iniciativa de este \u00faltimo en el recaudo adicional de elementos de persuasi\u00f3n por s\u00ed misma no siempre puede conllevar la incursi\u00f3n en un yerro de derecho atribuible al juzgador. (CSJ, SC3918 de septiembre 8 de 2021) <\/p>\n
Como si lo anterior resultara insuficiente, la inconformidad sobre la credibilidad supuestamente asignada al testimonio de Jhon Jairo Santacruz Cardona es inadecuada para estructurar un cargo casacional, pues la sentencia sigue en pie con las dem\u00e1s pruebas documentales y testimoniales que llevaron al Tribunal a fallar como lo hizo, sin que sobre ellas se dijera algo. Es decir, se trata de una declaraci\u00f3n insular cuyos cuestionamientos no derrumban las conclusiones suficientes del Tribunal en punto a la falta de prueba de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo que, en virtud de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto a favor de la sentencia de \u00faltima instancia, se mantienen intactas. <\/p>\n
El cuarto cuestionamiento es incompleto, es decir, desconoce la exigencia prevista en el art\u00edculo 344, numeral 2, del C\u00f3digo General del Proceso, pues se limita a referir supuesto desconocimiento (por error f\u00e1ctico) de un dictamen pericial y la falta de decreto oficioso de un testimonio, sin que tales reparos horaden los pilares de la decisi\u00f3n de \u00faltimo grado. La falta de completitud radica en que no se atacaron los restantes argumentos en los que el Tribunal soport\u00f3 su decisi\u00f3n, los cuales la mantienen por s\u00ed solos. <\/p>\n
Igualmente, el \u00faltimo embate tambi\u00e9n adolece de incompletitud porque la referencia a la cosa juzgada no deja sin base las restantes consideraciones del ad quem para negar que la usucapiente cumpliera los requisitos de la prescripci\u00f3n adquisitiva. Recu\u00e9rdese que el presupuesto argumental del fallo radic\u00f3 en la falta de prueba del tiempo necesario para acceder a la usucapi\u00f3n, dado que no se demostr\u00f3 la data de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, consideraci\u00f3n que no se ve rebatida por la improcedencia de la cosa juzgada, seg\u00fan la recurrente. <\/p>\n
2. Por su parte, la demanda de casaci\u00f3n de Luis Alberto Marles Ortiz, Heriberto y Laurentino Marles Barrera padece de graves falencias que hacen imperativa su inadmisi\u00f3n, como se indica a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. El primer cuestionamiento, encausado por la v\u00eda recta, carece de normas sustanciales transgredidas pues solo se hizo referencia a \u00ablos art\u00edculos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, del C\u00f3digo Civil y de la ley 7992 de 2002\u00bb, si precisar cu\u00e1l disposici\u00f3n de esos cuerpos normativos result\u00f3 vulnerada, lo cual es contrario a la disposici\u00f3n citada que exige invocar al menos una regla jur\u00eddica de esa especie. <\/p>\n
El mismo cargo tambi\u00e9n resulta incompleto porque la ausencia de un dictamen rendido por \u00abplanimestrista o top\u00f3grafo\u00bb as\u00ed como del interrogatorio a los arrendatarios del predio no rebaten las conclusiones vertidas en el fallo para descartar la falta de prueba de la posesi\u00f3n por el tiempo m\u00ednimo necesario para adquirir por usucapi\u00f3n extraordinaria, lo que hace que la sentencia se mantenga inc\u00f3lume con las bases que no fueron cuestionadas, sobre todo cuando se presume legal y acertada. <\/p>\n
2.2. El segundo cuestionamiento no logra demostrar el error de hecho ni su trascendencia, a pesar de que as\u00ed lo exige la parte final del literal a, numeral 2\u00ba, del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Resulta totalmente equivocado afirmar que como en el 2011 se pagaron los impuestos adeudados desde 1979, los actos posesorios se remontan a esta \u00faltima anualidad. Aceptar un planteamiento de ese linaje significar\u00eda derruir los presupuestos esenciales de la prescripci\u00f3n adquisitiva, permitiendo el ejercicio retroactivo de actos de se\u00f1or\u00edo y dominio, lo cual no logra estructurar el defecto que pretende plantearse. <\/p>\n
Algo similar acontece con la supuesta supresi\u00f3n del dictamen pericial as\u00ed como su pr\u00e1ctica sin la presencia de \u00abperito top\u00f3grafo o fot\u00f3grafo, que\u2026 determinara los linderos del predio, los peque\u00f1os cultivos\u2026, la casa que lindera con el predio\u2026 que ten\u00eda la demandada\u2026 y que vendi\u00f3 para quedarse en\u00bb \u00e9l, pues tal reparo deviene irrelevante si en cuenta se tiene que el ad quem encontr\u00f3 probada la posesi\u00f3n pero por un tiempo inferior al necesario para que operara el modo denominado usucapi\u00f3n, conclusi\u00f3n que no se estima rebatida por el reparo de los impugnantes extraordinarios. <\/p>\n
Lo mismo se predica de la supuesta omisi\u00f3n de recaudo oficioso de la declaraci\u00f3n del arrendatario de la poseedora o el representante de la entidad jur\u00eddica que recauda los c\u00e1nones, pues tales cuestionamientos, adem\u00e1s de que no re\u00fanen los requisitos decantados cuando se formula un cargo por la falta del ejercicio de la facultad-deber de decretar pruebas de oficio (dentro de los que se encuentran la trascendencia real y no hipot\u00e9tica del medio de prueba y la falta de negligencia o incuria del impugnante), omite atacar la consideraci\u00f3n del Tribunal atinente a que el arriendo no es un acto que pueda realizar solamente el poseedor, sino el tenedor del predio. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, la alusi\u00f3n al precepto 762 del C\u00f3digo Civil como norma supuestamente transgredida es insuficiente, pues no se aprecia que esa disposici\u00f3n fue o debi\u00f3 ser fundamento jur\u00eddico de la decisi\u00f3n, toda vez que define la posesi\u00f3n y regula que el poseedor se reputa due\u00f1o hasta que otro no pruebe serlo, sin que esas reglas de derecho muestren que la decisi\u00f3n debi\u00f3 ser diversa a como se produjo. <\/p>\n
Finalmente, tampoco se desarrollaron las alusiones a la indebida valoraci\u00f3n del caudal probatorio, pues no se compararon los medios suasorios en particular con lo deducido de ellos por el fallador de segundo grado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, por las razones esgrimidas, se inadmitir\u00e1n todos los cargos de ambas demandas de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n formulada por Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa, Luis Alberto Marles Ortiz, Heriberto y Laurentino Marles Barrera frente a la sentencia de 12 de febrero de 2020 que fue proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia <\/p>\n
Se ordena la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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AC6052-2021 (2015-00009-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC6052-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76147-31-03-002-2015-00009-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de las demandas de casaci\u00f3n presentadas por Mar\u00eda Luc\u00eda Cata\u00f1o Correa, Luis Alberto Marles Ortiz, Heriberto y Laurentino […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59804","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59804"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59804\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}