AC6075-2021 (2018-01593-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC6075-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-003-2018-01593-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Distribuidora Mayorista de Autom\u00f3viles Madiautos S.A.S., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 26 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que la recurrente le promovi\u00f3 a Adcap Colombia S.A., Comisionista de Bolsa. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Expuso que el 18 de enero de 2006, Asesores en Valores S.A. Comisionista de Bolsa, actualmente Adcap Colombia S.A., en desarrollo de un contrato de comisi\u00f3n, compr\u00f3, por conducto de la Bolsa de Valores de Colombia, 379.746 acciones ordinarias del Grupo Aval S.A., a nombre de Madiautos S.A.S., a $790 cada una, por lo que el 24 de enero siguiente le gir\u00f3 $300\u2019824.338,14 para cubrir esa adquisici\u00f3n, pero ese paquete accionario qued\u00f3 en dep\u00f3sito de Deceval S.A., en la cuenta de la comisionista. <\/p>\n
El 9 de febrero de 2006 Asesores en Valores S.A. Comisionista de Bolsa, le comunic\u00f3 a Madiautos S.A.S., que deb\u00eda girarle $413\u2019011.857,77 para cubrir la compra de 151.289 acciones preferenciales de ETB y 2\u2019941.176 ordinarias de Fabricado, realizada a nombre de la comitente, a lo que esta se neg\u00f3, toda vez que no autoriz\u00f3 tales operaciones, situaci\u00f3n que la llev\u00f3 a cambiar de comisionista y contratar como depositante directo a Global Securities S.A., Comisionista de Bolsa, por lo que el 5 de junio de 2009 le solicit\u00f3 a Asesores en Valores S.A. trasladar las 379.746 acciones a la cuenta de Deceval a su nuevo depositante directo y pagarle los dividendos producidos hasta ese d\u00eda, pero aqu\u00e9lla se rehus\u00f3 con sustento en que Madiautos S.A.S., le deb\u00eda $413\u2019011.857,77 por la compra de las acciones de ETB y Fabricato, hecha el 27 de enero de 2006. <\/p>\n
En septiembre de 2010 las acciones ordinarias del Grupo Aval S.A., val\u00edan $1.590, pero Madiautos S.A., no pudo vender las 379.746 al estar retenidas por Asesores en Valores S.A., quien la demand\u00f3 en procura de que se declarara que incumpli\u00f3 el contrato de comisi\u00f3n por no consentir la compra de las acciones de ETB y Fabricato y pidi\u00f3 su pago indexado, pero, en sentencia de 10 de mayo de 2013, se declar\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la orden de compra de las acciones reclamadas en la demanda en cabeza de la sociedad demandada\u00bb, lo que confirm\u00f3 el Tribunal de Bogot\u00e1 el 5 de septiembre de 2013 y refrend\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en fallo de 24 de abril de 2017 al decidir la casaci\u00f3n que interpuso la promotora de esa acci\u00f3n; empero, las 379.746 acciones y sus dividendos continuaron retenidas hasta el 31 de enero de 2018 y al inicio de este proceso ten\u00edan un valor nominal de $1.185. <\/p>\n
Asesores en Valores S.A., incumpli\u00f3 el contrato al retener las 379.746 acciones de Madiautos S.A. hasta el 31 de enero de 2018 e impedirle venderlas en septiembre de 2010 cuando val\u00edan el doble del valor por el que fueron compradas, luego, debe resarcirle los perjuicios ocasionados. <\/p>\n
2.- La convocada aleg\u00f3 \u00ab[a]usencia de nexo causal entre la conducta de Adcap y el da\u00f1o que sufri\u00f3 el demandante\u00bb, \u00ab[c]aducidad de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero\u00bb, \u00ab[i]nexistencia de obligaciones a cargo de Adcap\u00bb y \u00ab[r]enuencia y ausencia de buena fe del demandante\u00bb. <\/p>\n
3.- La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera dict\u00f3 sentencia el 13 de agosto de 2019 en la que acogi\u00f3 parcialmente la excepci\u00f3n de \u00ab[i]nexistencia de obligaciones a cargo de Adcap\u00bb, declar\u00f3 civil y contractualmente responsable a la convocada y la conden\u00f3 a pagar $49\u2019436.867,28 dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la firmeza del fallo. <\/p>\n
4.- El superior, al resolver la alzada propuesta por ambas partes, revoc\u00f3 el fallo; en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00ab[c]aducidad de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero\u00bb, desestim\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en costas a la accionante, para lo cual expuso que: <\/p>\n
Aunque las partes ning\u00fan reparo blandieron en torno a la caducidad prevista en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 para el ejercicio de las acciones de protecci\u00f3n al consumidor, ese aspecto debe ser abordado dada su naturaleza, lo que lleva a determinar si la demanda fue oportuna o no. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Nacional protege, en su art\u00edculo 78, los derechos del consumidor, tanto que la Ley 1480 de 2011, que actualiz\u00f3 el Decreto 3466 de 1982, fue expedida para salvaguardarlos y lograr la igualdad de los usuarios frente a productores y distribuidores, normativa que les permite reclamar los perjuicios ocasionados por entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera (art. 58.3 Ley 1480 de 2011), siempre que lo hagan \u00aba m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamaci\u00f3n\u00bb, sin que la ley indique si se trata de un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n o de caducidad, a pesar de lo cual se entiende que es este \u00faltimo, es decir, procesal de acci\u00f3n, pues, seg\u00fan la jurisprudencia, prescribe el derecho y caduca la acci\u00f3n. <\/p>\n
No ejercer a tiempo la acci\u00f3n acarrea la caducidad, pues supone la decadencia del derecho a la reclamaci\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 3.15 de la Ley 1480 de 2011 a favor de los consumidores. Entonces, no se trata de la extinci\u00f3n de un derecho material sino del ejercicio de la acci\u00f3n que lo conlleva, sin que pueda confundirse \u00e9ste con aqu\u00e9lla, razonamiento que no se altera por referencia a la prescripci\u00f3n contenida en el n\u00fam. 6\u00ba del art\u00edculo 58 de la citada norma, ni a la interpretaci\u00f3n favorable al consumidor que prev\u00e9 el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, porque el inter\u00e9s de esas instituciones (prescripci\u00f3n-caducidad) impide su dif\u00edcil diferenciaci\u00f3n en un caso concreto cuando la ley solo se\u00f1ala el t\u00e9rmino extintivo, sin calificar si es una u otra, m\u00e1xime cuando no se trata de normas contrapuestas ni perjudiciales al consumidor o usuario, sino de orden p\u00fablico establecidas en igualdad de condiciones y de obligatorio cumplimiento; adem\u00e1s, mientras la prescripci\u00f3n mira el inter\u00e9s particular, la caducidad pasa revista sobre el general. <\/p>\n
Al contrastar las pruebas y el acontecer procesal se detecta el acaecimiento de la caducidad ya que, seg\u00fan lo expuesto en el libelo, la acci\u00f3n surgi\u00f3 a causa de la retenci\u00f3n indebida que hiciera la demandada de las acciones de Grupo Aval S.A. y sus dividendos, compradas a nombre de la accionante, hecho ocurrido el 10 de junio de 2009, cuando Adcap S.A., se neg\u00f3 a trasladar dicho paquete a la cuenta de la nueva comisionista de bolsa contratada (Global Securities S.A.), y no de la devoluci\u00f3n tard\u00eda de tales acciones y sus dividendos, ocurrida el 3 de julio de 2018, pues la causa de la reclamaci\u00f3n no es el reintegro de las acciones, sino el perjuicio causado con la aludida retenci\u00f3n ocurrida en 2009, lo que indica que desde este \u00faltimo momento la gestora pod\u00eda exigir su derecho a trav\u00e9s de la acci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Como para 2009 el legislador no hab\u00eda establecido la forma de ejercer esos derechos a trav\u00e9s de las acciones de protecci\u00f3n al consumidor consagradas en la Ley 1480 de 2011, y en trat\u00e1ndose del modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, excepci\u00f3n consagrada para el principio de incorporaci\u00f3n en materia contractual (art. 38 Ley 153 de 1887) y la irretroactividad de la ley, el lapso solo podr\u00e1 ser contabilizado a partir de la vigencia de la norma que la estableci\u00f3. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 84 del Estatuto del Consumidor, se contar\u00e1 desde el 12 de abril de 2012 el lapso del art\u00edculo 58 ib\u00eddem, es decir, el a\u00f1o que ten\u00eda la actora para ejercer la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, el cual se cumpli\u00f3 el 12 de abril de 2013 (art. 118 CGP), calenda en la que no se hab\u00eda presentado la demanda, lo cual se hizo el 18 de julio de 2018, lo que revela la caducidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
5.- La accionante interpuso recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido (15 oct. 2020). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y fue sustentada en tiempo con escrito que contiene seis cargos por las causales primera, segunda y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed: <\/p>\n
a).- El primero acusa la infracci\u00f3n recta del art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el inciso tercero, art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1480 de 2011, por falta de aplicaci\u00f3n, toda vez que el Tribunal olvid\u00f3 que la doctrina y la jurisprudencia son criterios auxiliares en la actividad del juez, de ah\u00ed que debi\u00f3 hacer actuar la ley que regulaba el caso y, de ser preciso, interpretarla de modo favorable al consumidor, situaci\u00f3n que impon\u00eda colegir, por virtud del art\u00edculo 58, n\u00fam. 3\u00ba de la Ley 1480 de 2011, que el t\u00e9rmino all\u00ed previsto era de prescripci\u00f3n, tal como lo entendi\u00f3 la magistrada que salv\u00f3 el voto. <\/p>\n
Aplic\u00f3 el aparte del art\u00edculo 58, n\u00fam. 3\u00ba de la Ley 1480 de 2011, a cuyo tenor \u00aben los dem\u00e1s casos, deber\u00e1n presentarse a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamaci\u00f3n\u00bb y no el que dispone que \u00abLas demandas deber\u00e1n presentarse en las controversias netamente contractuales, a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
b).- El segundo denuncia el quebranto indirecto de la ley sustancial a causa de error de hecho, manifiesto y trascendente, en la apreciaci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1495, 1498 y 1602 del C\u00f3digo Civil, con fundamento en que el Tribunal dej\u00f3 de ver que la acci\u00f3n gir\u00f3 en torno al incumplimiento del contrato que existi\u00f3 entre Madiautos S.A.S., y Adcap Colombia, pues soslay\u00f3 su existencia y trat\u00f3 lo ocurrido entre los extremos como simples hechos que motivaron la reclamaci\u00f3n, al punto que convirti\u00f3 en inexistente el mandato sin soluci\u00f3n de continuidad nacido de la voluntad de las partes. <\/p>\n
c).- El tercero alega la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1495, 1498 y 1602 del C\u00f3digo Civil, a causa de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental que evidencia la relaci\u00f3n contractual entre Madiautos S.A.S., y Adcap Colombia, Comisionista de Bolsa, pues, el sentenciador: <\/p>\n
(i).- No valor\u00f3 la copia de los comprobantes de liquidaci\u00f3n 20060116 y 206011810899 que prueban que el 18 de enero de 2006 Adcap compr\u00f3 379.746 acciones ordinarias del Grupo Aval, por conducto de la Bolsa de Valores de Colombia, a nombre de Madiautos S.A.S., as\u00ed como la copia de los cheques n\u00ba 03658 del Banco Davivienda girado por Madiautos a Adcap, el 24 de enero de 2006 que prueba el pago de esas acciones. <\/p>\n
(ii).- Pretiri\u00f3 los extractos del portafolio expedidos por Adcap donde consta que liquid\u00f3 dividendos a favor de Madiautos S.A.S, los 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el 31 de enero de 2018, a pesar que esta \u00faltima fecha demuestra que ces\u00f3 el bloqueo por garant\u00eda de las acciones del Grupo Aval de propiedad de Madiautos y de que hasta ese momento Adcap actu\u00f3 como mandataria. <\/p>\n
(iii).- Excluy\u00f3 la comunicaci\u00f3n de 5 de junio de 2009 en la que Madiautos le hizo saber a Adcap que deb\u00eda transferirle las acciones de su propiedad a la cuenta en Deceval de la firma Global Securities S.A., su nueva comisionista, para que fuera su depositante directo ante dicha entidad de tales derechos, as\u00ed como las misivas de los d\u00edas 5 y 17 de junio de 2009, en las que le solicit\u00f3 el pago de dividendos. <\/p>\n
(iv).- Cercen\u00f3 la misivas B.O-090510 de 10 de junio de 2009 y B.O-110115 de 14 de enero de 2011 donde Adcap se neg\u00f3 sistem\u00e1ticamente a entregar los dividendos y transferir las acciones a Global Securities S.A. ante Deceval para que estas las administrara y fuera su depositante directo, as\u00ed como la carta de 8 de agosto de 2019 en la que Deceval certific\u00f3, de un lado, que el portafolio de Madiautos S.A.S., conformado por 379.746 acciones del Grupo Aval, fue administrado por Adcap hasta el 3 de julio de 2018 cuando fue trasladado a Casa de Bolsa S.A., Comisionista de Bolsa, del otro, que ese paquete accionario sirvi\u00f3 de garant\u00eda de operaciones burs\u00e1tiles, y que mientras subsistan dichas garant\u00edas no puede ser transferido, cedido al estar bloqueadas en el sistema. <\/p>\n
<\/p>\n
De haber apreciado tales medios, el Tribunal habr\u00eda advertido que el conflicto vers\u00f3 sobre el incumplimiento de Adcap respecto del contrato de mandato celebrado con Madiautos para la administraci\u00f3n de las 379.746 acciones de Grupo Aval, el cual finaliz\u00f3 el 3 de julio de 2018 y que la comitente ejerci\u00f3 a tiempo la demanda de protecci\u00f3n al consumidor financiero, ya que la present\u00f3 el 18 de julio de 2018, es decir, dentro del a\u00f1o siguiente a la terminaci\u00f3n del mandato, conforme lo impone el numeral tercero, art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
d).- El cuarto acusa el quebranto indirecto de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1495, 1498 y 1602 del C\u00f3digo Civil, por error de derecho ante el desconocimiento del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, que impon\u00eda apreciar las pruebas en conjunto, seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica. De haber aplicado esa regla de juicio, el fallador habr\u00eda concluido que entre Madiautos y Adcap Colombia existi\u00f3 una relaci\u00f3n contractual entre el 18 de enero de 2006 y el 3 de julio de 2018 y que las controversias que entre ellos existe datan de ese v\u00ednculo jur\u00eddico y no de unos simples hechos que originaron una reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
e).- El quinto denuncia inconsonancia con sustento en que la sentencia no guarda simetr\u00eda con las pretensiones porque en ellas se pidi\u00f3 que como consecuencia del incumplimiento del mandato por parte de Adcap S.A., se le condenara al pago de intereses de mora, da\u00f1o emergente y lucro cesante, seg\u00fan se hizo constar en las s\u00faplicas 1\u00ba y 2\u00ba. <\/p>\n
Lo anterior porque en el veredicto el fallador coligi\u00f3 que, seg\u00fan el art\u00edculo 58.3 de la Ley 1480 de 2011, la demanda deb\u00eda presentarse dentro del a\u00f1o siguiente a aquel en que el consumidor conoci\u00f3 de los hechos que motivaron la reclamaci\u00f3n, pero dej\u00f3 de lado la otra parte de la norma, seg\u00fan la cual dicho t\u00e9rmino, cuando de acciones contractuales se trata, despunta desde el momento en que termina el contrato, no antes; de ese modo, el juzgador estim\u00f3 inexistente o nulo el mandato celebrado entre las partes, sin ninguna justificaci\u00f3n, lo que revela el quebranto del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
f).- El sexto alega que el Tribunal quebrant\u00f3 de forma directa el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, y que el a quo burl\u00f3 el art\u00edculo 230 ib\u00eddem, el C\u00f3digo de Comercio, las Leyes 27 de 1990 y 1328 de 2009, los art\u00edculos 1\u00ba y 5\u00ba de la Ley 1480 de 2011, los Decretos 663 de 1993 y 2555 de 2010 y la Circular Externa 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero en su desarrollo se dedica a cuestionar lo resuelto por juzgador de primera instancia (fls. 1 a 41). <\/p>\n
I.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en la segunda causal por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente del sentenciador. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC1804-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018). <\/p>\n
3.- Si el ataque se perfila a trav\u00e9s de la tercera causal de casaci\u00f3n, el discurso debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. <\/p>\n
En CSJ AC3533-2020, se insisti\u00f3 en lo expuesto en CSJ AC4125-2015, donde se precis\u00f3 que si se discute la \u00abinconsonancia, el alegato debe encaminarse a demostrar una grave alteraci\u00f3n entre lo narrado y exigido en el libelo, en conjunto con el comportamiento asumido por el oponente en sus defensas, frente a lo consignado en el fallo, de tal manera que sea evidente una decisi\u00f3n ajena al debate\u00bb y se reiter\u00f3 que en CSJ AC 11 nov. 2011, rad. 2008-00956, se indic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) no es suficiente con esbozar una falta de coherencia en lo decidido, sino que su planteamiento, para que sea completo, debe comprender la contraposici\u00f3n del fallo con todos los elementos debatidos al interior del litigio y que incidir\u00edan en su proferimiento, esto es la demanda, la contestaci\u00f3n y las excepciones propuestas, al tenor del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de tal manera que aparezca de bulto una real desarmon\u00eda con el contexto. <\/p>\n
4.- La demanda de casaci\u00f3n no cumple a cabalidad las exigencias formales y t\u00e9cnicas para ser admitida. <\/p>\n
a).- El cargo primero acusa el quebranto directo de la ley sustancial por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 4, inciso 3 y 58.3 de la Ley 1480 de 2011, a pesar que estas normas s\u00ed fueron tenidas en cuenta por el Tribunal. La primera cuando aclar\u00f3 que la conclusi\u00f3n respecto de la caducidad de la acci\u00f3n entablada no se alteraba aun si se aplicara el supuesto de \u00abinterpretaci\u00f3n favorable al consumidor establecido por el art. 4\u00ba de la citada ley\u00bb; y la segunda para precisar que el t\u00e9rmino al cual est\u00e1 sujeta la demanda de que trata el numeral tercero del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 es de caducidad y no de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Ese contexto hac\u00eda imposible cuestionar su falta de empleo, tanto as\u00ed que cualquier ataque en casaci\u00f3n que las involucrase deb\u00eda discutir la hermen\u00e9utica que sobre ellas realiz\u00f3 el juez de segunda instancia; empero, la recurrente ning\u00fan esfuerzo argumentativo hizo por hacer ver que aqu\u00e9l err\u00f3 en su ex\u00e9gesis, sino que se conform\u00f3 con decir que inadvirti\u00f3 su existencia, de ah\u00ed el desacierto de tal planteamiento y, por ende, el malogro de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, el ataque es impreciso, pues no indica por qu\u00e9 el ad quem deb\u00eda aplicar el aparte inicial del n\u00fam. 3, art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as demandas deber\u00e1n presentarse en las controversias netamente contractuales, a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb y no el aparte final de ese texto, que tuvo en cuenta para decidir, a cuyo tenor: \u00aben los dem\u00e1s casos, deber\u00e1n presentarse a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamaci\u00f3n\u00bb, pese a que en la demanda la impulsora plante\u00f3 que la controversia surgi\u00f3 el 10 de junio de 2009 cuando Adcap Colombia S.A., que era su Comisionista de Bolsa, se neg\u00f3 a cumplir las instrucciones que por escrito le dio el 5 de junio de 2009 de trasladar las 379.746 acciones de Grupo Aval a la cuenta de Deceval del depositante directo Global Securities S.A., su nuevo comisionista, y de girarle a ella un cheque por los dividendos. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la recurrente ten\u00eda que demostrar la raz\u00f3n por la que el t\u00e9rmino extintivo previsto en el art\u00edculo 58, n\u00fam. 3 de la Ley 1480 de 2011 deb\u00eda despuntar desde esta \u00faltima fecha (3 jul. 2018), y no a partir del 10 de junio de 2009, cuando, en sentir del ad quem, se origin\u00f3 la disputa; sin embargo, no lo hizo. <\/p>\n
Como si fuera poco, plantea un simple desacuerdo con el criterio de ese juzgador en torno al alcance y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00ba, art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, en procura de que se aplique a su conveniencia, aun cuando deb\u00eda justificar que la interpretaci\u00f3n que tal autoridad realiz\u00f3 en torno al alcance de esa regla fue equivocada y que ello incidi\u00f3, de forma trascendente, en el resultado, labor\u00edo que no cumpli\u00f3. <\/p>\n
b).- Los cargos segundo, tercero y cuarto denuncian la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1494, 1495, 1498 y 1602 del C\u00f3digo Civil, a pesar que no son sustanciales, pues, seg\u00fan se record\u00f3 en CSJ AC4549-2021, una norma ostenta tal car\u00e1cter \u00abcuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254)\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que el 1494 ib\u00eddem se limita a enunciar las fuentes de las obligaciones, sin atribuir un derecho subjetivo (CSJ AC 4 abr. 2013, rad. 2005-00243-01, reiterado en CSJ AC195-2018); el 1495 es definitorio del contrato o la convenci\u00f3n (CSJ AC2897-2019); el 1498 clasifica al acuerdo de voluntades entre conmutativo y aleatorio; y el 1602 consagra un principio general en torno a la fuerza que tiene la voluntad dispositiva, pacta sunt servanda (CSJ AC877-2019 y AC2117-2020, entre otros), por lo que tales disposiciones jur\u00eddicas resultan insuficientes para estructurar un cargo por violaci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n
Sobre el punto, en CSJ AC2133-2020 se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que \u00ab(\u2026) cuando el recurso se finque en la transgresi\u00f3n (directa o indirecta) de normas de car\u00e1cter sustancial, es tarea del impugnante invocar al menos un precepto de esa naturaleza que, \u00abconstituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo\u00bb, haya sido infringido por la decisi\u00f3n que se censura\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en CSJ AC334-2021 se record\u00f3 lo dicho en CSJ AC. 4 dic. 2009, rad. 1995-01090-01 en torno a que cuando se alega la causal primera o segunda de casaci\u00f3n, la invocaci\u00f3n de una norma sustancial, con incidencia en la definici\u00f3n del caso, es indispensable, pues de omitirse: <\/p>\n
(\u2026) \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
La advertida desatenci\u00f3n impide admitir a estudio tales ataques, pues al no conocerse la pauta sustancial que el fallador obvi\u00f3, aplic\u00f3 mal o interpret\u00f3 de forma err\u00f3nea, vano resultar\u00eda cualquier esfuerzo tendiente a constatar la violaci\u00f3n indirecta denunciada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los embates segundo y tercero lucen desenfocados porque discuten que el ad quem ech\u00f3 por tierra la relaci\u00f3n contractual que existi\u00f3 entre Madiautos S.A.S., y Adcap Colombia, con sustento en que soslay\u00f3 las pruebas que demuestran su existencia y trat\u00f3 lo ocurrido entre esas entidades como simples hechos que motivaron la reclamaci\u00f3n, al punto que convirti\u00f3 en inexistente el mandato que sin soluci\u00f3n de continuidad naci\u00f3 de la voluntad de las partes, de ah\u00ed la asimetr\u00eda de la acusaci\u00f3n, dado que no fue esa la raz\u00f3n por la que el fallador confirm\u00f3 la sentencia que desestim\u00f3 el petitum, sino porque vio configurada la caducidad establecida para acallar la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor instaurada, de conformidad con lo previsto en el numeral tercero, art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Con otras palabras, no es que el juzgador haya desconocido el contrato de comisi\u00f3n concertado entre las partes, ni la relaci\u00f3n de mandato que dicho acto aparej\u00f3 entre ellas, lo que pas\u00f3 fue que concluy\u00f3 que la acci\u00f3n judicial en cuesti\u00f3n se ejerci\u00f3 tard\u00edamente, lo cual significa que la arremetida no confronta las verdaderas razones que sustentan el veredicto fustigado, situaci\u00f3n que impide admitirla a estudio. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2394-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-20217). <\/p>\n
Asimismo, el tercer cargo es confuso porque aduce que de haber valorado las pruebas documentales que relaciona en la acusaci\u00f3n, el ad quem habr\u00eda establecido que la convocada infringi\u00f3 el mandato celebrado con Madiautos para la administraci\u00f3n de las 379.746 acciones de Grupo Aval, el cual finaliz\u00f3 el 3 de julio de 2018, sin explicar por qu\u00e9 era esa la conclusi\u00f3n que deb\u00eda imponerse a pesar que en la demanda se narr\u00f3 que el incumplimiento ocurri\u00f3 el 10 de junio de 2009 cuando Adcap Colombia S.A., que era su Comisionista de Bolsa, se neg\u00f3 a cumplir las instrucciones que por escrito le dio la mandante el 5 de junio de 2009, consistentes en trasladar las 379.746 acciones de Grupo Aval a la cuenta de Deceval del depositante directo Global Securities S.A., su nuevo comisionista, y girarle a ella, como propietaria, un cheque por los dividendos; luego, ese reparo es ambiguo e inexacto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el cargo cuarto es gen\u00e9rico porque se limita a criticar las conclusiones probatorias del fallador en procura de imponer su visi\u00f3n sobre el punto, sin preocuparse por hacer ver los defectos de iure que alega. Es as\u00ed como se conforma con decir que de haber aplicado el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el fallador habr\u00eda hecho actuar las citadas normas del C\u00f3digo Civil y concluido que entre las partes existi\u00f3 una relaci\u00f3n contractual desde el 18 de enero de 2006 hasta el 3 de julio de 2018, as\u00ed como que la controversia se dio frente a ese v\u00ednculo jur\u00eddico y no a partir de unos simples hechos que originaron la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
c).- El cargo quinto, que alega inconsonancia, incurre en desenfoque porque sindica al Tribunal de haber declarado, de forma impl\u00edcita, la inexistencia, invalidez o nulidad del contrato de mandato ajustado entre las partes, aun cuando dicha autoridad no se pronunci\u00f3 frente a tal negocio jur\u00eddico porque vio configurada la caducidad de la acci\u00f3n y la declar\u00f3 probada, lo cual significa que el reparo no guarda relaci\u00f3n con los fundamentos de la decisi\u00f3n, sino que se distancia de ellos, falencia que impide aceptarlo a estudio. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo aspecto, en CSJ AC2394-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-20217). <\/p>\n
Como si fuera poco, el embate omite hacer la confrontaci\u00f3n entre las pretensiones, el cuadro f\u00e1ctico trazado en la demanda y lo que entendi\u00f3 el fallador respecto del hecho generatriz del incumplimiento contractual atribuido a la convocada, aun cuando esa labor comparativa era necesaria para hacer ver el desacople alegado. <\/p>\n
Sobre el punto, en AC4592-2018, la Sala destac\u00f3 que <\/p>\n
[t]rat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. De ah\u00ed que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal. <\/p>\n
d).- El cargo sexto acusa el quebranto directo de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Frente al aludido precepto superior, esta Corte ha precisado que aunque la Constituci\u00f3n es norma de normas y por ello aplicable en forma directa a los casos concretos, en algunas circunstancias los preceptos constitucionales no son id\u00f3neos para apalancar, por s\u00ed solos, el motivo de casaci\u00f3n en estudio, pues, como se indic\u00f3 en CSJ AC3883-2019, \u00abpor su estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jur\u00eddicas concretas y, por ende, es la que, en l\u00ednea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario\u00bb. <\/p>\n
Ello es relevante, en la medida que la aludida norma superlativa carece de connotaci\u00f3n sustancial, seg\u00fan se precis\u00f3 en CSJ AC760-2020 comoquiera que \u00ab\u2026establece el debido proceso como derecho fundamental\u00bb y \u00abconsiste en un principio general de orden superior y no una figura jur\u00eddica particularizada, ya que se concreta en las diferentes especialidades de la jurisdicci\u00f3n por temas y es el articulado para cada caso en particular el que merece ser referido\u2026\u00bb. <\/p>\n
Quiere decir que el ataque no indica la pauta sustancial que pudo haber infringido el tribunal, omisi\u00f3n que, como se explic\u00f3 en CSJ AC5335-2017, \u00abpriva a la Corte de uno de los elementos indispensables para cumplir la funci\u00f3n asignada como Tribunal de casaci\u00f3n que, en el \u00e1mbito de la causal invocada, consiste en determinar si la sentencia viol\u00f3 o no la ley sustancial y sin que sea posible a esta Sala suplir, enmendar o completar la tarea del recurrente\u00bb. <\/p>\n
El resto del cargo denuncia el quebranto de otras normas jur\u00eddicas, pero se limita a cuestionar la labor que sobre ellas realiz\u00f3 la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, como si se tratara de un alegato de conclusi\u00f3n tendiente a sustentar la apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia, y no de un recurso de casaci\u00f3n frente al veredicto de segundo grado, situaci\u00f3n que conspira contra la t\u00e9cnica propia de este sendero extraordinario y, por tanto, torna inadmisible la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Distribuidora Mayorista de Autom\u00f3viles, Madiautos S.A.S., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 26 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver, por secretar\u00eda, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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AC6075-2021 (2018-01593-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC6075-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-003-2018-01593-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}