AC6080-2021 (2016-00786-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC6080-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2016-00786-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Jos\u00e9 Herling Villareal S\u00e1nchez para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso de entrega por el tradente al adquirente que promovieron en su contra Rosaura Ch\u00e1vez Prada, Beatriz Elena Penagos Maya, Diana Carolina y Jhon Alexander Sosa Quiroga, a quienes demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el juicio de la referencia los actores solicitaron condenar al demandado a entregarles \u00aben forma real y material (\u2026) el lote de terreno junto con la casa de habitaci\u00f3n en \u00e9l construida, ubicado en la calle 75 No. 23-43 de Bogot\u00e1, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1434782 y c\u00e9dula catastral No. 74A 23 9\u00bb, en virtud del contrato de \u00abcompraventa\u00bb protocolizado en la escritura p\u00fablica n\u00b0 2680 de 17 de octubre de 2015, otorgada ante la Notar\u00eda Veinticinco del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en la que figura como \u00abvendedor\u00bb el hoy recurrente. <\/p>\n
Como sustento esencial de sus aspiraciones relataron que una vez celebrado el contrato y efectuado su registro, el vendedor no efectu\u00f3 la entrega del inmueble vendido en la oportunidad acordada en la cl\u00e1usula sexta del citado documento (fs. 19 a 23 C.1). <\/p>\n
2. Admitido el libelo (25 enero 2017 \u2013 f. 30 C.1) y notificado por conducta concluyente (22 noviembre 2017 \u2013 f. 47 ib.), el convocado se resisti\u00f3 a las reclamaciones de sus contradictores, sin proponer excepciones (fs. 48 a 50 ib.). <\/p>\n
3. En el mismo t\u00e9rmino, el accionado demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n para que se declarara la \u00abnulidad absoluta de la compraventa protocolizada en la escritura p\u00fablica N\u00b0 2.680 el d\u00eda 17 de octubre de 2015 ante la Notar\u00eda 25 del Circulo de Bogot\u00e1 D.C. (\u2026) por faltar a la verdad (falsedad) y falta de consentimiento, causa y precio (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, informar a esa Notar\u00eda y a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 D.C. el contenido favorable de esa pretensi\u00f3n para que anularan la \u00abanotaci\u00f3n n\u00b0 08 en el folio de matr\u00edcula N\u00b0 50C-1434782, que corresponde a la venta del inmueble de la Calle 75 N\u00b0 23-43 (\u2026) de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, condenar a los demandados al pago de los \u00abda\u00f1os morales\u00bb en cuant\u00eda de \u00ab100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb y los \u00abda\u00f1os materiales\u00bb correspondientes al \u00abLucro cesante. Lo dejado de ganar por la venta del inmueble (\u2026) en el 1% que es el inter\u00e9s civil doblado, del valor en que se hizo el precontrato suscrito entre Expresi\u00f3n Constructora SAS y el se\u00f1or Jos\u00e9 Herling Villareal S\u00e1nchez sobre la casa, que corresponde a la suma de $1.100.000.000, desde el d\u00eda 17 de octubre de 2015, lo que arroja un monto de $11.000.000 mensual, hasta el d\u00eda que se declare la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Para respaldar estos pedimentos relat\u00f3 que si bien lleg\u00f3 a un \u00abacuerdo de precontrato\u00bb con los representantes legales de Expresi\u00f3n Constructora S.A.S. respecto del referido inmueble, este no supon\u00eda la \u00abintenci\u00f3n de vender\u00bb a quienes aparecen como compradores en la cuestionada escritura, adem\u00e1s porque dicho precontrato \u00abresult\u00f3 una estafa\u00bb. <\/p>\n
Aunque luego de numerosas presiones verbales y escritas le confiri\u00f3 poder a Carlos Andr\u00e9s Franco Tatis, representante de aquella sociedad, solo lo facult\u00f3 para \u00abfirmar la escritura de venta, pero nunca se le autoriz\u00f3 para vender la propiedad\u00bb, tampoco suministr\u00f3 paz y salvo alguno, no pag\u00f3 los respectivos impuestos y nunca suscribi\u00f3 promesa de compraventa a favor de los supuestos compradores. <\/p>\n
Sin embargo, \u00absin facultad para ello\u00bb, el mandatario y los compradores demandados celebraron el contrato en cuesti\u00f3n y cumplieron los requisitos para la protocolizaci\u00f3n de la venta, todo esto \u00absin su consentimiento\u00bb; hechos que, tiempo despu\u00e9s, puso en conocimiento de las autoridades penales, al enterarse que se trataba de una \u00abestafa masiva\u00bb, pues los \u00absupuestos compradores eran socios del se\u00f1or Rodrigo Granados\u00bb, representante legal de Expresi\u00f3n Constructora S.A.S. <\/p>\n
En esas condiciones, el gestor sostuvo que no vendi\u00f3 el inmueble, ni recibi\u00f3 dinero de los \u00absupuestos compradores\u00bb, tampoco se comprometi\u00f3 a la entrega del bien en ninguna proporci\u00f3n y que a\u00fan manten\u00eda la \u00abposesi\u00f3n en calidad de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, de suerte que la actuaci\u00f3n de los demandados le impidi\u00f3 la \u00ablibre negociaci\u00f3n del inmueble\u00bb, gener\u00e1ndole \u00abperjuicios morales y materiales\u00bb (fs. 54 a 65 C.3). <\/p>\n
4. Admitida la reconvenci\u00f3n (23 febrero 2018 \u2013 f. 72 ib.), Beatriz Elena Penagos Maya guard\u00f3 silencio (23 abril 2018 \u2013 f. 104 ib.), mientras que Rosaura Ch\u00e1vez Prada, Diana Carolina y Jhon Alexander Sosa Quiroga repelieron los hechos y pedimentos del promotor, formulando los medios de defensa que denominaron \u00abinexistencia de causa civil\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n indemnizatoria, por carencia de culpa o dolo, buena fe de los compradores\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva\u00bb y \u00abexcepci\u00f3n de m\u00e9rito gen\u00e9rica\u00bb (fs. 95 a 102 ib.). <\/p>\n
5. Mediante escrito radicado el 2 de septiembre de 2019, Rosaura Ch\u00e1vez Prada, Diana Carolina y Jhon Alexander Sosa Quiroga desistieron de la demanda principal (fs. 80 a 81 C.1); solicitud aceptada por el juez de primera instancia, quien orden\u00f3 continuar el tr\u00e1mite de la demanda de reconvenci\u00f3n (19 septiembre 2019 \u2013 f. 87 ib.). <\/p>\n
6. Agotadas las etapas pertinentes, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones del demandante en reconvenci\u00f3n, declar\u00f3 terminado el proceso y lo conden\u00f3 en costas (15 enero 2020 – fs. 171 a 172 C.3), fallo apelado por ese extremo procesal (fs. 172 y 174 a 192 ib.). <\/p>\n
7. El ad quem neg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por \u00abprejudicialidad penal\u00bb elevada por el apelante ante esa sede (17 junio 2020) y, con posterioridad, confirm\u00f3 la sentencia impugnada e impuso la consecuente condena en costas (30 junio 2020). <\/p>\n
Para ello, destac\u00f3 que la \u00abfalsedad\u00bb de la escritura, la \u00abausencia de consentimiento para enajenar y de precio\u00bb o las divergencias en la \u00abdescripci\u00f3n del bien\u00bb que esgrimi\u00f3 el actor no generaban la \u00abinvalidez absoluta\u00bb del contrato, sino la \u00abinvalidez relativa\u00bb del mismo, no invocada en ese caso. <\/p>\n
Aspectos relacionados con la \u00abextralimitaci\u00f3n en las potestades\u00bb del mandatario que adelant\u00f3 el tr\u00e1mite notarial de venta o el hecho de \u00abno contar con el consentimiento [del mandante] para enajenar\u00bb, no implican la existencia de \u00abobjeto o causa il\u00edcita, incapacidad absoluta de alguno de los contratantes, o la omisi\u00f3n de un requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor del acto\u00bb, \u00fanicas eventualidades de \u00abnulidad absoluta\u00bb previstas en la ley. <\/p>\n
En gracia de discusi\u00f3n, la \u00abfalta de consentimiento\u00bb por \u00aberror, fuerza o dolo\u00bb supone la \u00abnulidad relativa\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1508 del C\u00f3digo Civil; no obstante, en ese concreto asunto, conforme a la literalidad del poder conferido, qued\u00f3 demostrada la voluntad del opugnador de \u00abotorgar amplias facultades\u00bb a su mandante, \u00abadem\u00e1s de suscribir la escritura de venta (\u2026) para que firme los documentos que sean pertinentes, actas de presentaci\u00f3n promesa, otro s\u00ed, escrituras p\u00fablicas de venta, y\/o aclaraci\u00f3n y\/o rescisi\u00f3n \u2026, igualmente \u2026 para dar, recibir, percibir, desistir, transigir, sustituir, pactar precio, cobrar, endosar, aclarar la escritura p\u00fablica y en fin, todas las facultades necesarias para la realizaci\u00f3n de su encargo\u00bb, las cuales por su claridad no admit\u00edan ninguna interpretaci\u00f3n, confusi\u00f3n o juicio de distinci\u00f3n y tampoco consignaban \u00abninguna limitaci\u00f3n sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
Las copias de la \u00abdenuncia\u00bb interpuesta por el demandante en contra de Rodrigo Granados Ram\u00edrez, Carlos Eduardo Franco Tatis y los demandados por los punibles de \u201cconcierto para delinquir, estafa agravada y simple\u201d y el contenido de la censurada \u00abescritura p\u00fablica\u00bb de venta, por s\u00ed mismos \u00abresultan insuficientes\u00bb para apoyar la \u00abcausa il\u00edcita\u00bb que le enrostr\u00f3 a esa negociaci\u00f3n, dada la \u00abincipiente\u00bb etapa procesal en que se encuentra dicha investigaci\u00f3n penal y la imposibilidad de enmarcar las presuntas inconsistencias de la negociaci\u00f3n con alguno de los eventos de \u00abilicitud\u00bb previstos en el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Finalmente, la \u00abausencia de precio\u00bb y la inadecuada \u00abdeterminaci\u00f3n del predio\u00bb son asuntos desvirtuados por el contenido de la escritura p\u00fablica y, en cualquier caso, el incumplimiento del pago del precio por el mandatario o su propia negativa a entregar el fundo a los compradores no encajan en los supuestos de la sanci\u00f3n sustancial alegada, incoada. <\/p>\n
8. El demandante en reconvenci\u00f3n formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n (9 junio 2020), inicialmente desestimado por el Tribunal (24 julio 2020), pero despu\u00e9s concedido por la Corte, con ocasi\u00f3n de la queja interpuesta por el inconforme (AC1148-2021). <\/p>\n
9. Admitido el recurso extraordinario (1\u00ba septiembre 2021) y realizado el traslado al recurrente, lo sustent\u00f3 apoyado en tres cargos (14 octubre 2021). <\/p>\n
<\/p>\n
a. Cargo primero: Acorde con la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el memorialista le enrostra al Tribunal la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (\u2026) por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho\u00bb respecto de los art\u00edculos \u00ab2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2168 del C.C. Colombiano\u00bb. <\/p>\n
El ad quem viol\u00f3 \u00abindirectamente\u00bb las normas del ordenamiento civil al concluir que el \u00abpoder especial conferido al se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s Franco Tatis, para firmar la escritura de compraventa del inmueble, lleva t\u00e1citamente su facultad para vender\u00bb, alcance extensivo que \u00abrompe con el art. 2.157 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Desconoci\u00f3 que el poder, como \u00abesencia\u00bb del mandato, exige el \u00abconsentimiento preciso y concreto del poderdante, sin ello los actos o contratos tienen inexistencia jur\u00eddica\u00bb y \u00abno puede existir obligaci\u00f3n con terceros en un contrato\u00bb, en criterio del opugnador, \u00abfirmar la escritura de compraventa, con todas las facultades no es similar no igual a la facultad de vender\u00bb, pues el citado art\u00edculo, al enunciar la rigurosa forma del mandato, exige que sea \u00abclara y expresa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Cargo Segundo: Con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acusa el fallo por \u00abviolaci\u00f3n indirecta por error de hecho de las normas 1508, 1519, 1618, 1627, 1740, 1741, 1742, 1849, 1857 [del] C. C. Colombiano\u00bb. <\/p>\n
El juez plural omiti\u00f3 la \u00abapreciaci\u00f3n en conjunto\u00bb de los documentos existentes en el proceso, relacionados con la \u00abdaci\u00f3n en pago (folios 79-94)\u00bb celebrada por su mandatario Carlos Andr\u00e9s Franco Tatis con los compradores Beatriz Elena Penagos Maya, Rosaura Ch\u00e1vez Prada, Diana Carolina y Jhon Alexander Sosa Quiroga, prueba que acreditaba la \u00abexistencia de un contrato diferente al plasmado en la escritura p\u00fablica de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Tampoco repar\u00f3 que en la audiencia celebrada el 23 de septiembre de 2018 los tres \u00faltimos contratantes confesaron ante el juez de primera instancia que \u00abrecibieron el bien inmueble como pago de unas obligaciones de la firma Expesi\u00f3n (sic) Constructora S.A.S. y Rodrigo Granados Ram\u00edrez\u00bb, lo que pon\u00eda en evidencia la \u00abfalsedad del contenido de la escritura p\u00fablica\u00bb, que \u00abla compraventa firmada (\u2026) no es real\u00bb y que esta \u00abdifiere de la intenci\u00f3n del poderdante o mandante\u00bb. <\/p>\n
El \u00aban\u00e1lisis y valoraci\u00f3n\u00bb de esos medios de convicci\u00f3n habr\u00eda permitido al Tribunal inferir que se encontraba en presencia de \u00abactos dolosos\u00bb, que los demandados \u00abfaltaban a la verdad\u00bb, que \u00abno exist\u00eda causa l\u00edcita ni objeto l\u00edcito\u00bb en ese negocio y que el \u00abconsentimiento [le] era ajeno\u00bb, razones suficientes para aplicar el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Considerar que la \u00abescritura p\u00fablica es legal y acorde a los par\u00e1metros\u00bb normativos, \u00abviola indirectamente el art\u00edculo 1849 del C.C.\u00bb, ya que un \u00abestudio de la unidad probatoria del proceso\u00bb demostraba que no exist\u00eda \u00abvoluntad natural entre el mandatario y los compradores\u00bb, que \u00abno hubo pago de la cosa, sino una daci\u00f3n en pago\u00bb, en virtud de la cual su mandatario entreg\u00f3 el bien a favor de los presuntos compradores, de manera que era necesario interpretar el contrato acorde con el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 1742 del mismo estatuto, la declaraci\u00f3n de la nulidad absoluta del contrato era obligatoria para el juzgador de segunda instancia, pues bastaba un estudio somero de los \u00abacuerdos de pago total de las obligaciones y la confesi\u00f3n de parte\u00bb para colegir que la compraventa plasmada en la rebatida escritura p\u00fablica ten\u00eda \u00abvicios de fondo en su desarrollo\u00bb e impon\u00eda la verificaci\u00f3n de \u00abactos dolosos con car\u00e1cter delictivo y ocultos\u00bb entre el mandatario y los aparentes compradores, quienes en realidad celebraron una \u00abdaci\u00f3n en pago\u00bb que no pod\u00eda comprometer los intereses del poderdante y propietario del bien, cuya verdadera intenci\u00f3n era la \u00abventa\u00bb. <\/p>\n
Los medios probatorios se\u00f1alados acreditan que los \u00abpresuntos compradores no ten\u00edan la intenci\u00f3n de comprar el inmueble (\u2026) ni el mandatario cumplir la intenci\u00f3n del poderdante\u00bb, empero el Tribunal omiti\u00f3 el an\u00e1lisis de esas \u00abintenciones ocultas\u00bb y la ausencia de \u00abcausa il\u00edcita\u00bb en ese negocio, por lo que desconoci\u00f3 los art\u00edculos 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, adem\u00e1s de \u00abperfeccionar una compraventa\u00bb que no cumple con las exigencias de los art\u00edculos 1849 y 1857 ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Cargo tercero: Basado en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1al\u00f3 el recurrente que en este asunto se incurri\u00f3 en la \u00abnulidad supralegal consagrada en el art\u00educlo (sic) 29 de la Constituci\u00f3n Nacional. Numeral 3 del art\u00edculo 133 del C. G. del Proceso\u00bb <\/p>\n
Lo anterior, con ocasi\u00f3n del \u00abdesistimiento\u00bb de la acci\u00f3n de \u00abentrega del tradente al adquirente\u00bb que presentaron los demandantes principales y que acept\u00f3 el juzgado, sin brindarle el \u00abderecho a la defensa en el proceso\u00bb para demostrar que sus contradictores \u00abno ten\u00edan el derecho a la entrega (\u2026) por la no existencia del pago del precio\u00bb. Irregularidad planteada ante el \u00abjuzgado de primera instancia\u00bb, que omiti\u00f3 pronunciarse sobre la misma, permitiendo el apoderamiento \u00abilegal\u00bb del inmueble por parte de los accionantes, producto de la entrega irregular que les hizo la \u00abarrendataria\u00bb, contra quien adelantaba un proceso de \u00abrestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, la violaci\u00f3n del debido proceso obedece a la negativa del Tribunal a \u00abaplicar la prejudicialidad penal, para suspender el proceso civil\u00bb, con fundamento en la \u00abinvestigaci\u00f3n penal\u00bb adelantada por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1 por el punible de \u00abestafa agravada\u00bb, que constitu\u00eda \u00abcausa justa y procedente\u00bb para acceder a su pedimento de suspensi\u00f3n, de conformidad con los art\u00edculos 161 y 133, numeral 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de \u00e9ste medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, puesto que conforme a los art\u00edculos 346 y 347 del mismo estatuto el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n, sin que pueda perderse de vista que aun en aquellos eventos en los que el ataque supere las formalidades t\u00e9cnicas previstas, la Sala puede ejercer la potestad de la selecci\u00f3n negativa, cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados sin proponer una tesis que justifique un cambio de criterio; cuando son inexistentes los errores endilgados, se han saneado los advertidos o son intrascendentes; y, finalmente, cuando la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2. Ahora bien, si se acude a las causales previstas en los numerales primero y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionados con la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Adicionalmente, trat\u00e1ndose de la segunda causal, corresponde precisar si el vicio deriva de un \u00aberror de derecho\u00bb al desatender una norma probatoria, en cuyo caso deber\u00e1 citarla y justificar puntualmente donde radica la infracci\u00f3n; o si es el resultado de un \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, ser\u00e1 necesario singularizar de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
3. En lo que respecta a la causal consagrada en el numeral quinto del citado art\u00edculo procesal, por \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, falta de convalidaci\u00f3n e inter\u00e9s, puesto que s\u00f3lo lograr\u00edan socavar la determinaci\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su trascendencia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el directo afectado. <\/p>\n
Como se\u00f1al\u00f3 la Corte en CSJ AC4497-2018, <\/p>\n
(\u2026) la alegaci\u00f3n de una causal de nulidad es insuficiente para viabilizar su estudio de fondo, si al sustentar su ocurrencia no se tienen en cuenta los principios de especificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n que la rigen, pues la ausencia de cualquiera de \u00e9stos conducir\u00e1 a descartar la retroacci\u00f3n del tr\u00e1mite cumplido y a la repulsa del escrito de sustentaci\u00f3n, en guarda de caros postulados, como el de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
En otras palabras, el inconforme tiene la carga de demostrar que los hechos alegados se subsumen dentro de alguna de las causales de invalidaci\u00f3n consagradas en la legislaci\u00f3n, que la misma no fue saneada, que est\u00e1 legitimado para invocarla y que la vulneraci\u00f3n es trascendente. <\/p>\n
4. En esta oportunidad, se avizoran varias deficiencias t\u00e9cnicas en los ataques planteados, ninguno de los cuales est\u00e1 llamado a abrirse paso, seg\u00fan se expone a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
4.1. As\u00ed en lo que ata\u00f1e al primer cargo, el censor incumpli\u00f3 la carga de enunciar por lo menos un precepto de estirpe \u00absustancial\u00bb que fuera basilar en la determinaci\u00f3n cuestionada y, en su lugar opt\u00f3, por una relaci\u00f3n aleatoria que no se ajusta a la exigencia del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que dicho talante, esto es, el de \u00abley sustancial\u00bb, solo es predicable de aquellas normas que \u00abcontienen una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u00bb, no as\u00ed de los c\u00e1nones que \u00abse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u00bb (CSJ AC4591-2018. Reiterado en AC2133-2020, AC3599-2018, entre otras). <\/p>\n
No obstante, en abierta contradicci\u00f3n con ese mandato el recurrente enunci\u00f3 disposiciones meramente descriptivas que ata\u00f1en a la clasificaci\u00f3n del \u00abmandato\u00bb (art. 2156 C.C.), las reglas que rigen la conducta del mandatario (art. 2157 ib.) y las facultades que confiere el mandato (arts. 2158, 2159, 2160 y 2168 ib.), en otras palabras, preceptos que simplemente describen el alcance de ese contrato y que por lo mismo adolecen del cariz material o sustancial que inapropiadamente le atribuye el opugnador. <\/p>\n
Y aunque en gracia de discusi\u00f3n se pasara por alto la anterior circunstancia, lo cierto es que el recurrente tambi\u00e9n olvid\u00f3 cumplir la carga que le impon\u00eda el numeral 2\u00ba, literal a), del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, indicar las normas de car\u00e1cter probatorio comprometidas y la explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que fueron infringidas por el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
Contrario a ello, la lectura del escrito de casaci\u00f3n en este punto revela un simple debate sobre la ex\u00e9gesis jur\u00eddica y probatoria del ad quem en torno al \u00abpoder especial conferido al se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s Franco Tatis\u00bb y la \u00abescritura p\u00fablica 2.680 de fecha 17 de octubre de 2015 de la Notar\u00eda 25 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb, sin referencia alguna al desconocimiento de normas instrumentales relacionadas con la petici\u00f3n o aducci\u00f3n de esos medios suasorios o su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se incurre en esta falencia si el juzgador: aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CSJ AC8674 de 2016, rad. 2011-00269-01, entre otras)\u00bb (CSJ AC2520-2017). <\/p>\n
En suma, si el impugnante consideraba que exist\u00eda una afrenta indirecta a la ley sustancial por \u00aberror de derecho\u00bb, le correspond\u00eda demostrar, en forma di\u00e1fana y exacta, la transgresi\u00f3n de una disposici\u00f3n jur\u00eddica de connotaci\u00f3n probatoria en la labor de aducci\u00f3n o apreciaci\u00f3n probatoria y la trascendencia que esa irregularidad del juzgador tuvo en la sentencia acusada, con exclusi\u00f3n de cualquier debate sobre la coherencia de la interpretaci\u00f3n normativa o de las conclusiones plasmadas en la providencia. <\/p>\n
Conviene reiterar en este punto que, trat\u00e1ndose de este recurso extraordinario, la carga de nitidez, cabalidad y exactitud del l\u00edbelo es de irrestricto cumplimiento (cfr. art. 344 CGP), debido a la disimilitud de las causales de casaci\u00f3n, cada una de ellas destinada a disputar t\u00f3picos particulares de la sentencia criticada, que torna incompatible su fusi\u00f3n, seg\u00fan se advirti\u00f3 en la providencia AC982-2019, reiterada en AC3017-2020, donde se precis\u00f3 que, <\/p>\n
[l]os diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n\u00b0 2007-00145-01). <\/p>\n
4.2. Centrada ahora la atenci\u00f3n en el segundo cargo, el recurrente le endilg\u00f3 al ad quem la violaci\u00f3n \u00abindirecta\u00bb por \u00aberror de hecho\u00bb en la \u00abapreciaci\u00f3n en conjunto\u00bb de los documentos adosados para demostrar la \u00abdaci\u00f3n en pago (folios 79-94), entre el mandatario (\u2026) y los se\u00f1ores Rosaura Chavez Prada, Diana Carolina Sosa Quiroga y Jhon Alexander Sosa Quiroga\u00bb, as\u00ed como la \u00abconfesi\u00f3n de los demandantes el d\u00eda 23 de septiembre en la audiencia p\u00fablica llevada a cabo en el Juzgado 42 Civil de Circuito de Bogot\u00e1\u00bb, sin entrar en detalles sobre el contenido y alcance de esos medios de prueba, exteriorizando apenas sus particulares conclusiones frente al raciocinio del Tribunal. <\/p>\n
Sin embargo, para sacar avante este ataque no bastaba esa simple singularizaci\u00f3n de las pruebas sobre las que reca\u00edan las cr\u00edticas del opugnador, quien, a tono con el literal a), del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, estaba obligado a confrontar en forma espec\u00edfica y objetiva lo que cada uno de esos medios suasorios dec\u00eda y lo que el fallador de instancia no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al momento de emitir sentencia. Justamente, como en reciente oportunidad lo indic\u00f3 la Corte, es preciso tener en cuenta que, <\/p>\n
La adecuada proposici\u00f3n de un cargo soportado en la comisi\u00f3n de un dislate f\u00e1ctico le impone al recurrente no solo individualizar las pruebas indebidamente apreciadas, ya sea por omisi\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de su contenido objetivo, sino tambi\u00e9n efectuar la respectiva labor de contraste entre lo que el medio demuestra, y lo que sobre el mismo dedujo o inadvirti\u00f3 el juzgador, a partir de ese labor\u00edo deber\u00e1 quedar en evidencia el yerro en el que incurri\u00f3 el juzgador, haciendo ver de manera di\u00e1fana que la decisi\u00f3n resulta absurda y alejada de la realidad del proceso, pues trat\u00e1ndose de este tipo de yerros, \u00abla labor del impugnante \u2018no puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u2019\u00bb. (CSJ SC2501-2021) <\/p>\n
A esta falencia argumentativa del censor se suma el hecho que, contrario a lo que expuso en su l\u00edbelo, el juzgador plural s\u00ed repar\u00f3 en los referidos medios suasorios, es m\u00e1s, en torno al \u00abincisivo\u00bb reparo del apelante frente a la \u00abescritura p\u00fablica\u00bb por \u00abno contener la realidad de los hechos que la gestaron, como lo son los acuerdos de pago efectuados entre la compa\u00f1\u00eda Expresi\u00f3n Constructora S.A.S. y los demandados tendientes a solucionar unas acreencias a su cargo, (\u2026) soportados documentalmente \u2013 folios 79 a 94 cuaderno 3-\u00bb, destac\u00f3 que se trataba de un t\u00f3pico \u00abaceptado por el extremo pasivo\u00bb, empero advirti\u00f3 que \u00abcontrario a lo estimado por el inconforme, la determinaci\u00f3n de una causa il\u00edcita no guarda relaci\u00f3n directa con esos supuestos\u00bb (30 junio 2020 p. 12). <\/p>\n
En esa medida es claro que la alegaci\u00f3n que en sede de casaci\u00f3n presenta el opugnador apenas sugiere una visi\u00f3n propia sobre la forma como debi\u00f3 resolverse el caso y su discordancia frente a la evaluaci\u00f3n cr\u00edtica del fallador, dejando al descubierto una descontextualizaci\u00f3n de los argumentos de la providencia, su contrariedad con temas de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y de valoraci\u00f3n probatoria, que resultan extra\u00f1os en esta senda extraordinaria, porque la misma no puede ser entendida como instancia adicional para reabrir debates de esa \u00edndole. <\/p>\n
Al respecto, seg\u00fan se precis\u00f3 en CSJ AC 11 sep. 2013, rad. 2006-00131-01, <\/p>\n
(\u2026) el recurrente tampoco se ocup\u00f3 de comprobar los errores de hecho presuntamente cometidos por el Tribunal, habida cuenta que no realiz\u00f3 ninguna comparaci\u00f3n entre el contenido objetivo de los elementos de juicio, lo que de ellos deb\u00eda colegirse y lo que, en definitiva, de los mismos infiri\u00f3 o debi\u00f3 inferir ese juzgador, carga que, como insistentemente lo ha predicado la Sala, no se cumple cuando el impugnador se \u201climita[\u2026] a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u2018El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), (\u2026). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u201d (Cas. Civ., sentencia de 2 de febrero de 2001, expediente No. 5670). <\/p>\n
En complemento, en CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01, citado en AC2195-2016, se precis\u00f3 que en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, es palmario que ninguno de esos eventos es capaz de configurar alguna de las causales de nulidad que taxativamente consagra el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y tampoco se ci\u00f1en a la prevista en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que de manera concreta advierte que ser\u00e1 \u00abnula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, evento que en el caso particular, ni siquiera plante\u00f3 el casacionista al desarrollar el cargo. <\/p>\n
En esas condiciones, al margen de la inconformidad que pueda tener el promotor con las decisiones adoptadas por los juzgadores al definir la suerte del \u00abdesistimiento de la demanda principal\u00bb (19 septiembre 2019) o la solicitud de \u00absuspensi\u00f3n\u00bb del proceso por \u00abprejudicialidad\u00bb (17 junio 2020), lo cierto es que ninguna de ellas supone un vicio de invalidez de lo tramitado, menos a\u00fan, con la entidad suficiente para abrirle paso a la causal quinta de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En suma, al no ce\u00f1irse los ataques propuestos a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnaci\u00f3n, resultan inadmisibles, sin que se aprecien razones que justifiquen darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Jos\u00e9 Herling Villareal S\u00e1nchez, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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AC6080-2021 (2016-00786-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC6080-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2016-00786-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59815","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}