AC6104-2021 (2021-04276-00)<\/p>\n
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AC6104-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04276-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por Nayibe Quintero Moreno frente al auto de 1 de octubre de 2021, por medio del cual se neg\u00f3 el de casaci\u00f3n de la sentencia de 15 de septiembre del mismo a\u00f1o, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal que adelant\u00f3 en contra de Miguel Alberto Betancourt Ochoa, Arcenio Eur\u00edpides Betancourt Mu\u00f1oz y Mar\u00eda de Jes\u00fas Ochoa de Betancourt. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
2.-La accionante pidi\u00f3 \u00abdeclarar la inexistencia y\/o ineficacia del acto jur\u00eddico de Resciliaci\u00f3n contenido en la Escritura P\u00fablica No 1027 del 9 de abril de 2018 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Duitama\u00bb, para obtener que el Apartamento 401 del Edificio Sergio Abad\u00eda Arango ubicado en la carrera 21 # 37-30 de esta ciudad siga perteneciendo a la sociedad conyugal conformada entre Nayibe y Miguel Alberto. En subsidio reclam\u00f3 la nulidad absoluta del instrumento, con la consecuente reparaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios estimados en $20\u2019000.000 (fls. 40 a 49 y 63 a 72 cno.1 rad. 2019-00212). <\/p>\n
3.-Los demandados se opusieron y excepcionaron que el acto cuestionado corresponde a \u00abun contrato valido y celebrado de buena fe exenta de culpa\u00bb; la \u00abausencia de los requisitos para invocar la nulidad absoluta con fundamento en causar un fraude y perjuicios a la sociedad conyugal\u00bb; la \u00abausencia de las causales para decretar la nulidad absoluta por conocimiento de la actora y actuaci\u00f3n de esta\u00bb y la de que el instrumento corresponde a \u00abun contrato simulado -que genera simulaci\u00f3n relativa a favor de la sociedad conyugal formada por los se\u00f1ores Miguel Alberto Betancourt Ochoa y Nayibe Quintero Moreno\u00bb. <\/p>\n
4.-El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia anticipada proferida en audiencia del 6 de mayo de 2021, declar\u00f3 probada la primera de las defensas y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
5.-El superior, al desatar la alzada de la promotora en pronunciamiento de 15 de septiembre de 2021, confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
6.-La gestora interpuso recurso de casaci\u00f3n en tiempo, que neg\u00f3 la Magistrada Ponente en auto de 1\u00b0 de octubre siguiente, porque no le asiste inter\u00e9s para disentir si se tiene en cuenta que el aval\u00fao catastral que ten\u00eda el inmueble en disputa para 2018, incrementado en la mitad, dar\u00eda un valor de $610\u2019872.000, que al ser actualizado a la fecha del fallo \u00abno alcanza al requerido para recurrir en casaci\u00f3n; pues el \u00edndice de precios al consumidor del a\u00f1o 2019, estuvo en 3.80% y en 2020 alcanz\u00f3 el 1.61%, guarismos que aplicados a la suma inicial dar\u00eda como resultado $644.293.906,00\u00bb, que es inferior a $908\u2019526.000. Adem\u00e1s, \u00abel interesado, tampoco aport\u00f3, pudiendo hacerlo, dictamen pericial que acreditara que el valor del inmueble era superior\u00bb. <\/p>\n
7.-La opugnadora interpuso reposici\u00f3n contra dicho prove\u00eddo y en subsidio queja, en vista de que al no concederse el ataque extraordinario se \u00abest\u00e1n violando normas sustanciales como procedimentales\u00bb, debi\u00e9ndose ejercer un \u00abcontrol de legalidad, para velar por los errores cometidos en el transcurso del proceso\u00bb al proferir sentencia anticipada sin evacuar los testimonios relevantes para que fuera otra la determinaci\u00f3n, fuera de que se desatendi\u00f3 la presencia de \u00abactos de violencia intrafamiliar por parte del accionado se\u00f1or Miguel Alberto Betancourt\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00absi la negativa del recurso extraordinario de casaci\u00f3n se sustenta en la cuant\u00eda, el apartamento objeto de la presente lites est\u00e1 costando alrededor de $1.400\u2019000.000,oo\u00bb. <\/p>\n
8.-El ad quem mantuvo su posici\u00f3n al estimar que la censora plantea \u00absituaciones ajenas o extra\u00f1as a los requisitos dispuestos por el legislador para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario\u00bb y que para el evento consiste en \u00abla acreditaci\u00f3n por parte del censor de una resoluci\u00f3n desfavorable superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales, motivo por el que se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n\u00bb, sin que obren elementos de convicci\u00f3n en el expediente donde conste que dicho monto se supera. <\/p>\n
9.-Al arribo de las diligencias a la Corte se surti\u00f3 el traslado de rigor y la contraparte guardo silencio. <\/p>\n
10.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo recae en las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que no tiene incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simult\u00e1neamente con la interposici\u00f3n del embate o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
De todas formas, la fijaci\u00f3n del malogro debe concretarse al momento en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado. <\/p>\n
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2. En esta ocasi\u00f3n resulta atinada la decisi\u00f3n de negar el remedio interpuesto ante la orfandad demostrativa de que el inter\u00e9s de la perdedora exced\u00eda el tope fijado por la ley adjetiva para habilitarlo en un asunto que es eminentemente de contenido patrimonial. <\/p>\n
Fue tan certero el escudri\u00f1amiento que sobre el particular realiz\u00f3 la Magistrada Ponente de segundo grado, que ning\u00fan descontento ofrece la inconforme sobre la labor desarrollada para cuantificar el estimado del aval\u00fao comercial del bien al que se refiere el instrumento en discordia, limit\u00e1ndose a asegurar sin ton ni son que \u00abel apartamento objeto de la presente lites est\u00e1 costando alrededor de $1.400\u2019000.000,oo\u00bb, pero sin expresar de qu\u00e9 piezas de convicci\u00f3n puede extraerse dicho resultado o allegar, as\u00ed fuera tard\u00edamente, alguna experticia que sirviera de sustento a tan tajante afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
La pasividad de la demandante no pod\u00eda generar otra consecuencia que el efecto adverso que busca replantear con la queja, sin siquiera suministrar argumentos relacionados con alg\u00fan exabrupto cometido por la funcionaria o que se desatendieron pruebas oportunamente allegada que den cr\u00e9dito a su pensar, m\u00e1xime cuando al subsanar el libelo precis\u00f3 que \u00abla cuant\u00eda est\u00e1 determinada por el valor del bien inmueble afectado por la Resciliaci\u00f3n que seg\u00fan la certificaci\u00f3n catastral aportada al proceso, es de $ 407.248.000,oo (\u2026) y el valor estimado de los perjuicios $20.000.000,oo (\u2026), los cuales suman $427.248.000,oo\u00bb, lo que quiere decir que acog\u00eda como estimativo comercial del apartamento el aval\u00fao catastral. <\/p>\n
A pesar de que la vencida se abstuvo de aportar experticia con el prop\u00f3sito de despejar cualquier sombra de duda sobre el precio del bien, la falladora ad quem aplic\u00f3 un criterio de la experiencia que pod\u00eda beneficiar a la accionante y result\u00f3 infructuoso, el cual ni siquiera fue debatido, por lo que la Corte queda relevada de su escrutinio. Si bien en el estimativo no se tuvo en cuenta la carga reparadora por $20\u2019000.000 que se ped\u00eda imponer a los contradictores, dicha suma de todas maneras resultar\u00eda insuficiente para favorecer las expectativas de la afectada con el resultado adverso. <\/p>\n
Toda vez que el litigio era indiscutiblemente de estirpe econ\u00f3mica y sin que el quantum del perjuicio excediera el tope previsto para habilitar el acceso a la v\u00eda excepcional, resultan infructuosas las discusiones sobre vicios procesales o la desatenci\u00f3n de aspectos relacionados con \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb que ameritaran un pronunciamiento bajo los lineamientos de \u00abenfoque de g\u00e9nero\u00bb, puesto que la restricci\u00f3n establecida en el primer inciso del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido de que \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, es meramente objetiva y no constituye un aspecto susceptible de atenuaci\u00f3n dependiendo de las variables propias de cada pleito. <\/p>\n
Sobre el particular en CC C-213\/17, al declarar exequible la expresi\u00f3n \u00absea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)\u00bb del citado precepto, se estim\u00f3 que <\/p>\n
[e]n la disposici\u00f3n que se analiza, a diferencia de otras normas que la Corte encontr\u00f3 inconstitucionales por hacer depender la procedencia de algunos recursos judiciales \u2013apelaci\u00f3n y revisi\u00f3n- de los ingresos de las personas, no es ello lo que ocurre: ni los ingresos del recurrente ni su capacidad econ\u00f3mica se fijan como punto de partida. El criterio que fue seleccionado por el legislador est\u00e1 relacionado con el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable en la sentencia cuyo quiebre se solicita y, en esa medida es un criterio admisible. No es posible para la Corte -y los demandantes no lo demuestran- establecer una equivalencia necesaria entre el incremento del inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir en casaci\u00f3n y la afectaci\u00f3n de grupos especialmente protegidos. Dicho de otra forma, la regulaci\u00f3n adoptada hace depender la casaci\u00f3n no de los sujetos sino de la cuant\u00eda de las disputas. No puede afirmarse que controversias de alto valor se encuentren siempre relacionadas con sujetos ubicados en una posici\u00f3n econ\u00f3micamente privilegiada en la sociedad o que disputas con cuant\u00edas menores se presenten \u00fanicamente entre sujetos en situaci\u00f3n de debilidad. Los defectos sobreinclusivos o infrainclusivos, siempre dif\u00edciles de controlar en una regulaci\u00f3n de car\u00e1cter general, pueden considerarse comprendidos por el poder de regulaci\u00f3n del legislador, a menos que impliquen una negaci\u00f3n de las posibilidades de acceso al sistema estatal de justicia a un grupo determinado o determinable de sujetos. Sin embargo, la norma acusada no est\u00e1 regulando una instancia ni el contenido esencial del derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia, y mucho menos est\u00e1 estableciendo una limitaci\u00f3n acceso a la misma a partir de criterios subjetivos, esto es, en raz\u00f3n de los sujetos que acuden a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Consecuentemente, resultaba infructuosa la impugnaci\u00f3n, como certeramente previ\u00f3 el sentenciador de segundo grado y ahora se reconoce. Si bien de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, hay lugar a imponer costas a la parte que \u00abse le resuelva desfavorablemente el recurso de (\u2026) queja\u00bb, se prescinde de ese ordenamiento en esta ocasi\u00f3n ya que no aparecen causadas, como lo permite el numeral 8 ib\u00eddem. <\/p>\n
11.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de 15 de septiembre del mismo a\u00f1o, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal de Nayibe Quintero Moreno contra Miguel Alberto Betancourt Ochoa, Arcenio Eur\u00edpides Betancourt Mu\u00f1oz y Mar\u00eda de Jes\u00fas Ochoa de Betancourt. <\/p>\n
Segundo: No condenar en costas. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n surtida a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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