AC6120-2021 (2021-04641-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC6120-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04641-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Sahag\u00fan y su hom\u00f3logo Veintisiete de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Cecilia del Rosario Hoyos Daniels. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito inicial, radicado en abril de 2015, ante el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, la actora pretendi\u00f3 la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno que forma parte de un lote de mayor extensi\u00f3n ubicado en esa localidad. En el ac\u00e1pite pertinente se indic\u00f3 que la competencia ven\u00eda dada por el lugar donde se encuentra el predio. <\/p>\n
2. El aludido juzgador admiti\u00f3 inicialmente la demanda (auto de 24 de abril de 2015), pero con posterioridad decidi\u00f3 \u2013de oficio- aplicar el canon 28-10 del C\u00f3digo General del Proceso, rechazando la demanda y ordenando repartirla entre los jueces civiles del circuito de Bogot\u00e1, en consideraci\u00f3n a que all\u00ed tiene su domicilio la entidad demandante. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n, arguyendo que \u00abla ANI decidi\u00f3 radicar su demanda en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien, raz\u00f3n por lo que dicha conducta, conllevo a que renunciara al fuero previsto en el art\u00edculo 28-10 del CGP, fuero que de acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es de car\u00e1cter renunciable, por lo que entonces debe darse aplicaci\u00f3n al fuero real previsto en el art.28-7 del CGP.\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Incompatibilidad entre dos reglas de competencia privativa (numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
Asuntos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n del Despacho armonizan con eventos de competencia privativa; sin embargo, resulta impostergable destacar que la demanda en referencia puede subsumirse en dos supuestos de asignaci\u00f3n legal excluyente: los previstos en los numerales 7 y 10 del referido art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seg\u00fan la primera regla citada, \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y al amparo de la segunda, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si la aplicaci\u00f3n de esas reglas genera incompatibilidades (lo que ocurrir\u00e1, por v\u00eda de ejemplo, cuando una entidad territorial, una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica con domicilio en una municipalidad formule demanda para hacer efectivo un derecho real relacionado con un inmueble ubicado en otro lugar distinto), es imperativo establecer pautas de prelaci\u00f3n, para determinar, con certeza, a qu\u00e9 funcionario asignar el conocimiento del asunto. <\/p>\n
5. Fundamento hist\u00f3rico del fuero territorial para las entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
Seg\u00fan se expondr\u00e1, las reglas de prelaci\u00f3n favorecen la aplicaci\u00f3n del foro previsto en el numeral 10 ya referido, respuesta jurisdiccional que se deduce del decurso de la normativa procesal respecto del conocimiento de procesos (civiles) en los que el Estado es parte. En efecto, a partir de la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1971, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte5, siendo la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de asignaci\u00f3n6. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda7, de modo que en los dem\u00e1s casos (los de m\u00ednima cuant\u00eda) el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se adjudicaba a los jueces civiles municipales, en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Posteriormente, la reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, elimin\u00f3 definitivamente ese fuero especial8. <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las soluciones estudiadas, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto (como suced\u00eda entre 1989 y 2003), sino con el factor territorial, al decir \u2013se insiste\u2013 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
6. Caso concreto. <\/p>\n
Cierto es, como en su momento lo destac\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, que a partir de la expedici\u00f3n del auto CSJ AC140-2020, 24 ene., la Sala de Casaci\u00f3n Civil unific\u00f3 su criterio en el sentido de privilegiar el factor de asignaci\u00f3n subjetivo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en aquellas situaciones en que el mismo resulta enfrentado al fuero real que contempla el numeral 7 de ese mismo precepto. <\/p>\n
Sin embargo, la controversia bajo estudio no puede zanjarse con fundamento en dicha hermen\u00e9utica, por cuanto la demanda de expropiaci\u00f3n con que tuvo su inicio este litigio se radic\u00f3 en el mes de abril de 2015, es decir, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil9, de manera que las reglas de competencia que aqu\u00ed resultan aplicables son las previstas en ese cuerpo normativo. <\/p>\n
As\u00ed lo dispone, en forma expresa, el art\u00edculo 624 C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la \u00abcompetencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley elimine dicha autoridad\u00bb y en la misma direcci\u00f3n el numeral 8 del canon 625 de la codificaci\u00f3n en cita dispone que las \u00abreglas sobre competencia previstas en este C\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
Lo anotado implica que el primero de los falladores enfrentados no estaba facultado para desprenderse del conocimiento del juicio en referencia, puesto que el inmueble sobre el que versan las pretensiones se encuentra en el municipio de Sahag\u00fan y, conforme al numeral 10 del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abEn los procesos divisorios, de deslinde y amojonamiento, de expropiaci\u00f3n, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restituci\u00f3n de tenencia, de declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes\u00bb. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que en el asunto que se examina, el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan asumi\u00f3 competencia desde el 24 de abril de 2015, raz\u00f3n adicional por la cual no le era factible repeler las diligencias \u2013y menos de manera oficiosa- en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis que rige en materia civil, el cual, valga resaltarlo, no encuentra excepci\u00f3n en este procedimiento, ante la inaplicabilidad de las reglas de competencia que prev\u00e9 el C\u00f3digo General del Proceso10. <\/p>\n
Sobre el particular, el precedente de la Sala ense\u00f1a que <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d (CSJ AC2103-2014, 28 abr. 2014, rad. 2014-00555-00)\u00bb (CSJ AC5451-2016, 25 ago.). <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan debe seguir conociendo del proceso de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n surtida al citado estrado judicial e informar lo decidido a la otra agencia involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 16, numeral 1, C\u00f3digo de Procedimiento Civil (seg\u00fan su texto original): \u00abLos jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los contenciosos en que sea parte la Naci\u00f3n, un departamento, una intendencia, una comisar\u00eda, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial o comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de econom\u00eda mixta\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 En este contexto, resultaban absolutamente coherentes las pautas 17\u00aa y 18\u00aa del art\u00edculo 23 de la citada codificaci\u00f3n, que, en su orden, dispon\u00edan: \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte la naci\u00f3n, conocer\u00e1 el juez del circuito de la vecindad del demandado, y de aquellos en que la naci\u00f3n sea demandada, el del domicilio del demandante\u00bb, y \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una intendencia, una comisar\u00eda, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de econom\u00eda mixta, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando \u00e9sta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecer\u00e1 el fuero de aqu\u00e9lla\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 \u00abSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia los siguientes procesos: 1. Los contenciosos de mayor y menor cuant\u00eda en que sea parte la Naci\u00f3n, un departamento, una intendencia, una comisar\u00eda, un distrito especial, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial y comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de econom\u00eda mixta, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n contencioso – administrativa\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 El numeral 1 del citado art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u00abSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o las entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
9\u0002 De conformidad con el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 a regir \u00edntegramente en todo el pa\u00eds solo a partir del 1 enero de 2016. <\/p>\n
10\u0002 En el auto de unificaci\u00f3n ya citado (AC140-2020, 24 ene.) la Corte precis\u00f3 que \u00ab(…) En el art\u00edculo 16 del nuevo estatuto procesal civil se estableci\u00f3 la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, raz\u00f3n por la cual, los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas\u00bb. <\/p>\n
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