AC6136-2021 (2021-04622-00)<\/p>\n
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AC6136-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04622-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de atribuci\u00f3n suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito, Segundo de Sincelejo y Veintiuno de la capital de la Rep\u00fablica, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA \u2013ANI, frente a ENRIQUE ANTONIO QUIROZ P\u00c9REZ y la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora del litigio, solicit\u00f3 decretar a su favor, con fundamento en la utilidad p\u00fablica del proyecto vial \u201cconexi\u00f3n Antioquia-Bol\u00edvar\u201d, la expropiaci\u00f3n del predio segregado de otro de mayor extensi\u00f3n situado en Santiago de Tol\u00fa, Sucre, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 340-33853, cuyo derecho real y principal de dominio est\u00e1 radicado en Enrique Antonio Quiroz P\u00e9rez, y en el cual, el INCORA hoy Agencia Nacional de Tierras, detenta unas servidumbres de tr\u00e1nsito y acueducto. <\/p>\n
En tal inter\u00e9s, finc\u00f3 la competencia en los juzgadores de Sincelejo, en raz\u00f3n de la ubicaci\u00f3n del bien y su cuant\u00eda, \u00faltima que estim\u00f3 en la suma de \u201cVEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M\/L ($22.735.455)\u201d1. <\/p>\n
2. El estrado Segundo Civil del Circuito de la prenombrada municipalidad, a quien le fue repartida la demanda, la rechaz\u00f3 por competencia, al considerar que el tr\u00e1mite le concierne a sus pares de Bogot\u00e1, comoquiera que all\u00ed converge el domicilio principal del ente promotor del pleito, quien por su naturaleza p\u00fablica, amerita la aplicaci\u00f3n perentoria del foro d\u00e9cimo del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
3. A su vez, la Juez Veintiuno Civil del Circuito de la urbe distrital de destino, tambi\u00e9n se abstuvo de avocar conocimiento, y en efecto, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se desata, con sustento en que el criterio real contemplado en el \u00edtem s\u00e9ptimo del referido art\u00edculo 28, adscribe la asignaci\u00f3n en la judicatura remitente, conforme al sitio del fundo a expropiar, y a la renuncia de la interesada al factor subjetivo3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del proceso especial de expropiaci\u00f3n motivo de an\u00e1lisis, en el que se discute si es viable atender el foro prevalente a que alude el \u00edtem 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o si la pluralidad de sujetos procesales de car\u00e1cter p\u00fablico, y la renuncia a este factor, concitan la adopci\u00f3n del numeral 7\u00ba de dicho precepto. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
En raz\u00f3n a que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d4. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que, se reitera, el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ejusdem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales o de aquellos que espec\u00edficamente enlista el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
Los eventos de renuncia al fuero subjetivo, como el presente, fueron zanjados y cobijados por el auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia dictado el 24 de enero de 2020 (AC140-2020), traduci\u00e9ndose dicho precedente, en expresi\u00f3n mayoritaria de la Sala, y gu\u00eda indiscutible para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se susciten, como as\u00ed se constat\u00f3 en el precitado fragmento jurisprudencial y lo confirman los que se resaltan enseguida: <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Corroborada la informaci\u00f3n allegada con la demanda y la de p\u00fablico acceso que reposa en la p\u00e1gina web de la entidad5, se advierte que la demandante es \u201cuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u201d, cuyo domicilio o asiento principal se halla en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Verificada tal calidad, se arriba al art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, seg\u00fan el cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, lo que permite ratificar la pertinencia de subsumir a la demandante en la pauta d\u00e9cima del canon 28 referido, y conlleva en l\u00ednea con lo discurrido, a desestimar por improcedente la renuncia al fuero subjetivo aducida por el fallador concernido de la capital, para desprenderse del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Y aunque no pasa desapercibido que tambi\u00e9n la Agencia Nacional de Tierras, es una entidad de quien se ha predicado un linaje p\u00fablico, que en principio har\u00eda pensar en una concurrencia subjetiva, lo cierto es, que su vinculaci\u00f3n al proceso obedece a que sobre la heredad objeto de las pretensiones ejerce las servidumbres de acueducto y tr\u00e1nsito, lo que no significa que sea en estricto sentido la parte accionada en el pleito, pues de acuerdo a la regla primera del canon 399 del actual c\u00f3digo de enjuiciamiento, la demanda de expropiaci\u00f3n \u201cse dirigir\u00e1 contra los titulares de derechos principales sobre los bienes\u2026\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior cumple se\u00f1alar, de un lado, que en armon\u00eda con lo dicho inauguralmente, esa titularidad est\u00e1 radicada en Enrique Antonio Quiroz P\u00e9rez, como propietario del bien a expropiar, y de otro, que conforme al precepto 883 del C\u00f3digo Civil, las servidumbres no pueden existir de forma aut\u00f3noma, puesto que son \u201cinseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen\u201d, de ah\u00ed su car\u00e1cter de accesorias y la raz\u00f3n para desvirtuar una concurrencia de sujetos procesales de naturaleza p\u00fablica, que pudiera conllevar a la adopci\u00f3n del fuero real. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Dado que de la precursora del litigio emergen garant\u00edas prevalentes e irrenunciables, propias de una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico, cuyo asiento cardinal se halla en Bogot\u00e1, se orientaran las diligencias a la judicatura involucrada de esa urbe, en atenci\u00f3n al \u00edtem d\u00e9cimo contemplado en el canon 28 del actual compendio adjetivo civil, en armon\u00eda con las previsiones 13 y 29 ejusdem. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Anexo 02. Demanda Expropiaci\u00f3n <\/p>\n
2\u0002 Folios 96, ib\u00eddem <\/p>\n
3\u0002 Anexo 05. Auto Propone Conflicto Competencia. <\/p>\n
4\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n