AC6140-2021 (2021-02838-00)<\/p>\n
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AC6140-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-002838-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Petitum: La demandante convoc\u00f3 al se\u00f1or Jorge Eduardo Amador Quijano (Q.E.P.D) y, posteriormente, a sus herederos determinados e indeterminados, para que se declare que entre ellos existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho desde el 15 de marzo de 1995 hasta el 20 de enero del 2015. Igualmente, pidi\u00f3 que se declare disuelta la sociedad patrimonial dimanada durante el mismo lapso1. <\/p>\n
2. Causa petendi: La actora se\u00f1al\u00f3 que, entre ella y el demandado, \u00abinici\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho\u00bb desde el 15 de marzo de 1995 y subsisti\u00f3 de manera continua por un periodo superior a los dos a\u00f1os. La disoluci\u00f3n acaeci\u00f3 el d\u00eda 20 de enero de 2015, vinculo del cual no procrearon descendientes2. As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que en dicha comunidad hay varios bienes bajo su titularidad, y que ninguno de los dos compa\u00f1eros ten\u00eda deudas en su haber patrimonial. <\/p>\n
Apuntal\u00f3 que el se\u00f1or Jorge Eduardo Amador Quijano celebr\u00f3 contrato de fidecomiso civil en favor de los se\u00f1ores Ilsa Patricia, Miriam Luz, Alba Elizabeth y Eduardo Amador Cubillos, \u00abdisponiendo\u00bb de inmuebles de la sociedad sin el consentimiento de su \u00abcompa\u00f1era\u00bb3. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El 23 de noviembre de 2020, el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho. Sin embargo, estim\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial4. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: El 1 de junio de 2021, el superior, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por la demandante, confirm\u00f3 la sentencia en su totalidad. Con base en que la interrupci\u00f3n del proceso por el fallecimiento del causante no se consum\u00f3, en tanto que la notificaci\u00f3n de la demanda se surti\u00f3 de manera posterior a su deceso. Por ende, para esa fecha no hab\u00eda adquirido el car\u00e1cter de parte procesal. <\/p>\n
Aunado a lo antedicho, el ad quem ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primera instancia. Anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[Con todo, y en gracia de discusi\u00f3n, no puede olvidarse que la interrupci\u00f3n del proceso est\u00e1 contemplada en favor de quien puede ver afectado su derecho a la defensa en un proceso judicial por el acaecimiento de alguno de los hechos previstos en el art\u00edculo 159 procesal que, en este caso, ser\u00edan los sucesores del se\u00f1or Amador Quijano quienes en caso de haberse surtido alg\u00fan acto procesal durante la supuesta interrupci\u00f3n, hubieran podido solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, con fundamento en el art\u00edculo 133-3 del C\u00f3digo General del Proceso y al no proceder de esta forma dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la fecha en que ces\u00f3 la causa, se considera saneada, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 136 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
Puede concluirse entonces, que a\u00fan en el evento de que se hubiese presentado la supuesta interrupci\u00f3n, los \u00fanicos legitimados para alegarla ser\u00edan los sucesores de donJorge Eduardo, argumento adicional para afirmar que carece de todo fundamento la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual, no oper\u00f3 la prescripci\u00f3n debido a que el proceso estuvo interrumpido desde el fallecimiento del causante hasta la notificaci\u00f3n del \u00faltimo de los demandados y en consecuencia, la decisi\u00f3n adoptada por la a-quo recibir\u00e1 el respaldo de la Sala \u00bb5. <\/p>\n
En ese orden, los esfuerzos de la accionante para interrumpir el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de su acci\u00f3n resultaron en vano, pues del estudio del plenario se se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPor contera, descontando los 85 d\u00edas durante los cuales el proceso no estuvo a su disposici\u00f3n, los demandados determinados e indeterminados debieron ser enterados de la acci\u00f3n a m\u00e1s tardar el 7 de julio de 2016, mediante la notificaci\u00f3n del auto admisorio pero no fue as\u00ed, las diligencias correspondientes se culminaron tan solo hasta 31 de agosto de dos mil 2018, transcurridos m\u00e1s de tres a\u00f1os desde la notificaci\u00f3n a la demandante del auto admisorio de la demanda, por ello es f\u00e1cil concluir que oper\u00f3 de manera indiscutible el fen\u00f3meno prescriptivo planteado por los demandados. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que pese a la deducci\u00f3n de ochenta y cinco d\u00edas al t\u00e9rmino del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso por circunstancias constitutivas de fuerza mayor, la inactividad de la demandante fue de tal magnitud, que super\u00f3 este lapso desatendiendo adem\u00e1s los requerimientos que la Juez en prove\u00eddos de julio 1\u00ba de 2015 y agosto 5 de 2015 le hizo para que se apersonara del proceso, so pena de dar aplicaci\u00f3n lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb6. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 el extremo activo. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal, mediante prove\u00eddo de 25 de junio de 2021, no accedi\u00f3 a tramitarlo. Ello puesto que <\/p>\n
\u00abTenemos que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (CGP 338), que a la fecha ascienden a la suma de $908.526.000 pesos, raz\u00f3n por la cual, es necesario determinar la cuant\u00eda de la eventual afectaci\u00f3n patrimonial de la demandante. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La cuant\u00eda se debe establecer con los elementos de juicio que obren en el expediente en virtud de que no se aport\u00f3 dictamen pericial (CGP 339). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso la ahora recurrente. Para el efecto, plasm\u00f3 sus premisas impugnatorias as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEn efecto, su despacho concluy\u00f3 que el valor de los bienes, exceptuados los que fueron objeto del fideicomiso, ascend\u00eda a $350.990.000.00, para cuyo ejercicio \u00fanicamente tuvo en cuenta el precio indicado en los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n, los cuales datan de m\u00e1s de 10 a\u00f1os, sin actualizaci\u00f3n alguna; no obstante, pericialmente se ha determinado que supera, no s\u00f3lo el valor extra\u00eddo por el Tribunal, sino el monto requerido por el art\u00edculo 338 ib\u00eddem. <\/p>\n
Para acreditar este aserto, le ruego tener en cuenta las experticias que me permito incorporar con este escrito, una de las cuales fue realizada por la firma \u201cConsultor\u00eda. – Topograf\u00eda. – Valuaci\u00f3n- LUIS ENRIQUE GRIJALBA\u201d, en el a\u00f1o 2019, \u00e9poca para la cual, \u00fanicamente los bienes ra\u00edces que admiti\u00f3 y justiprecio el Tribunal, ascend\u00eda a la suma de $1.431.613.450, quantum este que, adem\u00e1s de desbordar el exigido por el art\u00edculo 338 supracitado, acredita el cumplimiento del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, por raz\u00f3n de la cuant\u00eda\u00bb8. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 19 de julio de 2021. El Tribunal destac\u00f3 que los argumentos esgrimidos por la quejosa no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad pues : <\/p>\n
\u00ab Al interponerse el recurso extraordinario la demandante se limit\u00f3 a indicar: \u201cpresento recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida por el despacho a su digno cargo el d\u00eda 1\u00ba de junio de 2021 en el proceso de la referencia\u201d, sin hacer uso de la facultad prevista en la ley, debiendo en consecuencia decidirse conforme a la primera parte de la norma citada, como lo se\u00f1ala la jurisprudencia, as\u00ed se precis\u00f3 en la providencia confutada logr\u00e1ndose establecer que el perjuicio acreditado no superaba la cuant\u00eda de que trata el art\u00edculo 338 procesal. <\/p>\n
Con el recurso de reposici\u00f3n se alleg\u00f3 el dictamen pericial con el que se pretende demostrar un valor diferente al que obra en el proceso, el cual no puede ser valorado en este momento, como quiera que los recursos est\u00e1n consagrados para que el funcionario que profiri\u00f3 la providencia pueda corregir los errores de juicio y, eventualmente, de actividad que afecten sus decisiones, no para subsanar las omisiones de los litigantes, pues no constituye una oportunidad adicional para aportar documentos que debieron allegarse con la interposici\u00f3n del recurso extraordinario(\u2026)\u00bb9. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine si el prove\u00eddo impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n estuvo o no ajustado al ordenamiento. <\/p>\n
2. Pues bien, al tenor del canon 333 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de casaci\u00f3n se distingue por su car\u00e1cter extraordinario. A su turno, los requisitos para que el fallo pueda ser acusado ante la Corte, se circunscriben a sentencias emitidas por los Tribunales Superiores, en \u00absegunda instancia\u00bb, \u00aben toda clase de procesos declarativos\u00bb; \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, y \u00ablas dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil recae, \u00fanicamente, en las de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas, el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales, el art\u00edculo 339 ejusdem impone que, cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. Tal disposici\u00f3n consagra una carga para aqu\u00e9l de demostrar el quantum del detrimento que le ocasiona la providencia, simult\u00e1neamente con la radicaci\u00f3n del embate, o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso para esa finalidad, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo. En tal caso, ser\u00e1 tarea del funcionario constatarlo, sin que le est\u00e9 autorizado decretar pruebas adicionales a las existentes. <\/p>\n
De cualquier forma, la fijaci\u00f3n del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es, la fecha de la decisi\u00f3n cuestionada, y contar con bases susceptibles de verificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En los pleitos sobre las uniones maritales se distingue la faceta relacionada con el estado civil del aspecto patrimonial. De ah\u00ed que la inconformidad del recurrente en esta senda, cuando gravita en la perspectiva econ\u00f3mica, torna indispensable acreditar el justiprecio para la concesi\u00f3n del recurso. <\/p>\n
En un asunto de an\u00e1logo temperamento, la Sala recab\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[L]a foliatura evidencia que la inconformidad del recurrente no radica en la declaratoria de existencia de la referida uni\u00f3n marital de hecho (pues fue \u00e9l quien elev\u00f3 ese reclamo a la jurisdicci\u00f3n), sino en los extremos temporales entre los que se habr\u00eda desenvuelto el referido v\u00ednculo, aspecto trascendente para establecer la composici\u00f3n del haber de la sociedad patrimonial que de all\u00ed se habr\u00eda derivado. <\/p>\n
Entonces, si el litigio se restringe a determinar el hito inicial de la uni\u00f3n marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de esa declaraci\u00f3n judicial, aspecto este que, en puridad, es esencialmente econ\u00f3mico. (…) As\u00ed, en casos como este el quantum del detrimento patrimonial debe establecerse \u2013por v\u00eda general\u2013 a partir de un esfuerzo argumentativo del recurrente, as\u00ed como una indagaci\u00f3n de la magistratura, orientados a precisar la cuant\u00eda de los bienes que, seg\u00fan el fallo impugnado, ser\u00edan propios de los litigantes, pero que, de prosperar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, pasar\u00edan a integrar el patrimonio com\u00fan de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb (CSJ AC5483-2019, 18 dic). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea de pensamiento, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [I]nsiste la Corte, si el debate judicial gravita sobre la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, es evidente su conexi\u00f3n con el estado civil de las personas. Por el contrario, si el punto resulta pac\u00edfico, y solo se discute el lapso por el que se extendi\u00f3 la comunidad de vida permanente y singular entre los litigantes, la discusi\u00f3n \u00fanicamente tendr\u00e1 repercusi\u00f3n en las resultas patrimoniales del v\u00ednculo. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, al refirmar que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con la Ley 54 de 1990 surgieron a la luz del derecho las uniones maritales de hecho que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compa\u00f1eros permanentes, seg\u00fan se reconoci\u00f3 desde CSJ AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01. Sin embargo, en la misma compilaci\u00f3n se prev\u00e9 que dicha relaci\u00f3n familiar puede ir acompa\u00f1ada o no de un lazo societario, seg\u00fan el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinaci\u00f3n puede adelantarse a la par. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que cuando se busca simult\u00e1neamente la declaratoria de existencia de \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d y la de \u201csociedad patrimonial\u201d, las determinaciones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casaci\u00f3n, ya que si queda completamente superada cualquier discusi\u00f3n sobre la conformaci\u00f3n de la primera en la forma perseguida, entonces la discusi\u00f3n trasciende de la esfera del \u201cestado civil\u201d para quedar encasillada en un componente netamente patrimonial, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el fallo cuestionado al opugnador y si se excede el tope de rigor que habilita dicho medio de contradicci\u00f3n\u00bb.(AC2840-2020). <\/p>\n
Ahora bien, el asunto que ocupa la atenci\u00f3n revela que la inconformidad de la impugnante tiene como p\u00e1bulo la declaraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. Adem\u00e1s, no se presenta discusi\u00f3n sobre el estado civil, puesto que la decisi\u00f3n de primera instancia fue estimatoria de la uni\u00f3n marital y confirmada por el superior. <\/p>\n
Por consiguiente, le asiste raz\u00f3n al Tribunal al considerar que en el caso en concreto resultaba indispensable el justiprecio para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
4. Ahora bien, en el sub-ex\u00e1mine, los elementos de juicio adosados al plenario para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En el caso en concreto, el Tribunal, con el prop\u00f3sito de fijar el inter\u00e9s, acudi\u00f3 a los elementos convictivos obrantes en el expediente. De manera tal que fij\u00f3 su atenci\u00f3n en los \u00abcertificados de libertad y tradici\u00f3n\u00bb de los bienes disputados del haber de la sociedad patrimonial, dando como valor de $ 350.990.0010 as\u00ed: <\/p>\n
Sumando a lo anterior, tambi\u00e9n estim\u00f3 el aval\u00fao de los inmuebles objeto de fideicomiso civil: <\/p>\n
En consecuencia, de la sumatoria de las partidas descritas, a lo sumo, el total equivaldr\u00eda a $679.667.000, cuyo monto no alcanza a los 1000 S.M.M.L.V., y que a la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia no ascienden a la suma de $908.526.000 pesos. Por tal raz\u00f3n, no alcanz\u00f3 el justiprecio para recurrir de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Por otra parte, la promotora, al momento de la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, no anex\u00f3 el dictamen pericial para acreditar el inter\u00e9s econ\u00f3mico. En efecto, la procedencia del remedio, entra\u00f1\u00f3 el estudio de la cuant\u00eda. Y tal como lo precept\u00faa el art\u00edculo 339 del CGP, la pretensora tuvo la oportunidad de aportar una experticia que habilitara la concesi\u00f3n, as\u00ed \u00ab(\u2026) con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Por el contrario, la representante de la actora, cuando ya se hab\u00eda negado la impugnaci\u00f3n extraordinaria, resolvi\u00f3 hacer uso de la prerrogativa, denotando su cariz extempor\u00e1neo. Por cierto, fue al momento de presentar la reposici\u00f3n y en subsidio la s\u00faplica, que aport\u00f3 la prueba t\u00e9cnica. <\/p>\n
\u201cPara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9 que \u201c\u2026su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente.\u201d (CSJ AC1923-2018, 16 may.), reiterado en AC409-2020. <\/p>\n
De manera que el proceder del Tribunal fue ajustado a las disposiciones propias que disciplinan la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. En efecto, estim\u00f3 el inter\u00e9s con las probanzas obrantes en el plenario. Rep\u00e1rese que, al momento de negar la concesi\u00f3n, fij\u00f3 su atenci\u00f3n en el precio que los documentos obrantes en el expediente, tales como los \u00abcertificados de libertad y tradici\u00f3n\u00bb, con los que advirti\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el montante para la procedencia de la censura extraordinaria. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Tribunal no est\u00e1 compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n. Al respecto, \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas al impugnante, por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto por la demandante frente a la sentencia proferida el 01 de junio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial ya referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin lugar a condena en costas, por no aparecer justificadas. <\/p>\n
TERCERO. Devu\u00e9lvase lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 3, archivo 01 23-2015-00094.pdf. Demanda. Cuaderno de Juzgado. Expediente digital <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-3, ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folio. 4. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1- 2. Archivo 13 23-2015-00094.pdf. Actuaciones juzgado. cuaderno principal. Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002Folios 3-4, archivo 21Sentencia2aInstancia.pdf.pdf. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folio, 7, ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 2-3, archivo 24Resuelvesobrerecursodecasaci\u00f3n.pdf. Expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folio 379, archivo 25Recursoreposicionapoderadapartedemandante.pdf. Expediente Digital. <\/p>\n
9\u0002 Folio 2, archivo 31Resuelvereposici\u00f3n-queja.pdf. Expediente digital <\/p>\n
10\u0002 Folio 2. Archivo resuelve recurso de casaci\u00f3n. Pdf. Expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC6140-2021 (2021-02838-00) AC6140-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-002838-00 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) I. ANTECEDENTES 1. Petitum: La demandante convoc\u00f3 al se\u00f1or Jorge Eduardo Amador Quijano (Q.E.P.D) y, posteriormente, a sus herederos determinados e indeterminados, para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59849","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59849","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59849"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59849\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}