ATC1805-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1805-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01171-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Jhon Fredy Joaqu\u00edn Jim\u00e9nez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento, el Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio y la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional, todos de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas, dentro del decurso penal seguido en su contra por el delito de fuga de presos, radicado bajo el N\u00b0 41001600058420140053800. <\/p>\n
Solicita, en concreto, se protejan sus prerrogativas, decret\u00e1ndose que \u00abla cosa juzgada no es de estudio [y] nadie puede ser incriminado dos veces por el mismo proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Del ambiguo escrito tutelar y de su subsanaci\u00f3n, se extrae que el promotor considera que est\u00e1 siendo procesado dos veces por los mismos hechos, dado que seg\u00fan asevera, la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de Neiva lo llam\u00f3 a interrogatorio el 3 de noviembre de 2017 y lo absolvi\u00f3 \u00abde toda culpa\u00bb; sin embargo, el 4 de mayo de 2021, lo convoc\u00f3, de nuevo, dentro del se\u00f1alado decurso, desconociendo \u00abla prohibici\u00f3n de doble incriminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade que, por lo descrito, debe declararse la nulidad de lo actuado y procederse a \u00absubsanar los yerros procesales, dando primac\u00eda al derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo suplicado, por cuanto evidenci\u00f3 que el petente concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en pret\u00e9rita oportunidad, denunciando iguales hechos a los ahora expuestos, auxilio desestimado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 21 de mayo de 2021, determinaci\u00f3n ratificada, en sede de impugnaci\u00f3n, por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00b0 de julio siguiente. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por el accionante, el asunto se remiti\u00f3 a esta Sala para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aunque literalmente el amparo constitucional incorpor\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, nada se expuso en el relato f\u00e1ctico en orden a explicitar los hechos o las omisiones presuntamente lesivas de las garant\u00edas del solicitante; adem\u00e1s, de las pruebas allegadas y de los informes emitidos por los involucrados, se establece, sin duda, que la Corporaci\u00f3n accionada no ha tenido injerencia alguna en el proceso penal criticado por el petente, por tanto, el reparo entablado respecto de la enunciada Colegiatura, resulta meramente aparente, cuesti\u00f3n sobre la cual esta Sala ha indicado que \u201c(\u2026) no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u201d (CSJ ATC de 24 de julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y ATC de 17 de agosto de 2011, exp. No. 2011-00430-01). <\/p>\n
2. Cumple precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, se var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n
3. En tales condiciones, como los hechos del escrito de tutela \u00fanicamente involucran al Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento y a la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional, ambos de Neiva, el juez constitucional de primer grado, carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en los numerales 4\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 20211 que, se sabe, asign\u00f3 esa potestad, en primera instancia, al superior funcional de los funcionarios enjuiciados. <\/p>\n
Esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha destacado, que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n
4. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, para su conocimiento. <\/p>\n
5. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC886-2020). <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 24 de junio de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con el fin de que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00ab4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
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