ATC1823-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1823-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00206-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 4 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que en el estrado judicial acusado se tramit\u00f3 la acci\u00f3n popular (rad. 2019-00144) en contra de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Cr\u00e9dito Avanza, donde solicit\u00f3 \u00abla construcci\u00f3n de un ba\u00f1o p[\u00fa]blico apto para ciudadanos en silla de ruedas, la cual se neg\u00f3 por la juez aduciendo cosa juzgada, pues en el a\u00f1o 2015 yo presente igual acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente adujo que, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, as\u00ed como la sentencia C-622 de 2007, refieren que \u00abla cosa juzgada no es absoluta, sino relativa y se puede impetrar la acci\u00f3n nuevamente de no haber sido amparada de persistir la amenaza a derechos colectivos\u2026y asi lo hice, adem\u00e1s aport\u00e9 pruebas de la amenaza, aportando sentencias de tribunales donde han amparado igual pretensi\u00f3n consignada en mi renuente acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
Finalmente hizo alusi\u00f3n a pronunciamientos emanados por autoridades judiciales de diferente nivel, en los cuales se accedi\u00f3 a las pretensiones formuladas. <\/p>\n
2. En tal virtud, pidi\u00f3 que se ordene al querellado \u00abCONCEDER MI ACCI[\u00d3]N POPULAR SIN QUE PUEDA DECRETAR COSA JUZGADA Y MENOS AG[O]TAMIENTO DE JURISDICCI[\u00d3]N, PUES SE PROB[\u00d3] LA AMENAZA DE DERECHOS COLECTIVOS EN LA RENUENTE ACCI[\u00d3]N POPULAR\u00bb asimismo, \u00abTRAMITAR MI ACCI[\u00d3]N POPULAR, TENIENDO COMO PRUEBAS LA SENTENCIA DE ACCI[\u00d3]N POPULAR 2015 00037 00, CONTRA BANCO DE OCCIDENTE Y EL FALLO DEL TRIBUNAL QUE LE REVOC[\u00d3] ACCI[\u00d3]N POPULAR CONTRA DAVIVIENDA Y AMPAR[\u00d3] MI ACCI[\u00d3]N POPULAR RADICADA 2013 00116 01\u00bb y \u00abAPLICAR ART 11 LEY 472 DE 1998, SENTENCIA C 622 de 2007 nunca m\u00e1s declarar cosa juzgada, pues la misma no es absoluta, si se presentan pruebas nuevas tal como lo hice y hago\u00bb. <\/p>\n
3. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, quien deneg\u00f3 el amparo deprecado, al no encontrar probada una v\u00eda de hecho en la decisi\u00f3n adoptada por parte del enjuiciado. Para arribar a esa conclusi\u00f3n, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis del contenido de la sentencia C-622 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, en torno al t\u00f3pico de la cosa juzgada en procesos de acci\u00f3n popular. <\/p>\n
As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que, \u00aben las consideraciones realizadas por el juez accionado, se observa un despliegue f\u00e1ctico y jur\u00eddico, respecto a los hechos expuestos por la parte accionante de la acci\u00f3n popular, que no se razonan como caprichosas o arbitrarias y si bien la Corte Constitucional ha considerado que, en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos3 , motivo por el cual el fallador de tutela, no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; salvo se reitera, en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, que en nuestro caso no se encuentra demostrada\u00bb. <\/p>\n
4. El accionante present\u00f3 escrito de impugnaci\u00f3n frente a la mentada determinaci\u00f3n, sin exponer argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n constitucional est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia. <\/p>\n
Al revisar el libelo introductor, advierte la Corte que all\u00ed no solo se reprocha el proceder del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago en el curso de la citada acci\u00f3n popular, quien mediante fallo de primera instancia del 26 de agosto de 2021 dispuso negar las pretensiones por encontrar probada la cosa juzgada y condenar en costas al promotor, sino tambi\u00e9n la providencia de segundo grado dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga del 19 de octubre de 2021, que estudi\u00f3 de fondo el tema objeto de reparo por parte del censor en esta tramitaci\u00f3n constitucional y confirm\u00f3 lo resuelto. <\/p>\n
Entonces, bajo esa perspectiva, y considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela que involucre actuaciones de un Tribunal Superior de Distrito Judicial radica en la Corte Suprema de Justicia \u2013en primera instancia\u2013, al tenor de lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb Se resalta. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, resulta indudable que al extenderse el reproche a la Sala Civil Familia del prenotado tribunal, el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional le corresponde tramitarlo a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga para conocer en primera instancia sobre este tr\u00e1mite constitucional; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando repartir las diligencias entre los magistrados que integran esta Sala. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, que prescribe que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a quo el 4 de noviembre de 2021, se dispondr\u00e1 que la Corporaci\u00f3n habilitada para tal fin, atendiendo la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 4 de noviembre de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar a la Secretar\u00eda que someta a reparto las presentes diligencias entre los Magistrados que integran la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, para que se asuma su conocimiento. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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