ATC1825-2021<\/p>\n
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ATC1825-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2021-10150-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 10 de noviembre de 2021, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ever Alfonso Mendoza Mart\u00ednez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse. <\/p>\n
2. Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que Daniel Ricardo S\u00e1nchez, Jos\u00e9 Rosario Cantillo Fontalvo, Pedro Manuel Caicedo Hurtado, Adonays Andrade Andrade, Jairo Jos\u00e9 Pedraza Barrios, Jorge Eliecer Caicedo Hurtado, Antonio Mar\u00eda Rodr\u00edguez Acosta, Eusebio Segundo Berm\u00fadez Suarez, Francisco Suarez Parra, Sebasti\u00e1n Orozco S\u00e1nchez, Jaime L\u00f3pez Maza, Luis Napole\u00f3n Cotes Avilez, Roberto Tirado Brito, F\u00e9lix Francisco Hern\u00e1ndez Villadiego, Efra\u00edn Enrique Mart\u00ednez Ramirez, Nazairo Antonio Caicedo Hurtado, Pedro Antonio Mart\u00ednez P\u00e9rez, Nicol\u00e1s Segundo Gamarra Franco, Carlos Alberto Rodr\u00edguez Fellizolla, Jorge Luis P\u00e9rez L\u00f3pez, Jairo Pacheco Orozco, Adalberto Rafael Caicedo Hurtado, Rafael Uribe Orozco, Wilson Manuel Mart\u00ednez Tob\u00edas, Pedro Antonio Julio Diaz, Jairo \u00c1ngel Vergara Gonz\u00e1lez, Mariano Manuel Vergara Fonseca, Jos\u00e9 Vicente Maestre Andrade, Lucas Napole\u00f3n Rengifo Chicaiza, Alfonso Enrique de la Rosa, Jos\u00e9 Francisco Gamarra Miranda, Jos\u00e9 del Carmen Gamarra Miranda, Fernando Miguel Su\u00e1rez Ariza, Manuel Inocencio Polo Mendoza, intervinientes dentro de la controversia especial a que alude el escrito de tutela, no fueron notificados del inicio de esta acci\u00f3n p\u00fablica a fin de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar de que la decisi\u00f3n a emitirse en el presente asunto podr\u00eda llegar a producir efectos respecto de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de sus intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte. <\/p>\n
4. Dicho ordenamiento garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub lite, pues, es claro que el fallo que llegue a emitirse concierne a los mentados intervinientes, ya que de aceptarse las pretensiones encaminadas a que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, efectuar la restituci\u00f3n total del predio denominado \u00abCasa Loma \u2013 Enredo, con matr\u00edculas inmobiliarias No. 226-17288 y 226- 13435 de Plato, Magdalena\u00bb, a trav\u00e9s de una nueva decisi\u00f3n que disponga una compensaci\u00f3n que se acompase con la verdadera cabida de tal heredad, podr\u00edan verse afectados sus derechos. <\/p>\n
5. Al respecto, la Corte Constitucional ha hecho \u00e9nfasis \u00aben la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
\u201c\u2018La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2019\u00bb (CSJ AT 018, 31 Ene 2005). <\/p>\n
6. Y aunque se remiti\u00f3 e-mail a los apoderados judiciales de aqu\u00e9llos en la mentada controversia, los abogados Carlos Armando Curiel Boh\u00f3rquez y Blanca Irene L\u00f3pez Garz\u00f3n, respectivamente, ello no significa necesariamente el cumplimiento del rito de notificaci\u00f3n contemplado en la normatividad procesal, puesto que el mandatario tan solo representa los intereses litigiosos de su poderdante en el litigio, y carece de mandato para actuar en defensa de los derechos de las aludidas personas naturales en este proceso constitucional. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha se\u00f1alado en casos de igual raigambre, que \u00ab\u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes, (\u2026) sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado (\u2026), quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01)\u00bb (CSJ ATC. 14 feb. 2013, Rad. 00973-01, reiterado en ATC, 14 mar. 2013, Rad. 00019-01). <\/p>\n
7. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente al a quo constitucional, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse directamente la notificaci\u00f3n de Daniel Ricardo S\u00e1nchez y los dem\u00e1s intervinientes enlistados; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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