ATC1849-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1849-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-14-000-2021-00289-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 27 de octubre de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por William Colina P\u00e1ez contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
Indic\u00f3 el gestor que el 13 de septiembre de 2021 elev\u00f3 solicitud ante el estrado criticado deprecando informaci\u00f3n de un proceso penal con miras a documentar uno de los esc\u00e1ndalos m\u00e1s grandes de presunta corrupci\u00f3n del Centro de Formaci\u00f3n e Investigaci\u00f3n en Energ\u00edas Renovables de la Amazon\u00eda y Orinoquia; que pidi\u00f3 actas y audios de todas las audiencias celebradas en el asunto, as\u00ed como de los tr\u00e1mites surtidos, el escrito de acusaci\u00f3n y que se le informara la etapa procesal en la que se encontraba el proceso la fecha de la pr\u00f3xima audiencia y por medio de que canal pod\u00eda asistir el p\u00fablico. <\/p>\n
Adujo que a la fecha no se hab\u00eda dado respuesta a dicha petici\u00f3n; que se hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino, sin pronunciamiento alguno; y que se vulneraban sus derechos y le imped\u00edan el ejercicio de su profesi\u00f3n de periodista. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al despacho acusado le remita copia de las actuaciones deprecadas y de los tr\u00e1mites surtidos, as\u00ed como que le brinde la informaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Orden\u00f3 al estrado acusado que \u00abproceda a resolver de fondo la petici\u00f3n incoada por el se\u00f1or William Colina P\u00e1ez el d\u00eda 13 de septiembre de 2021, conforme a lo motivado\u00bb <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo y las documentales adosadas a la misma, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., establece que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o por no haberse pronunciado frente a una solicitud elevada al interior de la actuaci\u00f3n judicial penal que se tramita en dicho estrado. <\/p>\n
En ese orden, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la entidad convocada como sujeto pasivo de la tutela, r\u00e1pidamente se observa que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, por ser el competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la Sala Penal del aludido Tribunal Superior de Villavicencio, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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