ATC1850-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1850-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00640-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Ram\u00edrez Vega contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad; sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas a la igualdad, petici\u00f3n y debido proceso, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 que se le ordene \u00abresolver de fondo el derecho de petici\u00f3n que present[\u00f3] el 2 de septiembre de 2021, relacionado con la declaraci\u00f3n de p\u00e9rdida de ejecutoria del acto administrativo de car\u00e1cter sancionatorio representado por la resoluci\u00f3n No. 01 de\u2026 14 de octubre de 2015, al configurarse el caso se\u00f1alado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 91 de la Ley 1437 de 2011\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jorge Ram\u00edrez Vega se desempe\u00f1\u00f3 como \u00abasistente social \u2013 grado 1, en propiedad\u00bb, en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, del que fue retirado \u00abpor abandono del cargo\u00bb, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n No. 01 del 14 de octubre de 2015, expedida por la sede judicial accionada, determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad, con resoluci\u00f3n 018 del 11 de abril de 2016. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, Jorge Ram\u00edrez Vega promovi\u00f3 \u00abproceso especial de fuero sindical \u2013 acci\u00f3n de reintegro\u00bb contra la \u00abNaci\u00f3n \u2013 Rama Judicial \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santander\u00bb, tr\u00e1mite en el que se determin\u00f3, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2016, confirmada con providencia del 24 de enero de 2018, que su desvinculaci\u00f3n fue irregular, comoquiera que la parte demandada \u00abomiti\u00f3 promover, previo a la separaci\u00f3n del cargo del servidor, la acci\u00f3n especial de levantamiento de fuero sindical \u2013 permiso para despedir\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que \u00abel levantamiento del fuero sindical que ostentaba\u2026 era un requisito sine qua non para ejecutar la sanci\u00f3n de retiro del servicio a \u00e9l impuesta\u00bb y que \u00abtranscurrieron m\u00e1s de cinco\u2026 a\u00f1os, a partir de la firmeza de la Resoluci\u00f3n No. 01 de\u2026 14 de octubre de 2015 y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bucaramanga no realiz\u00f3 los actos que le correspond\u00eda para ejecutarla, a saber: el levantamiento del fuero sindical\u2026 y la expedici\u00f3n y notificaci\u00f3n del acto administrativo de ejecuci\u00f3n correspondiente\u00bb, omisi\u00f3n que \u00abconfigur\u00f3 el caso se\u00f1alado en el numeral 3 del art\u00edculo 91 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, este acto administrativo de car\u00e1cter sancionatorio perdi\u00f3 fuerza ejecutoria y obligatoriedad, hoy es imposible su ejecuci\u00f3n y oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n decretada [en su] contra\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que, en virtud de lo anterior, solicit\u00f3 a la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y al Juzgado Primero de Familia de esa localidad, que declararan la \u00abp\u00e9rdida de ejecutoria de los actos administrativos de car\u00e1cter sancionatorio por p\u00e9rdida de obligatoriedad, imposibilidad de ejecuci\u00f3n y prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n de retiro del servicio, representados por la resoluci\u00f3n no. 01 de fecha 14 de octubre de 2015 y la resoluci\u00f3n no. 018 de fecha 11 de abril de 2016, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
2.5. Mediante resoluci\u00f3n 129 del 13 de septiembre de 2021, el prenotado Tribunal remiti\u00f3 \u00abpor competencia\u00bb, al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, la referida petici\u00f3n de p\u00e9rdida de ejecutoriada. <\/p>\n
2.6. Por su parte, el juzgado accionado, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 8 de octubre de 2021, declar\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb la mencionada solicitud de p\u00e9rdida de ejecutoria, al considerar que, \u00abpor el factor competencia, no [pod\u00eda] declarar la p\u00e9rdida de ejecutoria de los actos administrativos aludidos, mucho menos cuando una de ellas ha sido proferida por el Superior Jer\u00e1rquico\u2026, siendo adem\u00e1s inviable desconocer decisiones administrativas emitidas por otro despacho judicial\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.7. De otro lado, esgrimi\u00f3 el gestor del resguardo que si la sede judicial acusada consideraba que \u00abla ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n por retiro del servicio impuesta a [\u00e9l]\u2026 s\u00ed se llev\u00f3 a cabo, debi\u00f3 proceder de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 92 de la Ley 1437 de 2011\u2026, expidiendo el acto administrativo correspondiente, resolviendo la excepci\u00f3n de p\u00e9rdida de ejecutoria del acto administrativo de car\u00e1cter sancionatorio alegada por [\u00e9l]\u00bb; o que si estimaba que \u00abno [era] competente para resolver de fondo [la] petici\u00f3n incoada por [\u00e9l], debi\u00f3 proceder de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la Ley 1437 de 2011\u2026, informando al interesado dentro de los cinco\u2026 d\u00edas siguientes al de la recepci\u00f3n de la petici\u00f3n y, dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado, remitir la petici\u00f3n al competente\u00bb. <\/p>\n
2.8. Concluy\u00f3 que como el estrado convocado omiti\u00f3 adelantar las actuaciones antes rese\u00f1adas, vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, al no haber dado respuesta de fondo a su petici\u00f3n. <\/p>\n
3. El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que: <\/p>\n
\u2026pese a que la dependencia encartada no accedi\u00f3 a las peticiones de la misiva radicada el 2 de septiembre hoga\u00f1o\u2026, no por ello se vulnera el derecho fundamental del promotor de este amparo; basta con la comprobaci\u00f3n de la tempestividad de la contestaci\u00f3n y que en ella se aborden de manera expresa y concreta las peticiones, informando si se accede o no a ellas. Ac\u00e1, la respuesta fue oportuna y de manera motivada se neg\u00f3 lo rogado. <\/p>\n
4. El promotor del resguardo impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que acaba de rese\u00f1arse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. En el sub examine, se tiene que la queja constitucional involucra actuaciones de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santander, de la Sala Plena del Tribunal Superior de Bucaramanga y del Juzgado Primero de Familia de esa localidad. <\/p>\n
Ello en la medida en que el actor censur\u00f3 que la sanci\u00f3n a \u00e9l impuesta con resoluci\u00f3n 01 del 14 de octubre de 2015 (expedida por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga), confirmada por el prenotado Tribunal con resoluci\u00f3n 18 del 11 de abril de 2016, a trav\u00e9s de la cual fue retirado del cargo de \u00abasistente social\u00bb que desempe\u00f1aba en el Juzgado Quinto de Familia de la citada ciudad, perdi\u00f3 ejecutoria al no haber sido ejecutada por la referida Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, declaraci\u00f3n que, seg\u00fan el actor, se neg\u00f3 a resolver el cuestionado Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga. <\/p>\n
De otro lado, advierte la Sala que las pretensiones del gestor involucran al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, comoquiera que, a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u00abDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u00bb ejercen sus funciones \u00aben el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u00abel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb (subrayado ajeno al texto). <\/p>\n
Debido a ello, se concluye que, si bien la solicitud de protecci\u00f3n constitucional involucra a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santander, lo all\u00ed esgrimido se hace extensivo al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, atendiendo la relaci\u00f3n funcional de tales entes. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades convocadas y, adem\u00e1s, que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ostenta la condici\u00f3n de exempleado judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer en primera instancia en el Consejo de Estado, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 8\u00ba (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja al Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 24 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Consejo de Estado, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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