ATC1853-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1853-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la solicitud de nulidad formulada por Jos\u00e9 Francisco Medina Daza frente al fallo STC5053 del pasado 6 de mayo a trav\u00e9s de la cual esta Sala confirm\u00f3 el proferido por el Tribunal Superior de Riohacha el 14 de abril anterior que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela incoada por aquel contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante acudi\u00f3 a este instrumento constitucional buscando el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abderecho de petici\u00f3n por dilaci\u00f3n no justificada (morosidad judicial) [y] viabilidad jur\u00eddica de la sentencia anticipada\u00bb que estim\u00f3, hab\u00edan sido lesionados por el Juzgado accionado. <\/p>\n
2. La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, corporaci\u00f3n que, una vez surtido el tr\u00e1mite procesal de rigor, declar\u00f3 improcedente la salvaguarda tras considerar que \u00abno exist[\u00eda] trasgresi\u00f3n ninguna a los derechos fundamentales incoados\u00bb pues la respuesta ofrecida por el despacho querellado al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb formulado por el quejoso, satisfizo lo solicitado. <\/p>\n
3. Inconforme con esta determinaci\u00f3n Medina Daza la impugn\u00f3 pues, en su sentir, la \u00abrespuesta\u00bb al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb fue \u00abdilatoria y tard\u00eda\u00bb y que el tribunal a quo omiti\u00f3 pronunciarse respecto de los dem\u00e1s derechos fundamentales invocados, como el de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. Con fallo STC5053, del pasado 6 de mayo, esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado al evidenciar la inexistencia de lesi\u00f3n alguna en desmedro de los derechos del actor pues, por una parte, no es posible invocar protecci\u00f3n a la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica cuando se formula una solicitud al interior de un asunto judicial y tiene relaci\u00f3n directa con el devenir procesal y, por otra, en el caso concreto, era imprescindible que las peticiones interpuestas se realizaran a trav\u00e9s de apoderado judicial, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 73 del Estatuto Procedimental General. <\/p>\n
5. Estando la actuaci\u00f3n en sede de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, el gestor solicit\u00f3 la nulidad de la sentencia de segunda instancia, al estimar quebrantado su derecho al debido proceso pues \u00abnunca s eme notifico del conocimiento que se ten\u00eda en segunda instancia, donde pod\u00eda aportar mas pruebas, solo se limit\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia a confirmar lo que estaba en el contenido del expediente del proceso, neg\u00e1ndome ese derecho de la segunda instancia por no notificarme el conocimiento de dicha instancia [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala, el debido proceso constituye: (\u2026) un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento, tr\u00e1mite, juicio o actuaciones administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados estos que est\u00e1n consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (CSJ SC, 5 de mayo de 2011 Rad. 00063-01, reiterada entre otras, el 5 de marzo de 2015, ATC1153). <\/p>\n
De manera que, resulta perentorio garantizar el derecho de defensa y contradicci\u00f3n a todos aquellos que puedan verse perjudicados o sean destinatarios directos de las \u00f3rdenes constitucionales que lleguen a impartirse, siendo obligatorio notificarles la admisi\u00f3n del reclamo, a efecto de que, si a bien lo tienen, se pronuncien sobre el mismo. <\/p>\n
En tal sentido, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abLas providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
2. Al revisar el asunto sometido a estudio de la Sala se advierte que debe denegarse la solicitud de nulidad presentada por Jos\u00e9 Francisco Medina Daza, dada la inexistencia de la irregularidad atribuida. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el gestor funda su reclamo invalidatorio en que, seg\u00fan dice, esta Corporaci\u00f3n no le \u00abnotific\u00f3\u00bb el auto por medio del cual asumi\u00f3 el conocimiento de la alzada interpuesta contra a la sentencia en la cual el Tribunal Superior de Riohacha declar\u00f3 improcedente el amparo inicialmente formulado. <\/p>\n
Frente a dicho reparo, es preciso rememorar lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, en especial en torno a la impugnaci\u00f3n de las sentencias, que -debe recordarse- es el \u00fanico recurso consagrado para el tr\u00e1mite de las acciones de tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 30 del referido cuerpo normativo establece la obligatoriedad de notificar el fallo, \u00abpor telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento\u00bb a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido, al tiempo que el canon siguiente establece como t\u00e9rmino de ejecutoria de tal providencia el plazo perentorio de 3 d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de su notificaci\u00f3n, para presentar la alzada. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 32 regula el tr\u00e1mite del aludido recurso de la siguiente manera: <\/p>\n
Presentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente. <\/p>\n
El juez que conozca de la impugnaci\u00f3n, estudiar\u00e1 el contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petici\u00f3n de parte, podr\u00e1 solicitar informes y ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas y proferir\u00e1 el fallo dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, proceder\u00e1 a revocarlo, lo cual comunicar\u00e1 de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmar\u00e1. En ambos casos, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitir\u00e1 el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
De la lectura de las disposiciones citadas y transcritas, claramente se observa que, contrario a lo considerado por el solicitante, no es deber del juez (plural o singular) al que le corresponda resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra un fallo de tutela, proferir un auto a trav\u00e9s de la cual \u00abavoque\u00bb o \u00abasuma\u00bb el conocimiento de dicha actuaci\u00f3n y menos que deba notificarlo, pues de estimar que la informaci\u00f3n recopilada en la primera instancia resulta insuficiente para resolver, conserva la potestad de solicitar informes adicionales o decretar oficiosamente la pr\u00e1ctica de pruebas que permitan el esclarecimiento de la situaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la solicitud de nulidad presentada por el se\u00f1or Medina Daza no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y as\u00ed se resolver\u00e1, orden\u00e1ndose nuevamente la remisi\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su competencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, NIEGA la solicitud de nulidad interpuesta por Jos\u00e9 Francisco Medina Daza. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda comun\u00edquese lo dispuesto al interesado y dem\u00e1s partes e intervinientes, cumplido lo cual, rem\u00edtase nuevamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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