ATC1858-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1858-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 8 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N. \u00b01 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido por Gonzalo Ignacio Alvarado Rodr\u00edguez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, vida digna, as\u00ed como a los derechos adquiridos y el principio de confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al proferir el fallo del 29 de noviembre de 2018 en el proceso ordinario de radicado 2017-00468. <\/p>\n
2. En respaldo narr\u00f3 que naci\u00f3 el 1\u00b0 de septiembre de 1945 y que realiz\u00f3 cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales desde el 1\u00b0 de enero de 1967, a trav\u00e9s de la empresa Distribuidora Texaco y Jer; y que, a partir del 4 de mayo de 1970 y hasta el 31 de agosto de 2000, prest\u00f3 servicios al sector p\u00fablico en Indumil, por lo que, teniendo en cuenta el tiempo p\u00fablico y privado, cotiz\u00f3 el equivalente a 1.725 semanas. <\/p>\n
2.1. Mediante Resoluci\u00f3n 865 de 2001, el ISS reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez, \u00abcon una tasa de remplazo del 75%, [\u2026] en cuant\u00eda inicial de $592.208, sin aplicar, como era su deber, el Decreto 758 de 1990\u00bb; por lo anterior, solicit\u00f3 la reliquidaci\u00f3n de la referida prestaci\u00f3n a la Administradora Colombiana de Pensiones, \u00abaplicando una tasa de reemplazo del equivalente al 90% del salario promedio que me sirvi\u00f3 de base para los aportes durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os de servicio, [\u2026], sin embargo fue reliquidada pero con la misma Ley 33 de 1985\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ante la negativa, present\u00f3 demanda laboral que fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a sus pretensiones, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 29 de noviembre de 2018. <\/p>\n
2.3. Expuso que su apoderado instaur\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia del Tribunal, que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 hasta el 4 de marzo de 2020. Al respecto, agreg\u00f3 que no pod\u00eda esperar los resultados de dicho recurso, pues era un sujeto de especial protecci\u00f3n y que, \u00abal no resultar [\u2026] id\u00f3neo el recurso de casaci\u00f3n para la defensa y protecci\u00f3n de mis derechos [\u2026], ante la inminencia del perjuicio que representa un largo tr\u00e1mite del recurso extraordinario [\u2026], solicite a mi apoderado desistiera\u00bb, petici\u00f3n que se hizo efectiva el 19 de junio de 2020, por tanto, la acci\u00f3n de tutela debe entenderse presentada en un t\u00e9rmino razonable. <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n advirti\u00f3 que, dado el largo tr\u00e1mite del recurso extraordinario, opt\u00f3 por la acci\u00f3n constitucional, \u00abpara que reivindique lo m\u00e1s pronto posible\u00bb sus derechos sin tener que esperar el tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n, \u00abporque puede convertirse en una carga desproporcionada\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por tanto, acudi\u00f3 a la tutela, dado que, en su criterio, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al dictar el fallo de segunda instancia, incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, por desconocer e inaplicar las sentencias SU769 de 2014 de la Corte Constitucional que permiti\u00f3 \u00abla posible acumulaci\u00f3n de cotizaciones\u00bb y las SL1981-2020 y SL2557-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que viabilizaron contabilizar \u00abtodos los tiempos laborados, sin distinci\u00f3n al tipo de empleador, o si fueron objeto de aportes a pensi\u00f3n o no (\u2026) para efectos pensionales\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, el promotor solicit\u00f3, en concreto, que se deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida el 29 de noviembre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial convocada proferir una nueva determinaci\u00f3n, \u00abteniendo en cuenta el precedente sentado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL (sic)1981-2020 y SL2557 de 2020 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N. \u00b0 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal admiti\u00f3 el asunto el 26 de mayo de 2021 contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y dict\u00f3 sentencia el 8 de junio siguiente, negando el amparo, porque no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, por haber desistido del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Igualmente, sostuvo que la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal accionado no constitu\u00eda \u00abuna v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior providencia fue impugnada por el se\u00f1or Gonzalo Ignacio Alvarado Rodr\u00edguez. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso, consagrado expresamente en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un conjunto de garant\u00edas fundamentales, seg\u00fan las cuales, nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, previstas en la ley. <\/p>\n
De manera que la acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas fundamentales, no puede sustraerse de su aplicaci\u00f3n. Por tanto, es necesario satisfacer algunos elementos propios de cada juicio, como lo son la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n del contradictorio, garant\u00edas m\u00ednimas contempladas en los art\u00edculos 10, 13 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 1983 de 20171. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se encuentra que, si bien la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con auto de ponente del 18 de mayo de 2021, remiti\u00f3 el asunto a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, en raz\u00f3n a que \u00ab(\u2026) la s\u00faplica se hace extensiva a esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral, comoquiera que si bien el accionante pretende se deje sin efecto la sentencia de 29 de noviembre de 2018 (\u2026) uno de los reparos se dirige a que le solicit\u00f3 al apoderado que desistiera del recurso de casaci\u00f3n porque la \u2018sola admisi\u00f3n del recurso (\u2026) dur\u00f3 un a\u00f1o y cuatro meses a m\u00e1s del tiempo que ha transcurrido en el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n de acuerdo a la congesti\u00f3n de la Corte\u2019 y que no pod\u00eda esperar a las resultas del proceso\u00bb, lo cierto es que el quejoso identific\u00f3 como accionada a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y reproch\u00f3, espec\u00edficamente, la determinaci\u00f3n emitida por \u00e9sta el 29 de noviembre de 2018, en tanto confirm\u00f3 el fallo proferido por el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el cual qued\u00f3 en firme al haberse desistido del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cual evidencia que la acci\u00f3n de tutela no se dirige contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
De otra parte, se observa que, en el prove\u00eddo CSJ AL1341-2020 de 8 de julio de 2020, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral se limit\u00f3 a aceptar \u00abel desistimiento del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de la parte demandante Gonzalo Ignacio Alvarado Rodr\u00edguez, recurrente contra la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de la referencia\u00bb, de manera que no adopt\u00f3 una decisi\u00f3n de fondo en el asunto y, en todo caso, como se indic\u00f3, el reclamo del gestor se limita a la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal accionado. <\/p>\n
3. Bajo las anteriores circunstancias, como quiera que la tutela se dirige \u00fanicamente contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, es evidente que el conocimiento del asunto, en primera instancia, correspond\u00eda a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Lo anterior, al tenor de lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20212, conforme al cual, \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
Sobre la falta de competencia funcional en materia de tutelas, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016, ATC2521-2016, ATC675-2021 y ATC1777-2021). <\/p>\n
4. En consecuencia, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, conforme al art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015; por tanto, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional, a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por ser la competente para resolver en primera instancia el reclamo constitucional. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en el presente tr\u00e1mite tutelar a partir del auto admisorio proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas practicadas (art\u00edculo 138 C.G.P.). <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir, por Secretar\u00eda de la Sala, la presente queja constitucional a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con el fin de que asuma su tr\u00e1mite en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes, as\u00ed como a la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Vigente para la fecha de la radicaci\u00f3n del presente amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
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