ATC1859-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1859-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01400-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso analizar la procedencia de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la providencia proferida el 27 de julio de 2021 por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n de Tutelas de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por John Carlos Pati\u00f1o Morales contra la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales a la salud y a la vida, presuntamente vulneradas por las autoridades demandadas. <\/p>\n
2. En respaldo narr\u00f3 que se encuentra privado de la libertad, en grave estado de salud y que el INPEC no ha cumplido con la entrega de dos cilindros de ox\u00edgeno que le orden\u00f3 el m\u00e9dico tratante de su patolog\u00eda, aduciendo que el condensador que le dieron es insuficiente para tratar su problema cardiaco. <\/p>\n
De otro lado, censura que el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta \u00ab(\u2026) no se ha pronunciado sobre lo peticionado que es emitir un acta de incumplimiento a mi salud y tratamientos m\u00e9dicos los cuales nunca se me an (sic) dado ni nunca se me dar\u00e1n ya el INPEC es claro que no puede garantizar ni mi salud, ni mi vida (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que se expida un acta de incumplimiento de sus tratamientos m\u00e9dicos por \u00abel juez 5\u00ba de penas y director del penal firmado por los mismos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El asunto fue remitido por el ponente de la Sala de Decisi\u00f3n de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, por auto del 8 de julio de 2021, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, que admiti\u00f3 el tr\u00e1mite el 13 de julio siguiente y que, el 27 del referido mes, dict\u00f3 la providencia que se remite para impugnaci\u00f3n, por la cual rechaz\u00f3 el amparo por temeridad. <\/p>\n
5. La anterior decisi\u00f3n fue impugnada por el gestor. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso, consagrado expresamente en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un conjunto de garant\u00edas fundamentales, seg\u00fan las cuales, nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, previstas en la ley. <\/p>\n
De manera que la acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas fundamentales, no puede sustraerse de su aplicaci\u00f3n. Por tanto, es necesario satisfacer algunos elementos propios de cada juicio, como lo son la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n del contradictorio, garant\u00edas m\u00ednimas contempladas en los art\u00edculos 10, 13 y 37 del Decreto 2591 de 1991, el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 y del Decreto 333 de 20211. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se encuentra que, si bien el ponente de la Sala de Decisi\u00f3n de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, con auto de ponente del 8 de julio de 2021, remiti\u00f3 el asunto a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, en raz\u00f3n a que la misma estaba dirigida contra los \u00abConjueces de C\u00facuta\u00bb, entre otros, lo cierto es que el quejoso identific\u00f3 como vulneradores de sus derechos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y al Complejo Penitenciario y Carcelario, ambos de C\u00facuta y reproch\u00f3, espec\u00edficamente, que no se le ha expedido el acta de incumplimiento, de acuerdo con lo solicitado en el derecho de petici\u00f3n del 25 de abril del a\u00f1o en curso, y tampoco le han dejado ingresar al penal los implementos m\u00e9dicos requeridos, lo cual evidencia que la acci\u00f3n de tutela no se dirige contra la referida Sala Penal de Conjueces, pues frente a aquella no formul\u00f3 censura alguna. <\/p>\n
3. Bajo las anteriores circunstancias, como quiera que las acciones y omisiones presuntamente vulneradoras de sus derechos se enfilan \u00fanicamente contra el INPEC, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Complejo Penitenciario y Carcelario, ambos de C\u00facuta, al ser estas autoridades de diferente nivel, pues, por un lado, el Instituto es una entidad del orden nacional y, por tanto, la competencia para conocer de las tutelas que se interpongan en su contra radica, en principio, en los Juzgados del Circuito o de igual categor\u00eda (numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1 del Decreto 333 de 2021) y, de otro lado, la competencia para las salvaguardas que se dirijan contra los Juzgados corresponden a su superior funcional (numeral 5 ibidem), resulta aplicable lo establecido en el numeral 11 del citado art\u00edculo, seg\u00fan el cual \u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que el conocimiento del asunto, en primera instancia, correspond\u00eda al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
\u00ab El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016, ATC2521-2016 y ATC675-2021). <\/p>\n
4. En consecuencia, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, conforme al art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015; por tanto, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, por ser la competente para resolver en primera instancia el reclamo constitucional. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en el presente tr\u00e1mite tutelar a partir del auto admisorio proferido el 13 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas practicadas (art\u00edculo 138 C.G.P.). <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir, por Secretar\u00eda de la Sala, la presente queja constitucional al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, con el fin de que asuma su tr\u00e1mite en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes, as\u00ed como a la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
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