ATC1860-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1860-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2021-00126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 por por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, que neg\u00f3 el amparo promovido por Giselle Alexandra Gonz\u00e1lez Guti\u00e9rrez contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Direcci\u00f3n Seccional de La Guajira-, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y de lo allegado, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de la apertura de un elemento \u00absometido a cadena de custodia, el que se encontraba embalado y rotulado por la polic\u00eda judicial, esto seg\u00fan orden\u00f3 en su momento la Directora de la Fiscal\u00eda de la Guajira Dra. Ketty Jurado Rueda\u00bb, la tutelante instaur\u00f3 \u00abquerella disciplinaria en contra de la mencionada aforada constitucional -Directora Jurado Rueda- ante la Procuradur\u00eda, y, posteriormente ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.-\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 13 de febrero de 2021, radic\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante el \u00abDirector de la Fiscal\u00eda de la Guajira\u00bb, que copi\u00f3 a \u00abElaine Baleta- Recursos Humanos FGN La Guajira y al Control de la Entidad \u00abcc. Control Disciplinario FGN\u00bb\u00bb1, el cual fue reiterado el 9 de marzo y el 21 de abril de 20212. <\/p>\n
En la solicitud indic\u00f3 que \u00abel d\u00eda de ayer 12 de febrero de 2021 alrededor de las 2:30 de la tarde la se\u00f1ora Elaine Baleta se hizo presente en mi domicil[i]o laboral -Despacho- con el fin de entregar una caja con cosas \u2018personales\u2019 que afirm\u00f3 \u2018El Director\u2019 orden\u00f3 sacar del archivador que se encontraba cerrado y ubicado en el pasillo del tercer piso de la Sede principal de la Fisc[al\u00eda] en Riohacha – La Guajira; (…)\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00ab(\u2026) copia autentica (sic) o constancia de la orden emitida que acat\u00f3 la se\u00f1ora Baleta -en desempe\u00f1o de sus funciones legalmente asigna[das] y dem\u00e1s registros del estado de las cosas (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que, el \u00e1rea de Control Interno Disciplinario dio tr\u00e1mite, en lo de su cargo, enviando \u00abla copia informativa que se genera radicado 44001110200020210003800 en el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira\u00bb. <\/p>\n
2.4. De otro lado, indic\u00f3 que \u00abHasta la fecha no se ha recibido respuesta, sea mediante copia o constancia -si fue verbal- que permita conocer la orden que acato (sic) la se\u00f1ora Baleta, seg\u00fan su dicho\u00bb y que \u00abSin respuesta por parte del se\u00f1or Director Dr. Dayro Herrera Iglesias, me son ocultos los actos y hechos pese ser parte interesada\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que i) \u00abSe conceda tutela el derecho de petici\u00f3n y debido proceso, conexos con el derecho a la dignidad humana, honra y buen nombre\u00bb para que \u00abla FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N – DIRECCI\u00d3N SECCIONAL DE LA GUAJIRA provea respuesta correcta, integral, y veraz a la solicitud de fecha 13 de febrero de 2021.-\u00bb y ii) \u00abSe valore por parte de la autoridad constitucional la necesidad de compulsar copias disciplinarias y penales por estos hechos, con el exclusivo objeto de que no se permita hacer nugatoria la petici\u00f3n en lo que corresponde al conocimiento -que desde un principio se hizo traslado hacia el Control Disciplinario Interno de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.-\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Direcci\u00f3n Seccional de La Guajira- y vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a Ketty Rueda Jurado y a Elaine Virginia Baleta Orozco. <\/p>\n
El 4 de noviembre de 2021 dict\u00f3 sentencia y neg\u00f3 el amparo, por carencia de objeto, toda vez que el Director Seccional de la Fiscal\u00eda de la Guajira \u00abdio respuesta a la petici\u00f3n en curso de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb, la misma \u00absatisfizo la solicitud presentada\u00bb. En relaci\u00f3n con la petici\u00f3n formulada ante la \u00abPROCURADUR\u00cdA REGIONAL\u00bb, indic\u00f3 que \u00abfue absuelta y consecuencialmente tampoco existir\u00eda vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n respecto de dicha entidad (\u2026) y existe constancia de env\u00edo de la misma al correo electr\u00f3nico de la accionante\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a las \u00absituaciones administrativas y\/o disciplinarias planteadas\u00bb, manifest\u00f3 que \u00abcuenta con los mecanismos legales ordinarios a fin de activar la protecci\u00f3n de los derechos que estime conculcados mediante la interposici\u00f3n de acciones y recursos de Ley, los cu\u00e1les no se advierten agotados en el presente tr\u00e1mite constitucional, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la protecci\u00f3n perseguida seg\u00fan lo plasm\u00f3 la accionante en su escrito de tutela, era el derecho de petici\u00f3n, el cual se advierte satisfecho\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso, consagrado expresamente en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un conjunto de garant\u00edas fundamentales, seg\u00fan las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, previstas en la ley. <\/p>\n
De manera que la acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas fundamentales, no puede sustraerse de su aplicaci\u00f3n. Por tanto, es necesario satisfacer algunos elementos propios de cada juicio, como lo son la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n del contradictorio, garant\u00edas m\u00ednimas contempladas en los art\u00edculos 10, 13 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 333 de 20214. <\/p>\n
2. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer en primera instancia del amparo correspond\u00eda a los Jueces del Circuito y no al Tribunal mencionado, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, que establece, en su numeral 2, que \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el amparo se formul\u00f3 por la presunta vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Direcci\u00f3n Seccional Guajira, entidad del orden nacional. <\/p>\n
3. En consecuencia, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad. Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (ATC2521-2016). <\/p>\n
Y, en un asunto de connotaciones similares, recientemente la Sala advirti\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-), pues, como qued\u00f3 visto, en verdad no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra del Fiscal General de la Naci\u00f3n, a pesar de que se se\u00f1al\u00f3 que \u00e9l era el representante de dicho ente, de donde es \u2018evidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u2019 de \u00e9ste, \u2018lo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01)\u00bb 5. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se invalidara\u0301 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1\u0301 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a la oficina de asignaciones de los Juzgados del Circuito de Riohacha, para que sea repartida entre estos y se asuma lo de su competencia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha desde el auto que la admiti\u00f3, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados del Circuito de Riohacha, con el fin de que se asuma su tr\u00e1mite en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados, a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acci\u00f3n de tutela, folio 1. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, folio 4. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5\u0002 ATC715-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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