ATC1864-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1864-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00570-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 22 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera contra el Juzgado Civil con Conocimiento de Procesos Laborales del Circuito Judicial de Girardota. se advierte configurada la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba. del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a este asunto constitucional por remisi\u00f3n del canon 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el art\u00edculo 4\u00b0. del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en una acci\u00f3n popular (rad. 2021-00112) que inici\u00f3 contra Bancolombia. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que \u00abpresent[\u00e9] acci[\u00f3]n popular 05308310300120210011200, donde el juzgador Constitucional despu\u00e9s de ADMITIR MI ACCI[\u00d3]N, decide terminar anormalmente mi acci[\u00f3]n, desconociendo art 32 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abse ordene dar continuidad a mi acci[\u00f3]n popular, ya que el art 23 ley 472 de 1998 y sentencia unificaci\u00f3n H CORTE CONSTITUCIONAL SU 658 DE 2015, ordena resolver la cosa juzgada y el agotamiento de jurisdicci\u00f3n en sentencia \u00daNICAMENTE SE ORDENE DAR CONTINUIDAD A [M[I ACCI[\u00d3]N POPULAR Y TERMINARLE SOLO, SOLO CON SENTENCIA, SEG\u00daN ART 23 LEY 472 DE 1998 (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del resguardo tras verificar que est\u00e1 insatisfecho el requisito de subsidiariedad, en tanto \u00absi bien formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra de la providencia del 13 de septiembre del a\u00f1o en curso que decidi\u00f3 rechazar la demanda, lo cierto es que no present\u00f3 subsidiariamente el recurso de apelaci\u00f3n en contra del citado auto\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, indic\u00f3 respecto de la declaraci\u00f3n de cosa juzgada que \u00abtampoco se aprecia que dentro del tr\u00e1mite impartido por el A-quo al momento de rechazar la demanda por agotamiento de la jurisdicci\u00f3n, resulte contrario a los postulados del debido proceso, porque precisamente la potestad de declarar el agotamiento de la jurisdicci\u00f3n en la acci\u00f3n popular no implica que su declaratoria deba hacerse mediante sentencia, como equivocada y sesgadamente lo aduce el accionante, sino que atendiendo a la naturaleza de su configuraci\u00f3n, se toma esa medida tendiente a evitar el desgaste del aparato judicial, en busca de una declaraci\u00f3n carente de efectos jur\u00eddicos porque no se trata de la cosa juzgada como lo afirma el impugnante, sino de evitar que dos jueces se ocupen a la vez del mismo tema, para evitar decisiones encontradas y contradictorias, lo que justifica y permite la sana posibilidad que dicha decisi\u00f3n se adopte anticipadamente, decisi\u00f3n que se acompasa con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, STC14820-2021 del 19 de Octubre del 2021\u00bb. <\/p>\n
4. El anterior fallo lo impugn\u00f3 el convocante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abPIDO SE DE APLICA[C]I[\u00d3]N A LO QUE MANDA Y ORDENA ART 23 LEY 472 DE 1998 Y LO QUE MANDA LA H CC EN LA SENTENCIA CITADA EN MI TUTELA DE NO AMPARAR MI ACCI[\u00d3]N, PIDO RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACI[\u00d3]N, SEGUN ART 336 CGP\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La notificaci\u00f3n de las providencias en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando en la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador (\u2026)\u00bb (CC A-018\/05, citado en ATC602-2019, entre otros). <\/p>\n
2. De la nulidad por falta o indebida notificaci\u00f3n en los tr\u00e1mites de tutela. <\/p>\n
El numeral 8.\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que el proceso es nulo cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de otras, aunque sean indeterminadas. Dicha norma es aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el canon 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
En ese sentido, interesa recordar que para asegurar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso de las partes intervinientes, reviste vital importancia la debida integraci\u00f3n del contradictorio tanto por activa como por pasiva, lo cual solo puede garantizarse mediante la debida y oportuna vinculaci\u00f3n de las partes; de manera que el acto de enteramiento de las decisiones judiciales para brindarle a las partes la posibilidad de defenderse, constituye un aspecto esencial de esa prerrogativa fundamental. <\/p>\n
Sobre el acto procesal denominado \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, la Corte Constitucional en sentencia C-670\/04, sostuvo que aquel: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicaci\u00f3n procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicaci\u00f3n concreta al debido proceso mediante la vinculaci\u00f3n de aquellos a quienes concierne la decisi\u00f3n judicial notificada, as\u00ed como que es un medio id\u00f3neo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicci\u00f3n, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jur\u00eddica, pues de \u00e9l se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones Judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que \u00abasuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no pueden quedar sin posibilidad alguna de alegaci\u00f3n por la persona afectada, pues un impedimento de tal naturaleza violar\u00eda su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizada la situaci\u00f2n, se observa que, en el primer grado del amparo, se admiti\u00f3 el asunto mediante prove\u00eddo de 10 de noviembre de 2021, en el cual se dispuso correr traslado al Juzgado Civil con Conocimiento de Procesos Laborales del Circuito Judicial de Girardota para que se pronunciara sobre los hechos aducidos como vulneradores de las prerrogativas del accionante, autoridad que present\u00f3 su respectivo informe, en el que relat\u00f3 las actuaciones efectuadas en el proceso. <\/p>\n
Sin embargo, se evidencia que, pese a que la controversia se suscita con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite judicial que cursa ante el estrado encartado (rad. 2021-00112), no obran en las diligencias las notificaciones pertinentes a la contraparte del gestor, que en este caso se trata de Bancolombia sede Barbosa (Antioquia). <\/p>\n
En ese orden, deviene di\u00e1fano el desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013 de la enunciada entidad bancaria, en tanto la falta de enteramiento del inicio de este asunto constitucional constituye una irregularidad insubsanable que tan solo se puede enmendar con la declaratoria de invalidez. <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
La circunstancia que viene de rese\u00f1arse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada notificaci\u00f3n, toda vez que, se itera, se impidi\u00f3 a la entidad bancaria en la causa que se revisa intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
Por lo anterior, como el yerro, seg\u00fan lo expuesto, recay\u00f3 en la falta de enteramiento del prove\u00eddo de 10 de noviembre de 2021, que admiti\u00f3 el amparo constitucional, la invalidez se configura a partir de ese momento, por lo que se ordenar\u00e1 rehacer el tr\u00e1mite, con la expresa advertencia de que las pruebas recaudadas conservan pleno valor. <\/p>\n
En consecuencia, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se infirma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n del banco interesado, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2.\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por medio id\u00f3neo. Con tal fin l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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