ATC1866-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1866-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2014-00198-06 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la consulta de la sanci\u00f3n impuesta en providencia de 3 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del incidente de desacato promovido por Ana Mar\u00eda Quintero Guapacha, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8.\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a este asunto constitucional por remisi\u00f3n del canon 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el art\u00edculo 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En sentencia de 6 de mayo de 2014, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados por Ana Mar\u00eda Quintero Guapacha. En tal virtud, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar y al Hospital Militar Regional de Occidente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, realicen los tr\u00e1mites administrativos a que haya lugar, para que en el mismo lapso sean practicados los ex\u00e1menes que fueron ordenados a la menor accionante (Creatinina en suero, orina y otros, Electroencefalograma Convencional y Tomograf\u00eda Computarizada de Cr\u00e1neo con contraste). Una vez practicados los mismos, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes, deber\u00e1n garantizar su valoraci\u00f3n por parte de m\u00e9dico neur\u00f3logo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ordena a dichos entes que se sirvan autorizar y velar por la pr\u00e1ctica (sin dilaci\u00f3n alguna) de todas las citas, ex\u00e1menes, medicamentos y tratamientos que sean prescritos a la menor por su m\u00e9dico tratante, incluidos o no en el Plan de Servicios respectivos, con arreglo a las precisiones realizadas en el cuerpo de esta providencia\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
2. La incidentante, actuando en nombre propio, pidi\u00f3 el cabal cumplimiento de las \u00f3rdenes proferidas. En ese sentido, de acuerdo con lo compendiado en el primer grado de este asunto, se extrae que: <\/p>\n
\u00abMediante escrito radicado virtualmente ante esta dependencia, la accionante solicit\u00f3 que se adelante incidente de desacato por el incumplimiento del fallo proferido el 6 de mayo de 2014, en el cual se orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar (Ej\u00e9rcito Nacional) y al Hospital Militar Regional de Occidente (hoy Dispensario M\u00e9dico de Cali) que \u201cse sirvan autorizar y velar por la pr\u00e1ctica (sin dilaci\u00f3n alguna) de todas las citas, ex\u00e1menes, medicamentos y tratamientos que sean prescritos a la menor por su m\u00e9dica tratante, incluidos o no en el Plan de Servicios respectivos\u201d. Cumple precisar que, en esta oportunidad, la solicitud de desacato se adelant\u00f3 con ocasi\u00f3n del incumplimiento en la expedici\u00f3n de \u201cautorizaci\u00f3n [y] ordenes m\u00e9dicas, correspondientes al SERVICIO DE NEUROLOG\u00cdA, ESOFAGATRODUODENOSCOPIA [sic] EGD CON O SIN BIOPSIA, y el soporte de SEDACI\u00d3N PARA CONSULTA O APOYO DIAGNOSTICO [\u2026]\u201d, ordenados por m\u00e9dico tratante\u00bb. <\/p>\n
3. El tribunal a quo, con auto de 9 de noviembre de 2021, requiri\u00f3 \u00abal Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional (B.G. Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango o quien haga sus veces), y a la Directora del Dispensario M\u00e9dico de Cali -antes Hospital Militar Regional de Occidente- (Coronel Beatriz Silva Miranda o quien haga sus veces), para que se sirvan informar lo pertinente sobre el cumplimiento del fallo de tutela de fecha 6 de mayo de 2014. Igualmente, se requiere al Comandante de Personal (Jefatura de Desarrollo Humano) del Ej\u00e9rcito Nacional (Brigadier General Carlos Iv\u00e1n Moreno Ojeda) y al mencionado Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional (B.G. Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango o quien haga sus veces), en su calidad de superiores jer\u00e1rquicos\u00bb, para que informaran sobre el cumplimiento de la obligaci\u00f3n impuesta, y, en caso afirmativo, remitieran la documentaci\u00f3n que as\u00ed lo acredite. <\/p>\n
4. Con decisi\u00f3n de 22 de noviembre siguiente, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato contra los prenotados funcionarios y les otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados desde la notificaci\u00f3n, para que informaran sobre las actuaciones tendientes a la observancia del mandato proferido. <\/p>\n
5. Con prove\u00eddo de 3 de diciembre hoga\u00f1o, la colegiatura de primer grado sancion\u00f3 por desacato a los referidos servidores, con multa de tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMMLV) a cada uno, la cual \u00abdeber\u00e1 hacerse en el t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
6. Remitido el expediente a la Corte para resolver la consulta de dicha determinaci\u00f3n, se procede a su estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre la notificaci\u00f3n de las providencias judiciales en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando en la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador (\u2026)\u00bb (CC A-018\/05, citado en ATC602-2019, entre otros). <\/p>\n
El numeral 8.\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que el proceso es nulo cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de otras, aunque sean indeterminadas. Dicha norma es aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el canon 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
En ese sentido, interesa recordar que para asegurar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso de las partes e intervinientes, reviste vital importancia la debida integraci\u00f3n del contradictorio tanto por activa como por pasiva, lo cual solo puede garantizarse mediante la debida y oportuna vinculaci\u00f3n de los interesados; de manera que el acto de enteramiento de las decisiones judiciales para brindarle a las partes la posibilidad de defenderse constituye un aspecto esencial de esa prerrogativa fundamental. <\/p>\n
Sobre el acto procesal denominado \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, la Corte Constitucional en sentencia C-670\/04, sostuvo que aquel: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicaci\u00f3n procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicaci\u00f3n concreta al debido proceso mediante la vinculaci\u00f3n de aquellos a quienes concierne la decisi\u00f3n judicial notificada, as\u00ed como que es un medio id\u00f3neo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicci\u00f3n, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jur\u00eddica, pues de \u00e9l se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones Judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que \u00abasuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no pueden quedar sin posibilidad alguna de alegaci\u00f3n por la persona afectada, pues un impedimento de tal naturaleza violar\u00eda su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Caso Concreto. <\/p>\n
3.1. El tr\u00e1mite del incidente de desacato al fallo proferido por el juez constitucional est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, siendo su objeto la protecci\u00f3n efectiva del derecho fundamental vulnerado o amenazado a trav\u00e9s de la sanci\u00f3n. Es decir, este mecanismo fue instituido como una herramienta para asegurar el acatamiento de las ordenes impartidas y, de esta manera, hacer cesar los hechos constitutivos de actuaciones u omisiones irregulares. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, tra\u00eddas las premisas que anteceden al sub-lite, advierte la Sala que, ante la manifestaci\u00f3n de incumplimiento de la orden de tutela, el tribunal a quo dispuso previamente requerir \u00abal Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional (B.G. Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango o quien haga sus veces), y a la Directora del Dispensario M\u00e9dico de Cali -antes Hospital Militar Regional de Occidente- (Coronel Beatriz Silva Miranda o quien haga sus veces), para que se sirvan informar lo pertinente sobre el cumplimiento del fallo de tutela de fecha 6 de mayo de 2014. Igualmente, se requiere al Comandante de Personal (Jefatura de Desarrollo Humano) del Ej\u00e9rcito Nacional (Brigadier General Carlos Iv\u00e1n Moreno Ojeda) y al mencionado Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional (B.G. Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango o quien haga sus veces), en su calidad de superiores jer\u00e1rquicos\u00bb, para que informaran las gestiones desplegadas en procura de acreditar el cumplimiento de la orden de tutela. <\/p>\n
Posteriormente, luego de agotar las etapas procesales previas, y tras encontrar acreditada la desatenci\u00f3n de la orden, el colegiado de primer grado sancion\u00f3 con multa de tres (3) SMMLV a los precitados funcionarios, teniendo en cuenta que \u00abse ha presentado un incumplimiento a la orden de tutela cuyo desacato se alega, pues no se adelantaron las actuaciones id\u00f3neas y pertinentes para acatarla a cabalidad, situ\u00e1ndose los funcionarios encargados de su cumplimiento, en franca rebeld\u00eda contra dicho mandato, que se dict\u00f3 en pro de la eficacia real y material de los derechos fundamentales invocados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
3.3. No obstante, dentro del plenario no obra prueba que permita establecer que los amonestados hayan sido debidamente enterados de los prove\u00eddos mediante los cuales se realiz\u00f3 el requerimiento, se inici\u00f3 formalmente el incidente y, menos, de la sanci\u00f3n dictada, tal como lo ordena el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior porque, en primer lugar, pese a que en el auto de requerimiento previo se conmin\u00f3 al Comandante de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional, para que en su calidad de \u00absuperior jer\u00e1rquico\u00bb rindiera informe e \u00abhiciera cumplir el fallo por los funcionarios correspondientes\u00bb, lo cierto es que en la constancia de notificaci\u00f3n de 10 de noviembre de 2021 expedida por la Secretar\u00eda del Tribunal Superior de Cali no aparece menci\u00f3n del citado servidor, por lo que no se confirm\u00f3 el env\u00edo de la comunicaci\u00f3n respectiva para que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, aun cuando fue citado a comparecer. <\/p>\n
As\u00ed mismo, pese a que en el mismo documento aparece un supuesto enteramiento al Director de Sanidad de la precitada instituci\u00f3n, no se colige que los correos all\u00ed enunciados sean los dispuestos por esa entidad para la notificaci\u00f3n efectiva de tr\u00e1mites judiciales, comoquiera que, verificada la p\u00e1gina oficial de esa dependencia, aparecen otros buzones electr\u00f3nicos para el efecto. De all\u00ed que no se tenga certeza sobre si, efectivamente, se comunic\u00f3 el inicio de esta causa a varios de los sancionados. <\/p>\n
3.4. En consecuencia, comoquiera que fue obviada la prerrogativa fundamental al debido proceso de los convocados, sobre quienes, se itera, no se constat\u00f3 la debida notificaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n del desacato promovido en el radicado de la referencia, el asunto se encuentra afectado por un vicio que conduce a la declaratoria de la nulidad de todas las actuaciones surtidas a partir del requerimiento previo, inclusive, en tanto no se acredit\u00f3 la realizaci\u00f3n de las comunicaciones debidas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se infirma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado dentro del incidente de desacato de la referencia, a partir del prove\u00eddo de 9 de noviembre de 2021, a fin de que se corrija la irregularidad advertida. <\/p>\n
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para que renueve la tramitaci\u00f3n invalidada, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por medio id\u00f3neo y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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