ATC1929-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1929-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-000-2021-00398-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia el 9 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1ngela Mar\u00eda Cruz Libreros contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 del Fragua, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes y las partes en la salvaguarda con radicaci\u00f3n n\u00b0 2009-00001, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, \u00abpatrimonio\u00bb y buen nombre, presuntamente vulnerados por el accionado al mantener la sanci\u00f3n impuesta dentro del incidente de desacato adelantado en desarrollo de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2009-00086. <\/p>\n
2. De la documentaci\u00f3n allegada se extracta que como consecuencia del incidente de desacato adelantado dentro del resguardo impetrado por Luz Dary Correa Aguilar contra Coomeva EPS, el 7 de junio de 2019 el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 del Fragua resolvi\u00f3 \u00absancionar a la Dra. \u00c1NGELA MAR\u00cdA CRUZ LIBREROS en calidad de gerente general de COOMEVA EPS con multa equivalente a tres (03) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura, por incumplir el fallo de tutela # 002 del 19\/agosto\/2009 proferido por ese despacho judicial\u00bb, y le orden\u00f3 \u00abque en lo sucesivo d\u00e9 cumplimiento a la orden impartida en el fallo\u00bb. En sede de consulta, la anterior decisi\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes el 8 de agosto de 2019. <\/p>\n
Adujo la querellante que \u00abdesde el 1 de mayo de 2021 me desvincul\u00e9 laboralmente de Coomeva EPS, lo cual pruebo con la certificaci\u00f3n expedida por el \u00e1rea de talento humano\u00bb, y por ello, \u00abmediante escrito radicado ante el despacho accionado, solicit\u00e9 mi desvinculaci\u00f3n del incidente de desacato (\u2026), en raz\u00f3n de la p\u00e9rdida de mi v\u00ednculo laboral con la entidad encargada de dar cumplimiento al fallo de tutela\u00bb. Sin embargo, \u00abmediante oficio No. 603 del 14 de septiembre de 2021, [el hoy accionado] neg\u00f3 mi desvinculaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite incidental\u00bb, decisi\u00f3n que estima \u00abconstituye v\u00eda de hecho en tanto viola gravemente\u00bb las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a la autoridad judicial convocada \u00abdecretar mi desvinculaci\u00f3n [del incidente de desacato 2009-001] y como consecuencia de tal revocatoria (\u2026) anular la sanci\u00f3n a mi impuesta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo resolvi\u00f3 \u00abrechazar por improcedente\u00bb el resguardo, porque al revisar el expediente de \u00abla acci\u00f3n de tutela con radicado No. 180012208000-2021-00353-00, que conoce la Sala Quinta de Decisi\u00f3n de este Tribunal, (\u2026) presentada por la actora el 15 de septiembre de 2021 en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 del Fragua (\u2026), los hechos y las pretensiones son los mismos en que se fundamenta la presente acci\u00f3n de tutela, raz\u00f3n por la cual se presenta duplicidad de acciones\u00bb. Sin embargo, se abstuvo de realizar reproche por una supuesta temeridad, \u00abal no haberse probado un actuar doloso de la actora [y no haberse] desvirtuado la presunci\u00f3n de buena fe a favor de la solicitante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia y vinculaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que la pretensi\u00f3n se circunscribe a obtener del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 del Fragua, la inejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta con ocasi\u00f3n del incidente de desacato al fallo de tutela proferido por ese estrado el 19 de agosto de 2009. <\/p>\n
En efecto, la tutela se dirigi\u00f3 \u00fanica y exclusivamente contra el fallador de primer grado, en quien se radican las funciones de control, vigilancia y ejecuci\u00f3n de la orden tutelar, por lo que la vinculaci\u00f3n que realiz\u00f3 el tribunal, resulta apenas aparente, pues por el hecho de que en sede de consulta el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes hubiese confirmado la multa, no implica que la actual aspiraci\u00f3n de la quejosa comprometa su criterio, pues es evidente que para cuando se pronunci\u00f3 como juez ad quem (8 de agosto de 2019), no se hab\u00eda suscitado la circunstancia que hoy se expone como soporte para la pretendida inaplicaci\u00f3n de la multa. <\/p>\n
Sobre la vinculaci\u00f3n aparente en procesos de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abno puede asumirse (\u2026), por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado entre otros en ATC295-2021, 11 mar. 2021, rad. 00019-01). <\/p>\n
De suerte que, como en este caso compete al Juzgado Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 del Fragua verificar el cumplimiento del fallo del amparo (art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991), el cuestionamiento realizado a dicha resoluci\u00f3n empleando el mismo instrumento jur\u00eddico, corresponde dirimirlo al funcionario que habilita la regla de reparto contenida en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan la cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, ser\u00eda del caso atribuir el conocimiento de la presente tutela al Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes, empero, como a trav\u00e9s de auto del 26 de octubre de 2021, al titular de ese despacho se le acept\u00f3 el impedimento formulado ante el Juzgado Promiscuo de Familia de la misma localidad, ser\u00e1 este \u00faltimo funcionario al que se le asignar\u00e1 la competencia, habida consideraci\u00f3n que tiene la misma jerarqu\u00eda en dicho circuito. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n, en tanto desconoce las reglas de reparto y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando, para lo pertinente, el env\u00edo del expediente al Juzgado Promiscuo de Familia de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar como practicar otras pruebas o realizar las vinculaciones y notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. De la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dicho y reiterado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC1200-2021, 18 ago. 2021, rad. 00403-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en el asunto de la referencia por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia el 9 de noviembre de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al Juzgado Promiscuo de Familia de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes, para que asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo resuelto al tribunal a-quo, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1929-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1929-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-000-2021-00398-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59903","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59903","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59903"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59903\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59903"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59903"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59903"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}