ATC1931-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1931-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2021-00318-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio el pasado 17 de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Abago S.A.S. En reorganizaci\u00f3n, contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Puerto Gait\u00e1n y la auxiliar de la Justicia (secuestre) Genny Rubiela Lizarazo Casta\u00f1eda, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, actuando por conducto de su representante legal, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales \u00abal debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y\u2026 al trabajo\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda, sus anexos y los medios de prueba recaudados se extracta que en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez se adelantan los procesos ejecutivos 2021-00020 y 2021-00031 promovidos por Inputs Brokers Group S.A.S. contra Braganza S.A.S., dentro del cual se decret\u00f3 el embargo y secuestro \u00abdel fruto de palma ubicado en el kil\u00f3metro 106, v\u00eda Puerto L\u00f3pez-Puerto Gait\u00e1n \u2013 Extractora Braganza y en los predios identificados con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 234-3514, 234-3558, 234-4057. 234-3987 [y] 234-5775\u00bb. <\/p>\n
Para materializar tales cautelas, la c\u00e9lula judicial cognoscente expidi\u00f3 los despachos comisorios 02 y 03 de 2021, que fueron radicados en la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Puerto Gait\u00e1n el pasado 9 de junio y 3 de julio, respectivamente. <\/p>\n
La diligencia de secuestro se realiz\u00f3 el pasado 1\u00ba de octubre y en ella, Didier Arley \u00c1lvarez Galeano, empleado de la empresa Abago S.A.S., formul\u00f3 oposici\u00f3n aduciendo que dicha persona jur\u00eddica era la propietaria de la planta extractora del aceite y que la titularidad de los predios en los que se hallaba el insumo a secuestrar se encontraba radicada en personas jur\u00eddicas diferentes a la ejecutada. <\/p>\n
3. La empresa accionante se\u00f1ala que, al momento de interposici\u00f3n de este amparo, la inspecci\u00f3n de polic\u00eda querellada no ha regresado los despachos comisorios a la c\u00e9lula judicial cognoscente, raz\u00f3n por la cual no se ha podido constituir como tercero con inter\u00e9s cercen\u00e1ndosele, como consecuencia de ello, los derechos de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo de 17 de noviembre anterior el tribunal a quo declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por desatender el presupuesto de la subsidiariedad comoquiera que \u00abno ha activado los mecanismos y medios de defensa ofrecidos por la normatividad procesal para la defensa de sus intereses, pues no se ha vinculado al proceso como tercero afectado con las cautelas, no ha ejercido su defensa, tampoco ha propuesto incidente de levantamiento o cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares, menos ha puesto en conocimiento las presuntas irregularidades\u2026 de la auxiliar de la justicia\u00bb. <\/p>\n
4. El anterior fallo fue objeto de impugnaci\u00f3n por parte del representante legal de Abago S.A.S. quien insisti\u00f3 en los planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n
Si bien en el escrito inicial se menciona a la autoridad judicial que conoce del proceso ejecutivo, en su contenido no se le imputa vulneraci\u00f3n por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, pues la pretensi\u00f3n cardinal del presente auxilio se dirige exclusivamente contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Puerto Gait\u00e1n y la auxiliar de la justicia designada como secuestre, la que, presuntamente, ha dilatado la devoluci\u00f3n de la comisi\u00f3n otorgada, lo que ha impedido a la ac\u00e1 gestora ejercer el derecho de defensa de sus intereses. <\/p>\n
Entonces, queda claro que, m\u00e1s all\u00e1 de que exista alusi\u00f3n al juzgado de conocimiento, dada su intervenci\u00f3n en el compulsivo, ninguna actuaci\u00f3n suya constituy\u00f3 el cimiento de esta acci\u00f3n constitucional pues, como viene de indicarse, el ataque apunta concretamente al supuesto proceder omisivo de la autoridad policiva, por lo que la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, en este caso, resulta apenas aparente. <\/p>\n
Lo anterior para significar que no es suficiente con que en la demanda se mencione a la autoridad judicial para que se altere la competencia funcional y se atribuya el conocimiento de un asunto a determinada corporaci\u00f3n, pues sustancialmente se requiere que quien accione le atribuya alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de sus garant\u00edas superiores, situaci\u00f3n que, como se advirti\u00f3, no ocurre en este caso. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
De acuerdo con lo discurrido, es claro que la competencia para conocer del presente amparo se radica en los Juzgados Municipales, comoquiera que, de conformidad con el numeral 1 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021) \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden\u2026 municipal\u2026 y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
En este orden, de conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto L\u00f3pez, despacho al que le fue inicialmente asignada por reparto la actuaci\u00f3n, para lo de su competencia. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario de conocimiento determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1 <\/p>\n
Al respecto se advierte que, <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, el pasado 17 de noviembre en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto L\u00f3pez, despacho al que le fue asignado inicialmente el asunto por reparto, para que asuma el conocimiento de la presente salvaguarda. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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