ATC1934-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1934-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00363-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 24 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sara Mabel Orrego Cardona contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial y el Juez Coordinador del Centro de Servicios de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de la misma localidad, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas a la igualdad, trabajo digno y \u00abdescanso y la salud de un empleado p\u00fablico\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae que la gestora se desempe\u00f1a como escribiente del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn y Antioquia; y que solicit\u00f3 ante la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de la misma localidad, la expedici\u00f3n del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.) para el disfrute de su per\u00edodo de vacaciones y el correspondiente reemplazo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, el 20 de octubre de 2021, la referida entidad contest\u00f3 su requerimiento expidiendo el \u00abCDP N\u00ba 067291 (\u2026) para cancelar [sus] vacaciones y primas vacacionales\u00bb; sin embargo \u00abinform\u00f3 que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente no es posible expedir el respectivo certificado para autorizar el reemplazo de mis vacaciones\u00bb, seg\u00fan fue comunicado en el oficio DESAJME21-4424 del 25 de octubre de la presente anualidad. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en virtud de ello, elev\u00f3 un requerimiento en el mismo sentido al Juez Coordinador del Centro de Servicios, quien libr\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 239 del 2 de noviembre de 2021 indicando que \u00abresuelve negarme el disfrute de las vacaciones deprecadas hasta tanto se cuente con el presupuesto para mi remplazo, aduciendo la necesidad del servicio\u00bb. <\/p>\n
3. Por tanto, pidi\u00f3, en concreto, ordenar a los convocados emitir \u00abla partida presupuestal requerida para el remplazo de mis vacaciones, de manera que estas puedan ser disfrutadas desde el veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) hasta el veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022), ambas fechas inclusive \u2026 ordenar al Juez coordinador del Centro de Servicios de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn, que una vez se cuente con la partida requerida para el remplazo de mis vacaciones, proceda autorizar el disfrute de las mismas\u00bb. <\/p>\n
4. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, quien concedi\u00f3 el amparo deprecado, tras manifestar que \u00abciertamente, un asunto administrativo de \u00edndole presupuestal, no puede cercenar tan importante garant\u00eda, situaci\u00f3n que hace necesaria la intervenci\u00f3n de este juez colectivo, no s\u00f3lo para su goce sino tambi\u00e9n para que se realicen las gestiones necesarias para suplir su cargo, en raz\u00f3n a las manifestaciones que hizo el nominador en los referidos actos administrativos, pues indudablemente se debe garantizar la correcta y adecuada administraci\u00f3n de justicia a los ciudadanos\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia que \u00abadelante las acciones necesarias para la provisi\u00f3n de los recursos que permitan el nombramiento del reemplazo de Sara Mabel Orrego Cardona, durante su per\u00edodo de vacaciones del 27 de diciembre de 2021 hasta el 20 enero de 2022 y remita el certificado de disponibilidad presupuestal al doctor Germ\u00e1n Jaramillo Londo\u00f1o, Juez Coordinador del Centro de Servicios de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn, quien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepci\u00f3n de dicho documento, deber\u00e1 expedir la respectiva resoluci\u00f3n, garantiz\u00e1ndose as\u00ed el derecho al descanso y la adecuada prestaci\u00f3n del servicio de justicia\u00bb. <\/p>\n
5. La referida entidad impugn\u00f3 mostrando su desacuerdo con la determinaci\u00f3n de primer grado e indicando que \u00abla expedici\u00f3n de CDP para cubrir los gastos por reemplazo del empleado, reviste una complejidad tal que no est\u00e1 en manos de es[e] ordenador del gasto superarla de manera aut\u00f3noma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n constitucional est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia. <\/p>\n
En el sub ex\u00e1mine, se tiene que la presente queja constitucional se instaur\u00f3 por la negativa de las autoridades convocadas de conceder a la tutelante las vacaciones que por derecho le asisten al desempe\u00f1arse como escribiente del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn y Antioquia; lo cual obedeci\u00f3 a que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de esa localidad no expidi\u00f3 el certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar su reemplazo. <\/p>\n
Bajo ese t\u00f3pico, es evidente que las pretensiones de la gestora involucran al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, comoquiera que, a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u00abDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u00bb ejercen sus funciones \u00aben el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 ibidem, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u00abel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Lo anterior, aunado a que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela detenta la condici\u00f3n de empleada judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por lo que, haciendo una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de las citadas pautas, se avizora que la competencia para conocer de la demanda ha de recaer en primera instancia en el Consejo de Estado, en atenci\u00f3n al inciso 2 del numeral 8 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al Consejo de Estado. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar como practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el 24 de noviembre de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda del Consejo de Estado (reparto), para que se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto al tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados, a trav\u00e9s de un medio expedito, y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1934-2021 Magistrado Ponente ATC1934-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00363-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59906","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59906\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}