ATC1938-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene \u00abla informaci\u00f3n ficticia\u00bb. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1938-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2021-00043-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 5 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carolina P\u00e9rez, en nombre propio y en representaci\u00f3n del menor Sergio G\u00f3mez, contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil; no obstante, la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, entre otros, presuntamente vulnerados por la entidad accionada, por tanto, solicit\u00f3 se ordene a la enjuiciada \u201crealizar la inscripci\u00f3n extempor\u00e1nea en el registro civil colombiano de (\u2026) Sergio G\u00f3mez\u201d <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indica la gestora que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que los ni\u00f1os nacidos en tierra extranjera, y cuyos padres sean nacionales, podr\u00e1n ser registrados en la oficina consular de Colombia del pa\u00eds de origen; sin embargo, se establecieron medidas excepcionales para el caso de Venezuela que no cuenta con atenci\u00f3n consular \u201cante el actual panorama de ausencia de relaciones diplom\u00e1ticas\u201d. <\/p>\n
2.2. Aduce que la Corte Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad de apostillar el acta de nacimiento, ser\u00eda posible subsanarlo con los testigos que dieran fe del hecho, proceso excepcional que tuvo vigencia hasta el 14 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.3. Afirma que el 2 de marzo de 2021, el Registrador Nacional expidi\u00f3 un memorando indicando que, para los ni\u00f1os nacidos en Venezuela con padres colombianos, era necesario presentar el registro civil apostillado en ese pa\u00eds. <\/p>\n
2.4. Manifiesta que present\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d ante la \u201cRegistradur\u00eda Municipal de Oca\u00f1a\u201d, solicitando la inscripci\u00f3n extempor\u00e1nea de su hijo Sergio G\u00f3mez en el registro civil colombiano; empero, esa entidad \u201cdio una respuesta formal\u201d indic\u00e1ndole, \u00fanicamente, \u201cel tr\u00e1mite para realizar el apostillamiento del documento de manera electr\u00f3nica, lo cual (\u2026) es una [gesti\u00f3n] imposible de efectuar\u201d. <\/p>\n
2.5. Acota que su hijo al no ser debidamente reconocido como ciudadano de Colombia, se expone a un \u201cescenario de irregularidad migratoria que excluye y obstaculiza, injustificadamente, el acceso a bienes y servicios\u201d que ofrece el Estado a sus nacionales. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, neg\u00f3 el amparo reclamado, al considerar que \u201cno hay de por medio comportamiento u omisi\u00f3n (\u2026) que suponga afectaci\u00f3n a derechos de estirpe fundamental\u201d. <\/p>\n
4. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la promotora, aduciendo que la misma es incongruente con relaci\u00f3n a los hechos expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 2\u00ba), establece que \u201c[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u201d. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe se dirigi\u00f3 contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, entidad que no ha resuelto de fondo su solicitud de inscripci\u00f3n extempor\u00e1nea en el registro civil colombiano de su hijo Sergio G\u00f3mez. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se vislumbra, que no hab\u00eda lugar a aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del referido Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), conforme al cual \u201c[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones (\u2026) del Registrador Nacional del Estado Civil (\u2026) ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u201d; comoquiera que es \u201cevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u201d de la investidura del funcionario mencionado, esto es, del Registrador Nacional del Estado Civil, \u201clo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u201d (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01), sino m\u00e1s bien a la instituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo ese contexto, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica del \u00f3rgano convocado, como una entidad del orden nacional, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer, en primera instancia, al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Oca\u00f1a, al que le fue repartida inicialmente, acorde con la citada regla contenida en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u201cEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u201d.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Concerniente a la potestad para declarar \u201cnulidades\u201d, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del presente reclamo tutelar al Juzgado Penal del Circuito de Oca\u00f1a, por ser la autoridad competente para resolverlo y a quien, en primera oportunidad, le fue repartido el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado 5 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en apego a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena enviar de inmediato el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Oca\u00f1a. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00b0 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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